“Fuck El Police” Remix: el nuevo lanzamiento de Trueno y una generación que pide “basta de represión” 

“Fuck El Police” Remix: el nuevo lanzamiento de Trueno y una generación que pide “basta de represión” 

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El cantante Trueno redobló la apuesta: lanzó este 25 de Julio un remix de su tema “Fuck El Police”, single que forma parte de su último disco. Esta vez lo acompañan Sen Dong y B-Real de la banda Cypress Hill, una banda de Hip Hop conformada en 1986, proveniente de South Gate. En la letra de la nueva versión, encontramos nuevas líneas que provocan al orden. Al orden que violenta a les jóvenes: hay una relación entre la denuncia de Trueno y el asesinato por parte de la Policía a Lucas González.

Como homenaje al 50 aniversario del Hip Hop, el pibe del barrio de la Boca lanzó esta colaboración con artistas de Cypress Hill, uno de los temas más contundentes de su último álbum “BIEN O MAL”, lanzado el 12 de mayo del 2022 con un manifiesto: “Argentina tiene mucho para decir” y “Estamos hechos de tierra y de sangre”. “BIEN O MAL” es considerado uno de los mejores álbumes musicales de la época y en particular, una de las mejores producciones del artista. El álbum habla de Latinoamérica, de un pueblo, de su tierra, logrando expresar ideas que muchos jóvenes de esta generación sostienen.

Desde las combinaciones musicales del Rap y el Hip Hop junto a ritmos latinoamericanos hasta su poesía y la significación que logra hacer del pasado y y del presente del pueblo latinoamericano, se respira un músico con todas las letras. En el álbum podemos encontrar otras canciones como “Tierra Santa”, que canta junto a Víctor Heredia, músico perseguido durante la dictadura. También canta junto a Nathy Peluso en la canción “Argentina”.

Mateo Palacios es un rapero argentino de 21 años. En una entrevista dijo que “BIEN O MAL” es la consolidación de su proyecto como músico. En esta producción que tiene 14 canciones, se encuentra “Fuck el Police”, que denuncia explícitamente la relación de violencia que maneja la policía con la sociedad. Y es que, tanto el rap como el hip hop nacieron de la resistencia y la lucha de las grandes urbes estadounidenses donde los balazos y palazos policiales son moneda corriente para un sector social. En Argentina, la denuncia también toma sentido. Trueno reivindica un futuro antirrepresivo.

“Nos dicen cabeza negra, todos saben quién somo’, no nos paran ni con agua, ni con fuego, ni con plomo”.

Trueno en “Fuck El Police”

Lucas González y Trueno, nacieron en barrios que forman parte de la Comuna 4, una de las 15 unidades administrativas en las que está dividida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los policías que asesinaron a Lucas trabajaban en la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad.

El caso de Lucas González 

El sol había salido como todos los días, era un 17 de noviembre y en Argentina transcurría el año 2021. A eso de las nueve y media de la mañana, cuatro pibes del barrio Florencio Varela volvían de jugar al fútbol. Los cuatro salían del Club Barracas Central en un Volkswagen Suran. Lo inesperado no fue ni el partido, ni el clima, ni una llamada. Detrás de ellos, un Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad los perseguía. Un auto sin patente ni signos de ser de la policía, del cual bajaron tres efectivos armados y sin identificar, tampoco llevaban uniforme. Los chicos se alertaron y creyendo que, paradójicamente, les iban a robar, aceleraron a fondo, “huyeron”. En Argentina, estaba por suceder entonces, otro caso de gatillo fácil.

Cinco tiros dieron en el auto de los pibes, los civiles estaban disparando. Uno de los tiros dio en la cabeza de uno de los chicos, Lucas, un nombre que no se va a olvidar. Lucas González fue trasladado al Hospital de alta complejidad ubicado en El Cruce de Varela, llamado “Néstor Kirchner”, y a las pocas horas falleció, su padre y su madre pasarían a ser ahora, los padres de una víctima de gatillo fácil. Pero nada terminó con esa muerte. La lucha y resistencia que vino después fue resultado del peor accionar policial, porque no bastó con matar a un pibe, luego se encargaron de embarrar la escena y “minimizar” el caso a un “me mandé una cagada”. Policías, figuras de autoridad del Estado en los barrios, acababan de matar a un chico de 17 años que volvía de jugar al fútbol. 

Lucas González

Según Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), la policía de la Ciudad lleva asesinadas al menos 130 personas desarmadas entre el 1 de enero de 2017 y el 25 de julio de 2022. Parece una cifra fría, pero representa 130 historias de vida, 130 familias cuya cotidianeidad cambió para siempre por la represión estatal.

En este juego sistemático, que empieza con la discriminación, termina con las balas; la policía se encarga de indicar como “sospechosos” a ciertos jóvenes y luego, si es que “se mandan una cagada” (como dicen ellos) matando a alguno, ponen esfuerzos en embarrar la escena del crimen para salir ilesos. En el auto de Julián, amigo de Lucas, pusieron un arma de juguete. La razón: simular un enfrentamiento y embarrar la escena.

