En un proceso de fuerte disputa internacional, donde China y Rusia por una parte, y Estados Unidos por la otra, confrontan posiciones en lo militar, político, tecnológico y en lo económico, fundamentalmente; resulta un objetivo prioritario, para las autoridades de Beijing y Moscú, buscar mecanismos que permitan disminuir la importancia de la moneda estadounidense en los intercambios comerciales entre sus países, como una forma de contrarrestar las presiones yanquis y al mismo tiempo, como un objetivo de independencia económica y soberanía política.
No es casual que China y Rusia, hace cinco años atrás, tuvieran un intercambio comercial donde el dólar representaba el 90% de las transacciones bilaterales. Hoy, con datos de este primer semestre del año 2020, ese intercambio ha reducido a un 46% la presencia de la moneda estadounidense. Con un 30% en un máximo histórico se ubica el Euro y un 24% de uso de monedas nacionales (yuan y rublos).
Todo ello catalizado por dos hechos de importancia en la geopolítica mundial: las sanciones contra Rusia a partir del año 2014, frente al proceso de reunificación de la Península de Crimea, que tensionó, igualmente, relaciones con Ucrania y la OTAN, que ha venido desarrollando una política de cerco contra Moscú; y, en el caso de China, la idea de desdolarizar su economía ha ido aparejada a la decisión de Trump de imponer aranceles a los productos chinos acusando a Beijing de una serie de hechos comerciales, financieros e industriales, que se han intensificado más con el tema del apoyo de Washington a los intentos desestabilizadores en Hong Kong.
De esta forma ambas potencias avanzan hacia una política de alianza financiera, que incrementa sus posibilidades de incidir el comercio internacional e imponen un duro varapalo a un país que ha sido monopolizador del denominado “privilegio exorbitante”, término acuñado por el ex presidente francés Valéry Giscard d’Estaing (cuando fue Ministro de finanzas en los años 60 del siglo XX bajo los gobiernos de Charles de Gaulle y George Pompidou). Dicho término da cuenta de la hegemonía de la moneda estadounidense, que comienza su periplo de regalías a partir de los acuerdos de Bretton Woods en el año 1944, que marcará el camino del sistema monetario internacional tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, convirtiendo al dólar como la única moneda convertible en oro. Las diversas divisas del mundo pasaron a cotizar frente al dólar con un cambio fijo determinado por la cantidad de oro almacenado en la reserva federal. El colapso del sistema Bretton Woods del año 1971 afianzó aún el dominio del dólar.
El objetivo de las autoridades de China y Rusia, según se desprende un interesante artículo -publicado en la revista japonesa Nikkei Asian Review y escrito por el estadounidense Dimitri Simes-, es establecer una alianza financiera que les permita contender contra las intenciones estadounidenses de seguir presionando a estos dos países y que ha significado fuertes tensiones, que afectan a la economía mundial. El inicio de este proceso de uso de monedas distintas al dólar comenzó en junio del año 2019 cuando ambos gobiernos firmaron un acuerdo, para usar sus monedas nacionales, en el marco de concretar el proceso de desdolarización que ya había sido anunciado un año antes.
El camino de la desdolarización también seduce a países como India, la República Islámica de Irán, Venezuela, entre otros que ya transitan en caminos para concretar esta idea. En enero del año 2020 el Canciller ruso, Serguei Lavrov, en una visita efectuada a la India, dio a conocer una serie de puntos que refuerzan la decisión de desdolarizar gradualmente su economía. Lavrov ha señalado que Washington abusa del estatus del dólar como moneda de reserva nacional y la idea es poder reducir esa dependencia en favor de otras monedas, que permitan diversificar y evitar así presiones indebidas. “Ante el uso agresivo de las sanciones financieras del Gobierno estadounidense, Rusia continúa su política enfocada hacia la desdolarización gradual de su economía. Expandir ajustes en monedas nacionales es una de nuestras prioridades”, señaló el Canciller ruso en una entrevista concedida al diario indio The Times of India.
Las autoridades de la Federación Rusa, además de acordar detalles de alianzas económicas que permitan contender contra las amenazas estadounidenses, también avanzan en la idea de concertar acuerdos intergubernamentales con la India. Lo que además implica concretar el proceso negociador con la Unión Económica Euroasiática, que une a Rusia en materias económicas estratégicas con Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, con el norte de establecer una zona de libre comercio, justamente con la India. En el plano de medidas encaminadas para dejar de depender de la moneda estadounidenses, tanto Moscú como Beijing han establecido políticas de reducción de reservas internacionales en dólares y las han aumentado en yuanes, euros y lógicamente en oro, que en el caso ruso ha significado una inversión activa que lo tuvo durante los años 2018 y 2019 como primer comprador mundial del metales preciosos.
El caminar hacia rumbos de menos dependencia del dólar es un imperativo de soberanía, sobre todo para aquellos países agredidos constantemente por Estados Unidos, aprovechando, en el campo económico, el poder de su moneda. Es interesante constatar que este ámbito de confrontación es un área que ha sido tomada en forma estratégica por los servicios de inteligencia de China, Irán, Venezuela, Cuba y la Federación Rusa: pues ven en este campo líneas de desestabilización que son necesarias de frenar.
Para Sergueí Narishkin, Director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR por sus siglas en inglés) el dólar es un arma tóxica “y por ello resulta anormal que Estados Unidos, con su comportamiento agresivo e impredecible, siga siendo el titular de la que aún es la principal moneda de reserva del mundo”. “Debido al fortalecimiento objetivo de la multipolaridad, la posición de monopolio del dólar en las relaciones económicas internacionales se vuelve anacrónica. Gradualmente, el dólar se está volviendo tóxico. Washington se ha encargado de reproducir un algoritmo universal, que tiene por meta perpetuar la influencia del dólar en la escena mundial”, apuntó.
El uso del dólar bajo la ideología hegemónica sustentada por el imperialismo estadounidense constituye un riesgo para las naciones del mundo. Salir de este dominio es una tarea ardua, que demanda coraje y no sólo voluntad, pues las presiones suelen ser extremas, definidas para algunos países como “políticas de máxima presión”, pero es posible. Washington sólo parece conocer las relaciones de fuerza y en la medida que más naciones se unan en oposición a una hegemonía occidental a la baja, liderada por Estados Unidos, más países podrán sentir entonces aires de libertad para avanzar en relaciones internacionales más cooperativas y menos centradas en la imposición, que son los pasos que nos acercan a una verdadera soberanía.
Así lo han entendido Irán y Rusia, que desde febrero del año 2019 han logrado eliminar la moneda estadounidense de sus transacciones comerciales bilaterales y sustituirlo por sus propias monedas, lo que ha servido de catalizador a las iniciativas llevadas a cabo por Moscú junto a China.
Resulta vital que este camino de soberanía se desarrolle aún más. Pues, resulta a todas luces evidente que un país con una deuda de 22 billones de dólares, que ocupa su “maquinita” monopólica de fabricar dólares, impida el desarrollo libre de las naciones. La espada estadounidense denominada dólar debe ser frenada como un imperativo de soberanía. El mundo es testigo de que las medidas coercitivas de Estados Unidos y su política de usar el dólar como un arma, han resultado en un terrorismo económico.
Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. especialista en temas de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
“Los políticos sólo se sientan a mirar mientras las mujeres son cazadas como pájaros”, denuncia la asociación y plataforma feminista turca Kadin Cinayetlerini Durduracagiz (“Paremos los femicidios”) en un informe sobre la situación de las violencias de género en su país.
Esto sucede en Turquía, hoy, hace semanas, y hace años. Lo que realmente tiene lugar en las casas, en las calles, en los medios y en las instituciones estatales, y que quedó opacado detrás de una imagen en blanco y negro publicada en Instagram.
Probablemente en las últimas semanas hayas encontrado circulando en tus redes sociales fotos de mujeres (generalmente selfies, sonriendo o posando) en blanco y negro acompañadas de frases promoviendo el amor propio, expresiones de sororidad e invitando a quien recibía el mensaje a publicar una imagen en el mismo sentido, junto al hashtag #DesafíoAceptado. “Te elegí por ser increíble, inteligente, admirable, valiente, capaz, ingeniosa, simpática y buena amiga”, concluía la iniciativa.
Alrededor de 5 millones de mujeres en todo el mundo aceptaron el desafío y se unieron a esta difusión masiva que parecía tener como único fin el “empoderamiento femenino”.
Se dio a conocer días después, y gracias a la información que viralizó a nivel global un grupo de activistas feministas turcas, que detrás de esas fotografías había miles de historias de dolor y sufrimiento que se remontaban a Turquía, y que allí ese “desafío” tenía un sentido simbólico, político y cultural muchísimo más denso del que pudo llegar a este lado del océano.
Fuente POUSTA
En su origen estaba el objetivo de dar visibilidad y crear conciencia social sobre las crecientes tasas de feminicidios en el país humanizando las cifras: dar a conocer los rostros de las víctimas asesinadas en manos de hombres o violentadas por ellos. Decir “mirá, esta podrías haber sido vos, o tu hermana, o tu amiga, o tu hija”. La mujer o niña de la foto en blanco y negro, esa que ahora ves en las redes sociales, en la televisión, en el diario, en las revistas; esa es una de las 164 que fueron asesinadas en lo que va del 2020 en Turquía, una de las 36 que murieron sólo en julio de este año o de las 11 que aparecieron “sospechosamente muertas” en ese mismo mes.
Un desafío que sobrepasa las redes
En las últimas semanas, y con mayor intensidad desde agosto, las calles y plazas de distintas ciudades de Turquía, con principal foco en Estambul, se colmaron de miles de mujeres exhibiendo sus carteles y símbolos de color violeta. Presentes en nombre de agrupaciones feministas o como autoconvocadas, las mujeres turcas dejaron de lado sus diferencias políticas, étnicas o religiosas para defender una misma causa y enviar al gobierno un mensaje de unidad: el Convenio de Estambul no se toca. O como rezaban algunas pancartas: “El Convenio da vida”
Este mensaje de protesta se desprende como respuesta política hacia el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan que, con la presión y el respaldo de los sectores ultraconservadores, puso en debate la retirada de Turquía del Convenio de Estambul.
¿Qué importancia tiene esto? Este documento internacional, llamado específicamente “Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” brinda a las mujeres y niñas un marco jurídico de protección legal detallada, con el objetivo de frenar y prevenir todas las formas de violencia de género y fortalecer la igualdad, acompañar y dar apoyo a las víctimas. Insta a los gobiernos que lo firman y ratifican, como lo hizo Turquía en 2011 y 2014 respectivamente (siendo así el primer país), a que concreten medidas y políticas integrales para combatir la violencia contra las mujeres y la desigualdad, y que enjuicien y castiguen efectivamente a los femicidas y perpetradores. Exige la tipificación como delito de las diferentes formas de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia psicológica, y la imposición de sanciones legales. También propone la formulación de datos y análisis para conocer estadísticas oficiales y exactas, y actuar a partir de ellas.
