En medio de la crisis energética que el gobierno anunció, -y de la cual no se hace cargo-, el senado mendocino aprobó la trasferencia de acciones que esa provincia posee en la empresa IMPSA a capitales privados. Sería el segundo golpe a Pescarmona, tras el atraso de pagos por parte del gobierno nacional.
El Senado de la provincia de Mendoza aprobó, con 19 votos positivos y 16 negativos, un proyecto de ley impulsado por el poder ejecutivo que daría luz verde para vender las acciones que ese Estado provincial posee en la empresa Industria Metalúrgica Pescarmona Sociedad Anónima, la cuál se dedica a la creación de energía atómica, hidroeléctrica y renovable.
En la misma semana en la que el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que durante el verano el gobierno deberá programar cortes en los servicios de luz, y, descaradamente le echó la culpa a gestiones anteriores, el poder legislativo de Mendoza acompañó a su ejecutivo en la privatización del porcentaje que les pertenece como Estado provincial. Si bien esta porción representa el 21% de las acciones de Pescarmona, la resolución va en línea con el Estado Nacional, que pretende reventar diversas empresas nacionales.
Pescarmona es, desde comienzos de la gestión, uno de los objetivos del oficialismo libertario, ya que meses antes, trabajadores de la empresa denunciaron atrasos de pagos en sueldos de entre 2 y 3 meses. En esta línea, la nación posee el 63% de las acciones, mientras que solo el 15% restante de la suma con las acciones provinciales pertenece a capitales privados.
A mediados de julio, el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Mendoza, Luis Márquez, había presentado ante la Secretaría de Trabajo una denuncia en la cual se aseguraba que los trabajadores de la firma no habían percibido el 18% de aumento previsto para junio, sumado a la falta de aguinaldos: “Hay un problema con los aguinaldos y lo sabemos. Hemos tenido una serie de reuniones con los delegados y con la empresa, que manifiesta que tiene problemas con el cobro de algunas obras, pero no nos han respondido cuándo pagarán. Hemos hecho un pedido en la Subsecretaría de Trabajo y estamos esperando fecha para la audiencia. Estamos muy preocupados por la situación”, declaró en aquel entonces.
Ahora, el Estado provincial da un paso más en lo que se veía venir en aquel entonces, ya que, el desfinanciamiento repentino a empresas estatales es y ha sido una técnica tradicional de los gobiernos para forzar a su mal funcionamiento y así habilitar el camino a la privatización. En ese sentido, es importante recordar que Pescarmona es parte de los estados provinciales y nacionales desde que en 2021 ambos gobiernos debieron rescatarla de la quiebra que la misma empresa había declarado.
Durante esta sesión en la que se decidió que este porcentaje vuelva a manos de capitales privados, la senadora y presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ángela Floridia, recordó el episodio nombrado anteriormente, y destacó que en 2020 “la empresa enfrentó serios problemas financieros debido a contratos fallidos con Brasil, Venezuela y Santa Cruz, lo que puso en riesgo tanto la estabilidad laboral como la continuidad operativa de IMPSA”, y que “ante esta situación, fueron el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial los que intervinieron con un plan de recomposición de la estructura de capital.”
Tras estos dichos, Floridia aseguró que se trató de una “maniobra temporal”. La empresa que habría motorizado esta sesión sería ARC Energy, de procedencia Estadounidense, con la cual el gobierno mendocino firmó una carta de intención de inversión por 30 millones de dólares.
El hecho despertó críticas hacia el gobierno provincial incluso por aliados -o no tanto- como las del propio presidente del PRO de Mendoza, Gabriel Pradines, quien criticó la volatilidad del gobernador Alfredo Cornejo, quien pasó de “Estatista a privatista”. Hoy, se rasgan las vestiduras para ofrendar a Milei la privatización de IMPSA, con el mismo entusiasmo que hace sólo tres años festejaban junto a @alferdez y @CFKArgentina su estatización.”
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