Tarifas de gas: alertan que podrían aumentar más de lo anunciado

Tarifas de gas: alertan que podrían aumentar más de lo anunciado

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Según lo estipulado por las resoluciones que legitimaron el incremento, el pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) le mete más presión a las subas de las tarifas por este servicio en la temporada de otoño e invierno. De esta manera, las distribuidoras podrían aumentar aún más de lo acordado.

Según el presidente de la Nación, Javier Milei, el aumentazo en las facturas del gas era parte del camino ya transitado, sin embargo la suba continúa debido a que el pago de las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan por barcos al puerto bonaerense de Escobar a un alto costo, le mete más presión a las subas. Además, desde la Casa Rosada trascendió que las últimas subas convalidaron los precios mayoristas formalizados con el Plan Gas, que resultan de los convenios de las petroleras con producción nacional y las distribuidoras.

A fines de marzo, el Estado nacional dictó la Resolución 41/2024, la cual estipula que la Secretaría de Energía, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo, no trasladó a los usuarios el costo estimado de las importaciones, que a veces es mayor que la producción local (más de US$ 10 por millón de BTU -Unidad Térmica Británica- frente a US$ 4,43 en invierno, el período que va de mayo a septiembre).

De esta manera, si la cartera de Economía que encabeza Caputo no se encarga de garantizar la diferencia con subsidios, los contratos económicos del sector estarán en peligro. Si bien aclaran desde el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que no está riesgo el abastecimiento “físico”, es decir, que habrá suficiente cantidad de gas para todos, la incógnita que se mantiene es quién se encargará de ese gasto adicional.

Con respecto al gas importado, a principios de abril la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) compró los primeros 10 embarques por US$210 millones, a un costo promedio de US$9,99 por millón de BTU. Asimismo, en la corriente semana, Enarsa realizó la segunda licitación con un costo que sería apenas más alto al ya mencionado. También se confirmó que la compañía argentina compró 30 cargamentos, y llegarán entre el periodo de abril y agosto.

Cabe recordar que en años anteriores, Enarsa se hizo cargo de casi todo ese costo, pero esta vez el Gobierno libertario (que está de turno) decidió licitar en el Mercado Electrónico de Gas (Megsa) todo el gas importado para las distribuidoras a un precio de US$12,90, que incluye la importación y el proceso de regasificación, es decir, transformar el gas de estado líquido a su estado natural e inyectar en los gasoductos de alta presión.

Ahora, las nuevas autoridades de la compañía energética intentaron licitar dos veces y el resultado en ambos casos quedaron vacíos y ninguna distribuidora se presentó a comprar el gas. Esto se debe principalmente al hecho de no tener la seguridad de que el Estado nacional le autorice el traslado de ese costo a sus usuarios finales (pass through), que son pequeñas industrias, casas y comercios. Asimismo, la Ley 24.076 que regula al sector del gas, dicta que las distribuidoras tienen un “principio de neutralidad”, dado que no pueden ganar ni perder plata por el componente gas, que compran a las productoras y llevan a los usuarios.

El negocio de Metrogas, Naturgy, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA es regulado y tiene sus propias tarifas. Además, como consecuencia del incremento de sus ingresos, autorizado por Milei y sus secuaces, inyectarán inversiones para el mantenimiento y mejora de sus redes por $74.110 millones hasta el 31 de diciembre de 2024.

De esta manera, el horizonte para los usuarios es bastante duro. El fuerte aumento del gas del corriente mes, que superó el 650% interanual por la eliminación casi total de subsidios a los hogares N1 (ingresos altos), los comercios y las industrias, así como una quita parcial de la ayuda del Estado a los hogares N2 (ingresos bajos) y N3 (clase media), se le suma que en mayo habrá otro escalón superior, por la entrada en vigencia de los precios de invierno. En esta etapa el componente gas pasa del US$2,89 al US$4,43 por millón de BTU en la zona donde tiene concesión Metrogas, es decir Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (GBA).

Si el conflicto económico por las importaciones se salda a favor del traslado pleno a los usuarios, estos precios ascenderán por las nubes y generarían la necesidad de un incremento adicional de las tarifas. Es por ello que es tan necesaria la puesta en marcha del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta, ya que ayuda a atenuar la cantidad de importaciones de combustibles líquidos y gas licuado, y lo que permite bajar el costo de abastecimiento local y los subsidios, al transportar producción -y trabajo- nacional con menores precios que el gas que se trae de afuera.


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Revés para el Gobierno: el Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

Revés para el Gobierno: el Senado rechazó el mega DNU de Javier Milei

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El oficialismo fracasó en posponer el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, y finalmente fue rechazado con 42 votos en contra, 25 a favor y cuatro abstenciones. En medio de las internas y los enojos, la Cámara Alta le dio un duro golpe político al presidente que ahora necesita del apoyo de Diputados.

En una sesión histórica, y en medio de una interna feroz dentro del oficialismo, finalmente el Senado de la Nación trató y rechazó el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei a finales del año pasado. La votación terminó con 42 votos negativos, 25 positivos y cuatro abstenciones. De esta manera, la decisión final queda en manos de la Cámara de Diputados, que si apoya el DNU (hoy vigente) permitirá la continuidad de las reformas que en él se incluyen.

El golpe político para Milei es fuerte y algunos sectores señalaron a la vicepresidenta y titular del Senado por el rechazo, ya que circulaba la certeza desde hace varios días de que la Cámara no lo avalaría. Pese a las presiones del núcleo duro del jefe de Estado, Villarruel incluyó al DNU en el temario oficial. Incluso ratificó la sesión del miércoles, luego de las amenazas que recibió en redes sociales y que fueron validadas por el mandatario con sus ya famosos “likes”. A eso se sumó el comunicado emitido por la denominada “Oficina del Presidente” que señalaba en duros términos a quienes impulsaban la sesión, incluida, de forma indirecta, la vicepresidenta.