Toda una normativa compleja e integral que reconoce a las mujeres y niñas como parte de un entramado de desigualdades estructurales y violencias, y que sería increíblemente útil… si se implementara eficazmente.
El conflicto resurge ahora por el Convenio de Estambul, pero las mujeres también se están movilizando por el pleno y correcto funcionamiento de la Ley 6284, la cual reconoció en el ámbito nacional muchos derechos de las mujeres, apuntando a la protección y prevención de la violencia, “desde el empoderamiento financiero hasta el cambio de su información de identidad” asegura la Plataforma “Paremos los Femicidios”. Y que fue posible gracias a la adhesión al Convenio de Estambul, y que se construyó como resultado de la lucha y con la cooperación de las organizaciones de mujeres.
Según un informe de esta misma asociación, fue evidente la reducción de los femicidios en el año de la sanción de estas normativas, ya que la postura decidida en contra de la violencia contra las mujeres repercutió directamente en las estadísticas. Aunque esto comenzó a cambiar, para mal, con el relajamiento de los castigos y la naturalización de las violencias y femicidios por parte de los mismos encargados de combatirla.
Fuente: Plataforma Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Números de guerra
Desde hace años el movimiento feminista viene reclamando que el Estado no dedica los recursos necesarios para aplicar estas normativas, no apoya a las víctimas con espacios de acogida, no facilita las denuncias en comisarías, ni busca desterrar el machismo desde la educación y la cultura. Los femicidios, la violencia doméstica, los abusos sexuales, el acoso, la discriminación, la impunidad, son moneda corriente en el país. Y lo dejan en claro los números: más de 3.000 mujeres y niñas fueron asesinadas desde 2010, según la plataforma “Paremos los Femicidios”, y 474 víctimas durante el 2019, lo cual significó la tasa más alta en una década.
“El número dramático de femicidios registrados en Turquía en 2019 es un número de tiempos de guerra“, aseguró a ANF News la activista Esra Can, y agregó que el número de casos no reportados probablemente sea aún mayor.
Además, un informe de un grupo de expertos en género del Consejo de Europa realizado en 2016, registró que 55.757 mujeres solicitaron protección estatal después de enfrentar violencia doméstica, pero sólo 9.429 recibieron refugio.
Lo que es aún peor, fueron las organizaciones feministas las que debieron ponerse al hombro la tarea de identificar y recopilar los datos reales de casos de feminicidios y violencias de género, a partir de informes de noticias y de testimonios de familiares de las víctimas, luego de que el mismo gobierno admitiera que no mantenía registros oficiales, sumado a que muchas veces las cifras existentes difieren entre los diversos Departamentos del Estado. En 2015, la periodista turca Ceyda Ulukaya realizó un proyecto de recopilación de datos muy detallado. Las estadísticas gubernamentales no son confiables y se torna indispensable conocer la dimensión del monstruo al que se enfrentan cada día las mujeres en Turquía.
Avanzar, retroceder, avanzar
En este contexto, al gobierno actual le parece una gran idea dar marcha atrás con el tratado y dejar a las mujeres y niñas totalmente desamparadas y desprotegidas, a la merced de los violentos y criminales.
¿Con qué argumentos? Porque promueve la homosexualidad, impacta negativamente en la “estructura familiar”, va en contra de los “valores nacionales”; “rechaza la oportunidad de llevar paz a una familia que está a punto de ser destruida por la violencia doméstica”, expresa un comunicado de Türkiye Düsünce Platformu, la primera asociación en proponer la salida del Convenio.
El presidente turco dice estar dispuesto a derogarlo “si el pueblo quiere”. Qué argumento tan original, ¿no? El tema es que el pueblo no quiere. Según una encuesta realizada por Metropol Research, el 63,6% de la sociedad no considera correcto retirarse de la Convención, y sólo un 26% está de acuerdo. Aunque, debe aclararse, el valor de este tipo de encuestas puede resultar dudoso ya que otro sondeo muestra que más del 50 % de la población no sabe de qué trata el Convenio de Estambul y lo confunde con un tratado marítimo. La desinformación e ignorancia como herramienta de vulnerar derechos, siempre.
Fuente: Kurdistán América Latina
Pero no se la dejarán tan fácil. La ola de manifestaciones se volvió una vorágine ruidosa y avasallante imposible de omitir, y que está acorralando a los sectores de poder, que dejaron en vilo la cuestión o incluso se arrepintieron de haber abierto el debate, como la asociación recién citada que dijo arrepentirse por haberse metido en un “área minada”. Arrugaron.
Asimismo, salieron a la luz fracciones al interior de los grupos políticos. En el propio AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) hay diferencias de opiniones que incluso dividen la propia familia del presidente. Su segundo hijo forma parte de una asociación juvenil islamista (TÜGVA) que propone derogar el Convenio por “ineficaz” e “impopular”. Mientras que su hija menor, a través de un comunicado de la agrupación KADEM (de la cual es vicepresidenta) deja en claro su defensa al Convenio y lo declara útil e importante.
La lucha continua y la batalla no está saldada. Se acercan tiempos complejos. La lucha feminista turca no parece poder avanzar, ya que tras años de pedir por la implementación completa y efectiva del Convenio, ahora deben manifestarse por, al menos, mantenerlo.
El mero debate en torno a la legitimidad de este Convenio y la responsabilidad del Estado en las cuestiones de género está teniendo enormes repercusiones negativas, dando rienda suelta a la impunidad. Los asesinos se envalentonan con el discurso nacional en el que los líderes discuten, como quien no quiere la cosa, la eliminación de las protecciones para las mujeres. “Cuando hablamos de estos derechos, los hombres se animan a matar mujeres. Vemos que cuando están atacando los derechos de las mujeres, hay un número creciente de feminicidios”, señaló Melek Onder, la portavoz de “Paremos los Femicidios”.
Por Pinar, por todas
No sólo la oposición a la retirada del Convenio de Estambul y el reclamo por la plena implementación de la Ley 6284 llevó a las mujeres a rebelarse y hacer suyos los espacios públicos, sino también el aumento vertiginoso de los femicidios y los casos de violencia doméstica. Y en particular, el brutal asesinato de Pinar Gultekin, el cual impulsó el comienzo de la campaña digital de las imágenes en blanco y negro.
Pinar era una estudiante de 27 años que desapareció en la provincia de Mugla, Turquía, el 16 de julio de 2020. Los equipos de gendarmería comenzaron a buscarla tras la denuncia de su hermana y su madre, y la encontraron muerta 6 días después en un bosque. Cuando su cuerpo fue exhumado, había sido golpeada, estrangulada y enterrada en un barril con cemento.
El femicida fue su ex novio Cemal Metin Avcı (32 años), quien fue reconocido gracias a cámaras de seguridad y que negó el crimen en primera instancia, pero que luego confesó. Según su declaración, Pinar había descubierto que él tenía esposa y quería contarle del engaño, y en un ataque de ira la mató e intentó ocultar el cuerpo. La policía dice que el asesino actuó así por celos. Como si de algún modo los argumentos justificaran el crimen. Muchas activistas temen que sea liberado pronto o que reciba una sentencia leve, como suele suceder.
La ferocidad de este asesinato y el hartazgo de las mujeres frente a la perdida constante de sus amigas, compañeras, vecinas, hermanas, hijas, madres, en manos de novios, maridos, ex parejas, padres, hijos, desconocidos, con absoluta impunidad, fueron la gota que rebalsó el vaso. Y a las mujeres nadie las para, lo sabemos. “Las mujeres no se detendrán hasta que consigan su libertad, su igualdad, sus vidas”, expresaban las manifestantes en una declaración. Entienden quién es el responsable principal del aumento de las cifras: el Estado. “El femicidio es un asesinato político”, señalaban algunas las pancartas.
Pinar Gultekin es una, y es muchas. En ella se refleja el rostro de todas y cada una de estas mujeres y niñas asesinadas. En su nombre, el nombre de miles. En su memoria, el recuerdo de cada una de las que terminamos olvidando por la magnitud y la frecuencia de los femicidios. En la necesidad de justicia por su muerte, la intolerancia a la impunidad que perpetra el sistema y que legitima el presidente Erdogan con sus dichos misóginos.
Más libres, más muertas
El aumento de casos en Turquía se da también en el marco de la avanzada del movimiento feminista, que centra su lucha en la emancipación y libertad de las mujeres. La mayoría de los pretextos de los femicidas y violentos se relacionan con separaciones propuestas por las mujeres, divorcios, o la negativa de ellas a reconciliarse. Situación que se ve agravada por el confinamiento impuesto a partir de la pandemia del coronavirus, que obliga a las mujeres a permanecer en sus casas con los mismos que las violentan.
Además, hay un aumento serio en el número de “muertes sospechosas” de mujeres, según la Plataforma KCDP, presentadas como suicidio o muerte natural pero que es necesario revelar si las mujeres fueron asesinadas, si se suicidaron o si fueron empujadas al suicidio.
Y volviendo a la responsabilidad del gobierno de turno, fue el partido de Erdogan (AKP) el que a principio de este año, luego de ser rechazado en 2016 debido al repudio social, presentó en el Parlamento un proyecto de Ley (ya existente en otros países) que le permitiría a los hombres acusados de tener relaciones sexuales con menores de 18 años evitar una pena de cárcel si se casaban con sus víctimas, legitimando los abusos sexuales infantiles y asegurando amnistía a los violadores. Las mujeres lo denominaron “Casate con tu violador” y los repudiaron durante días en las calles.
Buena apariencia, impunidad asegurada
El problema de la impunidad atraviesa a Turquía como a tantos países del mundo, pero allí es de tal magnitud la cuestión que le proporcionaron un término: “tie reduction” (reducción de corbata). Esto proviene del ¿fenómeno? judicial por el cual los hombres que se presentan a la corte con buena apariencia, corbatas y trajes, reciben sentencias mínimas, o se le reducen sus penas de prisión, o quedan absueltos.
Con la misma arbitrariedad, se otorgan libertades condicionales a hombres acusados de violencia doméstica y las autoridades no informan siquiera a las víctimas.
