30 de septiembre de 2019

El deporte como política de Estado

Eduard Paz 30 de septiembre de 201918 de julio de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Eduard Paz*

En la Argentina se acercan las elecciones presidenciales de octubre y resulta necesario analizar y arrojar elementos para comprender porque es tan importante el deporte dentro de las políticas de Estado que encarne una administración.

El gobierno es el encargado de fijar y ejecutar políticas deportivas, fundamentalmente por dos cuestiones: en principio comprenderlas como parte integral de la salud y la cultura de su pueblo, y en segundo lugar para ayudar y facilitar la participación de deportistas de alto rendimiento en torneos o competiciones internacionales (como representantes del país).

Según versa la Carta Internacional de Educación Física y el Deporte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), el desarrollo de aptitudes físicas, estimula y mejora la salud y calidad de vida.

Un pueblo que se ejercita muy probablemente tendrá ciudadanos más cuidados y saludables. Es por demás conocido que ante un estado físico saludable, la tendencia es a enfermarse con menor frecuencia. Si hay menos gente enferma, posiblemente el resultado es que haya menos ausentismo laboral, lo que por un lado beneficiaría a la producción y a su vez significaría menos gastos para el Estado, ya sea en medicina o en coberturas sanitarias. Como síntesis de esta hipótesis podría afirmarse que de implementarse una política pública que fomente el deporte como actividad física para los ciudadanos, podría significar un resultado positivo para la economía del país (PBI).

En ocasiones uno podría preguntarse: ¿qué genera que falten 30 o 40 personas al trabajo por tener gripe? Sí se traspola este ejemplo a escala nacional, las situaciones de enfermedades comunes no sólo es algo qué afecta a quienes enferman, sino que indirectamente tiene consecuencias sobre los más de 44 millones de argentinos. Si Argentina implementara un aumento del 25% en la realización de actividades físicas, posiblemente se reducirían los gastos en la salud pública o que se redireccionen a atender otras cuestiones. Se generaría una ganancia de entre el 1 y el 3 %.

El deporte siempre fue utilizado por los gobiernos de turno para favorecer su imagen ante el pueblo, pero hay qué ser claros con esto: los gobernantes no se sacan fotos con el segundo o el tercero, siempre va ha ser con el primero. Una carga negativa que culturalmente construye en nuestras sociedades la idea de que si un deportista no gana, no sirve. Busca sólo el éxito deportivo es algo totalmente nocivo para el deporte. Ejemplo de ello fue la presión de Cambiemos a las jugadoras de básquet adaptado (en sillas de ruedas). Los funcionarios dejaron entrever que si no entraban en el podio del mundial, dejarían de recibir la beca del Estado. Un apriete aberrante e insólito.

A sabiendas de que falta poco menos de un mes de las elecciones presidenciales, es necesario hacer un repaso del manejo de Cambiemos respecto al deporte. Quizás el ejemplo más emblemático fue la quita de Fútbol Para Todos, dejando al pueblo sin la posibilidad de ver fútbol gratuitamente, a sabiendas qué sólo se pagaban $10 pesos per cápita para transmitirlo.

A nivel estructural y edilicio, y mediante DNU (Decreto en Necesidad de Urgencia), la Secretaría de Deportes se degrado en Agencia de Deportes. El hecho que trajo aparejado el cierre y la posible mudanza del CENARD a la Villa Olímpica, pese a la negativa tanto del Comité Olímpico Argentino como de los deportistas de alto rendimiento que entrenaban allí. Pero quizás lo que más se sintió popularmente fueron la suba de impuestos y la quita de subsidios para los clubes barriales y sociales.

Respecto a las medidas que tomaron contra los atletas, hubo de todo: quita de becas, falta de acompañamiento tanto a deportistas de alto rendimiento, como de deportes adaptados y alternativos.

Tomando como referencia los Juegos Panamericanos y los Para-Panamericanos (como las competencias más importantes antes de las elecciones), el gobierno actual no cubrió las necesidades de los representantes argentinos. Martin Cambareri, entrenador de los Remeros Argentinos (que ganaron múltiples medallas), tuvo que cambiar el lugar de entrenamiento designado por el gobierno que era en la Pista Nacional de Tigre, por las aguas de Nordelta.

Laura Abalo, multimedallista en Panamericanos ya retirada, señaló: “Está bueno porque no tenés que mirar para atrás todo el tiempo a ver si te chocás una heladera. O estar obligado a parar tu bote porque te enganchas una bolsa en la pala”. Declaración que no sólo marca las dificultades para entrenar, sino que hace énfasis en la falta de cuidado y la contaminación del delta de Tigre.

En cuanto a los deportes adaptados, fueron varios los planteles y pedidos de ayuda para pagar los viajes a estos juegos. Por ejemplo, la selección masculina de fútbol 5 con síndrome Down logró participar pesar de la ausencia del Estado. (FALTA DECIR CÓMO LO FINANCIARON)

El abandono estatal llevó a que el sector deportivo sea uno de los más golpeados por el gobierno actual. Pese a ello es de destacar el trabajo y esfuerzo de los deportistas argentinos y del entorno que los acompaña. Esfuerzos que siempre buscan mejorar y dejar en lo más alto del deporte mundial al país. Pese al viento en contra qué generan las políticas de Cambiemos, los deportistas siguen consiguiendo más medallas y más logros.

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, lo que queda claro es que la base deportiva argentina es enorme y que también es necesario ganarle la pulseada a las políticas de ajuste que invisibilizan al sector y que incluso muchas veces son relegadas en la discusión política.

Teniendo en cuenta que el gobierno de Macri durante estos cuatro años de mandato, hizo y deshizo, borrando del mapa casi toda política pública para el sector a nivel nacional, el deporte argentino merece que se desarrollen políticas públicas de sostenimiento y financiamiento que permita avanzar en términos culturales, sociales y políticos.

* Periodista especializado en deportes, columnista del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), co-conductor del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur FM 91.7) redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.

Trabajadores sin derechos, Niñez en emergencia

Adrian Berrozpe 30 de septiembre de 201925 de julio de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Por Adrian Berrozpe*

A principio de año fue noticia la intención de la Alianza Pro-Cambiemos de imponer el debate sobre la baja de la edad de punibilidad para sumar votos y ocultar(desde los medios) la incipiente crisis económica, la misma que afecta al conjunto de los trabajadores y que especialmente pega (y fuerte) a jubilados, a los trabajadores de la economía popular y a los estatales.