Las penas y los delitos

El 11 de Julio de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº25 condenó a los policías implicados en el asesinato del joven. Tres de ellos con perpetua. La página oficial de la Fiscalía argentina publicó el fallo: “Al oficial Juan José Nieva, el oficial mayor Fabián Andrés López y el inspector Gabriel Alejandro Isassi, integrantes de la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad se los consideró coautores de “homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por alevosía, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o mas personas y por haber abusado de su función por ser integrante de fuerza de seguridad”. Otros cinco fueron condenados por encubrimiento.

Hip-hop pa que tenga y pa que guarde

Se rascan el bigote, pero es demasiado tarde

Videla y Massera ya lo pagaron con sangre

911 veces, me cago en su yuta madre…

That shit, bro

Comuna 4, pai…

Señor, acá tengo los papele’

Suban y requisénme si quieren

Si revisan la mochila, va a encontrar siete gardeles

Aunque use cachiporra, un uniforme y una 9

Es imposible disfrazar que los ladrones son ustedes (Pow, pow, pow)

Todo menos policía, me enseñó papá de chico

Por eso le hago la guerra a todo’ lo’ federico’

Y pa’ los dinosaurio’ que avalan a los milicos

Esta vuelta me la cobro por los treinta mil y pico

Son asesino’

Trueno en “Fuck El Police”

Lucía Servidio

Nací en Gualeguaychú, vivo en La Plata y estudio periodismo. Trabajo hace 3 años en cárceles.

Busso: “La policía mata cuando esta fuera de servicio”

Busso: “La policía mata cuando esta fuera de servicio”

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El abogado y ex presidente de la Asociación Contra la Violencia Institucional, Matías Busso, dialogó con el programa Doblan Las Campanas y analizó hechos de violencia institucional, el gatillo fácil, el abuso policial y el rol del Estado en estos casos. 

Busso comentó que su trabajo en organizaciones de Derechos Humanos es el acompañamiento de las causas de gatillo fácil y violencia policial, además de dar asesoría jurídica a personas trans en ‘Casa Roja Trabajadoras Sexuales’ del barrio de Constitución, que sufren el hostigamiento policial. “También estamos iniciando una capacitación y asesoría jurídica a trabajadores de la vía publica y hacemos trabajos de investigación“, añadió. 

A raíz de los trabajos de investigación que realizan destacó el Informe titulado La policía de la ciudad mata en la provincia de Buenos Aires. Sobre este indicó que “surgió a partir del caso Lucas Gonzáles cuando se puso en el centro de la escena la violencia institucional, principalmente en las maniobras que desarrolló la policía de la ciudad tanto en el hecho como en el encubrimiento“.

En ese sentido, agregó que “hicimos un pedido de informe a la Ciudad sobre cómo actúa la policía -desde 2016 con la ley que la crea, tienen la obligación de brindar datos- cuando usa el arma reglamentaria. Nos contestaron con los datos de 2019-2020“.

El abogado confirmó que a partir del informe, pudieron evidenciar algo que para la institución ya estaba claro: “la policía mata cuando esta fuera de servicio“. Además afirmó que “la mayoría de las veces mata cuando esta fuera de servicio y jurisdicción. Ellos actúan con arma de fuego en su tiempo de descanso, cuando van a sus casas” .

Por último remarcó que hay abuso del uso de arma de fuego fuera de servicio y que la solución para terminar con esta actitud es la formación. Según analizó esta es fundamental para proteger la vida de los civiles, ya que quedó demostrado que “en la mayoría de las veces que actúa la policía no hay enfrentamiento. Uno de los datos que tenemos es que murió un policía y 25 particulares“.

Podes escuchar la nota completa en

Santiago del Estero y sus uniformados armados

Santiago del Estero y sus uniformados armados

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La violencia institucional se incrementó exponencialmente en los últimos meses. Según el informe de la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social, solo en la provincia de Santiago del Estero se registraron 28 casos hasta el día de la fecha. Esos números no están vacíos, esos números tienen historia. Desde que comenzó el ASPO decenas de familias están luchando para que la Justicia haga caso a su nombre.

En los últimos días, el caso más conocido es el de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, hay muchos Facundos a lo largo y ancho del país.

Desde muertes en celdas a detenciones sin razón, la provincia de Santiago del Estero se convirtió en una de las regiones del país en donde la violencia institucional se vive a diario. Las medidas que las fuerzas de seguridad deben emplear para hacer cumplir el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) han creado un marco de impunidad y de poder que se concentra en un uniformado y su arma en mano.

El aislamiento en la provincia

Al día de la fecha, en la provincia de Santiago del Estero, se registra un total de 1.154 infectados por COVID-19 y 13 muertos. La provincia sigue manteniendo el ASPO como forma de evitar la propagación del virus, sin embargo, las fuerzas de seguridad tienen una percepción de hacer cumplir el aislamiento muy distinta a la que debería ser bajo el ojo de la ley.

La provincia tiene restricciones de horarios y de días para circular libremente por las calles. Se puede circular hasta las 18 horas los días de semana y los fines de semana y feriados hasta las 15 horas; no se contemplan las excepciones que rigen a nivel nacional, como el poder salir a comprar alimentos. Esta medida da paso libre a la detención de tode aquel que la incumpla: estas suelen durar 12 horas o más y cuentan con multas que van desde los mil hasta los 70 mil pesos. Les vecines compararon a la restricción con un toque de queda.