Ellos debaten, ellas mueren
Mientras los partidos políticos y los sectores ultraconservadores de Turquía debaten sus intenciones de avanzar o no sobre los derechos y libertades de las mujeres y niñas -hacerlo ahora o más tarde, con o sin apoyo popular-, ellas son asesinadas cada 20 horas. Cientos de mujeres, como Pinar, son arrancadas de sus familias, de sus grupos de amigxs, de sus ambientes de trabajo o estudio. Miles de hombres caminan libremente por las calles del país con la sangre de sus víctimas en las manos y con la complicidad de un sistema patriarcal y negligente. Las mujeres turcas seguirán dando batalla en las calles, en las plazas, en sus casas, en las instituciones, en todos los espacios que habitan, haciendo oír sus gritos de dolor y bronca contra una sociedad que las violenta y asesina.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) es un pequeño país de casi 30 millones de habitantes, ubicado en la parte norte de la península coreana. Al sur está Surcorea, región convertida en colonia estadounidense de facto desde 1945. En la parte norte, las guerrillas comunistas, lideradas por Kim Il Sung, combatieron al invasor japonés (que invadió toda la península en 1895) y en 1945, con ayuda de la Unión Soviética, lograron instalar una república libre, que se efectuó en 1948, cuando se proclamó a la República Popular Democrática.
Kim il Sung se convirtió en el máximo jefe de la RPDC y rápidamente se adoptó al marxismo leninismo como sistema de ideas en el país. Pero los yanquis se quedaron en el sur, y decidieron boicotear a la RPDC. Los soviéticos siguieron respaldándola, pero se retiraron del país. En 1949 la República Popular China recién fundada también brindó ayuda a la RPDC y en 1950 estalló la guerra de Corea.
En 1953 se firmó un armisticio entre la RPDC y Surcorea, pero los yanquis dejaron estacionados unos 30.000 soldados en la frontera de Panmujón y en Seúl. La RPDC siguió su curso pese a los ataques imperialistas y socializó todos los medios de producción, decretó una reforma agraria, estatizó el comercio exterior, aplicó planes de desarrollo industrial y un programa muy ambicioso de alfabetización con ayuda de los soviéticos y los chinos.
Entre 1953 y 1970 el país logró tener un alto desarrollo social y económico, convirtiendo a la nación en un emporio industrial importante en Asia Oriental. Además, toda la población quedó alfabetizada. Hacia 1961-1966 la RPDC recibió ayuda educativa de la Cuba socialista (de hecho, hubo un viaje del Che Guevara a Pyongyang, capital de la RPDC, en 1960).
Uno de los aspectos de los que más se enorgullece el gobierno revolucionario de la RPDC es su sistema educativo, responsable de haber erradicado el analfabetismo en el seno de la población del país. La educación en la RPDC se basa en un sistema universal de enseñanza financiado en su totalidad por el Estado. Dicho de otro modo, la educación en cien por cien pública y la educación privada no existe e incluso está prohibida.
Antes de la Revolución de 1948, el sistema educativo en la parte norte de Corea era desastroso. En la parte norte la educación siempre estuvo más atrasada que en el Sur, que se encontraba más desarrollado social, económica y culturalmente. En 1945 no existían en el Norte escuelas de educación secundaria a partir de los doce años, ni instituciones de enseñanza superior: solo existían un millar de centros de Primaria y unas pocas escuelas de enseñanza vocacional o especializada.
En septiembre de ese año, fecha de la rendición japonesa, se calcula que dos tercios de los niños en edad escolar no atendían siquiera a la escuela primaria y que 2,3 millones de adultos eran analfabetos, esto es, la inmensa mayoría de la población. Eso sin contar con la escasa formación del profesorado y en especial su conocimiento del idioma coreano, muy perjudicado tras medio siglo de dominio japonés (1895-1945), periodo en el que la enseñanza se dio exclusivamente en lengua nipona.
Desde su llegada al poder en 1945-1948, los comunistas norcoreanos, primero liderados por Kim Il Sung (1948-1994), más tarde por su hijo Kim Jong Il (1994-2011) y finalmente por el hijo de este y nieto de aquel, Kim Jong Un (desde 2011), han otorgado una gran prioridad al ámbito de la educación por razones políticas y económicas.
En total, la RPDC ha llevado a cabo cinco grandes reformas educativas: 1946-1950, 1959, 1967, 1975 y 2012-2013. Estas reformas no solo han extendido la enseñanza a todo el país (infraestructuras, materiales, medios, etc.), sino que han afectado también al currículum del sistema escolar. Estas reformas de los últimos 60 años han culminado en un sistema educativo universal obligatorio y prácticamente casi la totalidad de los ciudadanos norcoreanos hoy tiene al menos estudios secundarios.
Para ello, una de las primeras decisiones en materia educativa fue decretar la enseñanza de la lengua coreana y eliminar los centenarios libros de texto que utilizaban todavía los caracteres chinos y su sustitución por el hangul, el alfabeto coreano, prohibido durante tiempo por ser considerado inferior culturalmente a la escritura china.
Una segunda decisión fue la de diseñar un sistema educativo obligatorio que abarcara al conjunto de la población. El primer paso era consolidar una educación primaria obligatoria lo antes posible y bajo control estricto del nuevo Estado, así como la creación de escuelas técnicas con el fin de formar a trabajadores especializados que contribuyeran a los objetivos de desarrollo económico.
No menos importante, fue la necesidad de crear un centro superior y en octubre de 1946 nacía oficialmente la Universidad Kim Il Sung, compuesta en ese momento de siete facultades (Ingeniería, Agricultura, Medicina, Ciencia, Literatura, Derecho e Ingeniería de Ferrocarriles) y 1610 estudiantes. Un tercer elemento fue la campaña de alfabetización de adultos, intensificada después de la fundación de la RPDC en septiembre de 1948. El éxito de esta última permitió que el analfabetismo quedara reducido en pocos años a la franja de edad más anciana.
La educación primaria universal, declarada obligatoria en 1950, no se alcanzó plenamente hasta 1958. Un año más tarde, una nueva reforma decretó que todas las escuelas del país pasaran a formar parte de una educación universal financiada por el Estado (por tanto, pública). El Estado se encargaría no solo de la enseñanza y de los recintos habilitados para ello, sino que también proveería los textos escolares, los uniformes y alojamiento y comidas escolares sin coste para el ciudadano.
Al mismo tiempo, se puso en marcha un sistema educativo de educación primaria y secundaria de siete años de duración. Según este último, el alumno ingresaba en Primaria a los siete años de edad tras su paso por guardería y cuatro años más tarde pasaba a Secundaria, de tres años de duración. A los catorce años de edad, una vez graduado, tenía la oportunidad de realizar dos cursos de dos años cada uno en una escuela técnica y podía optar a acceder, si era adecuado, a la universidad. Otro elemento de la reforma educativa fue el énfasis puesto en la formación técnica de los estudiantes.
Este modelo educativo no tardó en ser reformado y en 1967 se impulsó una educación obligatoria de nueve años, abarcando desde los siete años de edad hasta los dieciséis. Las autoridades norcoreanas habían percibido que los cambios de la reforma de 1959 eran todavía insuficientes a la hora de formar trabajadores especializados y personal cualificado para las demandas de modernización que requería el país. Sin embargo, este sistema pasó a ser considerado insuficiente al cabo de poco tiempo.
Ya en 1973 Kim Il Sung declaró la necesidad de extender la duración educativa y dos años más tarde se puso en marcha un sistema educativo obligatorio de once años. Entre 1975 y 2012 la enseñanza obligatoria comprendía un año de preescolar (entre los cinco y los seis años de edad), cuatro años de educación primaria (entre los seis y los diez, en la llamada Escuela del Pueblo) y seis de educación secundaria (entre los diez y los dieciséis), que incluye el bachillerato. Todo ello está recogido en los artículos 40 y 41 de la primera versión de la Constitución de 1972. Este modelo educativo ha sido el más duradero de todos pese a los diversos cambios en el currículum a lo largo de sus casi cuarenta años de existencia.
El sistema educativo obligatorio de once años de duración estuvo en vigor hasta 2012. Ese año el líder norcoreano Kim Jong Un señaló la necesidad de extender la educación obligatoria un año más (hasta los diecisiete años de edad) y en septiembre se aprobó un proyecto de ley en este sentido. Una enmienda a la Constitución de 1972, de fecha 1 de abril de 2013, elevaba a rango de ley la educación obligatoria de doce años de duración, según consta en el Artículo 45 del texto constitucional.
Una vez finalizada la enseñanza obligatoria, los alumnos se gradúan y se examinan para acceder a la universidad o estudios superiores especializados. Aunque el Estado ofrece dos años de enseñanza preescolar (a partir de los cuatro años de edad), solo el segundo (llamado Nivel Superior de Preescolar) es obligatorio (Artículo 45).
La pedagogía socialista de la RPDC facilita al mismo tiempo la incorporación de los jóvenes estudiantes en organizaciones políticas como los Jóvenes Pioneros en el caso de Primaria y la Liga de Juventud Socialista Trabajadora en Secundaria. Dichas organizaciones, consideradas muy importantes a ojos de los dirigentes norcoreanos, refuerzan la labor ideológica de las escuelas organizando de manera regular (por ejemplo, los sábados) actividades como sesiones de crítica y autocrítica, reuniones de adoctrinamiento y lecturas sobre disciplina organizativa y pensamiento ideológico.
La pedagogía socialista trasciende incluso el espacio escolar propiamente pues incluye también lo que se conoce como ‘educación social’. Esta última comprende las actividades extracurriculares, la vida familiar y las relaciones humanas en el contexto de la sociedad. El objetivo es controlar la influencia del entorno social sobre el niño y determinar el desarrollo de su carácter. Dicho de otro modo, el objetivo de esta educación social es proveer al niño de ambiente social controlado donde el niño esté a salvo de influencias negativas o no planificadas, esto es, que se asocie a ideas o aspectos contrarios a la ideología oficial.
Las actividades extraescolares buscan organizar la vida del estudiante de manera colectiva mediante la participación en actividades deportivas, musicales, culturales, etc. Las visitas en grupos a museos, monumentos y emplazamientos históricos constituyen un ejemplo de ello. El objetivo final es acabar con todo tipo de pensamiento individualista que pueda llevar a mostrar deslealtad con el sistema político existente. Kim Il Sung dejó muy claro este aspecto al declarar que “debemos educar a los estudiantes en el espíritu del colectivismo”, considerado la base de la vida social socialista y comunista.
La educación superior se divide en dos ámbitos: las universidades y las escuelas profesionales o especializadas (técnicas) están bajo supervisión del Ministerio de Educación Superior, a diferencia de las guarderías y escuelas de primaria y secundaria que están tuteladas por el Ministerio de Educación Pública. La entrada en la universidad o en la escuela especializada viene determinada por los logros académicos en secundaria.
