La decisión de autorizar una nueva búsqueda de hidrocarburos en nuestro mar fue acompañada de varios mitos y verdades sobre cómo, dónde y por quién se desarrollará actividad; a su vez, amplió el debate sobre la compatibilidad del desarrollo productivo con el cuidado del medioambiente.
A fines de 2021 y a través de la Resolución n° 436/21 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional autorizó a la empresa noruega Equinor para llevar adelante la exploración off shore de hidrocarburos en aguas del mar argentino, luego de la declaración de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Energía.
A raíz de esto, organizaciones medioambientales, intelectuales y parte de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el medio ambiente y la preservación de la fauna marina autóctona ante un eventual derrame o accidente de alguna de las plataformas. Pero al mismo tiempo comenzó una campaña en contra del proyecto que se enfocó en la difusión de información y contenido confuso a través de las redes sociales, encabezada por la ONG canadiense Greenpeace: abundaron las imágenes de personas o playas cubiertas de petróleo, pero escaseó un análisis más profundo de la situación.
En primer lugar, la medida representa un paso más de un proyecto cuyo origen se remonta al 2017. Lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández fue prorrogar por dos años el primer período exploratorio de los permisos otorgados durante la Ronda 1 en el marco del proyecto Argerich. Y si bien la petrolera Equinor apareció en el centro de la cuestión, la iniciativa se llevará a cabo por un consorcio también conformado por Shell e YPF; por lo que se trata de una sociedad de capitales mixtos con presencia del sector privado y del Estado Nacional.
La producción off shore puede considerarse una actividad de antaño ya que no es la primera vez que Argentina se embarcará en un proyecto de esta índole. La búsqueda de hidrocarburos en nuestro país data de más de 90 años, con cerca de 187 pozos perforados en el lecho marino (36 activos) sin incidentes medioambientales; por ejemplo, el 17% del gas que se consume en estas tierras proviene de la Cuenca Austral (1).
De hecho, el descubrimiento de petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia en 1902 es el antecedente histórico para la creación veinte años después de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la mano del General Enrique Mosconi, durante la presidencia del radical Hipólito Irigoyen, que nos constituyó en pioneros por tratarse de la primera empresa petrolera estatal del mundo.
En cuanto al proyecto propiamente dicho, es un proceso que consta de tres fases: 1) exploratoria, 2) desarrollo y 3) producción. En la primera instancia se prevé la exploración del subsuelo marítimo a través de movimientos sísmicos que permitan detectar la existencia de gas o petróleo en aguas de ultra profundidad. Dicha exploración se realiza de manera off shore (costas afuera) a más de 300 km de la costa, sobre aguas del mar argentino y no sobre las playas de Mar de Plata ni de ninguna otra ciudad.
En números específicos, las tres cuencas involucradas se ubican a 307 km (CAN 100 y CAN 108) y a 443 km (CAN 114) de la costa atlántica.
El perjuicio a la actividad pesquera en la zona fue otro de los argumentos que se esgrimió contra de la decisión, sin embargo, el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) se manifestó a favor de la iniciativa a través de palabras de su secretario general Pablo Trueba. Uno de sus principales beneficios es el empleo de trabajadores calificados, así como la creación de puestos de trabajo tanto de manera directa como indirecta. En cuanto a la repercusión económica, se estima que su potencial puede ser tres veces superior al de Vaca Muerta.
Por otro lado, el rol de las ONG y de cierto sector del ambientalismo en el freno al desarrollo económico y productivo fue una de las principales críticas de los sectores afines al proyecto; el ojo estuvo puesto sobre todo en Greenpeace, que se cargó al hombro la campaña en contra de la exploración off shore en aguas nacionales, convocó movilizaciones y creó consignas como “mar argentino sin petróleo”, “Mar del Plata sin petróleo” o “atlanticazo”.
Sin dudas no se puede negar el genuino interés y la preocupación por las consecuencias socio-ambientales de algunas organizaciones ambientalistas y de parte de la sociedad civil, pero el boicot total a una actividad productiva tampoco parece ser la solución. Un camino a seguir podría ser la participación con un papel protagónico que les permita a estos actores constituirse como los garantes del cuidado y la preservación del medio ambiente y la fauna marina. También son válidas las tensiones por la presencia de Shell, que genera resquemor y desconfianza ya que no se trata de una empresa con un historial intachable; aquí es donde el Estado Nacional tendrá la tarea de resguardar los recursos e intereses nacionales.
Argentina se enfrenta a la oportunidad y el desafío para avanzar hacia un horizonte de mayor soberanía que permita conocer nuestros recursos y apropiarnos de ellos de manera estratégica en un contexto de ausencia de divisas y de crisis energética a nivel global.
Notas
(1) Datos aportados por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas a través de un comunicado presentado en enero de este año.