Otro escenario es el del “escrache” que realiza la policía a les detenides. Muestran sus rostros y nombres a través de videos filmados sin el consentimiento de las personas y se difunden en forma de intimidación al resto de habitantes del lugar, se apela al generar miedo con un discurso sumamente punitivista y hasta cínico, en el sentido de que el mensaje se transforma en una amenaza directa a la población.

Y si mencionamos la situación de hacinamiento dentro de las comisarías nos encontramos con cientos de problemas más. No existen ni el distanciamiento social ni las medidas sanitarias correspondientes a la crisis sociosanitaria que estamos viviendo.

Casos de violencia institucional

Repasemos algunos de los casos de violencia institucional registrados por Amnistía Internacional y por la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social:

Tal vez el más conocido fue el de Mauro Ezequiel Coronel. Mauro fue denunciado el 5 de mayo por un vecino que lo acusó de violencia de género, lo detuvieron en su casa y lo trasladaron a la Comisaría Décima. Allí fue torturado, brutalmente golpeado y atado a un poste afuera de la comisaría. Cuando su madre se dirigió a la comisaría, escuchó los gritos de su hijo mientras lo golpeaban. Esa misma noche lo ingresaron al Hospital regional sin notificárselo a su familia. Mauro falleció cuatro días después. El informe médico habría comprobado que existían lesiones en las vías respiratorias. Amnistía Internacional solicitó información a las autoridades provinciales.

El 25 de marzo, un vecino que entregaba elementos de higiene fue detenido y golpeado por las fuerzas de seguridad. Pese a que el médico policial no registró lesiones, éstas fueron verificadas y registradas por facultativos del hospital posteriormente.

Días después, el 28 de marzo, un matrimonio responsable de un merendero fue detenido mientras retiraban mercadería, a pesar de contar con permiso de circulación. Les secuestraron su moto y sufrieron violencia física y psicológica. Finalmente los liberaron a nueve kilómetros de su casa.

El 23 de abril, Jorge Ricardo Villa salió de su casa en la capital de Santiago del Estero. Al regresar, lo interceptaron entre 10 y 15 policías motorizados en un operativo singular y le dijeron que había cometido el delito de violar la cuarentena; acto seguido, lo llevaron a la comisaría. Allí lo esposaron junto a otros 15 detenidos por supuestamente haber violado la cuarentena. Luego lo trasladaron, con una mochila o un objeto pesado sobre su cabeza para que no viese ningún rostro, a la cárcel Fandet, conocida por las condiciones precarias en las que está y las prácticas policiales que rememoran los centros clandestinos de la dictadura militar. Jorge manifestó que allí lo desnudaron completamente, lo humillaron y lo vejaron.

El 19 de agosto, un cadete de mensajería circulaba finalizando su día laboral en el límite del horario permitido. A pesar de mostrar que tenía todo en regla, cinco policías lo detuvieron y se le tiraron encima, pisándole la espalda, la cabeza y sosteniéndole las manos. El hecho se constató por un video filmado por vecinos de la zona.

En Loreto, Mario Lobos, de 73 años, fue aislado en un centro para aislamiento por COVID-19 por ser un caso sospechoso. Sin embargo, por su edad, debería haber sido aislado en su domicilio particular por ser paciente de riesgo. Presentó cuadros de hipertensión en el centro y la atención médica fue tardía y precaria: se quejó junto a otros ciudadanos aislados en el mismo lugar ante el intendente, quien finalmente lo denunció por amenazas. Fue trasladado junto a otros ciudadanos a la capital de la provincia para prestar declaración al Liceo de Policía y allí fueron desnudados y sometidos a humillaciones.

Casos como estos hay muchos, desde perseguimiento por redes sociales a detención de trabajadores esenciales exceptuados del ASPO, pasando por maltrato en comisarías, hasta asesinatos. El escenario de terror que se vive en la provincia es comparado por vecinos con la última dictadura militar que azotó a nuestro país.

¿De dónde surge tal impunidad?

Las fuerzas de seguridad dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de las diferentes jurisdicciones son las encargadas de velar por el efectivo cumplimiento del ASPO. Siempre teniendo en cuenta que su accionar debe respetar los procedimientos enmarcados en los Derechos Humanos.

Las medidas de seguridad por el COVID-19 no son excusa para un uso excesivo de la fuerza. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puntualizó la necesidad de “garantizar que no se realicen detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de conformidad con los estándares”.

El artículo 3 del Decreto 297/2020 estableció controles permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Artículo 4 se dispuso el procedimiento a seguir en caso de confirmar una infracción al ASPO: se debe hacer cesar la conducta infractora y dar accionar a la autoridad competente dentro del marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Por lo que, el accionar de las fuerzas de seguridad debe ser dirigirse a la persona que circula sin autorización y garantizar que retorne a su hogar para cumplir con lo debido. Pero eso no vemos en las calles, o por lo menos no en barrios de extrema vulnerabilidad y pobreza.