Un bono que sólo fue para un sector de los estatales nacionales, dejando a fuera a la gran mayoría, y un Horacio Rodriguez Larreta que además de negarle cualquier tipo de compensación a los trabajadores de la ciudad, utiliza una lógica flexibilizadora y de abnegación de los laburantes a través de contratos de índole políticos a todo o nada. Una realidad desesperante para 18 mil trabajadores con contratos basura o precarios.

Pero lasdiferencias se dan también en políticas como la de las asignaciones familiares: mientras en el Estado nacional se paga $2.250 pesos mensuales por hijo, el monto que se percibe en la Ciudad de Buenos Aires es llamativamente bastante inferior, tan sólo de $270 pesos. A nivel provincial los números también difieren y van desde 1.150 a 2.030 pesos por hijo/a[1].

Para poner un ejemplo vamos a usar el caso del Consejo del Niño, Niña y Adolescentes donde abundan por montoneslos contratos precarios y los contratos de índole políticos, además, los trabajadores sufren una política de maltrato que busca su sumisión.

En el CAT 2 (Centro de Atención Transitoria) dependiente del consejo, por ejemplo, se dan situaciones de persecución y listas negras contra sus trabajadores que en su gran mayoría son monotributistas (precarizados, sin cobertura de ART o estabilidad laboral).Los trabajadores vienen denunciando situaciones irregulares y/o la vulneración de los derechos de los niños y niñas que transitan por este organismo. Institución que coordina Patricia Dodera esposa de Nestor Abbas (conocido por haber acompañado a Rodríguez Larreta en el PAMI), que no tiene la formación técnica necesaria para desarrollar un puesto de tal magnitud.

En otra de las áreas de este organismo, la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, los trabajadores contratados (bajo la modalidad “210”) superan 3 a 1 a los trabajadores de planta.Los cargos de “210” son en su mayoría del cuerpo de seguridad y de coordinadores de los dispositivos.Bajo la modalidad un trabajador puede llegar a triplicar en sueldo a uno de planta, mostrando la mirada punitivista del gobierno de Larreta[2].

Un trabajador de planta, que demostró estar calificado para su puesto y realizo un concurso público para acceder al cargo, tiene un sueldo que va entre los 24mil y los 28mil pesos en mano (sin poder traspasar la barrera de la pobreza). Planteando así, sólo en sueldos se gasta entre 3 y 4 veces más en “seguridad” que en operadores sociales o trabajadores de equipos técnicos. Además de que las designaciones de coordinadores o directores de estos institutos se realizan sin respetar la antigüedad ni la idoneidad para el cargo, menos la carrera administrativa.

Desde hace varios años y bajo la premisa de que los derechos de la niñez necesitan trabajadores con derechos, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) viene exigiendo al gobierno de la Ciudad y a la Presidenta del consejo, Karina Leguizamón,que llamen a los gremios estatales y municipales para sentarse a discutir la confección de un convenio colectivo propio. Fundamentalmente ante lasnecesidades y emergentes del sector de la administración publica que trabaja con poblaciones muy vulnerables. También se viene marcando que en el distrito más rico del país, el porcentaje que se gasta en políticas públicas de niñez es irrisorio y sumado a la distinción/discriminación entre el sur y el norte de la Ciudad Autónoma.

Larreta demuestra que a diestra y siniestra es el más fiel representante del macrismo en la ciudad y que mientras vulnera los derechos de los trabajadores, la emergencia de la niñez se agudiza y día a día se vuelve más dolorosa.

* Productor periodístico del programa de radio "Cabezas de Radio" que se emite los sábados de 9 a 12 hs en radio Ahijuna (FM 94.7). Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA

Bibliografía:
[1] http://atecapital.org/noticia/larreta-no-quiere-a-tus-hijos-ni-a-tu-familia
[2] https://www.marcha.org.ar/todos-estos-aprietes-y-hostigamientos-son-la-parte-mas-oscura-de-la-precarizacion/

No hay unidad sin bases… No hay unidad sin programa

Nicolás Sampedro 30 de septiembre de 201928 de mayo de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Nicolás Sampedro*

Los reclamos por la unidad del Movimiento Obrero Organizado no son algo nuevo en el discurso de los sectores asalariados ya sean los registrados como los informales o desocupados. Prácticamente todos los sectores asociados a lo nacional y popular, fundamentalmente luego de los gobierno de Perón, sostiene la importancia de la unidad. Pero a lo largo de la historia y como no podría ser de otra manera, los intereses particulares, las mezquindades y las diferencias políticas han sido motivos de divisiones en el sindicalismo.

Cabe resaltar que en la vereda de en frente se encuentran, por un lado la retórica liberal que defenestra a la actividad gremial (por considerarles un obstáculo) y que cree que el mejor sindicato es el que no existe; y las expresiones troskistas que reivindican el sindicalismo clasista como referencia en una orgánica propia.

Una de las particularidades de Argentina respecto del resto de los países de la región es una tradición sindical muy fuerte (equiparable a la de México) que en la actualidad la ubica en el segundo lugar detrás de Uruguay, con un 39% del total de les trabajadores sindicalizados[1].

El Movimiento Obrero Organizado ha sido a lo largo de su historia un factor determinante para sostener y mejorar las condiciones laborales de les trabajadores, sean del sector que sean. Con sus más y sus menos, con sus bemoles, el sindicalismo siempre tuvo un papel fundamental en la vida política del país. Quizás el mejor ejemplo fue la gesta del Cordobazo donde junto con les estudiantes enfrentaron la represión en Córdoba.

Agustín Tosco en las movilizaciones del Cordobazo

Distintas son las teorizaciones y las corrientes de pensamiento respecto del lugar que deben ocupar los sindicatos. No es intención de esta reflexión indagar en esas disputas teóricas, pero sí analizar lo que puede devenir en el caso argentino.

En días recientes parecen haber comenzado a vislumbrarse algunas posibilidades reales para, no sólo avanzar en la unificación de la Confederación General del Trabajo (CGT), sino en reincorporar de los gremios nucleados en la CTA de los Trabajadores, muchos de ellos, gremios que se fueron de la CGT a principios de los 90 ante la postura cegetista frente al menemismo.

Si bien durante mucho tiempo se pronunció la tan ansiada unidad, la realidad es que hasta el momento no había habido avances significativos en dicho proceso. Todes hablaban de la necesidad de unirse, pero del dicho al hecho, suele haber un trecho; y a veces muy grande. Al parecer tuvo que llegar al gobierno Mauricio Macri y que se diera una destrucción significativa de los derechos conquistados para que esa proclama no quede en mera letra muerta.