Todo continuó horas antes de la sesión, en el momento que el (ahora) socio político de Milei, José Luis Espert, mencionó no saber si Villarruel jugaba en contra o no del DNU. “No sé por qué lo hizo. Habría que preguntarle a ella que piensa”, disparó. Otro de los que sumó fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, que realizó declaraciones en esa línea: “Podría haberlo evitado, pero la presión la hizo incorporar este punto”.

El debate en el recinto

La disputa en la Cámara Alta duró más de cinco horas y fue casi idéntica a lo ocurrido en la Cámara de Diputados durante el tratamiento de la Ley de Bases. La Libertad Avanza (LLA) dio el puntapié inicial con el senador Juan Carlos Pagotto, el riojano tuvo un tibio discurso en defensa del DNU y enfatizó en que el “DNU lo conocen todos y lo han estudiado todos de memoria”.

Además, apuntó contra el kirchnerismo por tener “memoria selectiva” por los más de 100 decretos que todavía están sin tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Según indicó Pagotto, la gestión anterior “emitió decretos que nunca se han tratado” y agregó: “Muchas veces, ni la bicameral se conformaba. Y afectan derechos de argentinos que hoy tienen vigencia”.

Luego, con la exposición del líder del PRO en el Senado, Luis Juez, la defensa del DNU tomó mayor volumen ya que a pesar de marcar sus diferencias con Milei, realizó un férreo mea culpa sobre el fracaso de la dirigencia política. A su criterio, eso motorizó el desembarco del libertario a la Casa Rosada y apuntó contra el kirchnerismo. “Ahora nos agarró un apego al republicanismo. Somos gendarmes de la Constitución”, lanzó Juez.

En la votación final, se destacó el rechazo unánime de los senadores del bloque Unión por la Patria (UxP), mientras que los seis representantes de La Libertad Avanza, junto a aliados del PRO y en tanto la Unión Cívica Radical (UCR) volvió a exhibir su fragilidad interna mediante las posturas que vertieron en el hemiciclo, finalmente respaldaron el decreto de Milei.

Sin embargo, no fue suficiente para lograr su aprobación, siendo determinantes los votos en contra de algunos senadores, entre ellos Martín Lousteau, dado que su posición contraria al decreto generó nuevas críticas tanto dentro como fuera del Senado. En este sentido, Lousteau realizó un discurso pirotécnico contra el DNU de Milei, y dijo: “Aquellos que se visten con Alfonsín, recomiendo que lo lean”.

“Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente y en función de la inflación que incrementó el actual Gobierno, han perdido uno de cada cuatro pesos de poder adquisitivo”, indicó el senador porteño y agregó: “No solo eso, además anda circulando una modificación a la actualización que justo cuando va a beneficiar a los jubilados se la quiere cambiar, robándole un trimestre entero de ajuste, de tres meses de alta inflación”.

A su turno el jefe de bloque de la UCR, Eduardo Vischi, votó a favor. El partido replicó el mismo accionar que en Diputados, durante la votación en particular de la ley de Bases. Mientras tanto, los bloques federales y el kirchnerismo hicieron hincapié también en la inconstitucionalidad del mega-decreto y apuntaron en reiteradas oportunidades a Milei. Casi se repitieron “textuales” de los discursos que realizaron en las últimas intervenciones en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Finalmente, tras el resultado que no beneficia a las intenciones del Gobierno, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en Twitter (ahora X) que menciona en su inicio: “Lo acontecido hoy en la Cámara de Senadores de la Nación atenta contra la convocatoria del Presidente. La misma Cámara que ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo, se ha encargado de rechazar el DNU del Presidente Javier Milei a sólo 3 meses de su asunción”.

“Resulta imposible interpretar esta decisión de otra manera que como un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno nacional y el cambio elegido por los argentinos”, señaló, al mismo tiempo que el escrito recalcó que el jefe de Estado “planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación”, agrega el escrito. “Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”, sentenció.

Desde el exterior alertan por el “desguace” que sufre la ciencia argentina 

Desde el exterior alertan por el “desguace” que sufre la ciencia argentina 

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Varios premios Nobel e investigadores destacados de diferentes países remarcaron el “panorama inquietante” que se presenta en Argentina. Además, expresaron su apoyo a sus colegas del Conicet y la preocupación por los recortes salvajes del presidente Javier Milei.

Mediante una campaña, distintos científicos y científicas del exterior manifestaron su preocupación por “el plan de desguace del sistema de ciencia y técnica” en la Argentina, “un panorama inquietante que ya había sido adelantado antes de la asunción” a la presidencia de Javier Milei “por las prestigiosas revistas Nature y Science”, sostiene la carta publicada. También participaron de la iniciativa diferentes investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Entre los investigadores que manifestaron su respaldo figuran David Julius (Nobel de Química 2021), Sir Gregory Winter (Nobel de Química 2018), Harold Varmus (Nobel de Medicina 1989), Stanley Plotkin (codesarrollador de la vacuna contra la rubéola y una de las principales autoridades mundiales en vacunas) y Teun Van Dijk (lingüista co-fundador del análisis crítico del discurso).

Cabe señalar que la campaña no solo cuenta con investigadores del exterior, sino que varios impulsores son de Argentina. Tal es el caso del investigador superior de Conicet, José Belizán, y del investigador asistente en ese organismo, Claudio Cormick. Mediante un video difundido en el canal de YouTube, Defensa STEM Argentina, Van Dijk respaldó a “los investigadores de Argentina por la situación crítica que están atravesando” y subrayó que “es vital investigar para el futuro. Es la forma en que los países se desarrollan y crecen”. 

