Hace 39 años, el 2 de abril de 1982, el gobierno de facto encabezado por el teniente general Leopoldo Galtieri intentaba recuperar las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833 y convertidas desde entonces en un gran centro geopolítico y económico al que, hasta la aprobación del Brexit, intentaron incluir como territorio extra continental en la constitución de la Unión Europea.
Los genocidas entreguistas decidieron abrir esa herida para cubrir su plan de miseria planificada y saqueo de nuestros bienes comunes, y para continuar con el genocidio de les miles de compañeres que luchaban por una patria más justa y soberana. Así, buscaban perpetuarse en el poder.
El Gobierno, que se enfrentaba a uno de los ejércitos más poderosos del mundo, envió a las islas a nuestros pibes y pibas, que le pusieron el hombro a la defensa de nuestra patria. En la guerra, murieron 649 argentinos en tan solo 70 días. Ese hito marcó el principio del fin de la dictadura más cruenta del continente, agobiada por las protestas sociales y las presiones internacionales en torno a la violación de los derechos humanos.
Desde que retomamos la democracia, la Argentina continúa reclamando la soberanía sobre las Islas. De hecho, la Constitución Nacional, en su reforma vigente desde el año 1994, expresa en su Disposición Transitoria Primera que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.”
La cuestión Malvinas ha sido calificada por la Organización de Naciones Unidas como “un caso de descolonización especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de los pueblos”.
El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General adoptó la resolución 2065, a través de la cual reconocía la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido e invitaba a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las islas. Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización han reiterado este llamado, sin éxito.
La lucha argentina, sin embargo, tuvo su mayor retroceso en 2016, cuando, bajo la presidencia de Mauricio Macri, se firmó el ilegítimo pacto Foradori-Duncan en el que Gran Bretaña y la Argentina acordaban “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas” cuando es precisamente la negativa del gobierno británico a resolver la disputa de soberanía la verdadera causa de los obstáculos al “crecimiento y el desarrollo sustentable” de esta región del Atlántico Sur.
En este sentido cabe recordar que ni bien asumió como presidente, en diciembre de 2015, Mauricio Macri fue el primer gobernante electo desde el retorno de la democracia que no mencionó la reivindicación del ejercicio de la soberanía por Malvinas en su discurso de asunción en el Congreso Nacional.
No fue un olvido. Fue el comienzo de una estrategia que se extendió a lo largo de todo el gobierno de Cambiemos y que tuvo su segunda demostración en la eliminación de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación que, desde su creación en el año 2013, había tenido un rol particularmente activo a la hora de potenciar las acciones nacionales y regionales relativas a la defensa de nuestros derechos soberanos.
Hoy, bajo la administración de Alberto Fernández, el reclamo por la soberanía de los territorios argentinos vuelve a transformarse en política de Estado. La importancia estratégica de las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes debe permitirnos comprender por qué en el siglo XXI continuamos asistiendo al colonialismo. Si hay voluntad política, entonces encontraremos los caminos para recuperar nuestra integridad territorial.
Ilustración portada: Diego Block
