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Milei viola la Ley Argentina… de nuevo

Milei viola la Ley Argentina… de nuevo

Héctor Ramírez Castillo
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El presidente Javier Milei ha generado un intenso debate en Argentina tras anunciar que está cerca de alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que pretende aprobarlo sin necesidad de pasar por el Congreso. Esta declaración ha levantado suspicacias y críticas, ya que parece contradecir la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada en 2021, que establece que cualquier financiamiento o extensión de crédito con el FMI debe contar con la aprobación del Parlamento. Este escenario plantea serias dudas sobre el respeto a las normas legales y el equilibrio de poderes en el país.

La Ley 27.612, conocida como Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, fue sancionada en 2021 con el objetivo de garantizar la transparencia y la responsabilidad fiscal en la gestión de la deuda pública. Entre sus disposiciones más importantes, la ley establece que cualquier operación de financiamiento o renegociación de deuda con organismos internacionales, como el FMI, debe ser aprobada por el Congreso Nacional. Esta normativa busca evitar que el Poder Ejecutivo tome decisiones unilaterales que puedan comprometer el futuro económico del país, asegurando que las decisiones de endeudamiento cuenten con el respaldo de los representantes del pueblo.

Sin embargo, las declaraciones recientes de Javier Milei sugieren una intención de eludir este requisito legal. Según un artículo publicado por El Destape, Milei afirmó que el acuerdo con el FMI está casi cerrado y que planea implementarlo sin necesidad de someterlo a la aprobación del Congreso. Esta postura ha generado preocupación entre legisladores, expertos en derecho constitucional y la sociedad en general, ya que podría implicar una violación de la ley y un debilitamiento de las instituciones democráticas.

Milei justifica su posición argumentando que el acuerdo con el FMI es urgente y necesario para estabilizar la economía argentina, que enfrenta una grave crisis inflacionaria y un déficit fiscal crónico. Según él, el proceso de aprobación en el Congreso sería lento y burocrático, lo que retrasaría la implementación de medidas clave para reactivar la economía. Sin embargo, esta justificación no exime al gobierno de cumplir con las normas legales vigentes, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan el futuro económico del país.

La intención de Milei de aprobar el acuerdo con el FMI sin pasar por el Congreso plantea serias implicaciones legales y políticas. En primer lugar, violaría la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, lo que podría llevar a acciones judiciales en su contra. Además, esta actitud podría ser interpretada como un intento de concentrar poder en el Poder Ejecutivo, debilitando el papel del Congreso como contrapeso democrático.

Por otro lado, esta situación podría generar un precedente peligroso, en el que futuros gobiernos decidan ignorar las leyes vigentes bajo el argumento de la urgencia o la conveniencia política. Esto socavaría el Estado de derecho y la separación de poderes, pilares fundamentales de cualquier democracia.

El control parlamentario sobre las decisiones de endeudamiento no es un capricho legal, sino una garantía de transparencia y responsabilidad fiscal. El Congreso, como representante de la voluntad popular, tiene la responsabilidad de analizar y debatir las implicaciones de cualquier acuerdo con organismos internacionales, asegurándose de que no comprometa el bienestar de la población ni el futuro económico del país.

En el caso del acuerdo con el FMI, es fundamental que el Congreso tenga la oportunidad de evaluar los términos del acuerdo, sus condiciones y sus posibles consecuencias. Esto es especialmente relevante en un contexto en el que Argentina ha tenido una relación complicada con el FMI, caracterizada por préstamos que han generado un alto nivel de endeudamiento y condicionalidades que han afectado negativamente a la población.

Según el artículo de El Destape, Milei busca obtener “dólares frescos” a través del acuerdo con el FMI, pero pretende hacerlo sin cumplir con el requisito legal de la aprobación parlamentaria. Esta estrategia no solo viola la ley, sino que también plantea dudas sobre la transparencia del proceso. El gobierno argumenta que necesita actuar con rapidez para evitar un colapso económico, pero esto no justifica ignorar las normas establecidas para proteger los intereses de la ciudadanía.

Además, el artículo destaca que la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública fue creada precisamente para evitar que los gobiernos tomen decisiones de endeudamiento sin el debido control y supervisión. Ignorar esta ley no solo sería ilegal, sino que también enviaría un mensaje preocupante sobre el respeto a las instituciones democráticas.

Las acciones de Javier Milei dirigidas a evitar el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública representan un desafío serio para el Estado de derecho y la democracia en Argentina. Si bien es comprensible la urgencia de estabilizar la economía, esto no justifica eludir las normas legales ni debilitar el papel del Congreso como contrapeso democrático.

Es fundamental que el gobierno respete las leyes vigentes y garantice que cualquier acuerdo con el FMI sea debatido y aprobado por el Congreso. Solo así se podrá asegurar que las decisiones de endeudamiento sean transparentes, responsables y en beneficio de toda la población. Ignorar estas normas no solo sería ilegal, sino que también sentaría un precedente peligroso para el futuro de la democracia argentina. La ciudadanía y las instituciones deben permanecer vigilantes para evitar que se socaven los principios democráticos en nombre de la urgencia económica.

Héctor Ramírez Castillo

Periodista

Notas del autor
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de Revista Trinchera.

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Denuncia a domicilio

Denuncia a domicilio

Joaquín Bellingeri
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Con el pulso firme y de visitante, el ministro de Economía acudió a un debate con Luis Majul en La Nación +, y dejó una noticia con sello especial para Mauricio Macri: el ente de evaluación independiente del FMI investigará a fin del mes corriente a cuales sectores de la economía se enviaron los 45 mil millones de dólares tomados durante su gestión

Pese a que a muchos les moleste, y a otros tanto les sorprenda, el candidato presidencial por Unión por La Patria, Sergio Massa, parece haberse convertido en los últimos meses en la mejor cara del Partido Justicialista y el campo nacional y popular. Semejante certeza solo se debe a que revivió prácticamente con toda su fuerza una elección prácticamente pérdida (con gran apoyo de la otra gran figura, Axel Kicillof, de envidiable performance en provincia de Buenos Aires) y a que de a poco, en tan complejo escenario, va saldando deudas que ningún otro actor del PJ ha hecho en estos años.

