El presidente Luis Lacalle Pou que lidera la derechista Coalición Multicolor (CM) que gobierna desde el primero de marzo en Uruguay, se propone llevar adelante su plan de ajuste neoliberal: un saqueo de las arcas del Estado, un extractivismo de arriba hacia abajo, una transferencia de recursos de las clases populares hacia las élites.
El instrumento predilecto para llevar adelante las reformas es la Ley de Urgente Consideración (LUC), de casi 500 artículos, redactada antes del estallido del Covid-19, pero que en las modificaciones posteriores que se le introdujo no se contempló ningún aspecto para paliar la crisis pandémica.
En resumen apunta a tres ejes de acción: mercantilización de la educación, desguace y posterior privatización de las empresas públicas y criminalización de la protesta. Esta ley divide a la población uruguaya, donde la última encuesta que realizara la consultora Opción, arrojó como resultado un 42% a favor y un 43% en contra.
La “herencia maldita”.
Los quince años de gobierno del centroizquierdista Frente Amplio no “hicieron temblar las raíces de los árboles” como expresara el ex presidente Tabaré Vázquez en su acto de asunción en 2014. El Frente Amplio dejó un déficit fiscal de 4,9% del PIB, una deuda bruta del sector público al cierre de 2019 que ascendía a 37.160 millones de dólares, lo que representa 66,4% del PIB.
La deuda pública neta, excluyendo las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central del Uruguay (BCU), alcanzó 43,5% del PIB.
En 2019 se destruyeron más de 10.000 puestos de trabajo en la economía, confirmando lo que venía sucediendo en la última administración de Tabaré Vázquez, en el que se perdieron en el orden de 56.000 puestos laborales. Según la Rendición de Cuentas del gobierno anterior la caída del PIB de 1,6% confirma que nuestro país se encuentra en recesión desde el último trimestre del año anterior, al acumular dos variaciones de signo negativo.
El horizonte no augura buenas nuevas para los que venden su fuerza de trabajo. De un presente incierto, pendiendo de un hilo, se suma un gobierno neoliberal junto con una pandemia global que sirve de tapadera y excusa para dar rienda suelta al proyecto de saqueo de la oligarquía uruguaya con apoyo del sector militar-nacionalista-ultraconservador y los poderes económicos concentrados.
La receta
La coalición gobernante posee las mayorías parlamentarias para votar a tapa cerrada prácticamente cualquier proyecto de ley. El oficialismo festeja esta nueva mayoría como un hecho democrático a destacar. “Ganó la democracia” espetó el legislador nacionalista Jorge Gandini. Pero cuando las mayorías parlamentarias las tenía el Frente Amplio, se acusaba desde tiendas de la oposición en ese entonces, de autoritarismo y falta de debate.
El Presidente Luis Lacalle expuso en un hilo de 27 tweets por qué la Ley de Urgente Consideración es “popular, justa y necesaria”. Allí plantea las bondades de la flexibilización de la forma de pago, ya sea de manera virtual o en efectivo, de los salarios. Esto divide las aguas, donde especialistas plantean que esta medida será campo fértil para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
En la izquierda este tema genera urticaria, ya que defender lo que fue denominada la “inclusión financiera” combate al lavado de activos pero ha hecho que los bancos aumentaran exponencialmente sus ganancias ya que todas las transacciones deben de pasar por una sucursal o terminal bancaria.
Cual manual del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la Coalición Multicolor pretende una reforma de las jubilaciones y la seguridad social. Busca reducir el déficit fiscal con una regla fiscal. El 3.3% del total son de intereses de deuda pública. ¿Ese 1.6% que pretenden reducir, será a través de un ajuste o una auditoría de la deuda pública? La realidad demuestra que los gobiernos que siguen los mandatos del FMI optan por la primer opción.
Siguiendo los dictámenes del organismo multilateral, el gobierno de coalición de derechas impulsará una reforma tributaria que favorecerá al sector agropecuario. Sumado a una suba del dólar del 26% en los primeros 6 días de gestión que favoreció al sector agropecuario exportador.
“Lo más importante para nuestra política económica es el mantenimiento de las políticas públicas.” sentenciaba en un spot de campaña la actual Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. La misma Arbeleche este 14 de julio declaró: “Si no mejoran los resultados fiscales, políticas sociales no podrán mantenerse.”