Luego de casi cuatro años de gestión cambiemita la pérdida de derechos de les trabajadores, el cierre permanente de fuentes de trabajo, fundamentalmente las PyMEs, que son las que dan aproximadamente el 70% del empleo registrado (18.478 PyMEs cerradas entre diciembre de 2015 y abril de este año[2], que es equivalente a la pérdida de un empleo cada aproximadamente 40 minutos), el proceso de unificación parece comenzar a tomar fuerza.

La reciente participación del Secretario General de Camioneros, Hugo Moyano (que recientemente fue ratificado como conductor del gremio por octava vez[3]), como referente del Frente Sindical junto a los gremios que permanecieron en la conducción de la CGT[4]; o las declaraciones del Secretario General de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, que señaló que el 3 de octubre la central sindical tendrá su congreso general para debatir la reincorporación a la CGT, dan cuenta de esos avances. “Hay que ir a la unidad y la unidad es en la CGT”[5], sostuvo.

Lo novedoso de este septiembre, más allá de las declaraciones de intención (y un trabajo de hormiga desde el silencio que viene desde hace por lo menos un año), es que ahora parece comenzar a materializarse esa posibilidad concreta de una unificación sindical. Obviamente exceptuando la retórica troskista que sólo saca rédito si critica las formas burocráticas del funcionamiento de estas centrales (obviamente porque no conducen ni una bicicleta y cuando lo hacen solamente busca acumular fuerza propia).

“Tenemos la esperanza de que los dirigentes más jóvenes puedan capitalizar los errores que cometimos los más veteranos para no reiterarlos, será en beneficio de todos“[6], sostuvo Hugo Moyano en declaraciones a la prensa. Quizás gran parte de las centrales estén predispuestas, aunque encontrarán un hueso duro de roer en la CTA Autónoma conducida por Ricardo Peidró y Hugo “Cachorro” Godoy quienes han manifestado en varias oportunidades sus diferencias y su negativa a volver a la CGT.

Sin dudas las intenciones de reunificar a las centrales sindicales tienen que ver con un momento muy particular y complejo de nuestro país. El Movimiento Obrero Organizado será un factor clave en la propuesta de Alberto Fernández de realizar un gran Pacto Social. Junto a empresarios y a representantes del Estado, habrá que ver cómo se ordenan las fichas para reactivar una economía maltrecha y muy deteriorada y condicionada por cuatro años de desregulaciones y liberalización económica del macrismo.

En este escenario el sindicalismo no sólo podrá servir como paredón para que les trabajadores no sigan perdiendo derechos y poder adquisitivo, al tiempo que sirva como elemento de contención social ante la compleja situación que se avecina.

El reingreso a la CGT de los gremios que hoy hacen parte de la CTA de los Trabajadores que conduce Yasky, será sin dudas un espaldarazo para los integrantes del Frente Sindical para el Modelo Nacional que contiene a la Corriente Federal de los Trabajadores que encabeza Sergio Palazzo de la Bancaria, a Camioneros con los Moyano a la cabeza, o al SMATA de Ricardo Pignanelli, que tienen marcadas diferencias con los sectores tradicionales y más conservadores representado en “los gordos”.

Habrá que ver cómo se van limando asperezas y cómo se reordenan los distintos gremios de la CTA de los Trabajadores, ya que la CGT no permite a más de un sindicato por rama, lo cual impediría la convivencia, por ejemplo, de Suteba y Udocba ¿Se unificarán en uno de ellos? ¿Conformarán un nuevo sindicato unificando ambas estructuras? ¿Se modificará el estatuto de la CGT para posibilitar que ingresen tal y como están? Preguntas que surgen y que el tiempo irá debelando.

Lo cierto es que la reunificación de las centrales sindicales y la conformación de una única CGT será un factor clave para los desafíos que se vienen en el país. De la proclama a la concreción hay un trabajo arduo y complejo que deberán darse los gremios, pero el momento histórico lo amerita. Habrá que ser pacientes y trabajar para que la tan ansiada unidad pueda materializarse.

Pero tal y como lo resaltaba recientemente el Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor el “Gringo” Amichetti: “Es necesario para el gobierno, tener la unidad de los trabajadores y de los sectores nacionales que apuestas a que haya una reactivación económica, que abandonemos definitivamente esta especulación financiera, pero para eso tiene que haber una participación activa y directa de los trabajadores y de los demás sectores que forman parte de la producción. La unidad va a servir en la medida que apuntemos a eso”[7].

Amichetti, retomando preceptos lanzados por hace algunas décadas por la CGT de los Argentinos, señalaba en una publicación en redes sociales que “No hay unidad sin bases. No hay unidad sin programa. Los trabajadores necesitan una sola CGT para oponerse a la entrega, para encabezar el avance del pueblo hacia la reconquista del poder”[8].

* Periodista especializado en temas internacionales, conductor del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio UNLP), productor del programa Columna Vertebral (Radio Estación Sur - FM 91.7), columnista del programa La Marea (Radio Futura – FM 90.5) editor de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

[1] https://www.iprofesional.com/notas/280448-industria-inflaci%C3%B3n-tasa-La-Argentina-es-el-segundo-pais-con-mayor-sindicalizacion-de-Sudamerica
[2] https://www.pagina12.com.ar/221169-el-pymecidio-y-el-bono-de-5000-pesos
[3] http://www.infogremiales.com.ar/noticia.php?n=59723
[4] https://www.ambito.com/la-cgt-y-moyano-pusieron-primera-busca-del-camino-la-unidad-n5056356
[5] https://750.am/2019/09/27/hugo-yasky-hay-que-ir-a-la-unidad-y-la-unidad-es-en-la-cgt/
[6] https://www.baenegocios.com/politica/Moyano-cree-posible-la-unidad-del-movimiento-obrero-en-2020-20190902-0088.html
[7] https://radiografica.org.ar/2019/09/26/amichetti-tener-en-claro-para-que-nos-unimos/
[8] https://sindicalfederal.com.ar/2019/09/26/amichetti-unidad-para-la-victoria/

Los “desechos” de un saqueo exitoso

Nicolás De La Iglesia 30 de septiembre de 201928 de mayo de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Nicolás De La Iglesia*

Lejos quedó ese discurso de la alianza cambiemos que los puso como outsiders, osea como personas por fuera de la política tradicional. Ellos se vendieron como una bocanada de aire fresco en medio de una cultura política plagada de vicios.