Tal vez la deuda más grande que existía hacia adentro fue haberse puesto el traje de desconocido en un primer momento ante la estafa de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional hacia el país, y luego, sin más, tragársela. Esta semana Sergio Massa visitó el estadio de Macri (el estudio de televisión La Nación +), enfrentó sin que le tiemble el pulso los bombardeos de uno de sus mejores jugadores, Luis Majul, y se fue, no sin antes, dejar un módico presente, el propio FMI comenzará a investigar lo que hace mucho los argentinos queremos saber: ¿Dónde están los 45 mil millones de dólares? Allegados al propio ex presidente de la Nación aseguran que, si ya de por sí esta desprolija y apurada maniobra de Macri para cerrar acuerdos con el libertario Javier Milei visualizaba una posible desesperación del tandilense por sus 38 causas, ahora, con este aviso, la piedra se puso aún más tensa.

Semanas atrás había sido el ex candidato a presidente de la Nación en 2019, Juan José Gómez Centurión, quien se había encargado de exponer en vivo cual fue el mecanismo de “bicicleta financiera” del macrismo que replicó el plan económico de Martínez De Hoz durante su gestión, y por la cual apostó a la fuga de capitales y especulación en perjuicio del poder adquisitivo de los argentinos. No, no fue un compañero, fue un opositor. También, muy detalladamente el abogado e instruido en finanzas Carlos Maslatón explicó cómo fue la dañina mecánica macrista de venta de bonos y dólares a un precio más barato que el mismo oficial que existía en la Argentina y que luego fue subastado con la deuda tomada. Es decir, varios analistas externos coinciden en que la deuda fue usada en parte para pagar la mecánica que fugó capitales del país, y en otra parte para seguir fugando. “Pero visualmente es más fácil ver que se roban un bolso, que es mil veces menos destructor que esta bicicleta financiera”, aseguró Maslatón.

“Obvio que se usó para financiar la fuga de capitales, siempre es así cuando el FMI te da un crédito Stand By en el medio de una crisis”, aseguró el liberal José Luis Espert, que se sumó a la ola de distintos actores del arco político que coinciden en la fuga de un gran porcentaje del préstamo extraordinario de 2018. “El FMI nunca le debería haber dado 1.100% de la cuota a un gobierno al que ya no se le podía creer ni el ‘buen día’”, enfatizó además.

Lo cierto es que, luego de conocerse durante varios años distintas investigaciones, sumadas a las últimas presiones del ministro de Economía, la Oficina de Evaluación Independiente (IEO), que nuclea al Fondo Monetario, comenzará a fines de noviembre una evaluación que analizará si el préstamo otorgado en carácter excepcional cumplía con el diseño determinado, y si logró los requerimientos de aplicación, es decir, si el dinero prestado se usó para solucionar baches monetarios en el país. En esa línea, la IEO se encontrará, por lo pronto, con el informe realizado por la Auditoría general de la Nación (AGN), en donde aseguró que el 66% de la deuda se utilizó para financiar pagos a fondos de inversión; y también con el elaborado en 2020 por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que también detalla la disposición de mas del 60% del dinero contraído para la misma maniobra, y como estas coincidieron cronológicamente.

La investigación del propio organismo no solo es fundamental para proyectar una renegociación más justa para el país que fue gravemente estafado, sino también para que se acentúe lo nocivo que fue este acuerdo y se dimensione que semejante error no debe volver a ser cometido. La larga historia de deuda externa de la Argentina, iniciada cuando ésta ni siquiera era un Estado-Nación moderno con Bernardino Rivadavia, fue solventada (con sus idas y vueltas a lo largo de estos 200 años de historia) por Néstor Kirchner en 2005. La deuda externa con el Fondo Monetario es sinónimo directo de deterioro del poder adquisitivo: las restricciones al gasto en infraestructura y al impulso de la industria nacional malogran las exportaciones, y por tanto se es más propenso a generar déficit fiscal. El déficit, reflejado en la falta de respaldo hacia la moneda, decanta en una inevitable pérdida de valor de la moneda nacional.

Ejemplo de esta ecuación es la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner: el Fondo Monetario le pidió a Massa que frene la construcción, pero el tigrense no hizo caso, a sabiendas de que esto permitiría generar rápidos ahorros en importaciones, y un saldo favorable en exportaciones de energía para el 2024, dato con el que el ministro asegura que “gobierne quien gobierne” tendrá un mejor año en la balanza comercial. Pero claro, si luego lo construido se desfinancia, como propone el candidato Milei, retrocederemos. Aquí, Massa no perdió el tiempo, y aprovechó para reiterar esta narrativa jugando de visitante.

Joaquín Bellingeri

Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.

Más notas del autor
¿Lo único que queda es el Fondo?

¿Lo único que queda es el Fondo?

Nasim Iusef Venturini
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

“Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda nuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda nuestra fuerza”.

Antonio Gramsci

Argentina duele y nos duele a todas y a todos. La brutal desigualdad en la que desemboca la economía argentina luego de más de 40 años ininterrumpidos de políticas neoliberales, hace pensar que la única salida que hoy tiene el país es el ajuste para cumplir el programa con el FMI de modo de evitar un “colapso” de la economía.

De los ajustes sabemos que implican recesión y la ruptura de los tejidos sociales que traen aparejados los procesos depresivos, con el todavía fresco recuerdo del 2001 donde el establishment económico y unos cuantos políticos se rieron en la cara de lxs argentinxs, estafando y asesinando al pueblo (muchos responsables todavía impunes, qu fueron funcionarios de la Alianza, hoy integran Juntos por el Cambio, y también sigue en funciones alguno que otro en las filas del Frente de Todos).