Otra de las impulsoras de la iniciativa fue la Investigadora adjunta en Conicet, Valeria Edelsztein, que tras el lanzamiento del reclamo sostuvo: “La razón para esta iniciativa y la preocupación por parte de investigadores e investigadoras de todo el mundo tiene su origen en el brutal ajuste que está implementando el nuevo Gobierno”.

“Distintas autoridades de las universidades nacionales y de los organismos de ciencia y técnica ya dijeron que está en riesgo el funcionamiento de las instituciones y que no van a estar en condiciones de afrontar los gastos más allá de mediados de año o incluso podría ser antes”, advirtió la investigadora. También recalcó que “Argentina cuenta con tres premios Nobel en Ciencias, es el número más alto en un país de Latinoamérica, y además nuestro país se considera a la vanguardia en la región”.

Tras destacar el apoyo internacional a la ciencia argentina, Edelsztein afirmó que la situación es “grave” y alertó que “los organismos de ciencia y técnica se deterioran día a día”. “Lo que están haciendo es empujar a miles de investigadores e investigadoras a una nueva fuga de cerebros como la que ya vimos en nuestro país”, concluyó la investigadora.

Alarma en el Conicet y en las universidades 

Por su parte, el doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, Sergi Sabater, quien acompaña la campaña, señaló que continúa trabajando con investigadores argentinos en relación “al impacto de la contaminación”. En este sentido, señaló: “Es por ello que sigo con enorme preocupación las noticias que llegan desde Argentina. Sin una ciencia bien financiada es imposible conocer nuestro entorno y, por lo tanto, protegerlo de manera eficaz”.

Otro de los aspectos que detalla el comunicado, y resaltan los impulsores de la campaña es: “La decisión del gobierno de Milei de prorrogar el presupuesto 2023”, ya que causó “alarmas en instituciones como el Conicet y las universidades nacionales”. “La repentina devaluación del peso en un 118% en diciembre y la inflación del 51% acumulada entre diciembre y enero llevará a estas instituciones a una parálisis. En el caso particular de Conicet, los efectos de las políticas de ajuste ya están a la vista: de las 1.300 becas doctorales que el organismo se había comprometido a otorgar, el Directorio solo se comprometió a garantizar 600”, prosigue el escrito.

“A la vez, quienes habían sido seleccionados para incorporarse como investigadores al organismo vieron paralizarse o retroceder sus trámites de ingreso”, explicaron las y los investigadores. Y concluyeron: “El mensaje que nos comparten es claro y contundente: Argentina, el país de Latinoamérica con más premios Nobel está a la vanguardia de la actividad científica en la región, y la ciencia es un factor irremplazable para el desarrollo económico y social de un país”.

Gremios docentes de la CGT: “Haremos un paro nacional el lunes 4 de marzo”

Gremios docentes de la CGT: “Haremos un paro nacional el lunes 4 de marzo”

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La próxima semana los gremios UDA, CEA, AMET y SADOP pararán en todo el país contra el congelamiento de salarios. También pidieron al Gobierno nacional “que reflexione” sobre esta “difícil situación”.

Ante el congelamiento salarial que deriva de la falta de ofertas por parte de las autoridades, los gremios docentes, nucleados en la CGT, convocaron a un paro nacional para el próximo lunes 4 de marzo. Así lo confirmaron en la conferencia de prensa realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT), y sostuvieron que el Gobierno nacional los “obliga” a tomar la medida por “falta de aportes y falta de reflexión”. La medida se da tras confirmarse la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), esto reduce el salario inicial docente a 220 mil pesos, por debajo de la línea de pobreza.

La conferencia fue en el salón Saúl Ubaldini, allí estuvieron presentes los cotitulares de la CGT, Pablo Moyano y Carlos Acuña; el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA); las secretarías generales del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, y de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Sara García; y el titular de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman.

En este sentido, el secretario general de UDA, Sergio Romero, anunció que la UDA junto a AMET, Sadop y CEA “vamos a hacer el próximo lunes 4 un paro total de actividades en todo el país y estaremos iniciando recién un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país”. “Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas pero responsabilizamos al Gobierno nacional de las medidas que nosotros tomamos por falta de aportes y por falta de reflexión ante esta problemática: el Gobierno nacional tiene que financiar y sostener la educación”, agregó Romero.

Asimismo, sobre la reunión que mantuvieron gremios y ministros provinciales con el Gobierno nacional, el martes de la corriente semana, y donde se confirmó la eliminación del Fonid, Romero sostuvo: “No nos han hecho propuestas y no hemos tratado la mejora del salario inicial del sector docente que hoy estaba en 250 mil pesos y, con la quita del Fonid, se reduce aún más el salario y queda alrededor de los 220 mil pesos”, dijo Romero.

Cabe señalar que la convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación en su sede, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650 de CABA, y estuvo encabezada por el secretario de Trabajo, Omar Yasin, junto a su par de Educación, Carlos Torrendell. Si bien la administración central la denominó “reunión por el piso salarial”, Romero remarcó que fue una “reunión paritaria porque estamos convencidos que estamos negociando en un ámbito paritario”.

Por otra parte el secretario recriminó que la remuneración se encuentra “por debajo de la línea de la pobreza”. También advirtió que “está en duda” el cobro del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales que según explicó, reciben provincias “que no pueden pagar el salario mínimo” y alertó que tampoco “hay aportes para infraestructura nacional y para capacitación”. “El Gobierno nacional se ha negado a responsabilizarse dentro del marco de la ley del financiamiento del sistema educativo argentino”, rechazó.

A su turno, la secretaria general de Sadop, Marina Jaureguiberry, afirmó que en el encuentro del martes, “lejos de haber una propuesta superadora, lo que ha quedado planteado es una reducción del salario docente”, e insistió: “No partimos de un piso de rediscusión salarial, partimos de un piso de reducción directamente del salario”.