Cuatro años después hay cientos de miles de víctimas del exitoso plan diseñado por quienes nos gobiernan. Víctimas no en sentido figurativo sino literal, tan literal que duele. A las personas que murieron de hambre, de frío, por gatillo fácil, ahora se suma José Bulacio. Él es el obrero que el martes pasado murió tras un derrumbe en el aeropuerto de Ezeiza. Una víctima más de un estado ausente, que prefirió presionar a los contratistas para inaugurar una obra en campaña, que la vida de los obreros.

La tragedia dejó a diez obreros heridos de gravedad y una vez más deja expuesto a un gobierno con un profundo odio de clase. Según se dio a conocer en distintos medios había aproximadamente sesenta empresas trabajando en la renovación del aeropuerto. La obra tenía cientos de irregularidades y había sido denunciada por la UOCRA, ante el Ministerio de Trabajo. En la denuncia se explicita que no había medidas de seguridad, que el personal no había sido capacitado en caso de emergencias, que los obreros no se encontraban registrados, que había 100 trabajadores en 200 metros cuadrados; entre otras irregularidades.

Todo queda entre “amigos”

Para desentrañar quiénes están detrás de esta tragedia hay que pensar, en primer lugar, en Guillermo Dietrich, el ministro de transporte. Quien tres días después de la denuncia estaba comiendo un asado con los obreros [2]. El funcionario se desentendió y negó que hubiesen denuncias contra la obra. Como si fuera peor, sus problemas no terminan en el aeropuerto sino que también se encuentra imputado, junto con el ex director de vialidad Javier Iguacel, por irregularidades en la concesión de los peajes de las autopistas. En esta ocasión, se autorizó a distintas empresas, entre las que se encuentra Iecsa, de Angelo Calcaterra, a seguir cobrando peajes y certificados de obra por 30 mil millones de pesos cuando los contratos habían finalizado.

Volviendo a Ezeiza. Entre los dueños de las empresas que estaban vinculadas con la construcción de la obra, no sorprenderá encontrar el nombre de Nicolás “Niky” Caputto, “hermano” del presidente. El empresario, cónsul de Singapur y vicepresidente del PRO, contaba con una de sus empresas TGLT trabajando en la obra.

Este empresario es denominador común en muchos de los negociados que hizo el gobierno con la obra pública, de hecho el empresario es el mayor desarrollador inmobiliario en Puerto Madero. Quien está detrás de una maniobra que busca, por decreto, acelerar el traspaso de la jurisdicción del Puerto de Buenos Aires, de la Nación a la Ciudad. ¿Qué hay detrás? La intención de vender terrenos que pertenecen al Puerto Sur para hacer un negocio multimillonario.

Como si no fuera poco es, el “hermano del alma” del presidente quien reclama al ejecutivo el pago de unos 215 millones de pesos que adeudan para la construcción de un reactor multipropósito en el Centro Atómico de Ezeiza. Por esta deuda el empresario optó por suspender la obra dejando a casi cien familias sin ingresos. Esto se suma a las constantes denuncias contra la Comisión Nacional de Energía Atómica por el constante desfinanciamiento del sector, en donde temen que se terminen privatizando instalaciones.

¿La “nueva” política?

Una mención aparte hay que hacerle a Mauricio Macri quien dio su pésame, al pasar, en medio de la inauguración de un metro bus en la ciudad de Florencio Varela, de donde era Bulacio. El silencio del presidente y de María Eugenia Vidal sólo deja en cuestión la falta de humanidad de dos candidatos que sólo ven en el pueblo un número más para engordar sus porcentajes de votos y que sólo tienen oídos para el coaching que tan bien practican.

El relato oficial sobre la obra pública se cae a pedazos con estadísticas que muestran que no sólo no se hicieron más obras públicas que durante la gestión Kirchnerista, sino que las pocas obras que hicieron salieron mucho más caras que lo presupuestado [3]. La alianza se está quedando sin discursos para intentar no ser aplastados en octubre. Y lo cierto es que sin una gestión que los respalde están desesperados por inaugurar obras.

La volatilidad de la agenda mediática hace que las noticias sean cada vez más efímeras y se pierdan de una semana a otra. Sin embargo, es necesario hacer el esfuerzo de retomar ciertos temas y no olvidar los muertos que dejó, a lo largo de estos cuatro años, el macrismo. El martes pasado fue José, el padre de cuatro hijos. Nada más figurativo que la muerte de un obrero, producto de la impericia de un gobierno que lejos de ser la “nueva” política, representa un modus operandi rancio y viciado.

No hay que permitir, bajo ningún concepto, que se repita el discurso que afirma que la crisis desatada por esta gestión fue producto de torpeza a la hora de gestionar. Cambiemos no tuvo un mal plan de gobierno, lo que pasó durante estos cuatro años fue producto de voluntad política. Confundir la ineptitud con un excelente plan de saqueo y sumisión al imperialismo es un error que no hay que dejar pasar. La muerte de José Bulacio fue producto de una decisión política, en donde primaba la inauguración de una obra por sobre la seguridad de los que allí trabajaban. Lo más terrible es que los trabajadores son, y siempre fueron, desechables para esta casta.

*Periodista, columnista sobre Europa del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390) responsable de redes de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

Bibliografía:
[1] https://www.pagina12.com.ar/220575-ezeiza-habia-una-orden-para-suspender-la-obra
[2] https://twitter.com/Guillodietrich/status/1173697457466875906
[3]https://www.ambito.com/informe-tecnicos-vialidad-contradice-discurso-oficial-cambiemos-realizo-menos-obras-que-el-kirchnerismo-n5041848

Elecciones en Bolivia: las maniobras de la derecha para desgastar al gobierno de Evo Morales

Miranda Cerdá 30 de septiembre de 201928 de mayo de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Miranda Cerdá Campano*

A diferencia de otros procesos electorales en la región donde la participación yanqui ha sido más pronunciada, en Bolivia el intervencionismo norteamericano al menos parece más silencioso. Sin embargo, la campaña made in USA para acabar con Evo Morales comenzó en 2006, con su arribo a la presidencia.

Desde aquel día, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas inglés) ha operado por su cese a la cabeza del gobierno y la situación llegó a un punto de quiebre en 2008, cuando Bolivia expulsó del país al embajador yanqui, Phillip Goldberg, y al agregado de seguridad, Vincent Cooper, acusados de promover el separatismo de los departamentos de la “Media Luna”, la rica región de los llanos orientales junto a Chuquisaca. El día previo a la salida de Goldberg, Eva Golinger y Jeremy Bigwood –investigadores de políticas de intervención en América– habían revelado 14 documentos desclasificados con los detalles del trabajo de la USAID y de la DEA en Santa Cruz, “bastión de la extrema derecha, el neofascismo y los movimientos separatistas violentos de Bolivia”.

