¿Qué está pasando con la energía en Argentina?

¿Qué está pasando con la energía en Argentina?

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Desde la escasez en la oferta de gasoil, hasta el acuerdo con Bolivia por el gas. Scioli trayendo energía eléctrica de Brasil y el Estado chino como inversor de Atucha III. Haremos un repaso de la situación de los recursos energéticos en nuestro país para analizar lo que está pasando con el gas, el petróleo y la energía eléctrica en la Argentina de hoy.

Con la llegada del invierno y la inminente aparición de los primeros fríos, nuevamente se pone sobre el tapete la discusión acerca de la matriz energética del país, ¿Qué estamos produciendo, qué y cuánto importamos, y cómo se llega a la soberanía energética? Acá vamos…

Cuando hablamos de la matriz energética, nos referimos al conjunto de recursos que se encuentran disponibles en un territorio determinado, en este sentido hablar de energía implica referirse por ejemplo a los recursos derivados de combustibles fósiles, como lo son el gas y el petróleo, o a la producción de energía eléctrica.

El peso del gas en la matriz energética nacional

En Argentina esta matriz energética se distingue por el uso central que se le da al gas no solo por el consumo domiciliario, sino que también es utilizado en la producción, de modo tal que del total del gas que nuestro país consume solo 23% es para uso residencial, mientras que el 31% está destinado a la industria y el comercio el 37% restante de utiliza para abastecer centrales térmicas que producen energía eléctrica. El problema es que desde 2008 el país consume una mayor cantidad de gas que la que produce y por eso debió comenzar a importar primero gas natural licuado (GNL), que es el que se importa mediante buques tanqueros, y luego gas de red, importado principalmente desde Bolivia a través del  “Gasoducto de Integración” Juana Azurduy que une Campo Grande (Bolivia) con Campo Durán (Argentina), y  tiene unos 48 km de largo.

El peso que tiene la producción de gas en el esquema argentino de energía se debe también a que somos luego de Venezuela y Bolivia los terceros productores de gas a nivel sudamericano, más allá de esto en Argentina la demanda ha superado lo que se puede producir.

El cálculo nos dice entonces que la Argentina se autoabastece de gas en un 73%, gas que proviene principalmente de las Cuencas del Golfo San Jorge, la Cuenca Neuquina (que incluye a Vaca Muerta) y la Cuenca Austral, el resto se importa, en un 18% mediante GNL, y el 9% restante es el suministro que se le adquiere a Bolivia. Sobre este punto es donde se está poniendo el ojo, en ver cómo reducir la cantidad de gas que se importa y acá cobra un papel fundamental Vaca Muerta. Con las reservas de gas de este yacimiento se podrían evitar las importaciones e incluso comenzar a exportar gas, cómo ya acordaron los secretarios de energía Claudio Huape Minoletti de Chile y Darío Martinez de Argentina. Esto es posible dado a la proximidad geográfica y la existencia de más de 7 gasoductos que unen Argentina con el país trasandino.

Pero volviendo a Vaca Muerta, el problema de fondo es cómo transportar ese gas al resto del país, y a los principales centros urbanos e industriales. Para esto en febrero de este año Alberto Fernandez a través de un decreto de necesidad y urgencia dió por comenzadas las obras y los llamados a licitación correspondiente para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que unirá las provincias de Neuquén con Santa Fé, pasando por Río Negro La Pampa y Buenos Aires. La primera etapa de este plan prevé unir Tratayén en Neuquén con Saliqueló en la provincia de Buenos Aires, a través de 656 km de tuberías y se espera que pueda estar terminada de acá a un año. Esta obra, que se anunció como la más importante dentro de su rubro en los últimos 40 años, le permitiría ahorrar al país unos 2.500 millones de dólares al año en importaciones.

Mientras tanto entre el gas importado por Bolivia y compras que aún quedan por concretar de GNL (se estiman unos 60 buques tanqueros en el período abril-septiembre), la demanda nacional estaría cubierta y no habría escasez ni desabastecimiento. Este punto también trae a debate, la necesidad de contar con una planta nacional de procesamiento de gas, para que una vez que Vaca Muerta esté completamente operativa se pueda también exportar GNL. Se estima que para crear una planta de las características requeridas se necesitan alrededor de 5.000 millones de dólares en inversiones, pero que podrían generar un retorno inmediato de unos 2.000 millones al año.

