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La falta de controles y el saqueo de las corporaciones nacionales y extranjeras no es una novedad en Argentina, sobre todo después de la desarticulación del Estado durante los procesos neoliberales. ¿Será diferente esta vez?

“Vamos a mirar lo económico-productivo parado en dos ejes. Uno vinculado a principios y otro a motores. En cuanto a los principios: orden fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reservas y desarrollo con inclusión. En cuanto a los motores: inversión, producción, exportaciones y defensa del mercado interno”. Estas fueron las palabras de Sergio Massa al anunciar sus primeras medidas.

Más allá de las medidas anunciadas, en las que, a grandes rasgos, se puede leer que el foco estará puesto en el control fiscal, dentro del afán de recaudar, se puede destacar el refuerzo que hará el Estado sobre el control de la sobrefacturación de importaciones. Según afirmó serán denunciadas tanto en la justicia argentina como en la unidad anti lavado de Estados Unidos.

En diálogo con Radio Trinchera el economista Ricardo Aronskind, sostuvo: “Me sorprende gratamente que se tome esta medida. Es algo que se tendría que haber hecho desde el principio. Me da la impresión que surge a raíz de una situación de robo al Estado totalmente descomunal. Creo que es un paso positivo y espero que lo gestionen firmemente”.

Según Arnoskind, el gobierno desembocó en Massa luego de una serie de errores cometidos desde el principio de la gestión, sumado a una serie de movimientos de parte de los grandes empresarios, lo cual desembocó en “recurrir a una persona que tiene vínculos con estos sectores, además de los vínculos con Estados Unidos”, a lo cual agregó que su anexo significa “recurrir a alguien que puede darle un poco de tranquilidad a esta situación”.

Esta necesidad de recurrir a un cuadro político que tenga relaciones importantes con los sectores que presionan al gobierno, demuestra la fuerza con la que opera estos mismos, y como pueden cambiar la agenda del país. Al respecto, Arnoskind la remarcó que “el Estado argentino es tradicionalmente bobo”.

Para el economista hay dos caminos, explotar los bienes estratégicos que posee el suelo argentino e industrializarlos bajo una gestión nacional que tome el control de su rentabilidad para redistribuirla; o dejar que una empresa extranjera se encargue de este trabajo, se lleve estas ganancias y pague los impuestos por ello. Sin embargo, enfatizó que “terminan pagando los impuestos que quieren”.

Hasta ahora, en nuestra historia, el Estado argentino es tradicionalmente bastante bobo, y le pagan los impuestos que quieren. Hoy la minería, por ejemplo, le dice al Estado: yo saque una pepita de oro, así que te pago 0,50 de impuestos, y el Estado le cree. ¿Por qué? Porque no tiene ningún mecanismo de control sobre lo que se está exportando”, remarcó Arnoskind.

El control es una mínima -y obligatoria- intervención que puede y deber hacer el Estado en defensa del conjunto de les argentines, pero son políticas que pueden profundizarse aún más. Ejemplo de ello sería controles más rigurosos sobre la Bolsa de Comercio de Rosario, lugar en donde se presentan las declaraciones juradas por parte de las empresas para blanquear lo producido.

En este sentido, Anroskind analizó: “Hay que avanzar en ese lugar, por ahí sale una masa gigantesca de recursos de una forma muy poco transparente. Allí tiene que meterse el Estado, pero yo no lo esperaría de Massa. El foco esta puesto hoy en tranquilizar esta situación”.

De igual manera observa la situación la economista y docente, Clara Razu, quien explicó que “el objetivo prioritario que tienen las medidas anunciadas por Massa es conseguir dólares para bajar las expectativas inflacionarias que tienen los operadores, y así normalizar la situación vigente”.

Para lograrlo, Razu indicó que la salida que se da desde la gestión es el ajuste: “Para conseguir estas reservas con organismos internacionales tenes que bajar el déficit fiscal, y para bajar este déficit tenes que aumentar las recaudaciones o ajustar el presupuesto, por lo que se apuntó principalmente a los subsidios de gas y luz, de los que ya se bajaron 4 millones de personas que no se anotaron en la nueva segmentación”.

La economista además destacó: “Como medidas económicas no me parece mal, incentivar las exportaciones de bienes que no sean los agropecuarios; también me parece bien el ordenamiento de créditos de los distinto programas para las PyMEs, y me parece muy bien el control de la sobrefacturación de importaciones”.

No obstante, al presentar esta medida, el flamante Ministro indicó que las empresas que hayan evadido tendrán 60 días para rectificar su accionar. Massa ironizó señalando que puede haberse tratado de “un error”.

¿Cuanto tardan en meter en cana a un receptor de los programas sociales pidiendo un aumento en sus ingresos? Nada. Ahora, con estos señores vamos a tener un plazo de 60 días, por si se equivocaron”, ironizó Razu.

Está más que claro que los plazos otorgados a quienes cometieron un delito como el de la evasión fiscal, responde a las debilidades del Estado. El control del cumplimiento históricamente fue un problema en los países de la región. El control siempre se ejerció sobre los que menos poder tienen y avanzar en ese sentido no hará otra cosa que complicarle las posibilidades electorales en 2023 al oficialismo.

Está claro que los errores propios y las disputas internas han llevado al gobierno a una situación de debilidad ante la cual los sectores concentrados de la economía presionaron pasa sacar una mayor tajada de la riqueza que produce el trabajo argentino. Si la receta a implementar va a ser la de cargar el ajuste en los sectores medios y populares o más postergados, se conoce de antemano los resultados: descreimiento en el gobierno, conflictividad social ascendente e imposibilidad de reelección.

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