Escenario electoral

El desempeño de la economía boliviana durante la última década ha sido por lo menos envidiable y, sin embargo y pese a haber sorteado de la mejor manera posible la coyuntura adversa en la región desde 2015, también ha sufrido el impacto del contexto internacional. La crisis económica en Argentina, país con el que Bolivia está fuertemente ligado en el comercio internacional, generan nuevos desafíos externos. Y a la interna, el mayor riesgo viene motivado, precisamente, por la previsible fijación del foco internacional, con EEUU a la cabeza, para embarrar la cancha de modo similar a lo ocurrido con otros gobiernos progresistas en la región. Y en este sentido, los incendios en la Chiquitanía le han venido como anillo al dedo a los secuaces de Washington en el país.

Es en este complejo contexto regional que la restauración conservadora procura ganar el pulso geopolítico regional con el “no hay alternativa” como bandera. Pero el caso boliviano contradice todo su relato. La gestión de Evo Morales supo entender que la demanda interna era la base sólida del crecimiento económico y la que permitiría tener capacidad de amortiguar cualquier shock externo adverso. Las políticas redistributivas en materia de derechos sociales son las que se lograron financiar con recursos que antes se iban del país. La nacionalización de sectores estratégicos evitó la fuga y demostró, además, que lo estatal es capaz de presentar un funcionamiento eficaz y eficiente en clave económica.

Bolivia demostró que se puede tener una inserción soberana contra la restricción interna, que se puede desdolarizar la economía sin dejar de tener un sistema financiero sólido, que se puede tener estable el nivel de precios, al mismo tiempo que el consumo crece, y que se pueden reducir las desigualdades y la pobreza mientras la economía sigue creciendo a un ritmo récord en Nuestra América.

Sin embargo, por primera vez, Evo, que busca su tercera reelección, no tiene asegurada la victoria. El 12 de octubre de 2014 se realizaban las más recientes elecciones generales en Bolivia, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales conseguía 61 por ciento de los votos. Sin embargo, menos de un año y medio después, el 21 de febrero de 2016, la opción por la repostulación de Evo Morales obtenía 48.7 por ciento de los votos, frente a la opción opositora en defensa del “no”, que obtenía 51.3 por ciento de los sufragios.

Hay 2 motivos que pueden explicar ese 49 por ciento obtenido por Evo y el MAS. Por un lado, y a semejanza de la mayoría de procesos latinoamericanos que han superado la barrera de los 10 años, hay por lo menos una pérdida de la mística del proceso y de la capacidad de seducción a algunos sectores. Por otro lado, y también de manera similar a lo sucedido en otros países, la guerra mediática contra la figura de Evo, representada en el Caso Zapata, tuvo una incidencia importante sobre el imaginario de los votantes, especialmente en las clases medias urbanas.

El Caso Zapata no pudo tener mejor timing: tres semanas antes del referéndum del 21 de febrero, y esa fue sólo la primera parte de la conspiración. El actor escogido para dar inicio a la segunda fase fue Carlos Valverde, un paramilitar de extrema derecha, ex Jefe de Inteligencia del Gobierno de Paz Zamora, que acusó a Evo por tráfico de influencias. Detrás de Valverde, como no podía ser de otra manera, estaba el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan. Casualmente, con la denuncia a Evo, se encontraban bajo ataque las inversiones chinas y rusas en el país.

Entendiendo que esas personas que votaron por el “no” en el referéndum no votarían por la fórmula de Morales y García Linera, existen probabilidades de que, de concretarse una segunda vuelta, el Movimiento al Socialismo no gane, pese a que Evo sea el candidato con mayor intención de voto de cara a las elecciones generales del 20 de octubre.

Las huellas del Imperio

A principios de agosto llegó a Bolivia un enviado de Donald Trump, Michael O Reilly, Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental, para “observar” la situación boliviana. A esto hay que sumarle que mientras Evo Morales ha manifestado su rechazo a cualquier injerencia imperialista en Bolivia defendiendo la soberanía y la dignidad nacionales, Oscar Ortiz y Carlos Mesa, los principales candidatos opositores, se han pronunciado por la inmediata reanudación de relaciones diplomáticas entre La Paz y Washington. Incluso, en abril de este año, los parlamentarios del partido de Ortiz le habían pedido a Trump intervenir en Bolivia para impedir la candidatura de Evo, y Mesa tiene antecedentes de haber gestionado la inmunidad para que tropas norteamericanas ingresaran a Bolivia cuando fue presidente interino en 2004.

De igual manera, frente a los gobiernos de Cuba y Venezuela, Mesa y Ortiz aborrecen las relaciones de apoyo mutuo y manifiestan críticas a los gobiernos de estos países en convergencia con la administración de Trump, al mismo tiempo que respaldan las políticas de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil.

Los incendios en el bosque de Chiquitanía le permitieron a una débil oposición responsabilizar a Evo por la quema de 500 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Inmediatamente se dio paso a una agresiva campaña en redes sociales y medios de comunicación contra el presidente, acusando que el decreto 3973 y la Ley 741 son los que permiten la desforestación y la quema controlada para actividades orientadas a la agricultura y la ganadería.

Se llama a que el gobierno decrete desastre nacional y se convoca a un paro indefinido a partir del 10 de octubre para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral renuncien, pero estos sólo son los pretextos; la verdadera causa es que Evo se encamina a conquistar un nuevo periodo de gobierno.

Respondiendo al pedido de algunos comités cívicos, Adriana Salvatierra, presidente el Senado, afirmó que se decreta desastre “cuando ya el Estado no tiene la capacidad económica ni técnica para resolver el conflicto”. En este sentido, desde el mes de febrero existe una declaratoria de emergencia en el país, aún vigente, que ha permitido el movimiento presupuestario y el ingreso de la cooperación internacional. Además, datos oficiales indican que el gobierno boliviano empleó unos 15 millones de dólares para atender la emergencia de manera inmediata, con despliegue humano y logísticos, y el presidente declaró pausa en su campaña electoral para destinar todos los esfuerzos a la atención de la emergencia en la Chiquitanía, al mismo tiempo que determinó “pausa ecológica” para atender los incendios.

Golpes de efecto de este tipo, inciden en los sondeos: hoy, ninguna encuesta acerca al Movimiento al Socialismo a las cifras que le permitieron ganar tres veces de manera consecutiva en primera vuelta. La intención es clara: sentar las bases para un proceso de deslegitimación en su contra.