Algo queda claro. La RPDC es uno de los pocos países que tiene 100 % de educación pública total, inclusiva y realmente para todos. No hay escuelas y universidades privadas, están prohibidas. Los norcoreanos hablan de que los sistemas capitalistas tienen sistemas educativos que replican una especie de apartheid en las escuelas y universidades, al existir el sistema mixto estatal-privado dentro de sus tierras. Y tienen razón. La RPDC es un ejemplo de escuela pública estatal de verdad. Y eso no se lo perdonan los imperialistas.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
El pueblo mapuche y sus organizaciones no ceden en su derecho de buscar caminos, que le otorguen pleno reconocimiento, como también un camino de autonomía, dentro de lo cual hay organizaciones, grupos y movimientos de este pueblo que trabajan, igualmente, por un objetivo de autodeterminación. En estos días, la situación de conflicto en el Wallmapu[1] ha mostrado el incremento de conductas abiertamente racistas, del tipo supremacista, impulsado por grupos políticos de ultraderecha, paramilitares y grupos de choque armados y financiados por terratenientes de la zona. Decididos, en su lógica, a poner “orden” en la clásica nomenclatura que suelen manejar aquellos que creen tener la hegemonía del poder.
El día 1 de agosto pasado, alentados por dirigentes vinculados al gobierno, como es el caso de la ex candidata a diputada por la UDI Gloria Naveillán; centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria (localidades ubicadas en la IX región de Chile, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, su capital) para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova que ya cumple tres meses de huelga de hambre. El grupo paramilitar, en Curacautín, no sólo agredió a hombres, mujeres y niños, sino que además, destruyó las instalaciones y quemó vehículos de los comuneros, sin que la policía militarizada chilena actuara, cumpliendo un papel de cómplice de estos delitos de las bandas racistas.
En la ciudad de Victoria, la vocera de la autodenominada organización extremista chilena Agrupación por la paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA) Gloria Naveillán, incentivaba el uso de la violencia contra los habitantes de las comunidades mapuches de Las Cardas y Trangol, atrincherados en la Municipalidad de esta ciudad. En pleno toque de queda, en virtud de la decisión gubernamental por la pandemia del Covid 19 y sin que intervinieran las fuerzas policiales, los grupos de choque extremistas, a punta de palos y golpes, desalojaron a los comuneros haciendo realidad el llamado que había efectuado el Ministro del Interior en su visita a la zona y específicamente en la base de la policía militarizada en Pailahueque donde instó a los alcaldes de los municipios ocupados a exigir el desalojo. Esto, a contrapelo incluso, de la propia opinión de los ediles quienes han hecho un llamado al gobierno central a sentarse a conversar con las comunidades.
A la luz de los hechos acontecidos, el recientemente nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, considerado un referente del ala más extrema del ultraderechista Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) en su viaje al Wallmapu dio muestras al país de una de las principales misiones, por las cuales el presidente Piñera lo nombró jefe de gabinete: dar el puntapié inicial para catalizar la represión de las comunidades mapuches. Un cometido, que no difiere de una realidad que ha significado, en los últimos años, la realización de cientos de allanamientos, detención de dirigentes, represión extrema, asesinato de comuneros, conformando una zona en estado de sitio permanente. Wallmapu es una tierra ocupada, que unida a la colonización sufrida, primero por los conquistadores españoles y posteriormente los chilenos, busca un camino propio.
La visita del ministro del interior a la región en conflicto, sin juntarse con las autoridades comunales y menos aún con representantes del pueblo mapuche, mostro la típica operación militar de exploración en terreno y visualizar allí la disposición de las fuerzas para esta “guerra” que lleva a cabo el estado contra el pueblo mapuche. Pérez Varela negó la existencia de presos políticos mapuches minimizando lo que sucede en la zona y alentando con ello, las provocaciones y acciones racistas contra los comuneros mapuches.
Es indudable, que en el marco de la crisis social y política que vive Chile, desde el inicio de la movilizaciones sociales, desde octubre del año 2019, agudizado por la pandemia del Covid 19, se ha generado mayor actividad y reivindicaciones de agrupaciones mapuches que desean modificar el estado actual de prisión de dirigentes y comuneros de sus comunidades originarias, detenidos bajo las más diversas acusaciones y que exigen cambios en las medidas cautelares, como es el cumplir sus condenas en sus comunidades, ejerciendo, de ese modo, lo firmado y ratificado por Chile al amparo del Convenio 169 de la OIT.
Dicho convenio establece que: En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos para tratar los casos penales. Cuando se impongan sanciones penales, previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá, además, darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Por tanto no se exige su libertad como miente el gobierno, sino que se cumpla lo firmado internacionalmente.
El poder político chileno no ha comprendido el mensaje de Naciones Unidas, que considera que la lucha del Pueblo Mapuche no debe ser catalogada de terrorista por parte del Estado Chileno, toda vez que la restitución de sus territorios, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el derecho a la autonomía y la libre determinación que reclaman como pueblos, son demandas legítimas, que cuentan con el reconocimiento del organismo internacional. Como también de entidades como la OIT, en la cual Chile firmó e integró al cuerpo normativo interno del país, mediante el decreto Nº 236 de octubre del año 2008, al firmar y ratificar el mencionado Convenio 169 de la OIT.
Independiente de los cargos por los cuales se imputa a los mapuches, actualmente encarcelados, sus acusaciones responden, mayoritariamente, a actividades autonomistas recuperación de tierras y otras, en el marco de ejercer y adquirir, como ha sido la conducta de cientos de entidades, movimientos y pueblos a lo largo de la historia en busca de la conquista de sus derechos. En las acciones de las comunidades mapuches hay un proyecto político detrás, donde se necesita analizar siempre esos objetivos, cuál es la naturaleza por las cuales realizaron sus acciones y que están signadas por la lucha de autodeterminación. No se trata de terroristas ni delincuentes cuando el objetivo es reconocido incluso por el derecho internacional.
Ese poder político chileno sustenta su actuar en base a responder a “exigencia de orden y seguridad” que emana, precisamente, de aquellos que desean seguir usufructuando de las tierras mapuches reclamadas, del negar al otro sus derechos. Para esa labor de “reestablecer el orden jurídico” el poder hegemónico, los grupos supremacistas se valen de grupos paramilitares de ultraderecha con llamados a “defenderse” lo que genera la interrogante respecto a ¿resguardarse de qué, de quienes? Más bien se trata de una victimización clásica de aquellos, que no desean reconocer la necesidad de avanzar por un camino que reconozca a un pueblo originario y sus derechos.
Poder Político, Dinero y Racismo
La ola racista, incluso con el apoyo de personajes como es el multimillonario de origen croata Andrónico Luksic, dotado de empresas nacionales y en el extranjero, con una fortuna estimada en 3 mil millones de dólares, influyente opinólogo y además dueño de medios de comunicación. Este personaje, ha hecho llamados similares a los efectuados por los dirigentes supremacistas y sus grupos de choque de ultraderecha, señalando, frente a los ataques contra los comuneros mapuches, que algunos “ciudadanos han tomado en sus manos la necesidad de reponer orden ante desborde de violencia e incapacidad de autoridad local en Araucanía. Ya no se trata de dialogar ante reivindicaciones del Pueblo Mapuche, es detener a quienes calculadamente llevan esa región a punto de no retorno”. Un aval para el racismo y el supremacismo de los grupos racistas.
El objetivo de este llamado y de las acciones represivas de las fuerzas policiales y los grupos paramilitares es llevar a cabo acciones “ejemplificadoras” destinadas a satisfacer las exigencias de terratenientes, empresas forestales y dirigentes oficialistas y sociales imbuidos de un profundo sentimiento de discriminación, que exigen mano dura, que vociferan a los cuatro vientos que en la denominada región de la Araucanía (Wallmapu) el estado derecho no existe, que la “indiada” se ha levantado para horror de todos aquellos que gozan de las tierras usurpadas, que aprovechan los recurso en territorios expoliados a la fuerza o por argucias legales.
El método represivo no es novedoso, ha sido perfeccionado por la policía chilena en sus entrenamientos con unidades policiales colombianas, por ejemplo. Entrenadas a su vez por agentes israelíes, quienes aplican en sus clases lo aprendido y practicado contra el pueblo palestino: represión urbana, detención, torturas, castigos, infiltración, asesinato. Incluso con armamento y métodos de vigilancia proporcionados y enseñados por la entidad sionista El asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre del año 2018, a manos del llamado Comando Jungla, fue una de las primeras acciones con resultado de muerte por policías entrenados por este dúo de policía antiguerrilla colombiana (de un Estado considerado Narco estado, con protección a paramilitares y acusado en múltiples ocasiones de ejercer terrorismo de Estado) sumado a asesores sionistas contratados por los gobiernos colombianos.
El conflicto y sus complejidades requiere soluciones variadas, que han sido presentadas por el pueblo mapuche a través de sus dirigentes, historiadores y defensores de la causa de este pueblo, entre ellas: pasar de las afirmaciones respecto a que “se tiene una deuda de larga data con el pueblo mapuche” a soluciones concretas. Revertir la intolerancia y eliminar toda práctica de racismo supremacista, no sólo condenándola de palabra sino que aplicar la ley contra la discriminación y los llamados al oído. Se requiere una estructura política moderna, que dé cuenta, no sólo de los derechos de la población indígena sino también de los migrantes y la población de estratos económicos más bajos. Trabajar por un país más justo exige cambios estructurales. Trabajar por una modernización que alcance al conjunto de la población mapuche en todos los ámbitos: culturales, económicos, sociales, políticos.
No es casual que la población del Wallmapu sea uno de los sectores más pobres del país. Avanzar en el reconocimiento del indígena en su condición, en su lengua, como también en su derecho a la autonomía. Concretar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Si la decisión es avanzar hacia una autonomía e incluso un proceso de autodeterminación, afianzar entonces una participación en el mundo político chileno mientras se concreta dicho objetivo. En estos momentos, junto a la necesidad de frenar a los grupos racistas, generar las condiciones que cumplan las disposiciones del Convenio de la OIT, hay que avanzar hacia la transición de un hacia un mundo intercultural, que respete los derechos de los pueblos originarios. Es un imperativo que la sociedad chilena avance hacia esa interculturalidad, el darse un baño necesario y obligatorio de ver de un modo distinto nuestras sociedades y su relación.
No es posible aceptar la violencia, el racismo y menos aún la acción contemplativa del gobierno hacia esta discriminación contra el pueblo mapuche. Menos aún la ejecución de acciones “ejemplificadoras” destinadas a satisfacer las exigencias de terratenientes, empresas forestales y dirigentes oficialistas y sociales imbuidos de un profundo racismo, que exigen mano dura, que vociferan a los cuatro vientos que en la región de la Araucanía, el estado derecho no existe, que la “indiada” se ha levantado para horror de todos aquellos que gozan de las tierras usurpadas, que aprovechan los recurso en territorios expoliados a la fuerza o por argucias legales.