Como establece el derecho internacional de los derechos humanos, “todo uso de la fuerza por el personal de las fuerzas de seguridad debe ser excepcional y usado como último recurso y debe cumplir las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en materia de derechos humanos”. Estas son la obligación de respetar y proteger el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad y a la seguridad de la persona.

Para que se emplee el uso de las fuerzas legítimamente se deben cumplir cuatro requisitos:

El principio de legalidad: el uso de la fuerza debe estar suficientemente fundamentado y debe estar al servicio de un objetivo legítimo preestablecido normativamente.

El principio de necesidad: las fuerzas de seguridad deben utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armas de fuego, estas se deben usar sólo cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el resultado previsto.

El principio de proporcionalidad: cuando el uso de la fuerza sea inevitable, las fuerzas de seguridad deben actuar con moderación y en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; si el daño excede el objetivo el uso de la fuerza, debe cesar y expresa “el principio de que el fin no justifica todos los medios”.

Y, por último, la rendición de cuentas: ésta se logra mediante un sistema de controles y equilibrios que permite la evaluación sobre toda actividad llevada a cabo por las fuerzas de seguridad para analizar si se cumple con los estándares mencionados y las normativas vigentes. Estos mecanismos, que involucran al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo y a la sociedad civil son: hacer rendir cuentas a los posibles responsables de violaciones de derechos humanos y proporcionar reparación e indemnización a las víctimas; prevenir futuras violaciones a los derechos humanos; mejorar la labor del organismo encargado de hacer cumplir la ley.

Vemos constantemente cómo estos principios son violados y llevan al maltrato o incluso muerte de les detenides.

Nunca más

En nuestro país el concepto de “Derechos Humanos” tienen un peso especial. Los crímenes de lesa humanidad durante en la última dictadura militar son seguidos de reclamos por memoria, verdad y justicia por todes les desaparecides. El estar presenciando escenas similares a la de esas épocas genera pánico en les santiagueñes y en el resto del país, porque se supone que hay discusiones dadas y cuentas saldadas.

Es necesario que el Nunca Más lo sea de verdad. El imaginario social punitivista, que sigue creyendo en el poder ordenador de la policía y la represión, no es la solución y se ve evidenciado en las discusiones que se dan hoy en día en distintas instituciones y movimientos sociales. No es suficiente sancionar la violencia policial para erradicar el conflicto, se deben poner en discusión las estructuras institucionales y sociales que crean las condiciones para que este tipo de prácticas se sigan perpetuando.

Es una deuda de la democracia que las fuerzas de seguridad dejen de llevarse vidas.


Fuentes:
RADHIS – Red Argentina Por Los Derechos Humanos Y La Inclusión Social
Informe sobre Violencia Policial de Amnistía Internacional
Base de datos abiertos del Ministerio de Salud Nacional

Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Asesinado por no parar en un control policial

Asesinado por no parar en un control policial

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Una de las flexibilizaciones de la cuarentena en la ciudad de Córdoba permite a los jóvenes concurrir a bares hasta un horario determinado. Eso fue lo que hizo Valentino Blas Correas junto con sus amigos, que luego de tomar unas cervezas, volvían a sus casas. Lo mismo que hace cualquier persona de su misma edad que después de meses de confinamiento quiere distenderse y pasar un buen rato con sus compañeros.

Al momento de volver, sufrieron un intento de robo y en evidente estado de nerviosismo, los jóvenes intentaron escapar. El conductor del auto tomó velocidad y se cruzaron con un control policial, en pleno centro de la ciudad cordobesa. Decidieron no parar, por miedo a la represalia por superar el límite de velocidad. En ese momento, y sin justificación para usar el arma reglamentaria, la policía empezó a disparar contra el auto. Una de las balas impactó en la espalda de Valentino, que murió a los pocos minutos.

Según declaraciones a medios locales del abogado de la familia, Cristian Boez, cuando llegó a la escena donde muere el joven, la policía ya había limpiado todo y no se encontraba el cuerpo, declarando de que “no se hizo nada para aclarar la situación”. A su vez, se estaba instalando la versión de que Valentino venía de una fiesta clandestina y que no había respetado la cuarentena, pero se encontraron fotos que muestran que estaba con sus amigos en un bar, por lo que quedó descartado por completo esta versión, que intentaba ensuciar su nombre, como si eso alcanzara de justificativo para balear a unos pibes que no paran en un control policial.

El padre de uno de los amigos de Valentino, que apenas se enteró del hecho fue hasta el lugar donde se encontraba su hijo, relató en una entrevista que los policías empezaron a disparar apenas pasaron el control. También declaró que hubo más de 20 tiros, aunque oficialmente declararon 12. Como generalmente ocurre en estos casos, según cuenta el padre del joven, les quisieron plantar un arma en el auto, para simular que se trató de un “enfrentamiento”. “Estos chicos en su vida vieron un arma. Es una cosa de locos”, concluyó.

La familia y amigues del joven están atravesando horas de inexplicable dolor y desconsuelo. El caso tuvo una gran repercusión en Córdoba, y horas después que se conociera lo que pasó, se creó un grupo de WhatsApp para convocar a una marcha el mismo día que ocurrió el hecho. La convocatoria se viralizó en redes sociales, aunque minutos después informaron que la movilización por justicia se postergaba. La familia cercana a Valentino pidió expresamente que los cordobeses respetaran el duelo, que estaban de acuerdo con la marcha, pero que “necesitan tiempo y espacio”.