La singularidad de Bolivia al día de hoy es que integra el bloque regional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la que tres de sus principales integrantes, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son considerados por Estados Unidos como la “troika tiránica”. Los fallidos intentos de desestabilizar a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua han llevado a Estados Unidos a poner en marcha nuevas formas de guerra que incluyen sanciones, y en el caso venezolano la promoción de un gobierno paralelo.

En este contexto, Bolivia puede estar en la antesala de un proceso similar de ablandamiento que permita atacar la principal fuente de estabilidad política: la economía. El proceso electoral boliviano, se enmarca en un contexto regional en el que Estados Unidos ha optado por criminalizar y perseguir a sus adversarios geopolíticos regionales hasta verlos caer.

*Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón

Abortamos mandatos culturales

Revista Trinchera 30 de septiembre de 201928 de mayo de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Por Floren Luengo*

En ocasión a los “pañuelazos” sacudidos por el Día Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito del pasado 28 de septiembre, es necesario detenerse a reflexionar acerca de qué significa concebir el aborto como práctica devenida en problemática social por la falta de regulación del Estado.

Cuando las mujeres deciden interrumpir un embarazo no deseado, lo que está sucediendo en las tramas de tal acto es el rechazo político a un mandato cultural que establece que los cuerpos gestantes están hechos, en principio, para la reproducción social.

El sistema capitalista (excesivamente acumulador), requiere de los cuerpos gestantes para asegurarse de tener abundante mano de obra barata, así como una abrumadora masa de personas consideradas para el neoliberalismo, como potenciales consumidoras de un mercado trasnacional. Del mismo modo, el presente mandato cultural se establece por un orden social en el cual el valor de una persona en gira en torno a la presencia o ausencia de un falo. Así es como opera el género como categoría de poder en las maneras de vinculación.

Ahora bien, lo importante para tener en cuenta al momento de debatir acerca del Aborto Legal Seguro y Gratuito, no es si se opta por la positiva o por la negativa. La realidad es que los abortos existen, son prácticas ancestrales y milenarias que practican las mujeres y que por esto mismo han sido criminalizadas. El caso de la histórica quema y persecución de Brujas, es un ejemplo clave.

Quienes pueden lo hacen en clínicas privadas -son tarifas excesivamente caras en donde se paga tanto el silencio como la práctica-, y hay quienes también lo hacen en espacios clandestinos con alto riesgo de perder la vida y secuelas en los cuerpos y subjetividades. La cuestión es ¿Cómo hacemos para que no mueran más pibas por abortos clandestinos?

Penalizar el aborto, en este marco, puede tener varios significados. Por un lado, el aborto puede pensarse como la naturalización de una de las tantas formas de violencia sobre las mujeres, cuya problemática social interpela a las estructuras de la sociedad, quienes ofrecen como respuesta la criminalización sobre los cuerpos gestantes. En ese sentido, tal pena es interpretada desde el biologicismo determinista y capitalista reinante en los discursos médicos, morales y éticos sobre qué valor tiene ser mujer sino el de ser madre.

Otra arista interesante, si de debatir el aborto se trata, es comenzar a tener presente que muchas veces los discursos en los medios hegemónicos de comunicación desinforman e instalan la idea de que, de permitirse el aborto legal, cada una lo haría simplemente cuando quiera. Como si se tratase de ir a pagar la boleta de luz, básicamente.

Para batallar tales posiciones, una respuesta posible es que el aborto (causal de muerte en mujeres) es lo último a lo que se quiere llegar si antes las personas –independientemente de su género y sexo autopercibido-, reciben Educación Sexual Integral durante toda su escolaridad. Si además, manejan la información y pueden asistir a un sistema público de salud para acudir a métodos de prevención de embarazos no deseados así como de enfermedades de transmisión sexual.

La exigencia de la despenalización es para que no existan más personas muertas por tener que acceder a realizarse abortos de manera clandestina, sin asistencia psicológica ni médica, y sin la información necesaria para saber dónde recurrir cuando se decide interrumpir un embarazo no deseado.

En Nuestramérica, se calcula que el aborto efectuado en forma clandestina, es la causa de una de cada tres muertes maternas y de aproximadamente 800 mil hospitalizaciones por año.

En parte por ello y, sumado a la tensión que generan los movimientos de mujeres y disidencias, entre los años 2000 y 2017, 33 países ampliaron las circunstancias bajo las cuales el aborto es permitido legalmente. Y esto continúa. En el último mes, en Ciudad de México se logró despenalizar el aborto; pudiendo las mujeres decidir interrumpir voluntariamente el embarazo durante las 12 primeras semanas de gestación.

En Argentina, aún se lucha contra las ideas que tienen peso y regulan el orden jurídico y social. Como se menciona en líneas anteriores, la problemática social del aborto existe sólo que el Estado hace oídos sordos. En mayo de este año se presentó por 8va. vez el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación. Fue denegado.

En la actualidad, el aborto solo se considera “no punible” cuando puede desencadenar en un peligro para la salud de la mujer o cuerpo gestante, y/o cuando el embarazo es producto de una violación. En realidad, lo que más pesa en esos casos, es la objeción de conciencia de gran parte de las profesiones liberales como la medicina y la abogacía.

Por esto y mucho más, desde los movimientos de mujeres y disidencias se proclama por el derecho al deseo y goce sexual de las mujeres y cuerpos gestantes. Se lucha por dejar de hablar del aborto desde el tabú y el miedo, y comenzar a complejizarlo como una problemática social, de salud pública pero también de decisión y autodeterminación de los cuerpos y posicionamientos políticos de las mujeres.

* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), redactora de Revista Trinchera, editora del portal Luchelatinoamérica y colaboradora de Agencia Timón.

La máquina de destruir empleos

Nasim Iusef Venturini 30 de septiembre de 201918 de julio de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Por Nasim Iusef Venturini*

Se perdieron 148.000 empleos en el sector privado durante el último año; no hay bono que revierta la crisis.

Ya pasaron casi 4 años de la Alianza Cambiemos en el gobierno y los resultados son calamitosos. Las propuestas de que la liberalización de las fuerzas del mercado iban a traer alegría y felicidad al pueblo siempre fueron una mentira, solo que cambió la cantidad de gente que sigue creyendo en ese pensamiento cuasi mágico, dada la evidente crisis a la que nos sumergió el paquete de políticas que implementó el macrismo.