En general y la realidad así lo está demostrando, las organizaciones del pueblo mapuche consideran, que las acciones de represión llevadas a cabo contra sus comunidades, sobre su gente y aquellos que solidarizan con su causa, sobre todo contra aquellas agrupaciones, que los servicios de inteligencia del gobierno y de la policía consideran “comunidades mapuches rebeldes “son parte de una estrategia de intimidación, de paralizar a los mapuches mediante el terror y el miedo, frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras. En los últimos años se han realizado cientos de allanamientos y se ha conformado en la zona un estado de sitio permanente. Wallmapu es una tierra ocupada, que unida a la colonización sufrida, primero por los conquistadores españoles y posteriormente los chilenos, busca un camino propio.
Le guste o no le guste a los que niegan al pueblo mapuche su derecho a que le sean restituidos sus territorios ancestrales, que se reconozca constitucionalmente su condición de pueblo originario, el caminar, si así lo deciden hacia una autonomía o una definitiva autodeterminación, que son demandas dadas a conocer por numerosos colectivos mapuches. Esas son reivindicaciones legitimas que Chile debe cumplir. Está la palabra empeñada de integrar esas ideas y derechos al cuerpo normativo del país. En estos años, las puertas que se han abierto para el diálogo para ciertos sectores de las comunidades mapuches son insuficientes. Más aún, los compromisos asumidos suelen quedar en el tintero, olvidados en la burocracia palaciega, donde calmadas las aguas, se vuelve a patear al futuro, una situación que requiere ser solucionada so pena de tener un estado de agitación permanente, necesario hasta cumplir lo que se debe cumplir.
En este artículo de segundopaso.es exponemos una situación, que sin negar las complejidades que el conflicto en la Araucanía tiene para el conjunto de la sociedad y los intereses políticos y económicos que la circundan, presenten un conflicto, con situaciones de violencia imputables a uno y otro bando – con la clara convicción de las diferencias abismales entre una represión ejercida por los órganos del Estado con todo el poder que ello implica y grupos de comuneros más activos, pero de los cuales no podríamos sostener que signifiquen un peligro armado para el Estado chileno y menos para generar el estado de ocupación que vive el Wallmapu. Una realidad en que, afirman juristas y defensores de los derechos humanos, este Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos de las personas y ese es el gran desafío en la Araucanía o en el Wallmapu, según sea la referencia étnica con que se opine.
[1] Wallmapu (país Mapuche) es el nombre con que se conoce a una amplia franja de territorio, en el sur de Chile donde el pueblo mapuche se encuentra afincado mayoritariamente y considerado como propio y diferente al Estado chileno. En una interesante página donde podemos aprender algo de la cultura de la gente de la tierra (que es la castellanización del concepto mapuche) encontré esta definición del wallmapu que es “sin duda, uno de los conceptos más potentes que suenan en el movimiento Mapuche en general. En términos simples, Wallmapu es “todo el territorio Mapuche”: suelo, subsuelo, aire, ríos, Ngen, (S)Rewe, etc. Otro sinónimo que puede encontrarse es el de “País Mapuche”. http://millalikan.blogspot.com/2008/09/el-famoso-wallmapu.html
Pablo Jofré Leal
Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. especialista en temas de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
El partido de ultraderecha Cabildo Abierto pretende a toda costa amnistiar a los militares que cometieron delitos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya, con distintas herramientas pero con un mismo objetivo: consolidar un relato justificador de la dictadura y de impunidad.
Cabildo Abierto irrumpió en la arena política este 2019. Para algunos fue un huracán, para otros que siguen las dinastías políticas de este país de cerca, observaron como el topo de la historia asomaba su cabeza nuevamente sobre la superficie.
La vigencia de la impunidad
Los dirigentes de Cabildo Abierto han intentado despegarse del mote de “partido militar”, pero los hechos opacan esta intención. Sus listas la integran torturadores, defensores de la dictadura e incluso imputados por el caso del químico chileno Eugenio Berríos.
Nazis confesos y promotores de escuadrones de la muerte son simpatizantes o votantes de Cabildo Abierto. El presidente del Centro Militar, organización que se compone de retirados militares, Coronel(r) Carlos Silva, manifestó en una nota que le realizaran en el 2010: “estamos pensando en algo así como armar una federación, y avanzamos firmemente en la creación de un movimiento nacionalista y artiguista (…) Hay que volver al Artigas católico y protector de la verdadera libertad».
Por si se precisa más pruebas de que es un partido controlado por una cúpula militar, el pasado 4 de agosto Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley al Senado para reinstalar la Ley de Caducidad o Ley de Impunidad. Como detalle no menor, este proyecto de ley fue firmado por el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, en carácter de general del Ejército y luego senador. Lo mismo realizó el senador Raúl Lozano que firmó primero como coronel.
La ley 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue dictada en 1986, apenas un año después de que Uruguay retomara su rumbo democrático, con todos los bemoles de esa época.
La ley expresa la caducidad del «ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto». Lisa y llanamente el Estado se autoamputa la posibilidad de juzgar delitos cometidos por los militares y policías de la dictadura.
El gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) del Partido Colorado, envió al parlamento un proyecto de amnistía para los delitos cometidos durante la dictadura, que fue rechazado rápidamente por la mayoría formada por el Partido Nacional y el Frente Amplio. En 1989 se celebró un referéndum para revocar esta ley y la respuesta popular fue de mantenerla en vigencia debido a amenazas de levantamientos en los cuarteles y un posible retorno de la dictadura.
«Es que si no se votaba la Ley de Caducidad, yo sabía que no podíamos quedarnos en la mitad del camino. Que si (el golpe) no lo daba yo, si no asumía yo la responsabilidad, iba a asumirla el que estaba atrás y si no era ese era el otro. Porque ese era el pensamiento de las Fuerzas Armadas.», lo que habría desencadenado «mediaciones» o «un baño de sangre», expresaba Hugo Medina, Ministro de Defensa de Sanguinetti.
Medina también tuvo participación en la dictadura habiendo sido ascendido a general y miembro de la Logia de los Tenientes de Artigas. Una logia dentro de las Fuerzas Armadas que encabezó el golpe de Estado de 1973.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en su informe anual de 1992-1993 concluyó que la Ley de Caducidad es «incompatible con el artículo XVIII (Derecho de justicia) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
A su vez, recomendó al Estado uruguayo que adoptara las «medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el período de facto».
En 2007 se redactó una enmienda para anular parcialmente la ley con efectos retroactivos, a la par que se realizaba una campaña de recolección de firmas para alcanzar un plebiscito. En el año 2009 junto con las elecciones nacionales se realizó el mencionado plebiscito y nuevamente el pueblo optó por la impunidad. En 2010 el Frente Amplio presentó un proyecto de ley interpretativo de la Constitución que, en los hechos, anulaba los artículos 1º, 3º y 4º de la ley Nº 15.848.
Ahora, el proyecto presentado por Manini Ríos se da en el medio de una pandemia y una crisis económica que se agrava cada día más, pero también en el año donde más procesamientos a militares hubo según el portal Sitiosdememoria.uy
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó a Uruguay a abstenerse de aprobar la reinstalación de la ley de caducidad. Manini Ríos se expresó en contra de lo declarado por la CIDH comparando su exhortación con la Enmienda Platt de Estados Unidos-Cuba y calificó a la dictadura como “una fractura y un desencuentro entre los orientales”. ¡Vaya eufemismos!
Este proyecto se suma a uno que la misma formación política presentó a cargo del ex candidato a vicepresidente Guillermo Domenech, para amnistiar a los militares sobre delitos cometidos en la dictadura.
Brotes verdes…oliva
Un partido político militar es la carta que la oligarquía nacional ha jugado para llevar adelante su empresa, pero no es la única. Las derechas son un campo donde convergen distintas expresiones del Uruguay que intenta mantener su status quo: las hay liberales, conservadoras, nacionalistas, aperturistas, globalistas, ruralistas, militaristas y más.
Cabildo Abierto es la intersección de una tradición de larga data de una derecha, conservadora, católica, nacionalista y ruralista; y un movimiento a nivel mundial de Alt Right, de extrema derecha, con un discurso virulento hacia las minorías que no tienen capital (trans, inmigrantes, LGBT+, etc.)
Esta derecha se intenta despegar de las clásicas élites con impronta populista y una falsa tercera posición, en la que los votantes huérfanos se sienten cobijados por un líder que inspira orden, rectitud, sin un pasado político asociado a la corrupción, que denuncia ataques foráneos y tiene una concepción nacionalista de derecha. Su líder proviene de una de las familias patricias de este país, los Manini Ríos, dueños de diarios, empresas, integrada por políticos y militares.
El proyecto de Cabildo Abierto no es sólo una carrera sin pausa hasta la Presidencia de y las elecciones de 2024. Es un proyecto restaurador conservador, revisionista de la dictadura, con ideólogos del ámbito militar, que reivindican la Patria, la familia y Dios, autodenominados artiguistas.
Perro, amor, explota
En el mes de julio una noticia conmocionó a la sociedad uruguaya: una persona que vivía en la calle fue prendida fuego mientras dormía en las inmediaciones de la Ciudad Vieja en Montevideo. Esa misma semana en la ciudad de Fray Bentos, en el litoral oeste del país, otro indigente fue apaleado por unos transeúntes. En los últimos tres meses han muerto dos personas en situación de calle por hipotermia. Una violencia silenciosa, con el mismo desenlace: la muerte de pobres. El mismo orígen: la aporofobia.
La semana pasada el diario oficialista El País publicó en una de sus notas que “jóvenes en autos nuevos” armados con armas de 9 milímetros y bates de béisbol, golpeaban adictos a la pasta base de cocaína. No es la primera vez que suceden estos hechos. Hace un par de años, luego de una marcha animalista, un grupo de skinheads que se encontraba en un bar salió a golpear personas.
En nuestra historia tenemos antecedentes de grupos de jóvenes de ultraderecha que realizaban estas prácticas. En 1962 hubo varios atentados por parte de organizaciones filonazis hacia instituciones y militantes de izquierdas. Una de ellas fue Soledad Barrett a la que le marcaron en los muslos dos esvásticas.
Algunas de estas organizaciones criminales son Euroamenikaners, Frente Nacional Revolucionario del Uruguay, Orgullo Skinhead, Partido Nacional Socialista del Uruguay y Partido Uruguayo.
La más recordada de estas organizaciones fue la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), fundada en 1970 por Hugo Manini Ríos, hermano del actual senador y líder de Cabildo Abierto. Con una sola frase se puede sintetizar a esta organización: «Cuando se da el primer paso golpista (la JUP) aplaude a las Fuerzas Armadas».