Con respecto a la eliminación del Fonid, Jaureguiberry expuso: “Hace más de 20 años el salario docente se compone de cifras nacionales y de cifras provinciales: el Fonid es una cifra nacional que va directamente al bolsillo de las compañeras. Significa hoy en la Argentina entre un 10% y un 20% del salario básico (docente)”.

Por su parte, el cosecretario general de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, le brindó su “apoyo” a los gremios docentes y recordó que “la CGT está en estado de alerta y movilización” por lo que, adelantó, “se van a ir acrecentando las medidas que vamos a tomar”.

También le envió un mensaje al presidente de la Nación, Javier Milei: “Puede apretar a los gobernadores, puede apretar a los diputados pero a la CGT no la aprieta nadie. No pudieron los militares, no pudo (el expresidente Mauricio) Macri y mucho menos va a poder este cachivache que es un empleado de las corporaciones nacionales y multinacionales”.

El posicionamiento de CTERA

Por su parte, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), perteneciente a la CTA, realizó un plenario de secretarios generales de la organización para “evaluar la situación y darle continuidad al plan de lucha dispuesto”, ya que se declaran “en estado de sesión permanente, para darle continuidad y profundización al plan de lucha, de no haber respuestas a las demandas de nuestro sector”.

Mediante un escrito resolvieron: “Convocar en el marco de la más amplia unidad de todos los sectores educativos y del movimiento sindical docente: a una Jornada Nacional de Protesta con acciones en las Provincias, dándole continuidad al plan de lucha votado por unanimidad en el Congreso del 22 de febrero”.

“Concentrar frente al Congreso de la Nación, la semana próxima, para exigir una Ley que garantice la continuidad del FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, infraestructura y programas educativos nacionales. Continuar con las reuniones de trabajo con los distintos bloques de la Cámara de Diputados para elaborar un Proyecto de Ley para la continuidad del FONID y los fondos para educación”, prosigue la resolución.

Cabe recordar, que los gremios docentes provinciales agrupados en Ctera vienen de realizar un paro el lunes, que coincidió con el inicio de clases en ocho distritos, en reclamo de la paritaria nacional y justamente en rechazo de la anunciada eliminación del Fonid.

Finalmente, la discusión salarial pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 5 de marzo, allí, volverán a encontrarse los representantes sindicales con las autoridades provinciales y nacionales. En este sentido, en la resolución de CTERA se señala que “asistirán a la reunión convocada por el Secretario de Trabajo de la Nación para continuar exigiendo la actualización de piso salarial, la recomposición del salarios de las y los docentes jubilados de las cajas transferidas, y el envío de los fondos del FONID y para los programas educativos salariales”.

El Gobierno oficializó el cambio del Potenciar Trabajo por dos programas ¿Que sucederá?

El Gobierno oficializó el cambio del Potenciar Trabajo por dos programas ¿Que sucederá?

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Con las firmas del presidente, Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se confirmó la sustitución del programa social principal, por ‘Volver al Trabajo’ y ‘Acompañamiento Social’. Es así que se segmentó a sus beneficiarios por edad y condición social con la supuesta idea de “generar empleo”.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, reemplazó este miércoles el programa Potenciar Trabajo, principal programa social de Nación, por el plan ‘Volver al Trabajo’ y la creación del Programa de ‘Acompañamiento Social’. La medida se dio a conocer después de que el Gobierno de Milei diera de baja a más de 20 mil beneficiarios por supuestas irregularidades.

Mediante el Decreto 198/2024 publicado el miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra Pettovello, el Gobierno desmembró el Potencial Trabajo en dos programas diferentes. El “Programa Volver al Trabajo” estará orientado a la población de 18 a 49 años y buscará “fortalecer las habilidades laborales y mejorar la empleabilidad”, para “incorporar a estos individuos en el mercado de trabajo formal” y se estimó que el 75% de los beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo pasarán a este nuevo programa.

En tanto, el “Programa de Acompañamiento Social” estará centrado en los mayores de 50 años y en las madres de cuatro o más hijos, dos grupos con “desafíos particulares en términos de inclusión y que requieren de un apoyo más integral”. En este sentido, la funcionaria argumentó la medida con duras críticas al programa Potenciar, y lo definió como “un plan ineficaz donde de 1.4 millones de beneficiarios apenas el 1.3% consiguió un empleo formal”.

Según la visión de la ministra, la segmentación del programa en otros dos va a generar “verdaderas oportunidades de desarrollo” para sus beneficiarios. “Se trata de un nuevo paso decisivo hacia la optimización de la estrategia de inclusión social y laboral que tendrá el Ministerio (de Capital Humano)”, señaló la ministra sobre la medida, que fue diseñada por el exconcejal de Tres de Febrero, Rodrigo Aybar, uno de los funcionarios de segunda línea que el PRO aportó a la gestión libertaria.

Pese a los dichos de la ministra, las oportunidades no serían para todos y tan verdaderas, ya que quienes integren el programa “Volver al Trabajo” sí recibirán “orientación y asistencia en la búsqueda de empleo, capacitación y promoción de emprendimientos productivos”, pero los del “Programa de Acompañamiento Social” no. De esta manera, divide el universo de beneficiarios entre empleables y no empleables, aunque la comunicación oficial de Pettovello se ocupó en aclarar que deja abierta la puerta a que “aquellos estén interesados en participar en Volver al Trabajo tienen la libertad de hacerlo”. 

Otro de los objetivos que acarrea la medida es: “Reducir el control y el manejo discrecional de los recursos que tenían las unidades de gestión” del programa, es decir, eliminar la intermediación de las organizaciones sociales y los municipios, que hasta ahora se encargaban de implementar las altas y las bajas de beneficiarios mediante sus cooperativas y emprendimientos productivos. Incluso, la titular de la cartera de Capital Humano les echó la culpa por “la falta de efectividad” del programa.

