Los días que precedieron a las elecciones del 20 de octubre del 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia estuvieron impregnados de caos y confusión. Para aquellos que entienden los procesos y la historia de Nuestra América, era claro que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado. Sin embargo, no estaba claro quiénes se encontraban detrás de las maniobras de la derecha cipaya boliviana. A más de un año de lo ocurrido, y con el MAS nuevamente en el poder, las aguas finalmente comenzaron a aclararse.
Mark Curtis y Matt Kenard, un historiador y un periodista del Reino Unido, creadores del medio Declassified Uk, tuvieron acceso a documentos desclasificados del Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. En los mismos, se puede ver claramente no solo la influencia que tuvieron en el golpe, sino también el papel protagónico del país liderado por Boris Johnson a la hora de orquestar la desestabilización de un gobierno democráticamente electo.
Una vez exiliado en México, Evo Morales nombró al litio como la principal causa de lo ocurrido. Un dato no menor es que Bolivia es uno de los mayores reservorios del mundo de este mineral clave para el desarrollo de nuevas tecnologías, como baterías para autos eléctricos y celulares, por lo que, en el marco del agotamiento de las reservas mundiales de combustibles fósiles, se transformará paulatinamente en un bien cada vez más trascendente y estratégico.
En los documentos encontrados por los investigadores británicos radicados en Sudáfrica, se puede dar cuenta de las intenciones del Reino Unido de apoderarse del litio boliviano. De hecho, el gobierno de Johnson manifestó en distintos comunicados que las baterías de litio son prioridad para la estrategia industrial del país, agregando que el 54% de las reservas mundiales se encuentran en Sudamérica, en el llamado “triángulo” del litio conformado por Chile, Argentina y Bolivia.
El imperio británico siempre tuvo como estrategia hacerse con los recursos del país vecino, un primer abordaje consistió en intentar convencer “por las buenas” al gobierno boliviano de incluirlos en la explotación del litio, mientras en las sombras preparaba el terreno para el golpe. Precisamente, en uno de los documentos desclasificados detallan que “el Reino Unido tiene como objetivo tener una industria de baterías próspera y sostenible, lo que se traduciría en una oportunidad de £ 2.7 mil millones … y nuestras asociaciones bilaterales son esenciales para garantizar esto“.
Un dato más que relevante a la hora de evidenciar las intenciones del imperialismo británico es el desembolso de más de £ 4.500 en la organización de un evento de ciberseguridad para instituciones financieras en La Paz. El mismo fue coordinado por la Bolsa de Valores de Bolivia y por la empresa Darktrace, creada por el servicio de seguridad nacional británico, el MI5 (servicio de inteligencia). Lo que da muestras de que no alcanza con expulsar a diplomáticos yankees como lo hizo Evo en el 2009, ya que los soldados del imperio siempre aparecen de una manera u otra.
Darktrace tiene en su staff a Alan Wade, un ex veterano de 35 años de la CIA y ex director de información; a Marcus Fowler, un ex marine veterano de 15 años en la misma organización, donde trabajó como director de “amenazas estratégicas”. Al evento en cuestión asistieron 150 ejecutivos y altos funcionarios del sector financiero boliviano, donde, en un claro intento de neutralizar a la banca boliviana, se les informó que la City Londinense (uno de los centros financieros más importantes del mundo) solo negociaría con aquellos que utilicen los servicios de la empresa británica.
A partir del 2017, la Embajada de Gran Bretaña en La Paz tuvo un rol clave y, una vez consumado el golpe, la actividad se volcó hacia el bastión de la oposición en Santa Cruz. En su afán de ganarse el visto bueno del gobierno de Morales en este año, el RU envió expertos a la empresa nacional de yacimientos de litio bolivianos para evaluar una posible explotación. Sin embargo, en febrero del 2019 el gobierno autorizó un proyecto de 2.300 millones de dólares de la empresa china TBEA Group que se centraría en los salares Coipasa y Pastos Grandes.
En el transcurso del 2019, la Embajada Británica cofinanció distintos proyectos junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno para “optimizar la exploración y producción de litio en Bolivia (en los salares antes mencionados) utilizando tecnología británica” y otro donde la empresa de Oxford Satellite Aplications Catapult utilizó satélites para cartografiar las reservas de litio. Lo llamativo de este es que además de implicar una inversión de 33 mil dólares por parte del BID, el mismo fue distribuido por la entidad financiera una vez instalado el golpe.
La etapa final del plan británico consistió en financiar con £ 8 mil para formar una alianza con organizaciones de la sociedad civil con la que coordinaron una operación de observación ciudadana de las elecciones del 2019, que consistió en una encuesta sobre las intenciones de voto. La información resultante de las encuestas fue de vital importancia para la confección del informe que la Organización de los Estados Americanos utilizó para poner en cuestión la legalidad del proceso electoral. Sin dudas, la principal excusa que utilizó la derecha boliviana para llevar adelante un proceso que buscó, lisa y llanamente, aniquilar a su oposición.
Finalmente, con Jeanine Áñez al poder, la Embajada Británica organizó un seminario junto con la empresa Watchman UK, dirigida por Christopher Goodwin-Hudson, veterano de nueve años del ejército y ex director de seguridad de la banca de inversión y valores Goldman Sachs; y por Gabriel Carter, miembro de Special Forces Club en Knightsbridge, un club exclusivo para veteranos de inteligencia y fuerzas especiales de alto nivel. La compañía opera principalmente en África y se especializa en manipular poblaciones para llevarlas a participar en proyectos contrarios a sus intereses.
Estos sucesos marcan lo que el analista político francés Thierry Meyssan llamó la “primera guerra del litio”, un evento que debe ser mirado en detalle porque, en un contexto en donde el agua dulce comenzó a cotizar en Wallstreet, este tipo de maniobras por parte del imperialismo se harán cada vez más frecuentes. Claramente, a más de 200 años del genocidio de los pueblos nativos de Nuestra América, los responsables cambiaron las formas pero no el objetivo: arrasar con los recursos naturales de nuestra tierra.
Es necesario que, ante la precipitación del cambio climático, los distintos gobiernos nacionales comiencen a cuestionar las lógicas de producción que depredan nuestros suelos, acaban con la biodiversidad y tienen como principales víctimas a los pueblos originarios y a los sectores populares. Para lograr esto, es imprescindible que se comience a cuestionar la matriz extractivista en la que el yugo imperialista ha hundido a toda la región, y comenzar a trazar planes reales que se orienten hacia el desarrollo de energías renovables, hacia una verdadera industialización y hacia un manejo sustentable de la tierra.