Las violencias:
Toda la violencia que se está expresando en la sociedad como escape de válvula, obviamente no es culpa ni patrimonio de Cabildo Abierto. Este partido es parte del fenómeno por el que estamos transitando: la crisis de legitimidad de los partidos políticos como solucionadores de los conflictos, la crisis a nivel global donde a simple vista se ven los estragos que este sistema le produce al planeta y una brecha de desigualdad que cada día se ensancha más y más, mientras el 1% más rico acapara más poder y riqueza.
Es el surgimiento de una derecha que se despega de las viejas élites y del nuevo establishment, pero al final del día responde a los intereses de clase de las élites. A lo sumo ,un cambio de nombres dentro de la burguesía.
Cnel. Carlos Silva, presidente del Círculo Militar
Los discursos de odio, la violencia simbólica construyen realidad. Esa palabra proferida con saña, ese chiste discriminador, ese rechazo algún día terminará en puño o bala contra algún marginal, contra alguno que no cumpla los estándares que estos mercaderes del odio pretenden imponer.
Mientras buscamos puntos de conexión con el pasado y nos devanamos los sesos tratando de encasillar y nomenclar estos fenómenos, la ultraderecha avanza con botas de siete leguas con la anuencia y la complicidad de la derecha neoliberal hoy liderada por el presidente Luis Lacalle Pou.
En esta pequeña comarca de 176 mil kilómetros cuadrados y poco más de tres millones de habitantes suceden cosas. No somos ajenos a Latinoamérica ni estamos aislados del mundo. Aunque estamos de espalda entre pueblos y con los puertos mirando hacia las Europas.
Generalmente todo proceso demora en llegar a nuestras tierras, los brotes fascistas también, aunque más que haber llegado, parece que estaban en reposo. Será cuestión de las organizaciones sociales de transformar esa demora en virtud o agonía.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El 4 de agosto del año en curso quedará marcado en la historia viva de los pueblos del mundo, o bien como un acto de impericia similar al de Chernóbil, o bien como un acto criminal (de guerra) que copó las pantallas de gran parte de la prensa mundial por lo atroz del hecho.
Lo que se pudo observar desde el momento “cero”, fundamentalmente en la prensa occidental y de países como Arabia Saudí, es que hubo apremio por sindicar que lo ocurrido o había sido un trágico accidente o se trataba de un atentado del Movimiento de Resistencia Islámico Hezbollah.
Pero para quienes medianamente manejan los temas vinculados con Medio Oriente, sabiendo las rivalidades y conflictos que aquejan a la región, un hecho como el sucedido en Beirut, lejos está de poder desvincularse con un atentado a manos de alguno de los enemigos confesos del Líbano, de la organización Hezbollah y de lo que implican para el considerado Eje de la Resistencia que integran junto con la República Islámica de Irán, Siria y la resistencia palestina.
En segundo lugar, que el propio Donald Trump sostuvo en una rueda de prensa: “Me he reunido con algunos de nuestros mejores generales, y ellos creen que esto no se trata de una simple explosión de una fábrica. Esto fue, parece ser que fue, según ellos, que saben más que yo, un ataque. Que se trata de algún tipo de bomba”.
En tercer lugar, porque es por demás sabido el enfrentamiento y las posiciones encontradas que existen entre el gobierno israelí y la organización Hezbollah y el gobierno del Líbano. De hecho hace algunas semanas el líder de Hezbollah, Sayed Hasan Nasralá, había manifestado que no quedaría impune el asesinato de un militante de la organización a manos del ejército israelí en los territorios ocupados del Golán. A esto hay que sumarle la escalada de tensiones que habían sucedido durante las semanas anteriores entre el Líbano e Israel. Hechos que recopila y resalta el colega Sebastián Salgado.
En cuarto lugar también cabe tomar en consideración algunas características de la explosión como el famoso hongo blanco y la onda expansiva que genera (propio del armamento nuclear), la forma en que quedaron los autos donde la presión estaba ejercida desde arriba y no desde los laterales.
El coloniaje recalcitrante de Macrón y la injerencia externa
Párrafo aparte se merece la visita colonialista con aires de superioridad del presidente francés Emmanuel Macrón, un claro aliado del ente sionista. La visita del galo no sólo despertó el enfado entre la población y autoridades libanesas: hasta el Partido Comunista Francés difundió un comunicado donde critica la petulancia de Macrón.
Esta discusión vino atada a la de los pedidos internos y externos de un peritaje internacional “independiente”, como si no se supiera que muchas veces este tipo de pedidos responde, precisamente, a lo opuesto a lo que se proclama: garantizar que no se sepa qué pasó.
Hechos para nada distintos a la hipocresía imperial. No solo la de EEUU que se propuso a ayudar cuando al mismo tiempo redobla las sanciones, sino también la de los mandatarios israelíes expresando su consternación ante lo sucedido. Actos que no solo dan vergüenza ajena, sino que causan repugnancia.
Durante estos días muchos videos han circulado por las redes sociales, alertando de la incursión de un misil o dron como causante de la explosión. Más allá de que es sabido que muchas veces estos videos pueden estar adulterados, lo que llama la atención es que muy rápidamente plataformas como Facebook, YouTube o Twitter se apresuraron a bloquearlos y sacarlos de circulación. Incluso la agencia AP (que responde a intereses de EEUU) salió casi de inmediato a decir que estos videos eran falsos. La pregunta que cabe entonces es ¿por qué tanto apuro en marcarlo cuando a diario hay cientos o miles de videos falsos circulando en las redes?
Más allá de todo esto, si efectivamente fue una negligencia como afirmarían las primeras investigaciones del gobierno libanés, caben otro tipo de preguntas. ¿Por qué estaba ese material altamente peligroso sin los cuidados necesarios? ¿Por qué los servicios de inteligencia no advirtieron de esa irregularidad, y si lo hicieron por qué no hubo respuestas? ¿Quién se beneficiaba con que esté ese cargamento allí?
De igual modo hay que poner el ojo en las protestas de los días posteriores al incidente que dejó más de un centenar de víctimas fatales y más de 6 mil personas heridas. En varios análisis se viene exponiendo la intromisión de potencias extranjeras en los asuntos de El Líbano, fogoneando las protestas y las divisiones históricas que persisten entre cristianos manonitas, musulmanes sunnitas y musulmanes chiitas.
Algunas reflexiones finales
Lo cierto es que si la investigación concluye que la explosión fue por negligencia de funcionarios públicos y de quienes administraban el puerto, seguramente habrá consecuencias graves para les responsables. Si por el contrario se llega a la conclusión de que fue un ataque externo, la situación se vuelve mucho más compleja porque sería un acto de guerra al cual El Líbano, por su crisis económica y política, difícilmente podría responder en unidad. Las operaciones mediáticas estarán a la orden del día y las verdaderas causas del hecho posiblemente sea difíciles de conocer.
El dicho popular afirma que “a río revuelto, ganancia de pescadores”. El surgimiento de las desconfianzas entre los diferentes grupos libaneses, la crisis económica previa al COVID-19 que ya padecía El Líbano, y la explosión del puerto de Beirut (por donde ingresaba el 70% de los insumos necesarios del país) llevan a la siguiente conclusión: sea cual fuere el motivo de la explosión, el único que pierde en este escenario es el pueblo libanés.
Nicolás Sampedro
Prefiero escuchar antes que hablar. Ser esquemático y metódico en el trabajo me ha dado algún resultado. Intento encontrar y compartir ideas y conceptos que hagan pensar. Me irritan las injusticias, perder el tiempo y fallarle en algo a les demás.
En octubre de 2019, en pleno fervor de campaña electoral uruguaya, se filtraron audios comprometedores del entonces Intendente del suroccidental departamento de Colonia, Carlos Moreira, dirigente del Partido Nacional, el mismo del presidente Luis Lacalle. Es abogado, fue senador por el período 2005-2010 y tres veces electo intendente coloniense, cargo que ocupó hasta el 20 de febrero del 2020, día en el que renunció.
El contenido de los audios, en un tono libidinoso, ofrecía cargos públicos a cambio de favores sexuales. El termómetro político escaló a punto de ebullición, quedaban días para la elección presidencial donde finalmente ganó el frente derechista y hubo cambio de signo de gobierno. Los audios del Moreira-Gate parecen no haber movido la aguja electoral y las listas, pasacalles y spot publicitarios se apilaron encima del escándalo.
Las casualidades del calendario hacen que la misma noche en que su causa fuera archivada, Carlos Moreira fue proclamado por la Convención del Partido Nacional como candidato a Intendente una vez más. El ahora candidato para las municipales del 2020 a realizarse a fines de setiembre, fue expulsado del sector al que pertenece, Alianza Nacional, pero no así de su partido.
La fiscal Eliana Travers archivó la causa alegando que “no existían elementos objetivos suficientes”. En marzo el ex Intendente de Colonia Walter Zimmer, también del Partido Nacional, declaró que le resultaba extraño el vínculo de la fiscal Travers con Moreira. El hermano de la fiscal y su padre, integraron la lista del sector de Moreira. El hermano incluso es edil (concejal), suplente de Moreira.
Debido a estas declaraciones, los denunciantes solicitaron que se desarchivara la causa y la misma pasó a manos de otra fiscal, Natalia Charquero. En los primeros quince días de julio la fiscal Charquero volvió a archivar la causa aduciendo que Moreira no se había salido del reglamento de contratación de las pasantías.
El periodista Carlos Peláez, a la semana siguiente, reveló vínculos entre la Fiscal Charquero y el exintendente Moreira. La fiscal es confesa militante del Partido Nacional, participó en el equipo asesor sobre seguridad de campaña de 2014 que también integraba Moreira.
La madre y el padre de la fiscal, en la nueva administración de gobierno, ocupan cargos de confianza política. A raíz de esta situación el Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, pidió que se inicie una investigación administrativa a la Fiscal Charquero para dilucidar si existe vínculo personal entre el denunciado y la fiscal.
Hasta el momento el Moreira-gate espera tener el dictamen de la justicia acusado de concusión, abuso de funciones y abuso sexual en grado de tentativa; pero el caso ha tenido un giro inesperado con consecuencias, que de concretarse, son más que peligrosas, incluso para los marcos de la democracia republicana representativa.
“Aquí estamos los cabildantes”
El abogado y diputado Eduardo Lust, perteneciente al ultraderechista partido Cabildo Abierto, le ha solicitado al Presidente de la República Luis Lacalle Pou, la destitución del Fiscal de Corte Jorge Díaz, argumentando que se “ataca la autonomía técnica” de los fiscales y “el Estado de derecho.”
