Hoy se cumplen 9 años desde que la activista de los derechos humanos de la comunidad trans, Claudia Pìa Baudracco, falleció. Sucedió un mes antes de que se sancionara la Ley de Identidad de Género, ley que impulsó activamente, como lo hizo con la campaña para la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario durante el 2009 y 2010.
Claudia no alcanzó a disfrutar los derechos por los que luchó incansablemente en su vida como militante (y sí, tener un documento de identidad que te identifique es un disfrute, un privilegio para las personas trans), pero marcó los primeros pasos y se convirtió en referenta de una revolución que año tras año toma más fuerza dentro de Argentina.
A partir de 1993 fundó diversas organizaciones que nuclearon a personas trans, como la Asociancón de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina (ATTTA), exponiendo la marginalidad con la que se les trataba dentro de la sociedad, y por medio de las cuales se hicieron escuchar los reclamos urgentes de la comunidad, que si hoy no son pocos, hace décadas se sumían en la más profunda precariedad.
Claudia también llevó a cabo el proyecto de Archivo de Memoria Trans. Junto a María Belén Correa, construyeron y reivindicaron la memoria trans argentina a través de fotos, videos y recortes de diarios, con el fin de tener un espacio donde reunir a las compañeras sobrevivientes y sus recuerdos. Actualmente, el Archivo contiene un acervo de más de diez mil documentos; se registran archivos desde principios del siglo XX hasta fines de los 90, y continúa recibiendo donaciones de material realizadas por las sobrevivientes, sus familiares y amigues.
A raíz del fallecimiento de Claudia, el 18 de marzo se conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las personas Trans. ¿Promoción de qué derechos? El derecho a el acceso a la educación, a la salud, a la familia, a un espacio burocrático, físico y simbólico que les reconozca, y sobre todo, el derecho a la vida y a una vida digna, a no ser violentades dentro de una sociedad transodiante y machista.
Según el informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio de la Federación Argentina LGBT, durante el 2020 se perpetraron en Argentina 152 crímenes de odio (1). Algunos de estos crímenes son atentados o asesinatos con armas de fuego (o fuego literalmente), armas blancas, o por mano propia, abusos sexuales, suicidios, privación ilegítima de la libertad o abandono estatal; de hecho, más del 50% de estos crímenes fueron llevados a cabo por el Estado.
Estos son sólo los casos que se pudieron corroborar como crímenes de odio. La recolección y tratamiento de estos datos es compleja debido a que no siempre los motivos son declarados públicamente, y no todos son denunciados, como suele pasar en general en los casos de violencia de género. A esto se le suma que no siempre se puede saber si las víctimas son personas trans, ya sea porque no tienen un cambio registral en su documentación, porque las personas a cargo del caso no respetan su identidad de género o porque la persona en cuestión no se encuentra en la capacidad o en un entorno seguro para hacerlo público.
Fueron crímenes de odio porque fueron motivados por la exclusión social que está presente dentro de nuestro sistema de convivencia, en el que la orientación sexual o la identidad/expresión de género de una persona es un parámetro que nos ubica jerárquicamente a unes sobre otres.
Esto se evidencia cuando se reporta que el 85% de estos casos son perpetrados hacia mujeres trans, algo lamentablemente predecible en una sociedad que tiene que nombrar como “travesticidio social” al comportamiento que tiene una sociedad que aparta y margina desde la niñez hasta la adultez (quisiera decir vejez, pero gracias a este fenómeno no es una realidad general) a quienes decidieron no ocupar el lugar más hegemónico dentro del ámbito género-sexual; el de hombre cisgénero y heterosexual.
Para cambiar la realidad de este colectivo no alcanza con llenar de glitter la Constitución. Sin embargo, se necesitan reformas legales para generar un cambio cultural que aporte a la representación y apropiación de los espacios en que se les prohíbe existir. La falta de representación, tanto en los cargos públicos como en la vida cotidiana, crea un imaginario social que les subestima y les pone en un lugar de personas no aptas; como si tuvieran menos capacidades. Cuando en realidad lo que les sobra es capacidad, sobre todo la capacidad de adaptabilidad que conlleva sobrevivir en esta realidad hostil, que no les permite ni atender un kiosco sin tener que mentir y ocultar quiénes son, como si fuera un delito, como si diera vergüenza.
Si existe falta de capacidades que impidan la “idoneidad” para un trabajo, quizá se deba a un efecto colateral de la expulsión de instituciones tanto familiares como educativas, donde de nuevo, la orientación, identidad y expresión de género son motivo de aislamiento y destierro. Entonces, este sería el panorama: al no tener un respaldo económico o un lugar donde vivir, no se puede pensar en el acceso a la educación, ya que el alimento o un techo suelen ser necesidades más primordiales en la vida de un ser humano. Tampoco es una posibilidad acceder a un trabajo por la discriminación ya mencionada y también por la imposibiliad de acceder a la educación. No vemos personas trans en espacios laborales, educativos y mucho menos en espacios de ocio. ¿Cómo pensar en elles como personas si no ocupan los espacios que las personas deben habitar en una sociedad funcional?
El 4 de septiembre del año pasado, el gobierno argentino tomó una decisión histórica al decretar un cupo de al menos el 1% en el sector público “para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”.
Aunque esto se trata de un gran avance, al ser una de las principales políticas afirmativas de derechos desarrolladas durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández en materia diversidad sexual y una conquista de las organizaciones LGBTIQ+, diferentes organizaciones siguen trabajando en varios proyectos a nivel nacional para que el cupo laboral se transforme en ley y esperan que el Congreso la trate y sancione este año.
Si esta ley se aprueba, obligará a los tres poderes del Estado nacional a adoptar como medida de acción positiva, un cupo laboral del 1% destinado a personas trans y a implementar políticas públicas tendientes a lograr su efectiva inclusión laboral en el sector privado a través de estímulos fiscales y el apoyo a proyectos productivos de la economía popular travesti-trans.
Además, a fin de garantizar el ingreso y permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Se prevén también algunos incentivos para el sector privado como descuentos en los impuestos, se creará una línea de créditos sin interés por parte del el Banco Nación para el financiamiento de los emprendimientos destinados específicamente a esta población. También se creará la Unidad de Coordinación Interministerial para monitorear la implementación de la ley, cuyo incumplimiento será considerado “mal desempeño” o “falta grave, según corresponda” (2).
El decreto apuntó a dar una respuesta inmediata a la violencia desmesurada que sufre el colectivo. Respondió a la conmoción por un transfemicidio ocurrido en Mendoza, en la madrugada del sábado 29 de agosto, cuando Melody Barrera, una chica trans que se encontraba en la costanera, fue acribillada a balazos por una persona que bajó de un automóvil y la mató a sangre fría.
Los decretos son elaborados rápidamente con el fin de enfrentar una situación que requiere atención y soluciones urgentes, pero es claro que este fenómeno no es una emergencia temporal. Si este decreto se queda en una medida de emergencia, no será más que una bandita en una superficie que tiene mil grietas, que se han venido acumulando durante muchos años. Lo que es prioritario ahora es una restauración sistemática en nuestras leyes, y un cambio cultural que día a día reconozca a las personas trans como sujetes de derecho, y esto, además de llevar mucho tiempo, llevará también a la modificación y elaboración de otras tantas leyes. Así que si lo que se busca realmente es empezar un proceso de integración, defender los derechos humanos básicos de esta población podría ser un buen comienzo.
Referencias:
(1) https://agenciapresentes.org/2021/01/29/152-crimenes-de-odio-lgbt-y-mas-de-100-muertes-trans-en-argentina-en-2020/
(2) https://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5166-D-2018
