Como consecuencia de la pandemia primero, y de la guerra entre Rusia y Ucrania después, el precio internacional de los granos está alcanzando niveles record, frente a este panorama continúa el debate fronteras adentro sobre cómo desacoplar el precio de los alimentos en el país sin confrontar con el sector agropecuario. Propongo analizar el margen de acción que tiene el gobierno y los desafíos que tiene por delante Guillermo Hang, el nuevo secretario de comercio interior.
El nuevo secretario de comercio interior está teniendo en sus primeros días de gestión la difícil tarea de reunirse con los principales productores de alimentos para fijar un tope a los nuevos aumentos de precios. En este sentido ya se reunió con los representantes de la industria aceitera y del sector molinero, que son dos de los sectores más afectados por el alza de precios internacional que se desató a partir de la guerra en Ucrania.
Particularmente con el sector aceitero, había cierta urgencia en tratar el tema porque el 1 de junio es cuando deben actualizarse los precios del fideicomiso aceitero. Recordemos que la herramienta del fideicomiso fue implementada en diciembre de 2020, y consiste en la creación de un fondo cuyo objetivo es el de sostener el abastecimiento dentro del mercado interno a un precio accesible para los consumidores. Los aportes a este fideicomiso son calculados según las Declaraciones Juradas de ventas al exterior de aquellos productos sujetos a retenciones.
Para estas negociaciones el pedido de Martín Guzmán a Hang fue que ningún aumento supere la inflación que viene publicando el INDEC por medio del IPC (Índice de precios al consumidor), el cual se espera que en mayo se encuentre alrededor del 5%. Con este panorama se espera que al menos para el sector aceitero, se autorice un aumento de un 4%.
Dentro de lo que fueron por otra parte, las negociaciones con la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la situación es un poco más delicada. Por un lado el sector que aglomera a los productores de trigo no quieren seguir formando parte del fideicomiso de trigo, ya que debido al alza en el precio internacional, y según el acuerdo vigente, correspondería aplicar más de un 10% de aumento, algo a lo que el gobierno se niega ya que va en contra del objetivo de Guzmán de no autorizar aumentos del más del 5%. Vale recordar que el acuerdo por el fideicomiso del trigo tiene vigencia hasta el 31 de enero de 2024, y qué este fondo es el que se nutre por las retenciones a los subproductos derivados de la soja).
En los próximos días habrá nuevas reuniones, esta vez con los representantes de las grandes empresas productoras de alimentos, nucleadas en la Copal (Coordinadora de Productos de Alimentos, debido a que el 7 de junio vence el acuerdo trimestral de precios cuidados. Allí seguramente se revean los precios del listado de artículos que componen este programa, ya que hay un desfasaje de hasta un 40% en algunos productos entre los que se encuentran en precios cuidados y los que no. Esta diferencia en los precios hace que las propias empresas pongan en riesgo el abastecimiento al no entregar los productos, o colocar los mismos por fuera de los grandes supermercados para obtener mayores ganancias.
¿Retenciones si o retenciones no?
Lo que entra en juego en este contexto es si aplicar o no la herramienta del impuesto a la exportación, o las llamadas retenciones. Actualmente el gobierno podría subir unos puntos más las retenciones, sin la necesidad de pasar por el congreso, pero esto es algo en lo que al menos hasta el momento no se ha decidido avanzar. Este hecho recordemos, fue uno de los que causó días atrás la renuncia de Roberto Feletti al cargo de Secretario de Comercio Interior.
Ahora bien, reflexionemos por un momento acerca de la situación, los precios internacionales de los granos han aumentado considerablemente, y en el país se hace difícil la tarea de desacoplar los precios de los alimentos a los precios internacionales, lo que hace que la comida sea cada vez más cara. El gobierno, pudiendo aumentar dos puntos de retenciones sin pasar por el congreso, se niega a hacerlo, quizás suponiendo el costo político que esto pueda tener en relación con los beneficios que significarían esos 2 puntos de retenciones. Alberto sabe que para obtener mayores beneficios por derechos de exportación debe enviar un proyecto de ley al poder Legislativo, que permita aumentar el porcentaje de retenciones, y a la vez sabe que es muy difícil conseguir apoyo para que esto salga, personalmente dudo también que esté en su génesis llevar esto adelante.
A su vez, está el planteo de fondo de la oposición y el sector agrario, quienes sostienen que para bajar los precios es necesario producir más. El problema acá, es que casi la totalidad de la superficie cultivable del país, se encuentra en estado productivo. Se estima que de 36 millones de hectáreas disponibles para el cultivo en la Argentina 6 millones están destinadas al trigo, lo que representa un 18%, mientras que un 47% se destina a la soja, un 25% al maíz y el 10% restante se divide en partes iguales en girasol, cebada y centeno.
Entonces cuando el planteo es que se debe producir más trigo, las preguntas que surgen son, ¿Más trigo en detrimento de qué? ¿Más trigo en dónde?. El punto no es un problema acerca de la cantidad que se debe producir para poder bajar el costo dentro del país, el punto es cómo hacer para que todos y todas podamos tener alimentos a un precio razonable.
Teniendo en cuenta que el 53% del área sembrada en la Argentina está en manos de solo el 10% de los productores, creo que no sería alocada la idea de proponer retenciones segmentadas de acuerdo a la cantidad que se produce. Otra medida, teniendo en cuenta que la cosecha de trigo de diciembre 2021 alcanzó un record de 22 millones de toneladas, y que el consumo interno en Argentina es de 4,3 millones de toneladas, son los cupos que pueden ser destinados al mercado interno y no pueden ser exportados.
Más allá de estas herramientas, a la vez es necesario mejorar la ecuación entre precios y salarios para lograr un mayor y mejor acceso a los bienes de consumo, no sólo los bienes alimenticios. El margen de maniobra según se expresa desde el gobierno parece ajustado, y el tema precios parece necesitar no solo soluciones más creativas, sino también de determinación y convicción política para llevarlas adelante, dando las peleas que haya que dar en los diferentes espacios de disputa.