Cabe destacar, que pese a la oficialización, en el propio decreto se aclara (en su cuarto artículo) que “el Potenciar Trabajo mantendrá su vigencia hasta que el ministerio complete la transferencia y distribución de la totalidad de sus titulares al Programa Volver al Trabajo o al Programa de Acompañamiento Social”. También se informó que se permitirá ser beneficiario del programa y mantener un empleo formal registrado, con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM).

Sin dudas el decreto profundizó aún más la confrontación entre los movimientos sociales y la ministra, que no dio respuesta a los miles de comedores populares que alimentan en todo el país a 4,5 millones de personas y cuyo envío de alimentos fue frenado desde diciembre de 2023, cuando asumió la presidencia Javier Milei. Sumado a las amenazas de dar de baja del programa a aquellos beneficiarios que salgan a las calles a protestar.

Al respecto, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, sostuvo: “Es más de lo mismo: más persecución y más confrontación. Si el Gobierno, como dice, quiere eliminar a las organizaciones, va a terminar de entregar los barrios al narco y a la delincuencia organizada”. “Nos atacan porque defendemos a los trabajadores y a los desocupados. Ése es el objetivo que tienen, eliminarnos. Pero no se dan cuenta que somos la última barrera antes de la desorganización general en los territorios. La situación es muy preocupante”, prosiguió.

En consonancia, el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, señaló: “Es otro gesto de ruptura total con las organizaciones. Pero se trata de una actitud general, que no es sólo con nosotros, sino con todas las representaciones sociales. Desde la CGT hasta la iglesia y los gobernadores somos tratados como enemigos del Gobierno. En un contexto de conflictividad social como el que tenemos, este tipo de medidas sólo agravan la situación”, dijo. 

A su turno, la secretaria general adjunta de la UTEP y vocera nacional del Frente Dario Santillan, Dina Sánchez, cuestionó en la red social X: “Pettovello propuso una política que ya ensayaron todos los funcionarios en los últimos 10 años. Convertir “los planes sociales en trabajo” para fomentar la inserción formal en el mercado laboral de quienes hoy perciben el Potenciar Trabajo. Ya se hizo. No dio resultado”.

Además, la vocera aseveró que “el error que cometen es pensar que las personas no se insertan laboralmente porque son ‘vagas’, porque ‘no quieren’. No entienden que no hay forma de que el mercado formal absorba a las millones de personas que trabajan en la informalidad (cobren o no el potenciar trabajo)”, y añadió: “La política de Pettovello y Milei es más inhumana y perversa que en el macrismo. A este gobierno no le importa que cierren los comedores comunitarios, que haya familias que hoy no puedan sostener tres comidas, que cada día crezca la pobreza, la exclusión y la violencia”.

Finalmente la medida pone fin a ocho años de vigencia del Potenciar, creado bajo otro nombre, pero con el mismo diseño, a fines del 2016 y bajo el gobierno de Mauricio Macri, luego de que el Congreso sancionara la Ley de Emergencia Social. Igualmente, de “nuevo paso”, como dijo Pettovello, no tiene mucho. Uno de los dos programas que se crearon en su reemplazo, el “Volver al Trabajo”, es en verdad una reedición del “Programa De Inclusión Laboral” que había sido creado por Massa y por Alberto Fernández mediante el decreto 565/2023, publicado el 31 de octubre de 2023.

Aquel programa, que hoy reanuda el Gobierno libertario como la supuesta solución al desempleo, era una continuidad de otros que buscaron el mismo objetivo, que tuvo varios nombres, entre ellos “Puente al empleo”, de capacitar a beneficiarios del Potenciar e incluirlos en el mercado formal, sobre todo en Pymes que recibían a cambio beneficios impositivos.

Esas medidas fracasaron, pese a las buenas intenciones de los ministros de turno. A inicios de 2023, sólo un centenar de beneficiarios del programa consiguieron empleo formal mediante “Puente al Empleo”, es decir, el problema no son tanto las políticas, sino el propio mercado de trabajo. 

Por último, estas novedades apuran los planes que tenían los movimientos sociales y políticos de volver a salir a la calle. Aunque todavía no hay fecha definida, podría haberla a finales de esta semana. Cabe señalar que múltiples organizaciones marcharon el viernes pasado en reclamo de mayor asistencia a los comedores y el 28 de febrero se llevó adelante un Ollazo Nacional, frente al Ministerio de Capital Humano, por la Emergencia Alimentaria que se está agravando en los barrios populares de todo el país. 

Evangélicos y la estrategia del gobierno para debilitar las organizaciones sociales

Evangélicos y la estrategia del gobierno para debilitar las organizaciones sociales

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Por Diego Mendieta (*)

El Gobierno, en el marco de su programa de ajuste y saqueo, congela el salario social complementario de miles de trabajadores/as de la economía popular y no entrega mercadería a los comedores y merenderos, porque su estrategia es demonizar y debilitar a las organizaciones sociales -que tienen poder de movilización-, quitándoles los recursos, tensionando con la Iglesia Católica por el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina, y empujando una grieta entre las organizaciones populares y el campo evangélico (en la que no deberíamos “engancharnos”).

Mientras las organizaciones nucleadas en la UTEP realizaban la “Fila del Hambre” -desde Constitución hasta Retiro y en todas las dependencias del país- la titular del Ministerio de Capital Humano Sandra Pettovello firmaba en José C Paz un convenio millonario con Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), una corporación que nuclea a iglesias evangélicas. Esta expresión no es hegemónica del sector, y aunque existen otras asociaciones y federaciones como FAIE, que nuclean a las iglesias evangélicas en la Argentina, tampoco son representativas del campo evangélico, el cual ha crecido notoriamente en las últimas décadas (según el Conicet, en 2008 representaba el 9% y en 2019 el 15,3% de la población). 