El despilfarro fue inaudito. Se tomó deuda en los mercados internacionales por más de 100 mil millones de dólares en menos de dos años (mayo 16- febrero 18) y luego al no poder conseguir los dólares para afrontar los compromisos de deuda, acudieron al FMI solicitando el préstamo más grande de la historia de la institución que a los pocos meses tuvo que ser reformulado, alcanzando los 57.400 millones de dólares.

La noticia de la semana^[1] fue el no desembolso de los 5.400 millones de dólares por parte del FMI a la espera de las elecciones presidenciales de fines de octubre. El organismo ya desembolsó el 78% del total del préstamo en menos de un año y la economía en estos últimos meses lo único que mostró fue la profundización de una crisis en la que hay severas responsabilidades por parte de la gestión de la política económica. Ni las condiciones en materia fiscal y monetaria que se acordaron tuvieron el efecto virtuoso de recomponer la marcha de la economía.

Lo perverso del plan es la profundización de la dependencia. El aumento de la deuda en dólares, que sirvió para financiar un nuevo proceso de financiarización y especulación de la economía demuestra cómo las estrategias de dominación hoy por hoy pasan por el endeudamiento brutal y los condicionamientos a las políticas económicas soberanas.

Con la renegociación del acuerdo con el FMI de septiembre del año pasado, se confirmó que en menos 4 años (2020-2023), se tendrá que pagar casi la totalidad del capital adeudado (información de la evolución de la deuda externa)^[2], condicionando la política económica para pagar un endeudamiento que nada generó en términos de creación de empleo y desarrollo de la economía.

Recordando a Rodolfo Walsh, y sus palabras en la Carta Abierta a las Juntas Militares, vemos como ese proyecto de miseria planificada fue reeditado por la Alianza Cambiemos que, con el mismo andamiaje teórico de política económica, profundizó la desigualdad, la pobreza y la desesperanza.

La profundidad de la crisis se manifiesta a diario. Más cantidad de personas revolviendo la basura para poder comer, son consecuencias directas de un programa económico que destruyó la capacidad de generar empleo de la economía.

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda^[3] en el último año, se destruyeron 148.000 puestos de trabajo en el sector privado, es decir que por día 478 trabajadores se quedan sin su fuente laboral en un contexto de creciente desocupación.

Ante la situación de crisis que nos condujeron las políticas económicas de la actual gestión, el gobierno desesperado por juntar algunos votitos, le exige a las empresas del sector privado que den un bono a sus trabajadores por $5.000 para compensar el descalabro post PASO. Lo que olvidan es que para recomponer el poder adquisitivo de hace un año, es necesario un aumento de alrededor del $14.000, por un lado y por el otro que las ventas y la actividad económica se recompongan, para así disponer de los fondos para cubrir dicho bono.

Como perro que se muerde la cola, el macrismo termina la gestión aplicando mal las medidas que tanto criticó de la gestión anterior, defaulteando deuda para llegar a fin de año y con un proceso de deterioro del tejido social que se profundiza, mientras desde las voces oficiales se exacerba la violencia y la confrontación.

No servirán 30 anuncios ni 30 marchas oficialistas para revertir la crisis. El descalabro económico y social que está dejando el macrismo, tiene que servirnos como experiencia para no volver a cometer los mismos errores del pasado, para mejorar la gestión y la ejecución de las políticas públicas donde los derechos sean efectivos y donde nuestra sociedad no vuelva a ser engañada por cantos de sirena que nos condujeron a esta situación actual de naufragio.

* Lic en Economía, integrante del colectivo "Economía a pata", Co-conductor de “Promocionando la Salud” (Radio Futura – FM 90.5), responsable de la sección Economía de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

Bibliografía:
^[1] https://www.ambito.com/lacunza-almuerza-el-fmi-siguen-negociando-giro-us5400-millones-n5056484
^[2] https://www.argentina.gob.ar/hacienda/finanzas/presentaciongraficadeudapublica
^[3] https://www.ambito.com/en-2019-se-perdio-un-puesto-trabajo-cada-minuto-y-medio-n5057021

A donde vayan los iremos a buscar

Maia Cubric Maiz 30 de septiembre de 201928 de mayo de 2020

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Maia Cubric*

¿Qué te provocaría cruzarte a un genocida haciendo un trámite en el Anses? ¿Y tomando un café como un civil más? ¿Qué harías sabiendo lo que hizo? O mejor dicho: ¿Cómo sería toda esta escena si fuese tu familiar, una de esas personas desaparecidas que ellos se niegan a explicar dónde está?

En Argentina los genocidas pretenden transitar las calles con tranquilidad, por eso el abogado defensor del genocida represor Jorge “Tigre” Acosta, implicado en causas de delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica presentó ante la justicia el pedido de libertad condicional para su defendido.

El 27 de agosto Acosta entró al Anses de la calle Córdoba 1100, en Capital Federal, escoltado por dos policías y con una orden judicial que avala su salida momentánea para realizar el trámite. Ante esta situación, diverses militantes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), repudiaron de forma pública el suceso y denunciaron como violenta la presencia de genocidas en cualquier lugar que no sea la cárcel común.

¿Quién fue precisamente “El Tigre” Acosta? Fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) y existen 82 casos probados en su contra como genocida y torturador. Además, en su condena, se detalla la responsabilidad y participación en el plan sistemático de robo de bebés y en los llamados vuelos de la muerte.

El caso del tigre Acosta no es el único de estas características. Y es que, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, pareciera que a los genocidas se los deja caminar por cualquier lugar. En su momento, se lo vio tomando mates en la playa a Miguel Etchecolatz. Acción que fue repudiada por el pueblo argentino y por la ciudad de Mar del Plata, con un claro pedido de cárcel común para los dictadores. Etchecolatz, implicado en la logística y la práctica de crímenes de lesa humanidad; acusado por Jorge Julio López en el Juicio Por la Verdad de La Plata y posteriormente imputado por su segunda desaparición; gozaba de pasear por las playas cercanas al Bosque Peralta Ramos, donde “cumplía” su condena, gozando de prisión domiciliaria.

La impunidad también viaja en colectivo; el 25 de marzo, luego de recibir una condena de ocho años por crímenes de lesa humanidad, Leopoldo Luis Baume se tomó un micro desde el tribunal Comodoro Py a La Plata. En la paz de la ruta y acompañado de su esposa, es otro de los tantos casos en los que los genocidas parecen burlarse de la sociedad. Baume fue condenado por la privación ilegal de la libertad y la tortura de Julia Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, Pablo Bernardo Szir, Delia Bisutti y María Cristina Ferrario en el Centro Clandestino de Detención Sheraton. Actualmente goza de prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata, en la calle 49 Nro 867; 1A.