Más allá del FMI, el brutal endeudamiento (cual salvavida de plomo) y la destrucción del tejido social que dejó la administración macrista, la economía argentina funciona mal y distribuye mucho peor, porque pese a tener algunos indicadores que se pueden decir “positivos”, el hecho de que tengamos más del 50% de las infancias bajo la línea de la pobreza es inaceptable.

Somos el país que más entradas reservadas/solicitadas tiene para el Mundial en Qatar, por lo tanto alguien está quedándose con algo que le corresponde a otre, y el problema no solo es político sino también redistributivo.

El problema está en las estructuras de los negocios que suceden en nuestra economía, que dado un Estado con escasas/nulas capacidades regulatorias efectivas, las transferencias de recursos del sector público al privado son enormes, por no decir obscenas, y en muchos sectores los subsidios al sector privado superan con creces las migajas que llegan a las políticas sociales, que en un contexto inflacionario licua todo intento redistributivo.

La economía informal permite diversos modos de “hacer negocios” por fuera de toda capacidad regulatoria, dando lugar a rentas que no sean gravadas, a que no haya condiciones dignas de empleo para les trabajadores y a que queden por fuera del acceso a derechos básicos asociados al trabajo formal un montón de compatriotas, destruyendo la posibilidad de que el trabajo permita contener y acompañar en el proyecto de vida de las personas.

Hoy nuestro país se encuentra con las tres herramientas de la política macroeconómica (tipo de cambio – tasa de interés – precios regulados) vedadas o limitadas para la utilización y con dificultades de que sean efectivas para resolver los problemas como la inflación; muchos menos quedan herramientas que busquen resolver los problemas redistributivos y de justicia social.

La escasez de reservas, la alta inflación y la imposibilidad de acceder al crédito externo, hacen del escenario una tormenta que puede devenir en tragedia dadas las condiciones socio-políticas que atraviesa nuestro país estos días.

El programa de ejecutar un ajuste fiscal y los pagos al FMI, cuyo cumplimiento implicaría un ancla en las expectativas inflacionarias de la economía, es lo que se está practicando y parece haber poca claridad en la conducción política respecto de un proceso de ajuste en el que no se comprometan políticas en curso o sin perjudicar a lxs más vulnerables. La tijera pasa por los más débiles, manifestando así la brutal desigualdad.

Una alternativa posible ante este panorama complejo sería que se recaude en los sectores con mayor capacidad contributiva para evitar una pauperización de les trabajadores, y que realmente se expongan las taras de funcionamiento de una economía en un país rico, donde un par de avivados hacen negocios a costa del hambre y la desesperación de las mayorías.

Nuevamente hay que remarcar que no hay que ajustar sectores sensibles como salud y discapacidad, y sí es necesario establecer mejores regulaciones para que los dineros a ese sector se traduzcan en beneficios concretos para la sociedad y no para tres vivos que facturan en el sector.

Mejorar la efectividad del gasto y aumentar la recaudación es una decisión política que requiere comunicación y prolijidad a la hora de implementar algún tipo de propuesta para que no se sigan profundizando la desigualdad y la miseria.

La propuesta de reveer las transferencias que el sector público le da al sector privado y aumentar la recaudación abre una ventana de oportunidad donde entra en disputa un punto clave de la política económica: intentar ordenar la economía de modo de que disfrutemos de las inconmensurables riquezas que tiene nuestra tierra. Defender a capa y espada la necesidad de mejorar y hacer más efectivas las transferencias a salud, educación y vivienda, es algo urgente.

Las transferencias (y “permisos” para evadir y eludir impuestos) que recibe el sector privado, que tanto dice ser promercado, se pueden pensar como renta subsidiada: si por tu actividad económica el Estado te otorga muchas exenciones y beneficios impositivos significa que te está subsidiando el negocio y que sin eso tendrías que cerrar la fábrica y hacerte cargo de las personas que dejas en la calle. Por lo tanto muchos de los que invierten en defenestrar al Estado lo hacen porque históricamente se enriquecieron a costa de él y cuentan con la impunidad para seguir reproduciendo esa injusticia. 

Un Estado que subsidia a sectores que no le reportan un buen servicio (caso servicios públicos) tiene la obligación de indagar en los aspectos de reproducción de estos sectores ya que limitan el uso de recursos en otros sectores que generen mayores desencadenamientos.

La vía de buscar recaudar más y mejor es urgente para poner en marcha procesos económicos que den trabajo y contengan, y esbozar líneas para que vivir bien en la Argentina no sea el sueño de muches y la realidad de unos pocos. La inevitabilidad de que el ajuste se realice sobre quienes menos tienen sería una injusticia, que de ser aplicada, será el caldo de cultivo de múltiples violencias. El hambre de les niñes no se puede pasar por alto, la necesidad de construir un futuro habitable para todas y todos debe ser el horizonte de aquelles que soñamos y luchamos por la dignidad de todo el pueblo.

Nasim Iusef Venturini
Nasim Iusef Venturini

Habitando la tarea de generar ciencia, con los pies en el barro y a partir de la acción, para construir justicia social. Me formo permanentemente en los campos de la economía y la salud, y considero que lo más importante es cuidarnos y cuidar nuestra tierra. Integrante de la Red Argentina de Investigadoras e Investigadores de Salud (RAIIS) y de la Red pública Argentina de Evaluación de Tecnologías de Salud (RedArets)

Notas del autor
Un proyecto de ley para crear un fondo para el pago de la deuda a partir de bienes no declarados

Un proyecto de ley para crear un fondo para el pago de la deuda a partir de bienes no declarados

Nacho Albanesi
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El bloque del Frente de Todos en el Senado presentó un proyecto para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”. Este fondo estaría sustentado a través de un aporte especial y de emergencia, a los bienes no declarados en el exterior, y solo podrá utilizarse para el pago de la deuda.