ACIERA se caracteriza por el lobby político de un directorio -conformado por los Pastores de las megas iglesias y sus aparatos-, que siempre coquetea con los gobiernos de derecha y con los sectores conservadores de nuestro país, fieles al espíritu que los hizo nacer en 1982: el diálogo con la última dictadura militar. 

Con la excusa de defender de la vida y la familia, ACIERA hace décadas usa a las iglesias en una “cruzada” para legitimar modelos económicos de hambre, saqueo y represión; mientras se regodea con el poder y se beneficia de millonarios convenios, contratos y propiedades. Pero también se expresa en términos políticos, obteniendo algún cargo como es el caso de la diputada Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez, integrante del Consejo Directivo de la institución, uno de los operadores en el campo evangélico que busca el respaldo político al Gobierno de LLA, o como la Confederación Bautista Argentina que le envió una carta al presidente Milei apoyando las medidas económicas, el DNU y la Ley Ómnibus mientras se reprimía al pueblo en la calle. 

Desde 2021, ACIERA tiene como presidente al Pastor Crhistian Hofft con quien compartimos muchas miradas e inquietudes y trabaja para que la institución que preside tenga credibilidad y construya un testimonio más evangélico. En esta oportunidad, lo grave no es el convenio ni el monto millonario sino prestarse al juego macabro de este gobierno para tensionar con la iglesia católica y confrontar con los movimientos populares.

Más allá de esto, es necesario evitar generalizaciones que responsabilicen de estas maniobras a todos/as los/as pastores/as e iglesias de los barrios populares, que muchas veces son víctimas arrastradas por la falta de formación, el analfabetismo teológico y su vínculo literal con la Biblia; o que ni siquiera son parte de ACIERA. El trabajo y la diaconía comunitaria que realizan aportan significativamente al cuidado comunitario, y a la organización de la vida en el territorio.

Durante años nos escucharon insistir en la necesaria articulación de las organizaciones populares, los sindicatos y las iglesias en los territorios: en darle importancia al fenómeno evangélico, como a las expresiones de fe en toda su diversidad, la espiritualidad y la religiosidad popular. Las organizaciones están compuestas por miles de hermanos/as en la fe y las iglesias por un sin fin de hermanos/as que militan en los movimientos sociales: la fe no está divorciada de la lucha ni de la vida, estas formas organizativas (iglesias – movimientos) por diversas razones no han podido profundizar en dicha articulación para fortalecer los vasos comunicantes entre las prácticas de la fe y las de organizarse para vivir con dignidad. La mayoría de quienes profesamos la fe evangélica somos parte de los sectores populares, nos atraviesan las mismas necesidades y padecimientos. 

El reverendo Gabriel Osvaldo Vaccaro, pionero del pentecostalismo en nuestro país, en los años 90 señalaba una de las debilidades del campo evangélico, diciendo: “Las iglesias evangélicas de América Latina están integradas por los sectores más pobres y humildes del continente. La única manera de impedir que sigan siendo cooptadas por las corporaciones religiosas es ofrecer formación y capacidad de discernimiento a Pastores y Pastores; y entonces sí, cuando vengan los “pastores electrónicos” (…) y les digan que sufriremos más si no pagamos la deuda externa, sabrán cómo responder.”

Cuando el Estado decide estar ausente dejando a la deriva a los sectores populares, pero haciéndose presente en el empobrecimiento, la criminalización y la violencia institucional; quienes quedan en los territorios, organizando la vida y animando en la esperanza, son precisamente los movimientos populares y las Iglesias (evangélicas y católicas) que luchan contra el hambre, el desempleo, el narcotráfico y la violencia social e institucional. Esas son las trincheras donde profundizar esa articulación, reconociendo a las iglesias como un actor importante y su capacidad en la organización comunitaria, construyendo diálogo institucional, haciéndolas participes de las discusiones elementales que dan los territorios en la búsqueda de la dignidad, sumándolas a las redes de abordajes comunitarios, intercambios de experiencias, espacios de formación, etc. 

¡Tal vez, sea el tiempo de cumplir la petición de Jesús cuando oraba para “que sean uno”!

Es tiempo de ser artesanos de la unidad a la que invita el Papa Francisco. Es tiempo de la organización material y espiritual de la que hablaba Juan D. Perón, o del amor eficaz que enseñó el Cura Camilo Torres.

Podríamos pensarlo, para actuar, si es tiempo de la unidad de todos los sectores para ser hermanos/as y no lobos, como profetizaba Agustín Tosco; o del ecumenismo popular que predicaba el Pastor José De Luca. Tal vez sea urgente repensar en profundidad esta imprescindible unidad, para sobrevivir a la rapiña organizada. 

(*) Pastor de la Comunidad Evangélica Fe y Vida, referente de la Pastoral Social Evangélica e integrante de la Secretaría de Culto de la UTEP.

El Gobierno oficializó la intervención del Enacom: ¿Quién estará a cargo?

El Gobierno oficializó la intervención del Enacom: ¿Quién estará a cargo?

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Se prevé que el proceso dure seis meses y tiene como objetivo el “reordenamiento” del Ente Nacional de Comunicaciones. El designado para la tarea será Juan Martín Ozores. En este sentido, el secretario general de ATE alertó que “la verdadera finalidad es fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras”.

Este lunes, el Gobierno nacional oficializó la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por 180 días y designó al frente de esa tarea al licenciado, consultor y ex empleado de Movistar, Juan Martín Ozores. El organismo es el encargado de regular los servicios de comunicación en el país y en la actualidad está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. En tanto desde ATE alertan que “no hay motivos” que justifiquen la decisión, al mismo tiempo resaltaron que “la verdadera finalidad es fomentar el ingreso de empresas extranjeras como Starlink y otras”.