“Les agradezco lo que han organizado, la verdad que mi hermano se merece justicia, que se sepa la verdad y que los policías estén presos, pero mi familia no está lista, por eso pido que respeten el hoy y el mañana”, explicó a través de un audio el hermanastro del chico de 17 años.

Y agregó: “En caso de hacer una marcha, esperemos a que lo convoque la familia. Si pueden respetar el silencio de la familia por el momento se los agradecería”. “Mil gracias por hacer esto pero la familia no está lista para afrontarlo, igualmente seremos parte de este pedido de justicia”, cerró el familiar.

Su docente de biología, lo recordó con un posteo en las redes sociales. Pidió justicia y apuntó contra la Policía de Córdoba.

Puso en palabras lo que el rapero Wos expresa en su canción “Canguro” para cuestionar el accionar policial: “Fuera la yuta que meten al barrio, le tira a los pibes y le mata los sueños”. “A Blas y a su familia, la policía le mató sus sueños. Justicia por Blas”, cerró.

Por el crimen, el fiscal José Mana dispuso la detención e imputación de dos efectivos de la fuerza policial, bajo la acusación de “homicidio calificado agravado”. A su vez, informaron que por el momento “la fiscalía entiende que hubo un exceso del personal policial” y por tal motivo se ordenó la detención inmediata de los dos policías acusados.

“A mi hijo lo acribillaron. En dos horas limpiaron toda la zona. Mi hijo y sus amigos no eran delincuentes y tampoco se trasladaban armados. Solo fueron a un bar. No hicieron nada. Se asustaron y se fueron. Lo garantizo porque sé a quién crié. No quiero más muertos en mi familia. Somos una familia de bien. No voy a permitir que lo ensucien. Me voy a encargar hasta el último día de mi vida”

Madre de Valentino Blas Correas

Por su parte, el abogado de la familia de Valentino, afirmó que lo sucedido es más grave de lo que se piensa. “No existió ningún tipo de motivo o de justificativo para que la policía haya actuado así. Era un chico que tenía toda su vida por delante, no tenía antecedentes, que salió a divertirse de acuerdo a lo autorizado de acuerdo a las disposiciones por el Covid, y recibió un disparo de arma de fuego, por la espalda”, manifestó.

Valentino jugaba al fútbol, era hincha de Belgrano y su abuelo fue una gloria del equipo cordobés. Practicaba karate y estaba transcurriendo el último año del colegio. Por evadir un control policial, le arrebataron sus sueños y dejaron a su familia destruida. Para los efectivos involucrados, fue más importante castigar a los jóvenes por no respetar el control, que la vida que tenía adelante Valentino. No hubo un enfrentamiento, no estaban armados, ni mucho menos había un riesgo para los agentes policiales. No había justificación alguna para utilizar el arma reglamentaria y disparar contra el auto.

Según CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), esta es la cuarta persona asesinada en Córdoba por gatillo fácil desde que comenzó la cuarentena. Nuevamente tenemos que hablar de un joven asesinado por las fuerzas represivas.

¡Basta de Gatillo Fácil!


Fuentes:
https://eldoce.tv/sociedad/convocatoria-marchar-blas-correas-pedido-familia-asesinato-cordoba-policia_101948
https://eldoce.tv/sociedad/mensaje-dolor-profesora-redes-sociales-crimen-valentino-blas-correas-policia-cordoba-persecucion_101945
https://eldoce.tv/sociedad/muerte-blas-sospechan-plantaron-arma-auto-jovenes-policia-cordoba_101944
https://eldoce.tv/sociedad/ultimas-fotos-blas-correas-chico-asesinado-policia-cordoba-bar-persecucion_101946
https://lmdiario.com.ar/contenido/238585/asesinato-de-valentino-blas-correas-a-mi-hijo-lo-acribillaron
http://www.correpi.org/2020/gatillo-facil-en-cordoba/

Juan Martín Palermo
Juan Martín Palermo

Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.

Tortura en la comisaría de Tolosa

Tortura en la comisaría de Tolosa

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En la madrugada del sábado 25 de julio, durante un operativo policial en el barrio de Tolosa, miembros de la policía bonaerense detuvieron a un joven de 17 años por un robo en la zona. Lo golpearon a culatazos con el arma reglamentaria y lo trasladaron a la Comisaría Sexta, ubicada a pocos metros de las vías del Tren Roca. En la dependencia policial, lo torturaron durante horas con golpes y picana eléctrica, exigiéndole que confiese el robo y quiénes eran sus cómplices. Este hecho quedó filmado por uno de los efectivos policiales que subió el video a sus redes sociales. El material ya es parte de la causa que se lleva adelante en contra de los uniformados.

Además de torturarlo, el interrogatorio se realizó sin la presencia de une abogade y sin la de de su madre, yendo en contra de lo que dice nuestra constitución y los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional. También lo amenazaron de muerte si denunciaba. Otra irregularidad que merece su debida investigación es que el cuerpo médico tampoco constató las lesiones sufridas, cuando en las imágenes se ven las marcas de los golpes que recibió en el rostro y en todo el cuerpo.

