Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

Alquileres: después del DNU sufrieron fuertes aumentos y hoy se llevan casi el 35% del salario 

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Un informe publicado por la Federación Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023, firmado por Milei, en el mercado de alquileres en el país, que en su mayoría están atados a la inflación. Además, señaló que el impacto a los ingresos de una familia tipo es brutal, sumada a la situación habitacional crítica.

La Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2024, realizada en conjunto por Inquilinos Agrupados y el colectivo Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023 (que deroga la Ley de Alquileres, y permite, a los dueños de departamentos y las inmobiliarias, especular sobre los costos) en el mercado de alquileres en la Argentina. En este sentido, el informe sostuvo que el valor promedio de los alquileres, en los principales centros urbanos del país, en marzo fue entre un 25% y hasta 43% más caro que el de enero pasado.

El estudio consultó a más de cuatro mil personas que alquilan en todo el país, y los resultados esbozados pusieron de manifiesto la creciente tensión económica y habitacional que enfrentan los inquilinos desde la implementación del decreto. También indaga en los distintos aspectos de los hogares inquilinos: desde los ingresos, el monto del alquiler y las expensas, el acuerdo por mes sobre la cantidad de ambientes y por provincia.

En este sentido, el informe sostiene que “el 91,5% de los contratos se actualizan en seis meses o menos”, con aumentos trimestrales (acordes a la inflación y que no contemplan los aumentos de salario). Además, la Federación resaltó que el 41% de los contratos firmados post DNU tienen una duración menor a un año.

Asimismo, el escrito destaca que para pagar el alquiler y las expensas, los inquilinos debieron destinar en promedio el 34,6% de sus ingresos, y esto, sin incluir los impuestos y las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, esta cifra sube al 42,1% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigor del Decreto 70/2023. Estos cambios generaron una situación de endeudamiento para muchas familias que luchan por costear sus viviendas.

Con respecto a los plazos, en el caso de los contratos de tres años, en los más nuevos, se presenta solamente en el 16% del total analizado en el mes de marzo, mientras que en enero, era del 24,8%. En paralelo, los contratos de menos de un año representan el 33% de los casos, mientras que los que superan los dos años son los más frecuentes, alcanzando el 42,2%.

Según se corroboró en la Encuesta Nacional Inquilina el 60,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo, siendo los bancos emisores de tarjetas de crédito la entidad acreedora predominante en un 42,2% de los casos ya que la gente recurre a préstamos. Estas deudas son para cubrir gastos básicos como el alquiler, alimentos o urgencias médicas.

Por otra parte, Inquilinos Agrupados informó que los precios de los alquileres, subieron considerablemente desde la entrada en vigor del Mega-DNU impuesto por el gobierno libertario, sufriendo las actualizaciones de precios con más frecuencia y atados principalmente a la inflación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un departamento familiar de tres ambientes pasó de costar $245.467 a $344.291. En la provincia de Buenos Aires, el precio subió de $156.637 a $254.270, y en Santa Fe, de $140.461 a $191.742.

Sin dudas, los resultados del relevamiento reflejan un empeoramiento continuo de la situación habitacional que sufre todo el pueblo argentino desde la derogación del marco regulatorio en noviembre de 2023 llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei, exacerbando la vulnerabilidad financiera y habitacional de miles de familias en todo el país, pese a que los casos más severos según la encuesta se encuentran en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Santa Fe.

También demuestra que la eliminación del marco regulatorio para los alquileres generó que los inquilinos vuelvan a negociar sus condiciones con los propietarios, firmando contratos insostenibles e incluso en moneda extranjera. Además, al desamparo creado por el Gobierno nacional, se le suma el creciente estrés financiero y una fuerte precarización en cuanto al derecho a la vivienda, todo esto hace las condiciones de vida que tiene la población argentina, en lo que respecta a vivienda, cada vez sea peor.


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¿Qué pasa con la Ley de Alquileres?

¿Qué pasa con la Ley de Alquileres?

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Luego de la reunión entre el presidente de la Nación y el ministro de Economía hubo varias definiciones. De acuerdo a los trascendidos de Casa de Gobierno, una de ellas apunta a dejar sin efecto la Ley de Alquileres, en vigencia desde julio de 2020.

Luego de la reunión entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, hubo varias definiciones. De acuerdo a los trascendidos de Casa de Gobierno, una de ellas apunta a dejar sin efecto la Ley de Alquileres que el Senado convirtió en ley en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.

Pese a los rumores, desde el sector inmobiliario se ve con buenos ojos la baja de esta ley ya que le permitirá tener más libertades. Sin embargo, es necesario profundizar en el tema y saber que esto es algo cultural, ya que se debe dirimir como sociedad si se ve a la propiedad como una mercancía o como un bien para la comunidad que dignamente busca desarrollarse, vivir y construir sociedades con mayor igualdad, dignidad y mejor pujanza. 

Radio Trinchera dialogó con el integrante de la Asociación Platense de Inquilinas e Inquilinos, Diego Fernández Camillo, y mencionó: “Lo que hace la nueva Ley de Alquileres es que se tenga un piso de dignidad y eso está haciendo muchísimo ruido para el sector inmobiliario y hoy en día, en tanda con algunos medios de comunicación nacionales, están tirando un globo de ensayo para ver cual es la reacción”.

“Sabemos que no hay derogación de la Ley, ya que nadie se ha pronunciado desde el Gobierno Nacional sobre ello, no sabemos en el día de hoy que pasará pero vemos que desde el año pasado se está con esa puja”, agregó Camillo.

Sin dudas es una discusión que se tiene que dar: de posponerse o dejarse para más adelante quedará invertebrada. Asimismo, si no se debate este rumor se le hace el juego al mercado inmobiliario, ya que es más fácil echarle la culpa a una ley que al sector empresarial. De esta manera, les hace tener un nivel de rentabilidad aún mayor del que tienen.

Lo que no regula la ley “es el precio de la renovación de contratos o los dichos pisos actuales”, subrayó Camillo y prosiguió: “Hace tres años ese monto supera la inflación interanual, calculando una rentabilidad de casi el 5% o 6% a nivel nacional, incluso reducen el tiempo de recuperación del inmueble, es necesario saldar esa diferencia”.

“Si vamos al caso de la derogación de la Ley solo se podría dar mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) porque no se ve quórum en el Congreso para que se de. Si se llega a dar mediante la primera medida se estaría planteando que hay una crisis en el país y en caso de que se de eso, el Estado Nacional tendrá que dar explicaciones”, detalló el entrevistado.

Cabe destacar que es una Ley que se debatió durante cinco años para que se sancione y beneficie a les inquilines. Sin embargo, hoy en día no hay órgano estatal que lo controle y que muestre los números reales. En este sentido, el integrante de la Asociación de Inquilines afirmó: “Lo mejor sería que se modifique pero para aquellas personas que quieren acceder a un hogar y vivir en nuestra sociedad, eso será lo fundamental”.

“Lo que significa es tener una mayor tranquilidad en el tiempo que son los tres años de alquiler, antes se tenía un mes para entrar como mínimo y tres de máximo, y otro dos o tres para salir y dejar el inmueble en condiciones, por lo que terminas viviendo muchísimo menos de lo que se pagaba”, finalizó Camillo.

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