De esta forma la Secretaría de Energía que depende del Ministerio de Economía de la Nación debe negociar también con el FMI, cuánto gas prevé importar de Bolivia, y cuántos dólares invertirá en la importación de GNL. Recordemos que en uno de los puntos del acuerdo con el fondo, se establecía la quita parcial de subsidios a la energía, precisamente por esto se habló de desabastecimiento, ya que fue el propio Secretario de Energía Darío Martinez quien se había manifestado preocupado días atrás acerca de qué pasaría si Argentina no contaba con los dólares necesarios para pagarle a Bolivia por el gas importado.

Energía Eléctrica

Cómo mencionamos anteriormente la producción de energía eléctrica en nuestro país está fuertemente marcada por la dependencia del gas, de modo que un 63% de la energía producida proviene de centrales que funcionan a gas o combustibles fósiles, un 27% proviene de centrales hidroeléctricas y un 10% de centrales atómicas y energías sustentables. Hablando de energía eléctrica, el autoabastecimiento de la Argentina llega casi a un 97%, aunque el consumo suele ser variado dependiendo del período.

Frente a esto en los últimos días fue noticia el embajador Argentino en Brasil, Daniel Scioli quien ofició de nexo entre el Ministro de Economía Martín Guzman y el Ministro de Energía brasileño Bento Albuquerque, para la concreción de un acuerdo que le permitirá al país importar ese remanente necesario de energía desde Brasil. Frente a esto Guzman despejó algunos temores y afirmó que gracias al acuerdo la Argentina aseguraba su seguridad energética.

Por otra parte el horizonte estratégico está puesto en comenzar a diversificar la producción de energía eléctrica, para esto desde el gobierno buscan comenzar la construcción de la central nuclear Atucha 3, lo que sería la cuarta central de este tipo en el país. Esta obra demandaría unos 8 años, y una inversión de 8.300 millones de dólares, y podría producir el doble de energía que la central de Embalse en la provincia de Córdoba, lo que la convertiría en la central nuclear nacional más importante. Para esto en febrero se llegó a un acuerdo con la China National Nuclear Corporation (CNNC), mediante el cual la empresa oriental financiaría el 85% del costo y que Argentina asumiría el resto. Sin embargo, luego del acuerdo con el fondo, y de las presiones ejercidas por este organismo para controlar los gastos, se está intentando que el total de la obra sea asumida por la corporación china.

El caso de los hidrocarburos   

En los últimos días también fue noticia el gasoil, se habla de escasez, hubo un paro de transportistas de granos lo que produjo un parate en las operaciones de los puertos, y la propia YPF salió a llevarles calma a los productores agropecuarios. ¿Qué pasó? Lo que sucede es que entre los recursos que el país importa para cubrir la demanda interna, también se encuentra el crudo de petróleo, que sirve luego del proceso de destilado para obtener nafta, y gasoil entre otros derivados.  Luego de un aumento internacional en el precio del crudo, las petroleras nacionales señalan que el precio del gasoil en la argentina no acompañó ese aumento por lo que cayó la importación y la producción local.

Por otra parte estamos en tiempo de cosecha en los campos argentinos por lo que la demanda de gasoil para maquinaria agrícola como cosechadoras, tractores, camiones aumenta, este combo hizo que haya problemas en el abastecimiento. Frente a esto YPF tomó medidas y anunció que aumentará un 10% la producción de gasoil con respecto al mismo periodo del año pasado, y el Secretario de Energía Darío Martinez aseguró que está garantizado el abastecimiento de gasoil, y que “existen operaciones especulativas que tienden a complicar la situación”.

Detrás de todo esto subyace el debate de las energías renovables, y el cambio en la matriz energética de nuestro país. Está también la necesidad de generar un vínculo más saludable y menos dañino para con el medio ambiente que habitamos, y cómo lograr una soberanía energética que nos permita autoabastecernos, nos permita ser más independientes.

El compromiso asumido en la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de cara a 2030 fue generar energía segura, sostenible y moderna. Pero para generar energía de estas características se necesita tiempo, investigación, e inversión. Implica además ir en contra de intereses pesados, como los de las petroleras, las empresas energéticas, no solo productoras sino también las transportadoras, es ir en contra también de lo que pretende el FMI para la Argentina, y así, al menos por ahora, todo parece muy lejano.

Nacho Albanesi
Nacho Albanesi

Colaborador de Revista Trinchera y columnista de la sección Economía en el programa 526 al Fondo.
Instagram: @nacho.albanesi | Twitter: @nch_albanesi

Se sancionará a aquellos que circulen por las banquinas el fin de semana largo

Se sancionará a aquellos que circulen por las banquinas el fin de semana largo

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La disposición que tomó el Ministerio de Transporte será llevada adelante por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que montará un Centro de Monitoreo en el peaje Hudson.

