Violencia policial: la otra pandemia

Con la excusa de “controlar” el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio, se incrementaron los casos de abuso de autoridad y violencia policial. Llevaron a cabo asesinatos, torturas, violaciones y agresiones físicas.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La brutal golpiza a una familia de la comunidad Qom en Chaco fue el detonante de una serie de casos donde la policía ejerció violencia de manera feroz. El asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, las sospechosas muertes en comisarías de San Luis y el asesinato de Hugo Coronel en Santiago del Estero, son los últimos casos que evidencian que se requiere de manera urgente un cambio estructural en las fuerzas de seguridad.

Un grupo de policías, sin orden de allanamiento y en horas de la madrugada, entró de manera violenta en una vivienda habitada por una familia de la comunidad Qom en Fontana, provincia de Chaco. Les torturaron, humillaron y atacaron con golpes de puño, palos y patadas en la cabeza. Detuvieron a dos varones y dos mujeres -menores de edad-, a quienes luego abusaron sexualmente y rociaron con alcohol, amenazándolas con prenderlas fuego.

En los días siguientes, los policías seguían con sus funciones normalmente y hasta volvieron a caminar por el barrio donde habita la familia que fue agredida. Luego de la viralización de las filmaciones del hecho y del fuerte repudio por parte de la sociedad, fueron apartados de sus cargos, pero siguen en libertad.

Este hecho racista no es aislado. Desde el comienzo de la cuarentena se conocieron episodios de violencia policial contra integrantes de las comunidades indígenas, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba, en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, repudió el ataque de las fuerzas policiales.

A una semana de haber desaparecido, apareció el cuerpo del obrero rural Luis Armando Espinoza el pasado 23 de mayo. Lo último que se sabía de él, era que había sido golpeado, junto con su hermano, por efectivos policiales en un “operativo de control” de la cuarentena. Lo encontraron en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en plástico. Durante la autopsia, se encontró un proyectil de pistola 9 milímetros en el omóplato izquierdo. La extracción de la bala sirvió para dar cuenta de quién había efectuado el disparo que terminaría con la vida de Espinoza: el oficial José Morales.

Además de Morales, se encuentran procesados y detenidos el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos Claudio Zelaya y Miriam González, el agente Esteban Rojas González, el vigía ciudadano de la comuna Sergio Santillán, además de otro civil, que sería hermano de uno de los efectivos.

Gladys Herrera, la mamá del trabajador rural, agregó que “de la forma en que actuaron, con total frialdad, es seguro que ya estaban acostumbrados a la violencia y a la impunidad. Ahora tocaron fondo y merecen no salir nunca de la cárcel”. A su vez, pidió ayuda a través de redes sociales debido a que Espinoza era el único sostén económico de la familia.

En la provincia de San Luis, Florencia Magali Morales fue “encontrada muerta” en un calabozo de una comisaría de Santa Rosa de Conlara. En un principio, la causa era investigada como “suicidio”, pero la insistencia de la familia y de sus abogados sobre las irregularidades en la investigación y algunas declaraciones de testigos, fueron fundamentales para que se cambie la carátula a “averiguación de muerte”.

Santiago Calderón, abogado de la familia de Florencia Morales, agregó: “Hay testigos que estaban en esa comisaría que dicen que se escuchaban gritos, que pedía auxilio, que pedía un médico. Tantos eran los gritos de Magali que los vecinos de la comisaría se acercaban a ver lo que estaba pasando”.

A su vez, las contradicciones en el discurso construido por la policía permiten dudar aún más sobre la verosimilitud del hecho. En primer lugar, dijeron que había sido detenida porque circulaba a contramano en su bicicleta violando el artículo 205 sobre el aislamiento y que, por la finalización del número de su DNI, no podía salir ese día de su casa. Después, los uniformados señalaron que ella se presentó en la comisaría porque allí había un policía conocido y quería pedirle una tarjeta de débito para que pudiera retirar dinero del banco.  

Otro caso similar ocurrió el 24 de abril en Villa Mercedes (San Luis), donde encontraron ahorcado, también en un calabozo y también en apariencia por violar el artículo 205 en el marco del aislamiento obligatorio, a Franco Gastón Maranguello, de 16 años. Fue detenido en la puerta de su casa, supuestamente por violar la cuarentena, y dos horas después, cuando su madre se presentó a buscarlo en sede policial, le comunicaron que supuestamente se había suicidado. Queda en manos de la justicia investigar estos hechos y no garantizar la impunidad policial.

Ante estos hechos de público conocimiento, el PRO emitió un comunicado repudiando el crecimiento de la violencia institucional. Los precursores de la doctrina Chocobar, los que asesinaron a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los que criminalizaron la pobreza y los pueblos originarios, y que a su vez, empoderaron a las fuerzas de seguridad, son los que ahora a raíz de un oportunismo político se posicionan “en contra” de este tipo de violencia estatal.

Comunicado PRO

Con el pretexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la violencia policial, lejos de cesar, aumentó de manera exponencial. La gravedad de estos hechos pone en el eje de la discusión el rol de las fuerzas de seguridad. La violencia y la impunidad que llevan adelante se tolera cada vez menos y no sólo en Argentina, sino que también en otras partes del mundo como Estados Unidos con la creciente ola de protestas y en Chile con el estallido social de octubre del año pasado.

Se requiere de manera urgente una democratización de las fuerzas de seguridad, que cuestione el comportamiento actual y profundice en romper con el problema estructural que se apoderó de los diferentes aparatos represivos del Estado. Como afirma Alberto Fernández, esa sigue siendo la deuda de la democracia.


* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales.
Piensa que las  tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de
la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar,
ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuentes:
https://www.cels.org.ar/web/2020/06/chaco-violencia-policial-y-discriminacion-contra-comunidades-indigenas/
https://explicitoonline.com/muertes-en-comisarias-de-san-luis-hallan-ahorcado-a-otro-joven-bajo-custodia-policial/
https://www.pagina12.com.ar/269801-atroz-abuso-policial-en-chaco-contra-la-comunidad-qom
https://www.pagina12.com.ar/269912-brutal-ataque-policial-con-torturas-y-abuso-sexual-a-cuatro-
https://www.pagina12.com.ar/267571-aparecio-el-cuerpo-sin-vida-de-luis-armando-espinoza-tras-un
https://www.pagina12.com.ar/269487-fue-identificado-el-policia-tucumano-que-asesino-a-luis-arma
https://www.pagina12.com.ar/267804-pacto-policial-para-esconder-el-asesinato-de-luis-espinoza

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