En este sentido, el decreto 89/2024 del Boletín Oficial detalla que “se establece que el ENACOM actuará como Autoridad de Aplicación de las Leyes N°26.522 y N°27.078 y sus normas modificatorias y reglamentarias, con plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado”. Según precisa el informe, los interventores adjuntos que acompañan a Ozores son la abogada Patricia Zulema Roldan, con 30 años de carrera en organismos estatales, y Alejandro Pereyra, ex interventor del ENACOM en la gestión del presidente Mauricio Macri.

Uno de los argumentos para dicha intromisión es que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.

En concreto, se realizará una auditoría de la gestión durante el gobierno de Mauricio Macri y se revisarán las acciones realizadas durante la presidencia de Alberto Fernández. Desde la Jefatura de Gabinete detallaron que el proceso durará seis meses, aunque dicho plazo podría ser menor “si se concluyen las tareas previstas” con mayor rapidez, las cuales incluyen un relevamiento profundo y exhaustivo de las normas emitidas por el organismo en los últimos cuatro años y su estructura operativa.

De esta manera, el ENACOM pasará a ser un “ente autárquico y descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos”, remarca el decreto oficial.

También se explica en los considerandos que la acción fue tomada “en consonancia con los lineamientos” del DNU 70/23, dictado por la actual administración “para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector”. “En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo, señala el decreto que lleva las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

De acuerdo a lo detallado en el decreto, tendrán que “evaluar e informar sobre la situación actual” del Enacom “en referencia al cumplimiento de sus competencias”. En ese marco, añade el texto del articulado, “deberán analizarse muy especialmente las implicancias devenidas en el mercado de las TIC a partir del dictado del citado decreto de necesidad y urgencia N° 690/20 y los actos administrativos de aplicación surgidos como consecuencia de ello”.

Entre las tareas asignadas a los interventores se recalca que “deberán informarse sobre las medidas cautelares judiciales vigentes, así como sentencias judiciales contra actos administrativos sobre materias que son competencia” del Ente. También, tendrán que realizar “un relevamiento y evaluación de la estructura organizativa” del Enacom “a efectos de propiciar su reorganización funcional y operativa”, “procurando fomentar su profesionalización y eficiencia”.

Además “deberán determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”, prosigue el escrito.

Al respecto, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, mediante Twitter, afirmó “que no hay motivos” para la intervención y aseguró que el organismo cumple “un rol esencial a la hora de garantizar la pluralidad de voces, la inclusión digital y el acceso a la información de todos los sectores sociales”.

Puntapié para un inmediato ingreso de nuevas compañías

La medida de intervención al Ente Nacional de Comunicaciones se produjo casi 40 días después de que Javier Milei, durante el anuncio del mega DNU, señalará la “desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink”, el servicio de conectividad satelital de Elon Musk.

Desde el Gobierno argumentaron que “el funcionamiento del ENACOM hoy es un obstáculo para que los argentinos tengamos más conectividad y mejor acceso a servicios básicos como Internet en todo el país”. Asimismo, el oficialismo afirmó que el ENACOM está “sobredimensionado” y que “la intervención tiene el objetivo de evaluar su estado de situación, establecer un ordenamiento operativo, modernizar y profesionalizar al servicio de los argentinos”.

Tras la finalización del proceso, confirmaron que el organismo “continuará con la misma misión para la que fue creado: promover comunicaciones de calidad entre todos los usuarios del país, generando un mayor balance y competencia entre los distintos actores del mercado”.

Precios Justos: el Gobierno se reúne con empresas para evitar “abusos”

Precios Justos: el Gobierno se reúne con empresas para evitar “abusos”

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Diferentes firmas que habían entregado listas con nuevos aumentos dieron marcha atrás luego de la negociación en la Secretaría de Comercio. La transición de gobierno ya inició y busca garantizar el abastecimiento. En diciembre vence el programa Precios Justos.

El programa Precios Justos que busca contener el valor de un grupo de productos de la canasta básica llegó a su fin tras el balotaje y luego de la victoria de Javier Milei. Ante las remarcaciones que ya empezaron a aparecer en las góndolas y listas de precios mayoristas con incrementos de hasta el 40%, la Secretaría de Comercio de la Nación acordó con supermercados y empresas de consumo masivo una suba de hasta 12% en los productos incluidos en el programa Precios Justos para esta semana y en diciembre habrá un aumento del 8%.

La Secretaría de Comercio que dirige Matías Tombolini convocó a los directivos de las principales cadenas de supermercados y mayoristas a un encuentro el martes, mientras que a lo largo de la corriente semana comenzarán los encuentros con las principales empresas de manera individual.

El objetivo principal del cónclave fue el de garantizar el abastecimiento y evitar abusos en los precios en el marco de la transición entre el actual gobierno y el del presidente electo de La Libertad Avanza (LLA). Según se pudo confirmar, las empresas acompañaron la medida y se dieron de baja las listas que iban a llegar con estos fuertes incrementos.

En concreto, las multinacionales Unilever, Colgate, SC Johnson y P&G fueron las que presentaron listados de precios con aumentos. El mismo porcentaje fue el incremento que anunció la empresa argentina DreamCo (Zorro, Plusbelle). “Seguramente va a haber productos fuera de la venta, otros van a tener algún aumento de entre 20% y 30%. Se vienen de tres a cinco días de muchas dudas”, explicó una cadena líder en relación al aumento de precios.

En este sentido, se espera que el acuerdo marque un retroceso en las listas entregadas esta semana por las multinacionales, que marcan en algunos casos un alza de hasta el 50%. Además, en ese marco, también se resolvió la creación de una canasta de bienes básicos con un aumento del 5%. Sin embargo, todavía no están definidos los artículos que serán categorizados.

