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El Gobierno definió cómo financiará las obras para la apertura del Canal Magdalena, con el que pretende reducir costos y tiempos de navegabilidad de la producción del país. Los fondos de la obra estarán incluidos en la Ley de Presupuesto 2023.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, establecieron la modalidad que se utilizará para financiarán las obras del Canal Magdalena. Una vez que el Congreso sancione la Ley de Presupuesto 2023, que incluye los fondos necesarios para concretar esta obra -que rondará los 45 millones de pesos-, se dictará un decreto que delegue el trámite de licitación al Gobierno de la PBA.

Desde hace años, Argentina tiene como objetivo potenciar la soberanía y las actividades portuarias, y para conseguirlo todo indicaba que debía tener operativo el Canal Magdalena. El Canal Sur, como se lo denominó en algún momento, se utilizaba durante el siglo XVII para el ingreso al Río de la Plata y la salida al mar. Sin embargo, en la actualidad el canal Punta Indio es la única vía de ingreso a los puertos del Río de la Plata y del Paraná, una vía navegable contra natura y a todas luces impropia.

El 65% del tiempo de demora de toda la Vía Navegable Troncal se localiza en el Canal Punta Indio con el lógico impacto económico en los precios que recibe el productor del bien a exportar o el que deben pagar los consumidores finales de los bienes importados. Esto es así porque es un canal de una sola vía y con el escaso ancho de solera de 100 metros.

De realizarse las obras de dragado y valizamiento en el Canal Magdalena, se abrirá la oportunidad para que Argentina de tenga una nueva ruta marítima, más alejada de Montevideo y más cercana a los puertos de Buenos Aires y La Plata, lo que mejoraría la eficiencia y los tiempos de navegación; se potenciaría el puerto de Buenos Aires y podría quitarle carga a Montevideo.

Además, Uruguay deberá hacerse cargo del mantenimiento de Punta Indio, que actualmente lo paga Argentina. Para ello, se debe presentar una solicitud formal ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) y contar con la aprobación de la delegación argentina. Sin ese visto bueno, no tendrá la posibilidad de realizar el mantenimiento.

Las decisiones que comprenden modificaciones en el Río de la Plata deben pasar necesariamente por la CARP. En tal sentido, Uruguay aceptó que Argentina comience con el dragado del Canal Magdalena a cambio de una aprobación para profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo. La intención era llevarlo a 14 metros de profundidad, pero al momento de presentar la solicitud se pidió llegar a los 13 metros.

Uno de los impactos favorables del Canal Magdalena sobre la economía bonaerense, sería la contratación de todos los servicios logísticos en el país. Para tal fin se plantea una zona de servicios conexos a la actividad naviera en proximidades de Punta Piedras, General Lavalle y San Clemente del Tuyú, con talleres mecánicos, proveedurías náuticas, almacenes generales y sub agencias marítimas, entre otras actividades marginales que en la actualidad se prestan desde Montevideo.

Radio Trinchera dialogó con el Presidente del Puerto de La Plata, José María Lojo, quien resalto: “Es extraño que estas cosas que son tan convenientes, lleve tanto tiempo que se hagan. Es una obra que puede cambiar la perspectiva del comercio exterior de la República Argentina y puede llegar a poner en valor todo el movimiento de mercadería por agua en el norte y sur del país, y disminuir los costos considerablemente. También afirma cuestiones soberanas y nos independiza de tener que pasar por aguas de jurisdicción no propia”.

Además, Lojo remarcó que de llevarse adelante las obras se “potenciará la interconexión fluido-marítimas; hay que tener en cuenta que el país tiene la mitad de su superficie en su plataforma continental bajo el agua y el no tener una salida franca desde el Río de la Plata perjudica, hoy tenemos que salir por aguas uruguayas”.

En la actualidad los ingresos de contratación, servicio u otros, se generan y se registran desde el puerto de Montevideo y se traslada a las costas argentinas. Cualquier convenio para un servicio desde el puerto requiere un contrato de despacho con una agencia marítima que, a partir del proyectado Canal Magdalena, podría significar ingresos para el país.

Otros ingresos que podrían generarse para la industria Argentina serían: el aprovisionamiento de víveres, los servicios médicos, su traslado al buque, la gestión de residuos, los servicios mecánicos, los operadores para contingencias de derrames de hidrocarburos, y la hotelería y traslados por recambios de tripulación.

Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) expuso que el Canal Magdalena permitirá obtener mayor autonomía para el comercio exterior del país al habilitar un recorrido sin condicionamientos externos hasta la salida al mar. “El nuevo recorrido de navegación permitirá fortalecer economías locales y promover el ingreso de divisas al país, como resultado de la provisión de servicios a los buques que hoy se brindan desde Uruguay”, sostiene el documento.

En este sentido, Lojo señaló: “De hacerse esta obra, significa un ahorro de los fletes de carga de 80 millones de dólares por año y eso marca que nuestros productos son menos competitivos en el mundo, ya que cuesta más caro llevarlo del país a otro lugar. Los argentinos deben vender sus productos más baratos para poder competir y ese mayor costo de fletes lo termina pagando el productor argentino”.

Finalmente, los pasos a seguir para que se llegue a la licitación del Canal son claros, en principio será la aprobación de la Ley de Presupuesto 2023; el Ministerio de Transporte se deberán firmar los pliegos y planos del Canal (que ya están hechos); la modificación del Decreto N°949 de 2020, que establece el trazado de la Hidrovía para que contemple al Canal de Magdalena y se establezcan los criterios para mantener el sistema completo. De esta manera, recién en los primeros meses del año que viene se verán los avances de esta política que propone avanzar varios peldaños respecto a la soberanía portuaria de la Argentina.

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