Violencia institucional en tiempos de cuarentena

Desde que el gobierno nacional decretó acertadamente la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional en medio de la crisis global por el COVID-19, las fuerzas de seguridad han tomado protagonismo: son los encargados de controlar, en la vía pública, que esto se cumpla. La situación llevó a que se cometan excesos en estos controles, siendo los más perjudicados -por lo general- los sectores populares.

Por Juan Martín Palermo*

Golpes brutales, amenazas, humillaciones y hasta balas de goma utilizadas con la excusa de controlar que la población se quede en sus casas. El hecho de que las personas estén obligadas a permanecer en sus hogares por decreto nacional y que se permita circular para satisfacer necesidades básicas de alimentación, previsión y trabajo, significa para algunos sectores un esfuerzo aún mayor y de supervivencia: tienen que salir muchas veces, por ejemplo, en busca de agua potable.

A pocos días del 44° aniversario del golpe cívico-militar en Argentina, se han conocido innumerables casos donde las fuerzas de seguridad, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, han ejercido abusos de autoridad aprovechándose del control exhaustivo que deben realizar para que la mayor cantidad de personas cumplan con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En los barrios populares, la situación es un tanto más complicada. La policía penetra las calles, golpea a las personas que circulan, demora a quienes van a buscar comida al comedor del barrio, cuando es esta la única posibilidad de poder comer, entre otras situaciones de esta naturaleza.

En este marco, el pasado 23 de marzo en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata, un joven fue detenido por policías de la Comisaría 8va del municipio cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa. Golpearon a él y a su familia, le dieron con balas de goma y entraron a su casa sin orden de allanamiento. No conformes, le iniciaron una causa por “robo, resistencia a la autoridad y violación del aislamiento”. La familia realizó la denuncia acompañada por organizaciones de Derechos Humanos.

Otro caso que tomó relevancia, fue el ocurrido en la Villa 1-11-14 del barrio porteño de Flores. Tres gendarmes hicieron “bailar” a dos jóvenes haciéndolos caminar en cuclillas y con las manos en la cabeza por varios metros. Los efectivos fueron identificados y apartados de sus cargos.

El 23 de marzo pasado en Villa Lugano, un menor de edad fue brutalmente golpeado por efectivos policiales que le dejaron moretones en todo el cuerpo, y al momento de encontrarse con su madre, los policías le dijeron que si volvía a salir “le iban a pegar un tiro en la pierna”. La madre del menor en un testimonio desgarrador, sostuvo que “la dictadura sigue existiendo”. “Si me cagaron a piñas al pibe las cosas no cambiaron”.

Estos son sólo algunos hechos de los que se conocen, pero no ocurren de manera aislada en nuestro país. Existen sectores que son más golpeados frente a las decisiones gubernamentales, desde las económicas, pasando por las securitarias, las sociales, llegando a las educativas y las sanitarias. Durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una especie de “luz verde” a las fuerzas de seguridad para actuar abusivamente sobre las clases populares.

Ahora tenemos a un Alberto Fernández, que se suma a las filas de  lucha por la memoria, la verdad y la justicia, que controla más de cerca a los efectivos policiales, y que defiende los intereses nacionales y populares. En contexto de cuarentena obligatoria, las fuerzas de seguridad cuentan con el aval del gobierno para realizar controles para que se cumpla la misma. Así debe ser, pero esta cuota de poder que se les ha otorgado, se traduce muchas veces en excesos que cometen, en los que las personas son golpeadas y humilladas. Las fuerzas represivas deben tener un control estricto sobre cómo realizan sus operativos, impidiendo así la violación de los Derechos Humanos. Queda en manos del gobierno y del Ministerio de Seguridad, ser igual de rigurosos con los efectivos policiales, como lo son para controlar que las personas estén en sus casas, para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La cartera que conduce Sabina Frederic ya tomó notas sobre el asunto y publicó un tuit en el que informa que “la línea 134 recibe denuncias tanto por incumplimiento de la cuarentena obligatoria como por hechos de violencia institucional” y además agrega que “denunciar cualquier abuso de (y en) las fuerzas policiales y de Seguridad, también es cuidarnos entre todos y todas”.

El Estado se encuentra presente para prevenir este tipo de casos, pero hay que controlar de cerca el accionar de la policía ya que cuando se les da poder para ejercer control sobre la ciudadanía, se cometen excesos. Esta violencia es aplicada como siempre a los sectores populares que son los más perjudicados en este sentido. Se encuentran expuestos al accionar policial y amenazados por los mismos que si los denuncian les van a iniciar causas en su contra. Queda en manos de nosotres también, si vemos o conocemos alguna situación de violencia policial, hacer la denuncia correspondiente a la línea 134 para que las autoridades estén notificadas de este problema. Que este contexto no sea la excusa perfecta para que la policía reprima con más dureza.


* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera

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