El Ministerio de Transporte de la Nación informó que, a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), montará un Centro de Monitoreo en el peaje Hudson con el fin de mantener un control extremo en la banquina durante Semana Santa. Según el informe presentado los controles serán en todo el país con documentación a vehículos particulares y micros de larga distancia. Regirá desde 13 al 17 de abril, y destaca que busca prevenir que se ponga en riesgo la vida de otras personas.

Desde el Centro de Monitoreo se inspeccionarán las imágenes recibidas por nueve drones que estarán patrullando la ruta provincial 2 y la ruta provincial 11, en el camino hacia la costa. En este sentido el Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, destacó: “Las banquinas deben ser espacios seguros para maniobras de emergencia ante situaciones específicas como pinchaduras, desperfectos mecánicos, entre otras”, y apuntó: “Vamos a ser inflexibles a la hora de controlar este tipo de actitudes y de sancionar a quienes no respeten las normas”.

“Esta gestión decidió no tolerar ni un minuto más a los banquineros. Circular por la banquina no sólo es una conducta prohibida, sino que además genera peligro y causa mucha bronca a quienes cumplen las normas y tienen que ver cómo los supuestos vivos pasan por el costado, creyendo que su tiempo vale más que el de los demás. Que sepan que vamos a estar ahí para sancionarlos”, sostuvo el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Las modalidades para detectar banquineros serán dos. En primer término, todo aquel que sea detectado por agentes motorizados, será detenido inmediatamente, y al conductor se lo notificara por intermedio de la información proporcionada por las cámaras de los propios agentes.

La segunda será a través de los drones que enviarán las imágenes, identificarán a los infractores y luego, la información será procesada en el Centro de Monitoreo de Seguridad Vial. Allí se confeccionará el acta de infracción y quedará a disposición para la consulta del juez de faltas. Dándose la notificación posterior al hecho.

La ANSV también reforzará los controles de la documentación requerida para transitar en rutas: se deberá contar con Documento Nacional de Identidad, Licencia de Conducir vigente, Cédula verde o azul, Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o VTV (Verificación Técnica Vehicular), Seguro Vigente y ambas chapas patentes colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

CABA: Espionaje ilegal con reconocimiento facial

CABA: Espionaje ilegal con reconocimiento facial

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La Justicia suspendió el uso del sistema luego de que el Ministerio de Seguridad porteño accediera a los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados están Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces y otros.

La Justicia porteña suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial luego de que el Ministerio de Seguridad porteño utilizara ilegalmente los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados por el espionaje están el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces, periodistas y otros políticos oficialistas y opositores.

El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue permitido por una resolución, que aprobada en la Legislatura porteña, con el objetivo de ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nació para acceder a una base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) que supuestamente no superaba las 50 mil personas. 

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además detectó que la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y realizó una búsqueda infinitamente superior (casi 10 millones) al de las personas requeridas por los tribunales. El organismo dependiente del Ministerio del Interior informó al juzgado que la Ciudad entre abril de 2019 y marzo de 2022, realizó un total de 9.900.282 extracciones de información de sus bases de dato.

Gallardo argumentó que “no resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”.

Cabe destacar que el espionaje no solo fue a opositores del gobierno de Cambiemos sino que también se buscó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni (uno de los seleccionados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras) a Juan Grabois o a la diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman.

Asimismo entre los espiados están miembros del poder judicial como Gabriela Boquin, fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino; a la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, forzada a renunciar por el macrismo. Tampoco estuvo exenta la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, rival del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio.

Directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, detalló que “la Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados“. Además resaltó que el hecho confirma “que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información“.

Asimismo, el juez Gallardo ordenó allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. Por el momento, el mecanismo que se describió sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan compleja que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.

El sector industrial advierte dificultades en las exportaciones de empresas argentinas 

El sector industrial advierte dificultades en las exportaciones de empresas argentinas 

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El informe que realizó la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre una disparada de los costos logísticos y energéticos. El organismo se encuentra en conversaciones abiertas con el Gobierno.

Un informe que realizó la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió la inminente disparada de los costos logísticos y energéticos y puso de manifiesto que estas circunstancias obstaculizaron las exportaciones de las empresas manufactureras. Las principales dificultades que mencionan las firmas son el aumento en los fletes, la escasez de contenedores y el incremento de los costos en los servicios de energía. En ese marco el organismo ya se encuentra en conversaciones abiertas con el Gobierno.

