Por Maia Cubric*
¿Qué te provocaría cruzarte a un genocida haciendo un trámite en el Anses? ¿Y tomando un café como un civil más? ¿Qué harías sabiendo lo que hizo? O mejor dicho: ¿Cómo sería toda esta escena si fuese tu familiar, una de esas personas desaparecidas que ellos se niegan a explicar dónde está?
En Argentina los genocidas pretenden transitar las calles con tranquilidad, por eso el abogado defensor del genocida represor Jorge “Tigre” Acosta, implicado en causas de delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica presentó ante la justicia el pedido de libertad condicional para su defendido.
El 27 de agosto Acosta entró al Anses de la calle Córdoba 1100, en Capital Federal, escoltado por dos policías y con una orden judicial que avala su salida momentánea para realizar el trámite. Ante esta situación, diverses militantes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), repudiaron de forma pública el suceso y denunciaron como violenta la presencia de genocidas en cualquier lugar que no sea la cárcel común.
¿Quién fue precisamente “El Tigre” Acosta? Fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) y existen 82 casos probados en su contra como genocida y torturador. Además, en su condena, se detalla la responsabilidad y participación en el plan sistemático de robo de bebés y en los llamados vuelos de la muerte.
El caso del tigre Acosta no es el único de estas características. Y es que, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, pareciera que a los genocidas se los deja caminar por cualquier lugar. En su momento, se lo vio tomando mates en la playa a Miguel Etchecolatz. Acción que fue repudiada por el pueblo argentino y por la ciudad de Mar del Plata, con un claro pedido de cárcel común para los dictadores. Etchecolatz, implicado en la logística y la práctica de crímenes de lesa humanidad; acusado por Jorge Julio López en el Juicio Por la Verdad de La Plata y posteriormente imputado por su segunda desaparición; gozaba de pasear por las playas cercanas al Bosque Peralta Ramos, donde “cumplía” su condena, gozando de prisión domiciliaria.
La impunidad también viaja en colectivo; el 25 de marzo, luego de recibir una condena de ocho años por crímenes de lesa humanidad, Leopoldo Luis Baume se tomó un micro desde el tribunal Comodoro Py a La Plata. En la paz de la ruta y acompañado de su esposa, es otro de los tantos casos en los que los genocidas parecen burlarse de la sociedad. Baume fue condenado por la privación ilegal de la libertad y la tortura de Julia Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, Pablo Bernardo Szir, Delia Bisutti y María Cristina Ferrario en el Centro Clandestino de Detención Sheraton. Actualmente goza de prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata, en la calle 49 Nro 867; 1A.
Por otro lado, el pasado 10 de Septiembre Eduardo Ascheri fue fotografiado en un café en San Martín, a cuadras del Tribunal Federal Oral Nro 14, que lo juzga por los crímenes de lesa humanidad en los que está implicado. Ascheri, está acusado de 33 privaciones ilegítimas de la libertad y en 27 de esos casos agravado por 6 allanamientos y 29 homicidios. Durante la dictadura, en el período del 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979, fue Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2), cargo a través del cual cometió los delitos por los cuales recibió la condena. La misma goza del beneficio de la prisión domiciliaria que el genocida violó al tomarse un café en el bar. Es clave destacar que la persona que descubre esta violación es Gustavo Molfino, une de les querellantes de la causa.
Más cercano, en la ciudad de La Plata, el pasado jueves no se pudo llevar a cabo el juicio oral hacia el fiscal Fabián Fernández Garello, por ausencia de legisladores y falta de quorum. Garello está procesado por el Juzgado Federal de San Martín, acusado de haber participado en los secuestros y las torturas de Ernesto Ramón Duarte, Jorge Oscar Bulacios y José Rolando Seitor (militantes del Partido Comunista), durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Fernández Garello ejerció un rol fundamental para la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Esta participación fue comprobada por la Comisión por la Memoria, espacio que inició el juicio hacia el dictador que desde la vuelta de la democracia ejerce el cargo de Fiscal General de la ciudad de Mar del Plata.
Estas experiencias son solo algunas de las que dan cuenta de la impunidad con la que estos asesinos transitan su vida en la actualidad. Toman cafés en bares, desayunan facturas en las playas, gozan todavía de pedir buen trato y comprensión por su edad, los mismos que torturaban a cualquier persona sin siquiera dudarlo.