Si hacemos un poco de memoria, fue Cristina Fernández de Kirchner en el acto del 10 de diciembre del año pasado, con motivo de los 38 años de la democracia, quien se refirió a la necesidad de que el FMI ayude al país a encontrar los dólares que se fugaron de la Argentina. En ese momento mencionó que no era cierto que el país no tuviera dólares, sino que los tenía, pero que estaban en el exterior.

En este sentido uno de los autores del Proyecto, Oscar Parilli, mencionó que se estima que son alrededor de 417 mil millones de dólares los bienes en el exterior, y/o por fuera del sistema financiero institucionalizado, de los cuales solo está declarada una sexta parte (69 mil millones), lo demuestran los Panamá Papers, los Paradise Papers y los Pandora Papers, además de los informes de organismos públicos y privados.

El proyecto que lleva la firma del jefe de la bancada, José Mayans, y de las senadoras Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y los senadores Martín Doñate y Oscar Parilli, lo que plantea es que el fondo se cree en moneda extranjera, es decir en dólares, y que tenga un pago voluntario de un 20%, sin la necesidad de que esos bienes deban ser repatriados. Luego de seis meses, quienes no hayan realizado el pago voluntario deberán tributar el 35%. Ante esto, la pregunta del millón, cómo encontrar, dónde están, y de quienes son esos fondos. En esta línea la propia Cristina estuvo reunida en el día de ayer con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y entre otros puntos la Vicepresidenta, le solicitó la colaboración de su país con este proyecto.

Es importante señalar que este proyecto apunta a esos dólares en el exterior no declarados, fruto de la evasión y el lavado de dinero, y también alcanza a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país, cuando el verdadero centro vital de operaciones continúe siendo la República Argentina. Para poder contar con la información sobre quiénes son esas personas físicas o jurídicas el proyecto prevé la figura del “colaborador”, que serán aquellos que faciliten el hallazgo de bienes no declarados. Dentro de esta figura de colaborador podrán ingresar también los bancos, y para esto hay otro proyecto de ley.

Este otro proyecto está destinado a modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal, por el cual los bancos estarán librados de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Por medio de este mecanismo la propuesta es que por ejemplo un fiscal al estar investigando, no deba esperar el permiso de un juez para acceder a la información de los bienes y de esta manera se pretende acelerar los tiempos del proceso. Los “colaboradores” que brinden información precisa, que permita dar con estos fondos, serán recompensados con hasta el 30% de lo que se recaude por dicha operación.

El proyecto que surge del ala más kirchnerista del bloque de senadores del Frente de Todos, cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández, según afirmó ayer la vocera de la presidencia, Gabriela Cerruti, quien además afirmó que el propio Alberto valoró la iniciativa.

El comunicado del proyecto, señala en una de sus partes: “Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon -acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra Nación- son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica“.

Cabe recordar que durante la presidencia de Mauricio Macri entre 2015 y 2019 se fugaron del país unos 88 mil millones de dólares, y se estima que los argentinos tienen en dólar papel unos 200 mil millones, esto es el 10% de los dólares circulantes a nivel mundial y el 20% de los dólares que están fuera de Estados Unidos.

Nuevamente surge la pregunta acerca de quienes acompañarán este proyecto, y si de alguna manera esta iniciativa viene a saldar en parte las diferencias internas hacia dentro del Frente de Todos. Habrá que ver nuevamente con que apoyo de la oposición se cuenta en ambas cámaras y en caso de que este proyecto obtenga sanción, ver la efectividad que puede tener el gobierno rastreando estos fondos e intentando aplicarles tributo, dado que son fondos en su mayoría se encuentran en paraísos fiscales.

Nacho Albanesi
Nacho Albanesi

Colaborador de Revista Trinchera y columnista de la sección Economía en el programa 526 al Fondo.
Instagram: @nacho.albanesi | Twitter: @nch_albanesi

Notas del autor
Sobre el el proyecto de acuerdo con el FMI

Sobre el el proyecto de acuerdo con el FMI

Nacho Albanesi
TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Reflexionando acerca de los temas que hacen en la economía nacional por estos días, vemos que todos y cada uno de ellos, se encuentran estrechamente relacionados al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si quisiéramos hoy hablar de precios, inflación, del valor del dólar o de las tarifas, no habría forma de hacerlo sin referirnos directa o indirectamente al acuerdo con FMI.

Por qué se preguntarán varios, porque de la aprobación o no de este proyecto -o en términos técnicos el “Memorando de Entendimiento” que ya cuenta con media sanción en diputados y que esta semana se trataría en senadores- va a depender la economía argentina y en buena parte la suerte del gobierno del Frente de Todos de cara a 2023.

Este acuerdo es el que va a regular la macroeconomía argentina en los próximos años, va a regular la inflación, los salarios, el precio del combustible y los subsidios. Es decir, si este nuevo acuerdo no obtiene la sanción en senadores, el que estará en vigencia es el que firmó en 2018 Mauricio Macri. Según ese acuerdo la Argentina debería enfrentar este año vencimientos por 19 mil millones de dólares y el año que viene por 20 mil millones de dólares. Es técnicamente y fácticamente imposible pagar esa suma de dinero. De hecho Guzmán anunció que el país no dispone de los 2.800 mil millones de dólares para afrontar el vencimiento de este mes. De ahí las reuniones durante meses, de ahí las negociaciones y como resultado de todo ello este proyecto. Proyecto que debe pasar por el congreso como lo indica la nueva Ley de “Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública”, sancionada en marzo del año pasado y que establece la necesidad de que toda deuda pública contraída en moneda extranjera, deba ser aprobada no solo por el ejecutivo, sino que también deba contar con el apoyo del Congreso de la Nación.

El proyecto para un nuevo acuerdo lo que busca es esencialmente estirar los plazos de pago de los 45 mil millones de dólares que hoy el país tiene con el organismo. Para esto entre el equipo que tiene a Guzmán a la cabeza, y el directorio del FMI, elaboraron un nuevo proyecto de Facilidades Extendidas que es uno de los mecanismos que tiene el FMI, y que contempla desembolsos en dólares para pagar los vencimientos de la deuda. Si, se está tomando más deuda para pagar la deuda.