Luego del fuerte golpe que recibió el comercio internacional durante 2020 y 2021,  la situación había empezado a mejorar, pero con el nuevo conflicto entre Rusia y Ucrania, el panorama volvió a modificarse. Esa sucesión de hechos afectó fuertemente a los sectores productivos. 

El Centro de Estudios UIA (CEU), realizó una encuesta en la que se observa que ocho de cada diez empresas se vieron afectadas por la escasez de contenedores y la suba del precio de los fletes. El titular del CEU, Pablo Dragún, explicó que “primero fue el Covid-19, luego las dificultades con el canal de Suez y los puertos que cerraron en China; ahora la guerra y la suba del precio del combustible” y agregó que “este escenario modificó totalmente la situación: los costos logísticos internacionales en algunos casos se quintuplicaron”.

La encuesta también muestra una incidencia de las demoras en los pasos fronterizos con Chile y que el 36,4% de las empresas consultadas, fueron afectadas. En paralelo, señalaron dificultades por la bajante del Río Paraná-Paraguay, viéndose perjudicadas por ello un 22,4% de las firmas. En este sentido, una de cada cuatro de las industrias consultadas manifestó que estos problemas limitaron sus exportaciones.

“También hay otras cuestiones que se están trabajando y pueden mejorar el desempeño exportador como el mayor acceso a las divisas para importar insumos, el incremento del financiamiento, que es un problema que arrastra nuestra economía desde hace muchos años”, concluyó Dragún, que confirmó que la problemática está siendo abordada mediante instancias de diálogo con el Gobierno  .

Otro dato relevante es que el 30,1% de las empresas aseguró que aumentaron sus ventas al mercado interno durante enero de 2022 en relación al trimestre anterior y sólo un 16,7% de las empresas indicó que acrecentaron sus ventas al exterior en relación al trimestre anterior. En línea con la recuperación del empleo, el porcentaje en enero de empresas con incremento de la dotación de personal llegó al 23% y superó los valores del mismo período de 2021, cuando fue de 17,3%. A su vez, la mitad de las empresas  indicaron que esperan que su situación económica mejore en el próximo año.

Se desplazó a Luis Puenzo como titular del INCAA

Se desplazó a Luis Puenzo como titular del INCAA

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Luego de la protesta de los trabajadores del cine, brutalmente reprimida por la Policía de la Ciudad y en medio de duras críticas del sector, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, despidió al cineasta. Su gestión al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales duró dos años.

Tras la protesta de trabajadores y trabajadoras del cine, que culminó con represión de la Policía de la Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el presidente de la Nación, Alberto Fernández, apartó del cargo a Luis Puenzo de la dirección de Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Lo hizo a través de un decreto dando aval a la decisión, luego de dos años que culminaron en medio de una polémica por las duras críticas de artistas y directores de cine.

El decreto señala: “Dispónese el cese del señor Luis Adalberto PUENZO (D.N.I. Nº 4.546.984), en el cargo de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES (INCAA), ente público no estatal en el ámbito del MINISTERIO DE CULTURA“.

La partida de Puenzo empezó a tomar relevancia luego de lo sucedido en una manifestación convocada por trabajadores y trabajadoras del cine, que se movilizaron hacia la sede del INCAA (en Lima y Moreno), para reclamar contras las políticas de la gestión del director de “La historia oficial”. El principal descontento con su gestión estaba relacionada con la falta de modificación del Plan de Fomento, que se impuso en el gobierno de Mauricio Macri y que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en AMBA.

La protesta del lunes terminó con en represión de la Policía de la CABA a les manifestantes y detuvieron a al menos dos trabajadores del espacio. La violenta situación y el atropello de los policías derivó en la llegada al lugar del ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien prometió que habría cambios en el organismo. Luego de ello Bauer y Puenzo se reunieron para analizar la situación y evaluar los cambios necesario en el INCAA.

Previo a la reunión, el ahora ex titular del INCA declaró a AM 750 que “si me tengo que ir, me iré“, a lo cual agregó que “es difícil suponer que puede haber más dinero que este, se trata de administrarlo sanamente, hubiera sido bueno hacerlo de común acuerdo con la industria“.

Luego de la entrevista Puenzo dialogó con otros medios y afirmó: “No me quiero ir, por lo menos por el momento, hasta terminar lo que estoy haciendo“. Finalmente, el cineasta concluyó que “en este momento nadie ignora que hablar de subsidios es casi una mala palabra, es muy difícil sostener la necesidad de que la cultura sea protegida en la Argentina como lo ha sido siempre“.

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