Uno de los videos publicados por los mismos policías en redes sociales

Al momento de encontrarse en la comisaría, lo alojaron en un calabozo y lo obligaron a permanecer de pie durante más de nueve horas. A su vez, tres policías le aplicaban descargas eléctricas con una picana para sacarle información.

La Defensoría del Fuero de responsabilidad juvenil afirma que cualquier menor de 18 años que sea detenido acusado de cometer un delito tiene derecho a ser asistido por un defensor gratuito. Como se menciona anteriormente, esto no ocurrió. Les defensores o­ficiales también pueden hacer presentaciones colectivas para la promoción y protección de la libertad de los jóvenes.

Según una resolución del Juzgado de Garantías del Joven, que es la autoridad que tiene que garantizar que se cumplan todas las reglas y los derechos cuando una persona menor de 18 años es detenida o aprehendida por un supuesto delito, la policía no puede detener a personas menores de 18 años: ni por averiguación de identidad (es inconstitucional), ni por faltas o contravenciones, ni utilizando la figura de entrega de menor (no existe legalmente esta figura). La policía no puede trasladar a menores de 18 años a comisarias. Aunque están prohibidas por la Constitución y las leyes, estas prácticas siguen siendo cosa de todos los días.

En este caso, casi que se violan todos los puntos de la resolución del Juzgado de Garantías del Joven. Lo llevaron detenido a una comisaría, le negaron una defensa legal gratuita, no le comunicaron a la madre, lo golpearon y torturaron para sacarle información sobre quién había estado con él a la hora del robo.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por torturas en la fiscalía general en defensa del joven. Mientras tanto, la Unidad Fiscal para la Investigación (UFI) 3 de La Plata abrió una investigación de oficio y Asuntos Internos de la Bonaerense ordenó desafectar a uno de los agentes. 

A su vez, Asuntos Internos allanó la Comisaría 6 de Tolosa, identificó el calabozo por las marcas de revoque que se podían ver en el video e informó a la fiscalía los nombres de los agentes que estaban presentes.

No obstante, en cuanto a la intervención de la UFI 3 de La Plata, a pesar de la ilegalidad del operativo y según la CPM, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía. En otra de las tantas ilegalidades que tiene este hecho, a pesar de lo dispuesto por la Ley, las autoridades no le dieron intervención a ninguno de los organismos del sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. La detención de menores de edad en comisarías es otra violación a los protocolos de derechos.   

La CPM afirmó que el interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declare contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. “Las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del Niño”, sostuvieron.

En la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico. Durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Esto fue constatado por un médico y ninguna de las lesiones que tenía fue registrada.

Finalmente, el joven fue alojado en el centro cerrado Almafuerte. Según informa la CPM, al momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo.

El director de políticas contra la violencia institucional de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Ignacio Álvarez, señaló que se acompañará a la familia del joven, se pedirá el apartamiento de la Policía en la investigación y la identificación de todos los responsables, tanto de los efectivos de la patrulla que detuvieron al joven, lo torturaron y amenazaron, como de los policías que estaban presentes en la Comisaría Sexta, por encubrimiento. 

Álvarez, que también tomó intervención en casos como el de Facundo Castro y Lucas Verón, a su vez sostuvo: “Tenemos la decisión política de intervenir para finalizar con estos hechos. La solución es multiagencial y multipoder. Necesitamos que exista un repudio inmediato por parte del Poder Ejecutivo, pero también que el Poder Judicial impulse investigaciones eficaces sin la intervención de agentes policiales”.

“Lo que sucedió es gravísimo. Que los propios agentes filmen la escena y la circulen en las redes sociales… y esto ocurre cuando se habilita a la Policía con un discurso como el que se escucha del Ministerio de Seguridad provincial. Son elementos de prueba para ordenar la detención”

Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.

En cuanto al incremento de la violencia policial desde el inicio de la pandemia, la desaparición de Facundo Astudillo Castro y los asesinatos en manos de la policía bonaerense, la CPM mostró su preocupación y concluyó: “Reclamamos el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. A esto debe sumarse la investigación sobre la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo a manos de la policía bonaerense”.


Fuentes:
https://www.comisionporlamemoria.org/policias-torturaron-con-picana-electrica-y-golpes-a-un-joven-de-17-anos/?fbclid=IwAR0ccqXSuz6bYjZAxbtWFVtcl0DfcqREBsfk_rftcJHd-LSfmVVbYsnbVXE
https://www.pagina12.com.ar/281638-la-cpm-denuncio-torturas-a-un-menor-en-la-comisaria-6-de-la-


<strong>Juan Martín Palermo</strong>
Juan Martín Palermo

Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.

Violencia policial: la otra pandemia

Violencia policial: la otra pandemia

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POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La brutal golpiza a una familia de la comunidad Qom en Chaco fue el detonante de una serie de casos donde la policía ejerció violencia de manera feroz. El asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, las sospechosas muertes en comisarías de San Luis y el asesinato de Hugo Coronel en Santiago del Estero, son los últimos casos que evidencian que se requiere de manera urgente un cambio estructural en las fuerzas de seguridad.