El proyecto del acuerdo contempla 10 revisiones por parte de los equipos técnicos del FMI, una cada tres meses, durante dos años y medio, con su correspondiente desembolso en caso de alcanzar las metas fijadas. Este desembolso se utilizará para pagar la cuota de la deuda refinanciada, y su vez quedará un margen excedente que irá destinado a acumular reservas.

Y entonces cabe preguntarse de qué forma se pagará esta nueva deuda. Deuda que contempla 10 desembolsos por un total de casi 45 mil millones de dólares. El nuevo sistema de pagos, sería así: cada uno de estos giros empieza a pagarse después de cuatro años y medio de otorgados, y se pagan en doce cuotas semestrales, es decir que el primer desembolso del FMI que llegaría en marzo de este año, y que sería de alrededor de 7 mil millones de dólares, comenzaría a pagarse en 2026 y se terminaría en 2032. Quizás algunos de estos datos ayuden a explicar por sí mismos la relevancia del asunto.

Y más allá de los números, podemos preguntarnos qué otras implicancias tiene el acuerdo, y qué rol tienen las revisiones del Fondo. Y si, es lo que a priori se suponía, el Fondo lo que busca es que Argentina reduzca su déficit fiscal a través de recortes centrados principalmente en los subsidios a la energía como lo son el gas y la electricidad, la baja de las tasas de interés bancarias y un gradual aumento del PBI. De hecho el Gobierno como parte del acuerdo, ya se comprometió a bajar en 2022 a 2,5% el déficit fiscal con un aumento proyectado del PBI de alrededor del 4%, lo que Guzmán mismo ha explicado como un crecimiento real de la economía nacional.

Si algo se puede rescatar de este acuerdo es que esta vez el Fondo no vino ni por las empresas públicas, ni por las jubilaciones, ni por el sistema laboral.

Si, es así, por el momento no se prevé ninguna reforma laboral ni previsional, ni privatizaciones de empresas. Algunos podrán pensar que se tiró la pelota para adelante, que el problema sigue estando. Y tendrá razón. Otro puede pensar que esto es lo mejor que se puede negociar con el FMI, y ahí está la gran pregunta. Pregunta que incluso expuso diferencias dentro del Frente de Todos que tuvo como correlato la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque en la cámara de Diputados, y el voto en contra del proyecto por parte de los diputados de La Cámpora en la sesión en la Cámara de Diputados.

Entre una de cal y una de arena, acá van dos datos. En primer lugar, mencionar que de los 45 mil millones de la deuda contraída por Macri ya se pagaron

4.500 millones de dólares, de ahí la diferencia en los primeros desembolsos entre la cuota que tiene que pagar y la que recibirá si es que se cumplen los deberes.

En segundo lugar, nos preguntamos al principio acerca de la gravedad de la situación. Solo por hacer una comparación de números. Semanas atrás el famoso influencer Santiago Maratea recaudó más de 150 millones de pesos (un millón de dólares) para combatir los incendios en la provincia de Corrientes. Nos preguntamos

¿Qué diría Maratea, si se enterara que para pagar la deuda con el Fondo, debería realizar esa misma colecta todos los días durante 45 mil días o el equivalente a 123 años?

Estos datos a lo mejor hagan que se dimensione la gravedad del problema, aunque muchos aún no cobren dimensión de que esto va a repercutir directamente en toda la economía, de ahora hacia por lo menos los próximos doce años. Esto afectará en el valor del dólar por ende en los precios, en el combustible, en la energía y lo más preocupante, en los alimentos.

Sin embargo, este acuerdo le trae confianza y previsibilidad al sistema financiero, un sistema que no podría funcionar si el país incurriera en incumplimientos en el pago con el Fondo. Porque esto cerraría automáticamente la posibilidad de acceso a capitales internacionales. Capitales internacionales que el país hoy necesita porque necesita de sus dólares, para poder pagar su deuda, y generar una diferencia en la balanza comercial que sirva para acumular reservas, para reducir la brecha cambiaría e ir liberando progresivamente la restricción que rige para la compra de moneda extranjera y para generar una situación de mayor estabilidad en el país.

En cuanto a los plazos, esta semana el proyecto se votaría en el Senado, se espera que el día jueves el proyecto esté obteniendo sanción de ley, ya que rige la fecha límite del 22 de marzo, día en que el país si no hay un nuevo acuerdo, debería pagarle al fondo 2800 millones de dólares como parte de los 19 mil millones que contemplaba acuerdo de 2018.

Habrá que esperar, seguramente el proyecto salga en ambas cámaras, luego el FMI rectifique el acuerdo, y en el mes de julio ya tengamos la primera visita del Fondo para controlar las cuentas del país. Restará por ver si las metas fijadas son alcanzables, y como vaya evolucionando la situación en cada uno de los trimestres acordados.

Finalmente para rescatar algunos puntos que considero son positivos y otros quizás no tanto. Empecemos por lo malo para dejar lo bueno para el final en toda esta historia.

Lo malo son sin dudas las visitas del FMI, las pautas que hay que ir cumpliendo y todo lo que implica el seguimiento detallado de un organismo que ya sabemos el rol que ha jugado a lo largo de su historia. Hay que ver qué sucede si en alguna de esas 10 visitas no se cumple con alguna meta u objetivo, ya que de eso dependerá que el Fondo nos de plata para pagarle la deuda que tenemos con él, si eso no sucede, el país deberá afrontar esa cuota sin la plata del fondo.

Y terminemos con algo bueno que ya mencionamos pero que no es menor. No hay recortes proyectados ni en salarios públicos, ni en los jubilados, ni en empresas nacionales, ni flexibilización laboral, que creo es la frutillita del postre que Mauricio preparaba en su mente para un segundo mandato. Por ahora el Fondo al menos se quedó con las ganas, quizás porque ni sus mismos directivos pueden explicar la magnitud del crédito que le otorgaron a Macri, pero bueno de ellos que se puede esperar.