Por otro lado, el pasado 10 de Septiembre Eduardo Ascheri fue fotografiado en un café en San Martín, a cuadras del Tribunal Federal Oral Nro 14, que lo juzga por los crímenes de lesa humanidad en los que está implicado. Ascheri, está acusado de 33 privaciones ilegítimas de la libertad y en 27 de esos casos agravado por 6 allanamientos y 29 homicidios. Durante la dictadura, en el período del 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979, fue Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2), cargo a través del cual cometió los delitos por los cuales recibió la condena. La misma goza del beneficio de la prisión domiciliaria que el genocida violó al tomarse un café en el bar. Es clave destacar que la persona que descubre esta violación es Gustavo Molfino, une de les querellantes de la causa.

Más cercano, en la ciudad de La Plata, el pasado jueves no se pudo llevar a cabo el juicio oral hacia el fiscal Fabián Fernández Garello, por ausencia de legisladores y falta de quorum. Garello está procesado por el Juzgado Federal de San Martín, acusado de haber participado en los secuestros y las torturas de Ernesto Ramón Duarte, Jorge Oscar Bulacios y José Rolando Seitor (militantes del Partido Comunista), durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Fernández Garello ejerció un rol fundamental para la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Esta participación fue comprobada por la Comisión por la Memoria, espacio que inició el juicio hacia el dictador que desde la vuelta de la democracia ejerce el cargo de Fiscal General de la ciudad de Mar del Plata.

Estas experiencias son solo algunas de las que dan cuenta de la impunidad con la que estos asesinos transitan su vida en la actualidad. Toman cafés en bares, desayunan facturas en las playas, gozan todavía de pedir buen trato y comprensión por su edad, los mismos que torturaban a cualquier persona sin siquiera dudarlo.

Los nombres, los hechos, la memoria, son el único camino para impedir que gocen viviendo sus días con tranquilidad. Porque si hay algo que estos genocidas hicieron fue arrebatarle a todo un pueblo la idea de tranquilidad; fue imponer violentamente las reglas del un orden social que de no cumplirse se pagaba con la muerte. Estos mismos genocidas quieren ser juzgados desde una perspectiva humana que los comprenda como pobres viejitos, sin embargo cuando secuestraban, torturaban y mataban se olvidaban de toda humanidad.

Por un pueblo que resiste, que se negó y que se niega a olvidar, caminar por las calles no les va a ser fácil: serán perseguidos eternamente por la condena social. La cárcel perpetua, común y sin privilegios, es el único lugar que van a poder habitar.

Un gobierno que fomenta la impunidad

Como queda claro en el día a día, el gobierno actual no tiene en su agenda a los DDHH (Derechos Humanos). De hecho los viola constantemente con una política económica que hambrea a todo un pueblo, con la utilización de las fuerzas de seguridad como aparato represivo y con cada una de las medidas que se jactan de tomar. Revivieron la teoría de los dos demonios como justificativo intachable del accionar militar. Relataron el escenario de los 70’ como una guerra y no como lo que fue: un terrorismo de Estado que pretendía eliminar todo lo disidente y opuesto a los intereses del poder militar que ponía en práctica un plan de dominación nacido en el Norte.

Los mismos, se dan el lujo de ignorar los crímenes y deslegitimar las condenas hacia los genocidas, quienes todavía osan con pedir no estar en cárcel común e incluso salir a realizar trámites por la ciudad.

El mejor ejemplo de la perspectiva sobre DDHH que tiene el gobierno actual es la representante del cargo de Ministra de seguridad: Patricia Bullrich. La misma, en su momento declaró que “los demonios no eran tan demonios”, haciendo alusión al proceso dictatorial que se cobró más de 30 mil vidas en la Argentina entre 1976 y 1983. Bullrich, hoy precursora de la Doctrina Chocobar que avala a las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar; que niega cínicamente la desaparición y la posterior muerte de Santiago Maldonado. Que felicitó el accionar de los imputados en la muerte de Facundo Ferreira de 12 años; que no se hace cargo de lo que le pasó a Rafael Nahuel. La misma que hace dos semanas declaró que “en Argentina no hay hambre”, y que por eso es legitima la violencia de parte del Estado hacia las quejas de un pueblo que no tiene para comer.

“Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno, yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente… […]”
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad

Es preciso mencionar también que este gobierno promulgó el 2×1 para favorecer a los genocidas imputados por crímenes de lesa humanidad. Sin dudarlo avanzó desde su asunción contra todos los derechos conquistados por el pueblo. Pero la lucha se hizo presente en las calles para frenar ese proyecto de ley que querían sancionar allá por el 2017. Hoy, es la misma sociedad que pide la cárcel común para los genocidas; que exige la declaración de Emergencia Alimentaria; que repudia y condena fervientemente estas políticas que se burlan de la historia combativa de la Argentina y que pretenden que la memoria sea simplemente una palabra más.

Por ejemplo, en el caso contra Fabián Fernández Garello, mencionado renglones más arriba, el rechazo del pedido de Jury (enjuiciamiento conformado por representantes de los tres poderes que se lleva a cabo para juzgar a una persona del poder judicial), contó con los votos de los legisladores de Cambiemos; Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli.

El concepto de seguridad para estas políticas representa eso: violencia contra el pueblo, por ejemplo incumpliendo sus necesidades básicas, y fuerza armada para “garantizar” que la manifestación “violenta” no exista más. Dicen ser la solución, pero lo que pasa es que son el problema. “El que quiera andar armado que ande armado”, dice Patricia Bullrich y así justifica que su policía salga a disparar a quema ropa a cualquiera que le pueda molestar. El extermino de la diferencia, que para ellos son siempre quienes luchan por la igualdad, es la verdadera filosofía de este gobierno. Sus bases se construyen desde el saqueo y la mezquindad. Representan el odio en su estado puro; el poder en manos de la impunidad.

El cinismo con que exigen, las sonrisas con que desafían a la verdad, no alcanzan para callar a una sociedad que los condena porque la memoria es su identidad. No van a caminar tranquilos por las calles. No existe plata, no hay puesto de poder, que compre la condena social. Y los genocidas están condenados eternamente porque la lucha de les compañeres es imposible de borrar. Aunque el planeta sea inmenso, aunque crean que los rincones les van a alcanzar: pueden estar seguros de que siempre, pero siempre, a donde vayan los iremos a buscar.

* Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), responsable de la sección DDHH de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.

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