Un informe publicado por la Federación Inquilinos Agrupados y Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023, firmado por Milei, en el mercado de alquileres en el país, que en su mayoría están atados a la inflación. Además, señaló que el impacto a los ingresos de una familia tipo es brutal, sumada a la situación habitacional crítica.
La Encuesta Nacional Inquilina de marzo de 2024, realizada en conjunto por Inquilinos Agrupados y el colectivo Ni Una Menos, arrojó datos preocupantes sobre el impacto del Decreto 70/2023 (que deroga la Ley de Alquileres, y permite, a los dueños de departamentos y las inmobiliarias, especular sobre los costos) en el mercado de alquileres en la Argentina. En este sentido, el informe sostuvo que el valor promedio de los alquileres, en los principales centros urbanos del país, en marzo fue entre un 25% y hasta 43% más caro que el de enero pasado.
El estudio consultó a más de cuatro mil personas que alquilan en todo el país, y los resultados esbozados pusieron de manifiesto la creciente tensión económica y habitacional que enfrentan los inquilinos desde la implementación del decreto. También indaga en los distintos aspectos de los hogares inquilinos: desde los ingresos, el monto del alquiler y las expensas, el acuerdo por mes sobre la cantidad de ambientes y por provincia.
En este sentido, el informe sostiene que “el 91,5% de los contratos se actualizan en seis meses o menos”, con aumentos trimestrales (acordes a la inflación y que no contemplan los aumentos de salario). Además, la Federación resaltó que el 41% de los contratos firmados post DNU tienen una duración menor a un año.
Asimismo, el escrito destaca que para pagar el alquiler y las expensas, los inquilinos debieron destinar en promedio el 34,6% de sus ingresos, y esto, sin incluir los impuestos y las tarifas de servicios públicos. Sin embargo, esta cifra sube al 42,1% para aquellos contratos firmados después de la entrada en vigor del Decreto 70/2023. Estos cambios generaron una situación de endeudamiento para muchas familias que luchan por costear sus viviendas.
Con respecto a los plazos, en el caso de los contratos de tres años, en los más nuevos, se presenta solamente en el 16% del total analizado en el mes de marzo, mientras que en enero, era del 24,8%. En paralelo, los contratos de menos de un año representan el 33% de los casos, mientras que los que superan los dos años son los más frecuentes, alcanzando el 42,2%.
Según se corroboró en la Encuesta Nacional Inquilina el 60,1% de los hogares inquilinos encuestados tiene deudas de algún tipo, siendo los bancos emisores de tarjetas de crédito la entidad acreedora predominante en un 42,2% de los casos ya que la gente recurre a préstamos. Estas deudas son para cubrir gastos básicos como el alquiler, alimentos o urgencias médicas.
Por otra parte, Inquilinos Agrupados informó que los precios de los alquileres, subieron considerablemente desde la entrada en vigor del Mega-DNU impuesto por el gobierno libertario, sufriendo las actualizaciones de precios con más frecuencia y atados principalmente a la inflación. Por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un departamento familiar de tres ambientes pasó de costar $245.467 a $344.291. En la provincia de Buenos Aires, el precio subió de $156.637 a $254.270, y en Santa Fe, de $140.461 a $191.742.
Sin dudas, los resultados del relevamiento reflejan un empeoramiento continuo de la situación habitacional que sufre todo el pueblo argentino desde la derogación del marco regulatorio en noviembre de 2023 llevada adelante por el Gobierno de Javier Milei, exacerbando la vulnerabilidad financiera y habitacional de miles de familias en todo el país, pese a que los casos más severos según la encuesta se encuentran en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Santa Fe.
También demuestra que la eliminación del marco regulatorio para los alquileres generó que los inquilinos vuelvan a negociar sus condiciones con los propietarios, firmando contratos insostenibles e incluso en moneda extranjera. Además, al desamparo creado por el Gobierno nacional, se le suma el creciente estrés financiero y una fuerte precarización en cuanto al derecho a la vivienda, todo esto hace las condiciones de vida que tiene la población argentina, en lo que respecta a vivienda, cada vez sea peor.
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