Nacho Albanesi
Nacho Albanesi

Colaborador de Revista Trinchera y columnista de la sección Economía en el programa 526 al Fondo.
Instagram: @nacho.albanesi | Twitter: @nch_albanesi

Notas del autor
Ciclo de crisis en Uruguay: Dime qué presupuestas y te diré quién eres

Ciclo de crisis en Uruguay: Dime qué presupuestas y te diré quién eres

Nicolás Centurión
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Como en un deja vu neoliberal, la historia se vuelve a repetir. Ciclos de veinte años que vuelven a suceder en una rueda porfiada de crisis y más crisis. En 1982 fue la crisis de “la tablita”. En 2002 la crisis bancaria. El 2022 asoma en el horizonte potenciado por la irresuelta crisis mundial de 2008 y la pandemia actual.

Mientras, el gobierno de coalición de derechas presidido por Luis Lacalle Pou navega a contracorriente de la realidad, con un presupuesto con más recursos para la seguridad y menos para la salud y la educación. .

Brevísimo recorrido de los ciclos:

La espera frente al Banco Montevideo. Foto: archivo El País.

La crisis de 1982 fue llamada como la de “la tablita”. El instrumento de «la tablita» consistía en un cronograma en el que se establecía la futura cotización del dólar día por día a varios meses de plazo. El mismo se implementaba dentro de una política económica denominada liberalismo estabilizador, basada en el libre movimiento de capitales internacionales y un alto grado de apertura comercial. Básicamente el modelo implantado por la dictadura cívico-militar. 

En 2002, con responsables que se repiten de la dictadura y de la década del 90, se vuelve a desatar la crisis bancaria que deviene en la peor crisis económico-social del Uruguay. Han pasado 18 años, sólo faltan dos para que el ciclo se vuelva a repetir como una profecía auto cumplida en la que el mercado genera la crisis para servirse de ella misma y regenerarse.

Los 90, un loop

Portada de la jornada de saqueos en 2002.

El mito del derrame de riqueza en el neoliberalismo es más bien la realidad del derrame de ajuste y desigualdad. Uno de los reductos predilectos para mercantilizar es la educación. Este 18 de noviembre se cumplieron 30 años de la heroica huelga universitaria que tuvo a los estudiantes como protagonistas.

El año 1990 se inauguró con 129% de inflación, apenas un 0.3% de crecimiento y colas interminables, en su mayoría jóvenes, en los consulados de países europeos para conseguir su pasaporte y poder emigrar. La lucha de los estudiantes de esa época hizo retroceder al gobierno en sus pretensiones de cobrar matrícula a los estudiantes de la estatal Universidad de la República (UdelaR).

En estas semanas este tema volvió a estar sobre la mesa. ¿El movimiento estudiantil estará a la altura de las circunstancias como en los 90, a pesar de la flaqueza con la que contaba en ese momento?

Los pre-supuestos del presupuesto

El presupuesto quinquenal sigue en discusión. Uruguay se suma a la triste lista de países que recortan en el rubro de la salud en medio de una pandemia. Todo lo prometido en campaña electoral se desvaneció en el aire. La pesada herencia fue el leit motiv de la derecha en campaña mientras era oposición, pero ese gran paraguas que daba cobijo a cualquier tipo de críticas, hoy ha dado un giro de 180 grados.

La educación pública, esa educación vareliana que igualaba tanto a pobres y a ricos, fue uno de los estandartes de la oposición. Se esgrimía que la educación en los gobiernos frenteamplistas había dejado generaciones enteras por el camino. El presupuesto de los hoy gobernantes prevé recortes para el 2021: reducción de grupos, de vacantes para docentes y un proceso de mercantilización donde se cuela por la ventana a universidades privadas en la discusión educativa.

Se aumentará la cantidad de estudiantes por grupos y se reducirá la cantidad de horas de coordinación pedagógicas. Se estima que la reducción de grupos en secundaria será de 211.

La salud era otra abonada de las críticas. Hoy ha sido la que amortiguó la pandemia de covid-19 para que no se tuviera que lamentar, hasta el momento, miles de muertes. De igual manera el presupuesto en salud también apunta a la baja.

Uruguay. Rebajarán por ley salarios y jubilaciones públicas superiores a 80.000 pesos para «financiar el fondo coronavirus”/ Trabajador@s de la vía pública reclaman subsidio integral para afrontar reducción de ingresos por crisis

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) fue blanco de duras críticas por parte de las derechas cuando eran oposición. Apenas asumieron, detrás de eufemismos como “reestructuración” y “redistribución del presupuesto”, están llevando adelante grandes recortes en programas de cercanía que son fundamentales. La secretaria general del sindicato de trabajadores del MIDES indicó que se está desmantelando el Sistema Nacional de Cuidados. 

Según la Ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el cálculo de la caída del producto interno bruto (PIB) para fines de 2020 se mantiene en 3,5%, pese a que el último dato del Informe de Cuentas Nacionales, que corresponde al segundo trimestre de 2020, marca una caída de 11%.

“Los costos humanos de la pandemia del coronavirus ya son inmensurables y es preciso que todos los países trabajen en colaboración para proteger a la gente y limitar el daño económico. Este es el momento de actuar con solidaridad” expresó la Directora Gerente del FMI Kristalina Georgieva tras una conversación ministerial del G-20 sobre la emergencia del coronavirus.

El gobierno uruguayo de coalición de derechas, teniendo a la derecha militar en su seno, sigue dejando a la deriva a los trabajadores, subiendo las tarifas de los servicios públicos mes a mes. El gobierno uruguayo está a la derecha del FMI.