El pedido de destitución viene acompañado de un proyecto redactado por el propio Lust a pedido del líder de Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos, donde le quita competencias al Fiscal de Corte. Manini Ríos, senador, dijo que destituir al fiscal Jorge Díaz sería una buena oportunidad para “encauzar” la Fiscalía General.
Por si quedaba alguna duda de la operación política, el diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado, hijo del general de la dictadura Eduardo Zubía, que se presentó a las elecciones con número de lista 9007 y la tipografía de James Bond, presentó otro proyecto para quitarle potestades al fiscal y crear un triunvirato de fiscales.
De la coalición gobernante sólo Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, declaró que el pedido de destitución del Fiscal Díaz es “desproporcionado y excesivo.” El resto de los partidos no se ha manifestado públicamente y el Frente Amplio desde la oposición declaró su disconformidad con el pedido de destitución y brindó total apoyo al Fiscal Díaz.
La gobernante Coalición Multicolor pretende una refundación, o más bien, una restauración del orden que sienten que perdieron durante los quince años de gobierno del centroizquierdista Frente Amplio; revitalizando el proyecto trunco de los años 90 con impronta militar conservadora.
Así lo declaró una exdiputada de Colonia del propio Cabildo Abierto, donde manifestó que dicho partido es manejado por una cúpula militar que se autodenomina “El Consejo”, donde la pantalla civil “es decorativa”.
La estrategia de Cabildo Abierto es la presidencia de 2024. Así es que desgasta poco a poco la coalición, pero se fortalece a sí mismo. Recordemos que el fiscal Jorge Díaz ha sido blanco predilecto de esta nueva formación política. Su líder, el ex general Guido Manini Ríos, tiene causas pendientes con la justicia por delitos de lesa humanidad y su desafuero como parlamentario está tratándose en comisión.
Haz lo que yo digo…
El Partido Nacional pidió informes sobre un programa de televisión que no sigue la línea editorial de los medios hegemónicos. Por su lado el diario El País, oficialista y vocero de la dictadura, promueve en sus editoriales una caza de brujas a todo lo que mínimamente cuestione al gobierno, incluso dentro de la Coalición, con lenguaje de guerra fría.
Matiza todos los casos de corrupción e irregularidades y maximiz las denuncias de la oposición calificándolas como un intento de desestabilización contra el gobierno.
La Coalición Multicolor ya está cumpliendo con los designios de Donald Trump, colocando como canciller a Fernando Bustillo para que diga a voz en cuello que Venezuela es una dictadura. “Uruguay se volvió un satélite de Estados Unidos” dijo el canciller venezolano Jorge Arreaza.
El canciller renunciante, Ernesto Talvi, del Partido Colorado y segunda fuerza dentro de la coalición, se negó a decir tal sentencia sobre el país presidido por Nicolás Maduro y eso le costó el cargo.
El Frente Amplio impávido y poco propositivo desde la oposición, se va oxidando como depositario de las esperanzas populares. La hora marca el fin de la denunciología, las excusas y los lamentos. El proyecto de la oligarquía local que tiene a la Coalición Multicolor como mascarón de proa, está dando señales claras -a tono con la oligarquía continental-, que no hay obstáculo republicano que impida llevar adelante sus objetivos.
A la uruguaya, un retoño de lawfare. Una demostración de fuerza, una pulseada de los límites de la democracia y una puja con los sectores populares, hasta donde resisten, hasta donde se dejan someter. La derecha autóctona, ahora coaligada electoralmente va acorde a la línea que se traza desde la Casa Blanca.
Los cien días que nos esperan antes de la elección presidencial estadounidense reviste incógnitas no muy alentadoras para el sur del sur. Ahí está el golpe de Estado en Bolivia y el intento de proscripción del MAS, el lawfare a Rafael Correa y su partido en Ecuador, la militarización en Chile, las muertes masivas y los despropósitos por parte de Jair Bolsonaro en Brasil
A contrapelo de lo que expresaba el Manifiesto Liminar, la proclama del movimiento de reforma universitaria de Córdoba de 1918, estamos pisando sobre la reacción, estamos viviendo una hora (norte)americana.
Como dice un rapero: “por amor y por vicio…se convirtió en mi oficio.” La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El presidente Luis Lacalle Pou que lidera la derechista Coalición Multicolor (CM) que gobierna desde el primero de marzo en Uruguay, se propone llevar adelante su plan de ajuste neoliberal: un saqueo de las arcas del Estado, un extractivismo de arriba hacia abajo, una transferencia de recursos de las clases populares hacia las élites.
Foto de Patricio Ferreira.
El instrumento predilecto para llevar adelante las reformas es la Ley de Urgente Consideración (LUC), de casi 500 artículos, redactada antes del estallido del Covid-19, pero que en las modificaciones posteriores que se le introdujo no se contempló ningún aspecto para paliar la crisis pandémica.
En resumen apunta a tres ejes de acción: mercantilización de la educación, desguace y posterior privatización de las empresas públicas y criminalización de la protesta. Esta ley divide a la población uruguaya, donde la última encuesta que realizara la consultora Opción, arrojó como resultado un 42% a favor y un 43% en contra.
La “herencia maldita”.
Los quince años de gobierno del centroizquierdista Frente Amplio no “hicieron temblar las raíces de los árboles” como expresara el ex presidente Tabaré Vázquez en su acto de asunción en 2014. El Frente Amplio dejó un déficit fiscal de 4,9% del PIB, una deuda bruta del sector público al cierre de 2019 que ascendía a 37.160 millones de dólares, lo que representa 66,4% del PIB.
La deuda pública neta, excluyendo las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central del Uruguay (BCU), alcanzó 43,5% del PIB.
En 2019 se destruyeron más de 10.000 puestos de trabajo en la economía, confirmando lo que venía sucediendo en la última administración de Tabaré Vázquez, en el que se perdieron en el orden de 56.000 puestos laborales. Según la Rendición de Cuentas del gobierno anterior la caída del PIB de 1,6% confirma que nuestro país se encuentra en recesión desde el último trimestre del año anterior, al acumular dos variaciones de signo negativo.
Foto de Patricio Ferreira.
El horizonte no augura buenas nuevas para los que venden su fuerza de trabajo. De un presente incierto, pendiendo de un hilo, se suma un gobierno neoliberal junto con una pandemia global que sirve de tapadera y excusa para dar rienda suelta al proyecto de saqueo de la oligarquía uruguaya con apoyo del sector militar-nacionalista-ultraconservador y los poderes económicos concentrados.
La receta
La coalición gobernante posee las mayorías parlamentarias para votar a tapa cerrada prácticamente cualquier proyecto de ley. El oficialismo festeja esta nueva mayoría como un hecho democrático a destacar. “Ganó la democracia” espetó el legislador nacionalista Jorge Gandini. Pero cuando las mayorías parlamentarias las tenía el Frente Amplio, se acusaba desde tiendas de la oposición en ese entonces, de autoritarismo y falta de debate.
El Presidente Luis Lacalle expuso en un hilo de 27 tweets por qué la Ley de Urgente Consideración es “popular, justa y necesaria”. Allí plantea las bondades de la flexibilización de la forma de pago, ya sea de manera virtual o en efectivo, de los salarios. Esto divide las aguas, donde especialistas plantean que esta medida será campo fértil para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
En la izquierda este tema genera urticaria, ya que defender lo que fue denominada la “inclusión financiera” combate al lavado de activos pero ha hecho que los bancos aumentaran exponencialmente sus ganancias ya que todas las transacciones deben de pasar por una sucursal o terminal bancaria.
Cual manual del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la Coalición Multicolor pretende una reforma de las jubilaciones y la seguridad social. Busca reducir el déficit fiscal con una regla fiscal. El 3.3% del total son de intereses de deuda pública. ¿Ese 1.6% que pretenden reducir, será a través de un ajuste o una auditoría de la deuda pública? La realidad demuestra que los gobiernos que siguen los mandatos del FMI optan por la primer opción.
Siguiendo los dictámenes del organismo multilateral, el gobierno de coalición de derechas impulsará una reforma tributaria que favorecerá al sector agropecuario. Sumado a una suba del dólar del 26% en los primeros 6 días de gestión que favoreció al sector agropecuario exportador.
“Lo más importante para nuestra política económica es el mantenimiento de las políticas públicas.” sentenciaba en un spot de campaña la actual Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. La misma Arbeleche este 14 de julio declaró: “Si no mejoran los resultados fiscales, políticas sociales no podrán mantenerse.”
Una confesión de parte de la verdadera importancia que tienen las políticas sociales para el gobierno. Todo esto en un contexto donde la Cepal prevé una caída del PBI en América Latina de 9.1% y 28 millones de nuevos pobres.
En materia de seguridad pública se pretende declarar emergencia nacional, introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, pena perpetua revisable, y volver a que los ex funcionarios policiales como militares puedan portar armas. “Agredir, amenazar o atentar contra un policía” será considerado un delito. La cuestión reside en que el concepto de agresión y amenaza es muy laxo en la ley y prácticamente podría caber casi cualquier acción dentro de la misma.
Foto de Patricio Ferreira.
Lentamente se está macerando una reforma educativa. Reducto predilecto de los neoliberales que pretende privatizar todo lo que cruce su paso. Con la promulgación de la LUC se le quitó a los docentes el voto en órganos de decisión, a la vez que forma a los estudiantes para ser emprendedores, futuros empresarios con los valores del libre mercado y así reproducir los valores hegemónicos del capital por encima de la vida.
La LUC apenas contempla unos pocos artículos para combatir la violencia de género que se lleva un alto número de vidas por año en Uruguay. “Compromiso por las mujeres.” era uno de los postulados de la Coalición Multicolor en campaña. Una de las consecuencias de la promulgación de la LUC es que el ajuste del gasto del poder judicial afectará el combate a la violencia de género, según el diario El Observador.
El capítulo de la agenda de derechos en un país que se granjea por sus avances en inclusión y pluralidad en la primavera progresista, puede desmoronarse con un soplido. Varios sectores dentro de los partidos que integran la CM están abiertamente opuestos a leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas trans o la despenalización del aborto.
Una nueva encuesta de aprobación de gestión da como resultado que el Presidente Lacalle mantiene un porcentaje por encima del 50%. Paralelamente a su raid televisivo y mediático en la vecina orilla argentina, los conflictos sindicales van en aumento. Tal es el caso de AUTE, funcionarios de la estatal empresa de energía eléctrica; gremios de la educación y la enseñanza, funcionarios del área de Presidencia y los sindicatos bancarios, entre otros.
La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que el año pasado apoyó más de 800 proyectos, cerrará temporalmente, se van a recortar los cursos de formación profesional destinados a personas desempleadas o en el seguro de desempleo y según el semanario Brecha, el Ejecutivo le comunicó a la Universidad de la República que en el próximo presupuesto para gastos e inversiones el recorte será entre un 15 y un 20 por ciento.