Una confesión de parte de la verdadera importancia que tienen las políticas sociales para el gobierno. Todo esto en un contexto donde la Cepal prevé una caída del PBI en América Latina de 9.1% y 28 millones de nuevos pobres.
En materia de seguridad pública se pretende declarar emergencia nacional, introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, pena perpetua revisable, y volver a que los ex funcionarios policiales como militares puedan portar armas. “Agredir, amenazar o atentar contra un policía” será considerado un delito. La cuestión reside en que el concepto de agresión y amenaza es muy laxo en la ley y prácticamente podría caber casi cualquier acción dentro de la misma.
Lentamente se está macerando una reforma educativa. Reducto predilecto de los neoliberales que pretende privatizar todo lo que cruce su paso. Con la promulgación de la LUC se le quitó a los docentes el voto en órganos de decisión, a la vez que forma a los estudiantes para ser emprendedores, futuros empresarios con los valores del libre mercado y así reproducir los valores hegemónicos del capital por encima de la vida.
La LUC apenas contempla unos pocos artículos para combatir la violencia de género que se lleva un alto número de vidas por año en Uruguay. “Compromiso por las mujeres.” era uno de los postulados de la Coalición Multicolor en campaña. Una de las consecuencias de la promulgación de la LUC es que el ajuste del gasto del poder judicial afectará el combate a la violencia de género, según el diario El Observador.
El capítulo de la agenda de derechos en un país que se granjea por sus avances en inclusión y pluralidad en la primavera progresista, puede desmoronarse con un soplido. Varios sectores dentro de los partidos que integran la CM están abiertamente opuestos a leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas trans o la despenalización del aborto.
Una nueva encuesta de aprobación de gestión da como resultado que el Presidente Lacalle mantiene un porcentaje por encima del 50%. Paralelamente a su raid televisivo y mediático en la vecina orilla argentina, los conflictos sindicales van en aumento. Tal es el caso de AUTE, funcionarios de la estatal empresa de energía eléctrica; gremios de la educación y la enseñanza, funcionarios del área de Presidencia y los sindicatos bancarios, entre otros.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que el año pasado apoyó más de 800 proyectos, cerrará temporalmente, se van a recortar los cursos de formación profesional destinados a personas desempleadas o en el seguro de desempleo y según el semanario Brecha, el Ejecutivo le comunicó a la Universidad de la República que en el próximo presupuesto para gastos e inversiones el recorte será entre un 15 y un 20 por ciento.
La puja
La central única de trabajadores PIT-CNT ha firmado un acta en una reunión tripartita entre Gobierno, trabajadores y cámaras empresariales, que acepta la propuesta económica del gobierno en torno a los salarios. El hecho suscitó mucha polémica ya que varios sindicatos y organizaciones señalan que ese acuerdo es aceptar una pérdida de salario real para los trabajadores durante este año.
Incluso el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realizó una asamblea al aire libre en la Plaza Mártires de Chicago con un aforo de más de 15 mil trabajadores rechazando el acta firmada por la central de trabajadores. Por su parte, la central de trabajadores argumenta que es un preacuerdo y que no está todo dicho aún.
Vuelve el fútbol el 8 de agosto, abren los shoppings, las colonias de vacaciones y centros hoteleros. Los teatros sin embargo, a pesar de tener la habilitación del Ministerio de Salud, desde la Presidencia se ha vetado su reapertura.
El Frente Amplio -como oposición- transita un camino que parece inexorable, hacia un partido más de la alternancia en la democracia representativa. La dirigencia no ha asumido sus errores en la derrota de octubre pasado e insiste con la misma fórmula que le resultó negativa.
La conformación de una intersocial que nuclee a sindicatos, gremios, organizaciones sociales, partidos políticos es, junto con el movimiento feminista los dos espacios que tienen más potencial para movilizar, reclamar y resistir el embate neoliberal.
Memorias de un saqueo en el presente que condena el futuro otra generación más de naides, como diría Eduardo Galeano. La Coalición Multicolor liberal en lo económico, excluyente en lo social, conservador en lo cultural, y con la impronta represiva y autoritaria imprescindible para imponer este retroceso en marcha.
Nota publicada originalmente en estrategia.la