Los nombres, los hechos, la memoria, son el único camino para impedir que gocen viviendo sus días con tranquilidad. Porque si hay algo que estos genocidas hicieron fue arrebatarle a todo un pueblo la idea de tranquilidad; fue imponer violentamente las reglas del un orden social que de no cumplirse se pagaba con la muerte. Estos mismos genocidas quieren ser juzgados desde una perspectiva humana que los comprenda como pobres viejitos, sin embargo cuando secuestraban, torturaban y mataban se olvidaban de toda humanidad.
Por un pueblo que resiste, que se negó y que se niega a olvidar, caminar por las calles no les va a ser fácil: serán perseguidos eternamente por la condena social. La cárcel perpetua, común y sin privilegios, es el único lugar que van a poder habitar.
Un gobierno que fomenta la impunidad
Como queda claro en el día a día, el gobierno actual no tiene en su agenda a los DDHH (Derechos Humanos). De hecho los viola constantemente con una política económica que hambrea a todo un pueblo, con la utilización de las fuerzas de seguridad como aparato represivo y con cada una de las medidas que se jactan de tomar. Revivieron la teoría de los dos demonios como justificativo intachable del accionar militar. Relataron el escenario de los 70’ como una guerra y no como lo que fue: un terrorismo de Estado que pretendía eliminar todo lo disidente y opuesto a los intereses del poder militar que ponía en práctica un plan de dominación nacido en el Norte.
Los mismos, se dan el lujo de ignorar los crímenes y deslegitimar las condenas hacia los genocidas, quienes todavía osan con pedir no estar en cárcel común e incluso salir a realizar trámites por la ciudad.
El mejor ejemplo de la perspectiva sobre DDHH que tiene el gobierno actual es la representante del cargo de Ministra de seguridad: Patricia Bullrich. La misma, en su momento declaró que “los demonios no eran tan demonios”, haciendo alusión al proceso dictatorial que se cobró más de 30 mil vidas en la Argentina entre 1976 y 1983. Bullrich, hoy precursora de la Doctrina Chocobar que avala a las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar; que niega cínicamente la desaparición y la posterior muerte de Santiago Maldonado. Que felicitó el accionar de los imputados en la muerte de Facundo Ferreira de 12 años; que no se hace cargo de lo que le pasó a Rafael Nahuel. La misma que hace dos semanas declaró que “en Argentina no hay hambre”, y que por eso es legitima la violencia de parte del Estado hacia las quejas de un pueblo que no tiene para comer.
“Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno, yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente… […]”
Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad
Es preciso mencionar también que este gobierno promulgó el 2×1 para favorecer a los genocidas imputados por crímenes de lesa humanidad. Sin dudarlo avanzó desde su asunción contra todos los derechos conquistados por el pueblo. Pero la lucha se hizo presente en las calles para frenar ese proyecto de ley que querían sancionar allá por el 2017. Hoy, es la misma sociedad que pide la cárcel común para los genocidas; que exige la declaración de Emergencia Alimentaria; que repudia y condena fervientemente estas políticas que se burlan de la historia combativa de la Argentina y que pretenden que la memoria sea simplemente una palabra más.
Por ejemplo, en el caso contra Fabián Fernández Garello, mencionado renglones más arriba, el rechazo del pedido de Jury (enjuiciamiento conformado por representantes de los tres poderes que se lleva a cabo para juzgar a una persona del poder judicial), contó con los votos de los legisladores de Cambiemos; Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli.
El concepto de seguridad para estas políticas representa eso: violencia contra el pueblo, por ejemplo incumpliendo sus necesidades básicas, y fuerza armada para “garantizar” que la manifestación “violenta” no exista más. Dicen ser la solución, pero lo que pasa es que son el problema. “El que quiera andar armado que ande armado”, dice Patricia Bullrich y así justifica que su policía salga a disparar a quema ropa a cualquiera que le pueda molestar. El extermino de la diferencia, que para ellos son siempre quienes luchan por la igualdad, es la verdadera filosofía de este gobierno. Sus bases se construyen desde el saqueo y la mezquindad. Representan el odio en su estado puro; el poder en manos de la impunidad.
El cinismo con que exigen, las sonrisas con que desafían a la verdad, no alcanzan para callar a una sociedad que los condena porque la memoria es su identidad. No van a caminar tranquilos por las calles. No existe plata, no hay puesto de poder, que compre la condena social. Y los genocidas están condenados eternamente porque la lucha de les compañeres es imposible de borrar. Aunque el planeta sea inmenso, aunque crean que los rincones les van a alcanzar: pueden estar seguros de que siempre, pero siempre, a donde vayan los iremos a buscar.
* Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), responsable de la sección DDHH de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