Artículo publicado originalmente en estrategia.la

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Notas del autor
Francisco Verbic: “El FMI es responsable, lo que estamos investigando es donde podemos hacer efectivas esas responsabilidades”

Francisco Verbic: “El FMI es responsable, lo que estamos investigando es donde podemos hacer efectivas esas responsabilidades”

Revista Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Teniendo en cuenta el trabajo conjunto que vienen realizando con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y el Centro de Estudios para la Integración Financiera ¿Cuál es el camino que se viene transitando desde que Mauricio Macri firmo este acuerdo con el FMI?

El trabajo comenzó a mediados del año 2018 justamente cuando se anuncio públicamente que íbamos a volver al FMI, después de la farra de endeudamiento privado que hubo y que nos puso en la situación que se sabe hoy, por eso se sospechaba lisa y llanamente con el default.

Nos empezamos a hacer algunas preguntas sobre todo ¿porque Dujovne viajó a Washington y porque no había nada de información pública? En unos pocos días, fue a negociar y volvió con el acuerdo firmado. Nosotros trabajamos mucho con temas de derecho administrativo y sabemos que es imposible negociar y firmar un acuerdo, sobre todo por la magnitud (no nos olvidemos que es el acuerdo más grande de la historia del FMI), sabíamos que era imposible hacerlo en tan pocos días. Entonces empezamos a investigar.

Nos encontramos con que no había nada de información pública disponible, y ahí iniciamos el primer amparo judicial acompañando al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para hacernos de los expedientes y de los dictámenes previos que exigen distintas leyes de nuestro sistema jurídico como para poder tomar decisiones en este tipo de cosas y en cualquier otras, pero específicamente en materia de deuda externa.

Ese caso fue rechazado por la justicia porque no habíamos ido a sede administrativa como exige la ley de acceso a la información pública. No lo hicimos porque considerábamos que el tema era urgente y que era inútil ir a sede administrativa, justamente porque no había absolutamente nada de información disponible.

En el medio de ese proceso, justo antes del rechazo final, el Ministerio de Hacienda se presentó en el expediente y manifestó que todo lo que nosotros estábamos pidiendo estaba ya publicado en su sitio web. Cuando fuimos al sitio web nos encontramos con que lo único que había era la carta de intención y los memorándum adjuntos al pedido original del crédito y desde ya que eso no reunía los requisitos. No era la información que estábamos pidiendo. Pero por lo menos era algo.

Cuando conseguimos esa información hicimos un segundo pedido, esta vez sí en sede administrativa, acompañando al Centro de Estudios para la Integración Financiera que es parte del CEPAS (Centro de Estudios para las Políticas Públicas al Socialismo). Pedimos administrativamente los expedientes y los dictámenes. Fue un pedido mucho más específico y más extenso porque teníamos las cartas de intención y los memorándum que hasta entonces no estaban.

El 28 de diciembre del 2018, el Estado Nacional nos contestó que no necesitaba estudios técnicos para tomar el crédito. Como no respondió a nuestro pedido de información y eso en la ley significa una delegatoria tacita, fuimos de vuelta a sede judicial y finalmente logramos que en septiembre del año 2019, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, condenara al Estado Nacional a entregarnos la información que estábamos pidiendo.

En el medio del proceso el Estado Nacional hizo varias cosas para intentar que el tema no fuera resuelto por el poder judicial. Una de ellas fue comunicarse extrajudicialmente con nosotros y ofrecernos los expedientes que estábamos pidiendo. Los fuimos a buscar, y lo que nos encontramos realmente fue sorprendente, mucho peor de lo que imaginábamos.

Uno se puede imaginar algún trámite desprolijo por la celeridad, por la velocidad con que se hizo esa negociación, pero nos encontramos con que directamente el expediente, que es un requisito de forma para tomar cualquier tipo de decisión estatal (incluso para comprar lapiceras en una repartición -salvo que vaya por “caja chica“- si es una compra más o menos importante, tiene que tener un expediente), fue iniciado 9 días después de ser firmada la carta de intención y exactamente una semana después de que promovimos el primer amparo con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

Además de ser iniciado una semana después, con lo cual no hubo decisión administrativa real para tomar el crédito sino a sola firma por el ministro de Hacienda, nos encontramos con que esa toma de deuda no solo no tenía expediente sino que no tenía dictámenes jurídicos previos (que exige la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo), no tenía -y esto es clave- un dictamen del Banco Central (que impone el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera) para ver cómo iba a impactar en la Balanza de Pagos ese crédito que estábamos tomando.

Escucha la nota completa acá…

https://open.spotify.com/episode/1uUPtFnYfBlQcqJTtaf26y?si=yEBU3Y8XR26lZPU-mCu-SQ
Disculpe, ¿fuego tiene?

Disculpe, ¿fuego tiene?

Miranda Cerdá
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

A las tres de la mañana del 4 de agosto, el Ministerio de Economía de la Nación informaba a través de su cuenta de Twitter que Argentina y tres grupos de acreedores habían alcanzado un acuerdo de reestructuración de la deuda.

El acuerdo al que arribó el equipo económico con los principales bonistas permite ahorrar cerca de 40 mil millones de dólares en los próximos años. En términos criollos, el Gobierno nacional no se verá obligado al ajuste al que lo sometían los próximos vencimientos, sino que podrá destinar esos fondos a la recuperación económica y a cumplir con la promesa de “poner a la Argentina de pie”, después de cuatro años de miseria planificada.

En este sentido, la negociación se encaró desde tres pilares: la sostenibilidad de la deuda, es decir que argentina pueda pagarla; la compatibilidad con los objetivos de la política económica (que la reestructuración permita volcar recursos para el crecimiento de la economía); y por último, pero no menos importante, que los acreedores asuman la responsabilidad de haber prestado plata a alto riesgo y con altas tasas de interés. Demás está decir que los bonistas aceptaron el acuerdo porque no se están perdiendo de nada.

Las buenas noticias

Martín Guzmán, sentenció que no hay espacio para políticas de ajuste fiscal ni monetario en una economía en recesión. En ese sentido, el acuerdo es un primer paso para empezar a salir de la trampa: despeja el horizonte de vencimientos de los bonos por cinco años -aunque falta el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- y rechaza la lógica de ajuste que pretendían imponer.