Al respecto, desde el Poder Ejecutivo sostuvieron: “Estamos en una transición y los acuerdos son voluntarios hasta el 30 de noviembre y por eso las empresas tienen sus beneficios”. Cabe recordar que el 26 de octubre pasado, el Gobierno prorrogó hasta fin de año los beneficios fiscales para las empresas que forman parte de acuerdos de precios suscriptos con la Secretaría de Comercio, mediante el decreto 551/2023.

El referente de los almaceneros bonaerenses, Fernando Savore, confirmó en diálogo con Tiempo que los incrementos vienen después de una recorrida por varias cadenas mayoristas. Para ejemplificar, Savore contó que el aceite de girasol marca Cocinero de 900 centímetros cúbicos, que se vendía en los mostradores barriales a $550, sin embargo este martes por la mañana tenía un precio mayorista de $799, un 45% más.

Entre otros puntos, se extendió la suspensión del pago de impuestos para la compra de divisas en moneda extranjera para la importación y la reducción a 0% la alícuota de retenciones para mercaderías comprendidas en una serie de posiciones arancelarias del Mercosur.

En el encuentro, entre las partes, se incluyó un compromiso de garantizar el abastecimiento. Desde la Secretaría se confirmó que estaban trabajando para “evitar abusos, cuidando el abastecimiento y poniendo tranquilidad en este momento”.

“Este trabajo se está realizando con sentido común, con diálogo, escuchando a las empresas. Estamos en una transición y los acuerdos son voluntarios hasta el 30 de noviembre y por eso las empresas tienen sus beneficios. Estamos protegiendo el bolsillo de la gente para llevar a cabo la transición de una manera ordenada”, concluyeron desde Comercio.

Para noviembre, el Gobierno acordó con la mayoría de las empresas para extender el programa Precios Justos, que mantiene virtualmente congelados a 52.300 productos de consumo masivo, con subas de 5% mensual. Finalmente también se continuará analizando lo que ocurrirá con “Precios Justos Carne” que vence a fin de mes e incluye 7 cortes claves a bajo costo y el sector farmacéutico, cuyas negociaciones se detuvieron hasta poco antes del balotaje.

El Gobierno anunció un dólar diferencial para todas las exportaciones

El Gobierno anunció un dólar diferencial para todas las exportaciones

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Con la puesta en marcha de este nuevo dólar todo el complejo exportador podrá liquidar el 30% al tipo de cambio financiero denominado contado con liquidación (CCL). La medida estará vigente durante 30 días.

Tras las elecciones presidenciales, el ministro de Economía y también candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció la puesta en marcha de un dólar diferencial para todo el complejo exportador. El régimen permitirá liquidar el 30% al tipo de cambio financiero denominado contado con liquidación (CCL) con el objetivo de sumar reservas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La medida estará vigente durante los próximos 30 días.

En el primer día de agenda tras la victoria de UxP en las elecciones presidenciales generales por las que competirá contra Javier Milei en una segunda vuelta, Massa mantuvo contacto con la prensa internacional, y anticipó en la conferencia que “para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el Programa de Fortalecimiento Exportador a todas las actividades”.

En este sentido, el ministro precisó que “todo el complejo exportador argentino (bienes intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios) va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación de 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único y libre de cambios (MULC) y 30% por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación”.

Mediante esta nueva medida Massa amplió a todo el sector transable la posibilidad de liquidar a un tipo de cambio más alto un porcentaje de las divisas generadas por los envíos externos. De esta manera, los exportadores terminan recibiendo una mayor cantidad de pesos que los que obtendrían si tuvieran que liquidar el 100% de sus exportaciones al tipo de cambio oficial minorista, que se ubica alrededor de los $367 por dólar. En términos de porcentajes equivale a una mejora de más del 50% a quienes no tenían dólar diferencial y un 6% a quienes sí tenían (como el agro).

El contado con liquidación cotizaba esta tarde a $910, tras experimentar una importante baja de más del 18% en comparación con el cierre del viernes pasado, en consonancia con los resultados de la elección general del domingo, en la que Massa resultó el candidato más votado con casi el 36,68% de los sufragios, seguido por Javier Milei, con el 29,98%.

Cabe destacar que la medida apunta a reforzar y fortalecer las arcas internacionales del BCRA durante las próximas semanas antes de la segunda vuelta electoral. En este sentido, según estimaciones privadas se habla de que la entidad monetaria cuenta con más de USD 7 mil millones de reservas negativas.

En paralelo, la iniciativa también mejora el Programa de Incremento Exportador (PIE) que antes se destinaba para la soja o economías regionales, y ahora incluye a más sectores: el sector minero, de hidrocarburos, automotor, cueros, etc. De esta manera se mejora el tipo de cambio para los exportadores a la hra de que ingresen divisas.

Con respecto al anuncio la docente, investigadora y economista, Clara Razu en diálogo con Revista Trinchera, sostuvo: “Esta noticia se da en un momento en que el mercado tenía otras expectativas. En realidad los mercados siempre apuestan a las derechas, sobre todo los financieros, y esto cambia el panorama y tienen otra expectativa. Por lo tanto, el ofrecimiento de un tipo de cambio más alto para liquidar tiene como objetivo justamente que liquiden ahora, o sea que va a ser un tipo de cambio mucho más conveniente porque esto se mantiene por 30 días y de esa manera se obtiene mayor cantidad de dólares para la reserva”.

Finalmente, el jefe del Palacio de Hacienda también compartió algunas perspectivas económicas de cara al 2024, ya que aseguró que la economía va a progresar y que las exportaciones van a incrementarse exponencialmente. “Van a crecer de manera sideral, entre otras cosas, porque pasamos a tener saldo positivo en nuestra balanza energética, porque nos recuperamos de la sequía y además recuperamos capacidad de exportación”, aseguró el candidato presidencial de UxP. De esta manera, Massa proyecta un superávit primario del 1%, un crecimiento del PIB y un incremento de más de US$31.000 millones en las ventas al exterior.

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