Un grupo de policías, sin orden de allanamiento y en horas de la madrugada, entró de manera violenta en una vivienda habitada por una familia de la comunidad Qom en Fontana, provincia de Chaco. Les torturaron, humillaron y atacaron con golpes de puño, palos y patadas en la cabeza. Detuvieron a dos varones y dos mujeres -menores de edad-, a quienes luego abusaron sexualmente y rociaron con alcohol, amenazándolas con prenderlas fuego.

En los días siguientes, los policías seguían con sus funciones normalmente y hasta volvieron a caminar por el barrio donde habita la familia que fue agredida. Luego de la viralización de las filmaciones del hecho y del fuerte repudio por parte de la sociedad, fueron apartados de sus cargos, pero siguen en libertad.

Este hecho racista no es aislado. Desde el comienzo de la cuarentena se conocieron episodios de violencia policial contra integrantes de las comunidades indígenas, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba, en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, repudió el ataque de las fuerzas policiales.

A una semana de haber desaparecido, apareció el cuerpo del obrero rural Luis Armando Espinoza el pasado 23 de mayo. Lo último que se sabía de él, era que había sido golpeado, junto con su hermano, por efectivos policiales en un “operativo de control” de la cuarentena. Lo encontraron en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en plástico. Durante la autopsia, se encontró un proyectil de pistola 9 milímetros en el omóplato izquierdo. La extracción de la bala sirvió para dar cuenta de quién había efectuado el disparo que terminaría con la vida de Espinoza: el oficial José Morales.

Además de Morales, se encuentran procesados y detenidos el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos Claudio Zelaya y Miriam González, el agente Esteban Rojas González, el vigía ciudadano de la comuna Sergio Santillán, además de otro civil, que sería hermano de uno de los efectivos.

Gladys Herrera, la mamá del trabajador rural, agregó que “de la forma en que actuaron, con total frialdad, es seguro que ya estaban acostumbrados a la violencia y a la impunidad. Ahora tocaron fondo y merecen no salir nunca de la cárcel”. A su vez, pidió ayuda a través de redes sociales debido a que Espinoza era el único sostén económico de la familia.

En la provincia de San Luis, Florencia Magali Morales fue “encontrada muerta” en un calabozo de una comisaría de Santa Rosa de Conlara. En un principio, la causa era investigada como “suicidio”, pero la insistencia de la familia y de sus abogados sobre las irregularidades en la investigación y algunas declaraciones de testigos, fueron fundamentales para que se cambie la carátula a “averiguación de muerte”.

Santiago Calderón, abogado de la familia de Florencia Morales, agregó: “Hay testigos que estaban en esa comisaría que dicen que se escuchaban gritos, que pedía auxilio, que pedía un médico. Tantos eran los gritos de Magali que los vecinos de la comisaría se acercaban a ver lo que estaba pasando”.

A su vez, las contradicciones en el discurso construido por la policía permiten dudar aún más sobre la verosimilitud del hecho. En primer lugar, dijeron que había sido detenida porque circulaba a contramano en su bicicleta violando el artículo 205 sobre el aislamiento y que, por la finalización del número de su DNI, no podía salir ese día de su casa. Después, los uniformados señalaron que ella se presentó en la comisaría porque allí había un policía conocido y quería pedirle una tarjeta de débito para que pudiera retirar dinero del banco.  

Otro caso similar ocurrió el 24 de abril en Villa Mercedes (San Luis), donde encontraron ahorcado, también en un calabozo y también en apariencia por violar el artículo 205 en el marco del aislamiento obligatorio, a Franco Gastón Maranguello, de 16 años. Fue detenido en la puerta de su casa, supuestamente por violar la cuarentena, y dos horas después, cuando su madre se presentó a buscarlo en sede policial, le comunicaron que supuestamente se había suicidado. Queda en manos de la justicia investigar estos hechos y no garantizar la impunidad policial.

Ante estos hechos de público conocimiento, el PRO emitió un comunicado repudiando el crecimiento de la violencia institucional. Los precursores de la doctrina Chocobar, los que asesinaron a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los que criminalizaron la pobreza y los pueblos originarios, y que a su vez, empoderaron a las fuerzas de seguridad, son los que ahora a raíz de un oportunismo político se posicionan “en contra” de este tipo de violencia estatal.

Comunicado PRO

Con el pretexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la violencia policial, lejos de cesar, aumentó de manera exponencial. La gravedad de estos hechos pone en el eje de la discusión el rol de las fuerzas de seguridad. La violencia y la impunidad que llevan adelante se tolera cada vez menos y no sólo en Argentina, sino que también en otras partes del mundo como Estados Unidos con la creciente ola de protestas y en Chile con el estallido social de octubre del año pasado.

Se requiere de manera urgente una democratización de las fuerzas de seguridad, que cuestione el comportamiento actual y profundice en romper con el problema estructural que se apoderó de los diferentes aparatos represivos del Estado. Como afirma Alberto Fernández, esa sigue siendo la deuda de la democracia.


* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales.
Piensa que las  tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de
la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar,
ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuentes:
https://www.cels.org.ar/web/2020/06/chaco-violencia-policial-y-discriminacion-contra-comunidades-indigenas/
https://explicitoonline.com/muertes-en-comisarias-de-san-luis-hallan-ahorcado-a-otro-joven-bajo-custodia-policial/
https://www.pagina12.com.ar/269801-atroz-abuso-policial-en-chaco-contra-la-comunidad-qom
https://www.pagina12.com.ar/269912-brutal-ataque-policial-con-torturas-y-abuso-sexual-a-cuatro-
https://www.pagina12.com.ar/267571-aparecio-el-cuerpo-sin-vida-de-luis-armando-espinoza-tras-un
https://www.pagina12.com.ar/269487-fue-identificado-el-policia-tucumano-que-asesino-a-luis-arma
https://www.pagina12.com.ar/267804-pacto-policial-para-esconder-el-asesinato-de-luis-espinoza

Violencia institucional en tiempos de cuarentena

Violencia institucional en tiempos de cuarentena

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Por Juan Martín Palermo*

Golpes brutales, amenazas, humillaciones y hasta balas de goma utilizadas con la excusa de controlar que la población se quede en sus casas. El hecho de que las personas estén obligadas a permanecer en sus hogares por decreto nacional y que se permita circular para satisfacer necesidades básicas de alimentación, previsión y trabajo, significa para algunos sectores un esfuerzo aún mayor y de supervivencia: tienen que salir muchas veces, por ejemplo, en busca de agua potable.

A pocos días del 44° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina, se han conocido innumerables casos donde las fuerzas de seguridad, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, han ejercido abusos de autoridad aprovechándose del control exhaustivo que deben realizar para que la mayor cantidad de personas cumplan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En los barrios populares, la situación es un tanto más complicada. La policía penetra las calles, golpea a las personas que circulan, demora a quienes van a buscar comida al comedor del barrio, cuando es esta la única posibilidad de poder comer, entre otras situaciones de esta naturaleza.

En este marco, el pasado 23 de marzo en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata, un joven fue detenido por policías de la Comisaría 8va del municipio cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa. Golpearon a él y a su familia, le dieron con balas de goma y entraron a su casa sin orden de allanamiento. No conformes, le iniciaron una causa por “robo, resistencia a la autoridad y violación del aislamiento”. La familia realizó la denuncia acompañada por organizaciones de Derechos Humanos.

Otro caso que tomó relevancia, fue el ocurrido en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Tres gendarmes hicieron “bailar” a dos jóvenes haciéndolos caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza por varios metros. Los efectivos fueron identificados y apartados de sus cargos.

El 23 de marzo pasado en Villa Lugano, un menor de edad fue brutalmente golpeado por efectivos policiales que le dejaron moretones en todo el cuerpo, y al momento de encontrarse con su madre, los policías le dijeron que si volvía a salir “le iban a pegar un tiro en la pierna”. La madre del menor en un testimonio desgarrador, sostuvo que “la dictadura sigue existiendo”. “Si me cagaron a piñas al pibe las cosas no cambiaron”.

Estos son sólo algunos hechos de los que se conocen, pero no ocurren de manera aislada en nuestro país. Existen sectores que son más golpeados frente a las decisiones gubernamentales, desde las económicas, pasando por las securitarias, las sociales, llegando a las educativas y las sanitarias. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una especie de “luz verde” a las fuerzas de seguridad para actuar abusivamente sobre las clases populares.

Ahora tenemos a un Alberto Fernández, que se suma a las filas de  lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que controla más de cerca a los efectivos policiales, y que defiende los intereses nacionales y populares. En contexto de cuarentena obligatoria, las fuerzas de seguridad cuentan con el aval del gobierno para realizar controles para que se cumpla la misma. Así debe ser, pero esta cuota de poder que se les ha otorgado, se traduce muchas veces en excesos que cometen, en los que las personas son golpeadas y humilladas. Las fuerzas represivas deben tener un control estricto sobre cómo realizan sus operativos, impidiendo así la violación de los Derechos Humanos. Queda en manos del gobierno y del Ministerio de Seguridad, ser igual de rigurosos con los efectivos policiales, como lo son para controlar que las personas estén en sus casas, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La cartera que conduce Sabina Frederic ya tomó notas sobre el asunto y publicó un tuit en el que informa que “la línea 134 recibe denuncias tanto por incumplimiento de la cuarentena obligatoria como por hechos de violencia institucional” y además agrega que “denunciar cualquier abuso de (y en) las fuerzas policiales y de Seguridad, también es cuidarnos entre todos y todas”.

El Estado se encuentra presente para prevenir este tipo de casos, pero hay que controlar de cerca el accionar de la policía ya que cuando se les da poder para ejercer control sobre la ciudadanía, se cometen excesos. Esta violencia es aplicada como siempre a los sectores populares que son los más perjudicados en este sentido. Se encuentran expuestos al accionar policial y amenazados por los mismos que si los denuncian les van a iniciar causas en su contra. Queda en manos de nosotres también, si vemos o conocemos alguna situación de violencia policial, hacer la denuncia correspondiente a la línea 134 para que las autoridades estén notificadas de este problema. Que este contexto no sea la excusa perfecta para que la policía reprima con más dureza.


* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera
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