Luego de la reunión entre el presidente de la Nación y el ministro de Economía hubo varias definiciones. De acuerdo a los trascendidos de Casa de Gobierno, una de ellas apunta a dejar sin efecto la Ley de Alquileres, en vigencia desde julio de 2020.
Luego de la reunión entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, hubo varias definiciones. De acuerdo a los trascendidos de Casa de Gobierno, una de ellas apunta a dejar sin efecto la Ley de Alquileres que el Senado convirtió en ley en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.
Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.
Pese a los rumores, desde el sector inmobiliario se ve con buenos ojos la baja de esta ley ya que le permitirá tener más libertades. Sin embargo, es necesario profundizar en el tema y saber que esto es algo cultural, ya que se debe dirimir como sociedad si se ve a la propiedad como una mercancía o como un bien para la comunidad que dignamente busca desarrollarse, vivir y construir sociedades con mayor igualdad, dignidad y mejor pujanza.
Radio Trinchera dialogó con el integrante de la Asociación Platense de Inquilinas e Inquilinos, Diego Fernández Camillo, y mencionó: “Lo que hace la nueva Ley de Alquileres es que se tenga un piso de dignidad y eso está haciendo muchísimo ruido para el sector inmobiliario y hoy en día, en tanda con algunos medios de comunicación nacionales, están tirando un globo de ensayo para ver cual es la reacción”.
“Sabemos que no hay derogación de la Ley, ya que nadie se ha pronunciado desde el Gobierno Nacional sobre ello, no sabemos en el día de hoy que pasará pero vemos que desde el año pasado se está con esa puja”, agregó Camillo.
Sin dudas es una discusión que se tiene que dar: de posponerse o dejarse para más adelante quedará invertebrada. Asimismo, si no se debate este rumor se le hace el juego al mercado inmobiliario, ya que es más fácil echarle la culpa a una ley que al sector empresarial. De esta manera, les hace tener un nivel de rentabilidad aún mayor del que tienen.
Lo que no regula la ley “es el precio de la renovación de contratos o los dichos pisos actuales”, subrayó Camillo y prosiguió: “Hace tres años ese monto supera la inflación interanual, calculando una rentabilidad de casi el 5% o 6% a nivel nacional, incluso reducen el tiempo de recuperación del inmueble, es necesario saldar esa diferencia”.
“Si vamos al caso de la derogación de la Ley solo se podría dar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) porque no se ve quórum en el Congreso para que se de. Si se llega a dar mediante la primera medida se estaría planteando que hay una crisis en el país y en caso de que se de eso, el Estado Nacional tendrá que dar explicaciones”, detalló el entrevistado.
Cabe destacar que es una Ley que se debatió durante cinco años para que se sancione y beneficie a les inquilines. Sin embargo, hoy en día no hay órgano estatal que lo controle y que muestre los números reales. En este sentido, el integrante de la Asociación de Inquilines afirmó: “Lo mejor sería que se modifique pero para aquellas personas que quieren acceder a un hogar y vivir en nuestra sociedad, eso será lo fundamental”.
“Lo que significa es tener una mayor tranquilidad en el tiempo que son los tres años de alquiler, antes se tenía un mes para entrar como mínimo y tres de máximo, y otro dos o tres para salir y dejar el inmueble en condiciones, por lo que terminas viviendo muchísimo menos de lo que se pagaba”, finalizó Camillo.