La puja
La central única de trabajadores PIT-CNT ha firmado un acta en una reunión tripartita entre Gobierno, trabajadores y cámaras empresariales, que acepta la propuesta económica del gobierno en torno a los salarios. El hecho suscitó mucha polémica ya que varios sindicatos y organizaciones señalan que ese acuerdo es aceptar una pérdida de salario real para los trabajadores durante este año.
Incluso el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realizó una asamblea al aire libre en la Plaza Mártires de Chicago con un aforo de más de 15 mil trabajadores rechazando el acta firmada por la central de trabajadores. Por su parte, la central de trabajadores argumenta que es un preacuerdo y que no está todo dicho aún.
Foto de Patricio Ferreira.
Vuelve el fútbol el 8 de agosto, abren los shoppings, las colonias de vacaciones y centros hoteleros. Los teatros sin embargo, a pesar de tener la habilitación del Ministerio de Salud, desde la Presidencia se ha vetado su reapertura.
El Frente Amplio -como oposición- transita un camino que parece inexorable, hacia un partido más de la alternancia en la democracia representativa. La dirigencia no ha asumido sus errores en la derrota de octubre pasado e insiste con la misma fórmula que le resultó negativa.
La conformación de una intersocial que nuclee a sindicatos, gremios, organizaciones sociales, partidos políticos es, junto con el movimiento feminista los dos espacios que tienen más potencial para movilizar, reclamar y resistir el embate neoliberal.
Memorias de un saqueo en el presente que condena el futuro otra generación más de naides, como diría Eduardo Galeano. La Coalición Multicolor liberal en lo económico, excluyente en lo social, conservador en lo cultural, y con la impronta represiva y autoritaria imprescindible para imponer este retroceso en marcha.
Como dice un rapero: “por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio”. La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Luego de cuatro meses de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), Argentina comienza con una apertura gradual encaminada a la nueva normalidad, en la que la responsabilidad ciudadana será el factor más importante.
Nuestro país cuenta con más de 130 mil casos confirmados, de los que alrededor de 60 mil ya están recuperados y cuenta con un poco más de 2300 muertes. Esto no solo marca que el ASPO ha sido efectivo a la hora de amortizar el azote de la pandemia, sino que ha demostrado que cuando las ciencias son tomadas en cuenta, saben responder de la mejor manera.
Al mismo tiempo, estos números han abierto las puertas a las ciencias del mundo. A principios de este mes, el presidente Alberto Fernández dio a conocer que nuestro país había sido seleccionado por los laboratorios internacionales Pfizer (Estados Unidos) y BioNTech SE (Alemania) para probar una vacuna experimental contra el coronavirus.
Recibí en Olivos al gerente general de la farmacéutica Pfizer, Nicolás Vaquer, y al director científico de la Fundación INFANT, Fernando Polack.
Argentina es el único país de la región donde se llevará a cabo una de las fases de prueba para una posible vacuna contra el COVID-19. pic.twitter.com/XNrSRkoZDZ
En palabras del propio Alberto Fernández, “la selección de nuestro país para llevar adelante estos estudios estuvo basada en la experiencia científica local, en las capacidades operativas y en la experiencia previa de Argentina en la realización de estudios clínicos”, lo que marca que realmente el esfuerzo de nuestres cientifiques no ha sido una pérdida de tiempo. Aunque no todas son buenas noticias.
Otra de las cuestiones por las que Argentina ha sido seleccionada como el primer país latinoamericano en probar esta vacuna es el hecho de que, si bien los números son bajos, se necesita una circulación viral del Covid-19, por lo que será fundamental el cuidado, la higiene y el distanciamiento social, y más aún si tenemos en cuenta esta nueva apertura de la cuarentena.
Estas consideraciones fueron confirmadas por el director de Vacunas de Pfizer para América del Norte, el argentino Alejandro Cané, quien destacó que “la experiencia previa de la Argentina en la realización de estudios clínicos, sumado a los altos estándares de calidad en investigación científica demostrados en los muchos estudios realizados en los últimos 20 años en el país, fue determinante en la selección de la Argentina como lugar de testeo de la fase final de la vacuna”.
Cané explicó que las fases 1 y 2 de la vacuna comenzaron a fines de abril en Alemania y en mayo en los Estados Unidos, por lo que Argentina será parte de la fase 3. Esto da mucha seguridad ya que, si bien la vacuna es experimental, ya fue probada y es bien tolerada en humanos.
Esta vacuna utiliza tecnología experimental conocida como ARN mensajero, un mecanismo genético para inducir al cuerpo humano a producir ciertas proteínas que generan anticuerpos e inmunidad celular contra el nuevo coronavirus
Otro de los resultados positivos es que esta vacuna es inmunogénica, es decir, es capaz de generar anticuerpos. De hecho, este dato fue de vital importancia para pasar a esta nueva fase. Las pruebas clínicas que se realizaron en Estados Unidos se dieron entre 45 personas de 18 a 55 años de edad y demostraron que esta vacuna desarrolló anticuerpos por encima de los generados por otras personas recuperadas con otros tratamientos.
Con estos resultados, se espera que para principios de agosto esté la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para comenzar con la fase 3. Aunque una de las grandes diferencias es que en nuestro país se pasará de 45 personas a 30 mil, apostando a una escala mucho mayor a las ya tratadas.
Sobre esto, Cané explicó que “el estudio global incluiría a unas 30.000 personas para demostrar que la vacuna es eficaz y segura, y la cantidad de personas que involucre en Argentina dependerá de la capacidad de enrolamiento y la evolución que vaya teniendo la investigación”. Además, agregó que “si tiene éxito, estas y otras vacunas comparables serían más fáciles, más seguras y más baratas de fabricar que las vacunas tradicionales basadas en células de virus inactivadas o parciales”.
La vacuna de Pfizer Inc. y BioNTech SE es una de las doce vacunas que están siendo probadas en seres humanos (en fase clínica) alrededor del mundo según registros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero no son las únicas.
Rusia, China e India son tres de las potencias mundiales que van cabeza a cabeza junto con Estados Unidos en la búsqueda por una vacuna que termine con esta pandemia mundial.
Por un lado, Rusia finalizará la segunda fase de ensayos clínicos de la vacuna contra el nuevo coronavirus Covid-19 el próximo 3 de agosto. Esta vacuna impulsada por la Federación de Rusia a través el Instituto de Epidemiología Gamaleya de Moscú en estrecha cooperación con el Ministerio de Defensa, es la iniciativa que ahora mismo tiene mayores posibilidades de lograr un resultado positivo en comparación con las vacunas alternativas trabajadas alrededor del mundo.
El gobierno ruso espera que una vez concluida esta segunda fase se pase a una tercera de ensayos clínicos internacionales, por lo que ya se están llevando adelante negociaciones con Arabia Saudita.
En lo que respecta a esta vacuna, el Jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), Kirill Dmitriev espera que la solución rusa sea “posiblemente la primera aprobada a nivel mundial, ya que después de 28 días de estudio, ningún voluntario de vacunas había experimentado efectos secundarios adversos graves, problemas de salud, complicaciones o reacciones adversas”.
Dmitriev se muestra optimista con los resultados de esta segunda fase y espera que Rusia comience a producir una primera tanda de 30 millones de dosis de la vacuna, con un potencial de 170 millones de dosis adicionales de producción en el extranjero. Para esto, el Ministerio de Industria y Comercio ya ha puesto en marcha los protocolos de cooperación y convenios industriales para producir en masa la vacuna cuando las pruebas hayan terminado.
Un dato no menor para todas estas cuestiones es que el gobierno ruso invirtió más de 116 mil millones de rublos para combatir la pandemia, lo que equivale a cerca de 1,67 mil millones de dólares. De este dinero, 76 mil millones de rublos se destinaron para equipar camas para los pacientes con Covid-19 en todo el país, 40 mil millones de rublos se utilizaron para entregas gratuitas de sistemas de prueba al gobierno, instituciones médicas municipales y tratamiento de personas infectadas con coronavirus. Aunque estas cifras no incluyen los fondos transferidos para apoyar el desarrollo de pruebas, vacunas y pagos adicionales al personal médico. A la par de estas inversiones, la Federación de Rusia ha destinado importantes recursos para agilizar el impulso de la vacuna.
Por su parte, la República Popular China hay diversas vacunas en fase de pruebas que cuentan con resultados prometedores. Tal es así que, en la búsqueda de una vacuna que funcione a nivel global y garantice el acceso a los países más afectados por la pandemia, la compañía Sinovac Life Science Co., con sede en Beijing, ha firmado un acuerdo de cooperación con el Instituto Butantan para llevar a cabo las pruebas cruciales de la fase 3 de la vacuna contra el Covid-19 en Brasil.
Hay que tener en cuenta que hace poco menos de un mes el gobierno chino aprobó una vacuna de uso exclusivo de sus tropas. A esto se le suma la instalación de un mega complejo en Wuhan y otro en Beijing para producir más de 200 millones de dosis de la vacuna en el momento que sea necesario.
Pero Rusia y China no son las únicas con novedades positivas. Desde India afirman que el mes de julio será clave para los ensayos clínicos de “Covaxin”, la vacuna desarrollada entre el Instituto Nacional de Virología de la India, el Consejo Indio de Investigación Médica y la compañía Bharat Biotech. El país conocido por ser la potencia mundial en producción de medicamentos se encuentra a la expectativa ya que en las primeras pruebas se ha desarrollado una respuesta positiva del sistema inmunológico.
Estas alternativas presentadas no le escapan a las diversas realidades geopolíticas. Si analizamos la forma de confrontar la pandemia, veremos que no está alejada de la realidad de cada uno de estos países. No suena para nada extraño que mientras Estados Unidos busca realizar las pruebas en nuestro país, uno de los que mejor ha afrontado la pandemia dentro de latinoamérica y el mundo; China intenta buscar una alternativa más global trabajando en conjunto con Brasil, uno de los países que más está sufriendo la pandemia. Por su parte los rusos, siguen siendo los tapados en esta lucha, pero los que más cerca están de descubrir una vacuna realmente efectiva.
China y Rusia avanzan en la búsqueda de una alternativa mucho más accesible, mientras que ni siquiera la pandemia puede parar el interés r
Mientras China y Rusia buscan una alternativa mucho más accesible y global, ni la pandemia puede parar la codicia de los Estados Unidos, que siguen buscando la manera de hacer de esto algo rentable. Esperemos que en la nueva normalidad que se avecina, busquemos entre todes soluciones más equitativas y solidarias para acabar de una vez por todas con la otra pandemia que arrasa con todo a su paso: el capitalismo.
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