Como analiza el Centro de Economía Política Argentina[1] (CEPA), el acuerdo establece que si entre 2020 y 2024 vencían US$ 63 mil millones, vamos a pagar solo US$ 7.556 millones, lo que implica un alivio financiero de US$ 30.300 millones en los vencimientos de títulos bajo ley extranjera producto de la reducción de la tasa de interés: de 7% que pagaba Mauricio Macri, ahora se pagará 3,1% promedio.

Además, descomprime la demanda de dólares, algo importantísimo en una economía atravesada por la recurrente restricción interna, al mismo tiempo que se liberan recursos fiscales para atender la pandemia y retomar la senda de crecimiento económico. Recordemos que en el Presupuesto 2019, los intereses de deuda alcanzaban el 21% del total de gastos.

Vale recordar que los bonistas arrancaron ofreciendo un acuerdo por US$ 92 de valor Presente Neto por cada US$ 100 de valor original de cada título a fin de 2019. En febrero los acreedores ya ofrecían U$S 75. En la primera oferta del Gobierno argentino, en abril de 2020, se propuso pagar U$S 40 y los bonistas allí contraofertaron US$ 65. Finalmente el acuerdo se cierra entre US$ 54 y US$ 55: los acreedores redujeron su oferta en un 70%, mientras que Argentina la mejoró en un 30%.

Para poder tomar dimensión de este último punto, cabe señalar que Ecuador está reestructurando su deuda a la par de la Argentina, por un monto sensiblemente menor, con una oferta cercana a US$ 59 de Valor Presente. Es decir, nuestro país logra un acuerdo con una menor oferta a la del ejemplo que BlackRock quiso que se imitara. Sí, el Ecuador de Lenín Moreno era el ejemplo a seguir.

En una nota reciente[2], Julia Strada asegura que la deuda también disciplina políticamente. A la ya conocida extorsión del FMI de “si no hay ajuste, no te sigo desembolsando”, se suma que todas las valoraciones sobre la República Bolivariana de Venezuela, sobre el Memorándum con La República Islámica de Irán, el golpe al Estado Plurinacional de Bolivia o los acuerdos comerciales con la República Popular China, también se ponen arriba de la mesa de negociación, donde nos jugamos el apoyo de Estados Unidos para la reestructuración.

Durante el último tramo de la negociación, fue el ministro de Economía el que puso el pie en el acelerador: si los fondos acreedores no aceptaban la propuesta, Argentina se tomaba el buque y la negociación quedaba en stand by hasta 2021. Plantarse así ante Blackrock, Fidelity y varios más, daba cuenta de que el Gobierno nacional iba en serio.

“Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados como los entendía el gobierno anterior”[3], le había dicho en tono amenazante el director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, Gerardo Rodríguez, a Guzmán durante una reunión por la plataforma Zoom, en abril. Así de cancheros estaban los bonistas y les salió el tiro por la culata.

El acuerdo es una victoria política para el gobierno de les Fernández: el no acuerdo hubiera supuesto demandas judiciales, problemas políticos con el poder mundial y ni hablar del accionar propagandístico de los lobbistas locales en los medios de comunicación, asociados obviamente a una oposición con peso en el Congreso y capacidad de movilización, como se ha demostrado en los días patrios elegidos para reivindicar una política reaccionaria y en defensa de la propiedad privada de los medios de producción. En ese sentido, no acordar con los acreedores generaría mayor confrontación con el poder económico.

Cuestiones no menores

En la nota mencionada anteriormente, Julia Strada asegura que la deuda es un negocio continuo y la clave es que dure, no que se cancele, porque desendeudarse es una afrenta al sistema: “corta con la exacción de intereses y termina con la influencia política”.

En términos económicos y sociales, el acuerdo genera previsibilidad a los sectores dominantes del orden capitalista: “Por eso festeja el FMI, el sistema financiero internacional y los medios hegemónicos de comunicación”, dice Julio Gambina. También hay que destacar que hay acuerdo con la oposición, que avaló la Ley de Sostenibilidad votada a comienzos de este año, sabiendo que también son responsables de que estemos negociando cómo salir de este bolonqui. Además, el acuerdo da un marco de previsibilidad a los negocios: las empresas privadas que están endeudadas ahora tienen expectativas de negociar préstamos para pagar los viejos préstamos, a menores tasas de interés.

Por otra parte, falta la discusión con el FMI, que pese a las sucesivas flores y los guiños que Kristalina Georgieva le ha tirado a Martín Guzmán, nunca puede ser muy favorable para el pueblo argentino. ¿Permitirá el Fondo una renegociación sin mandatos sobre el programa económico? ¿Desistirá de las reformas impositiva, laboral y previsional? Por lo menos, no parece fácil que eso suceda.

Mauricio Macri y Larry Fink

Una tercera reflexión interesante es que la reestructuración de la deuda le da un marco legalidad, cuando en mayo de este año el Banco Central de la República Argentina sacó un informe[4] que asegura que durante los últimos cuatro años se tomó deuda por 100 mil millones de dólares y se fugaron capitales por 86 mil millones de dólares (vía precios de transferencia o salidas disfrazadas de pago de servicios inexistentes, precios de transferencia entre empresas vinculadas, contrabando vía subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). La deuda tomada por el mejor equipo de los últimos 50 años no benefició al pueblo argentino. ¿Quiénes se beneficiaron con los préstamos? ¿Quiénes se la fugaron casi todita?

En este sentido, y como venimos señalando desde el 10 de diciembre, es necesario realizar una profunda auditoría de la deuda, con participación popular; y luego disputar un consenso social amplio para una política de reestructuración, no de la deuda, sino del modelo productivo y de desarrollo.

Que el acuerdo por la deuda no impida ver para atrás e investigar las maniobras cínicas y fraudulentas de un Gobierno que vino a llevársela toda, porque como sostenemos desde el genocidio de 30 mil compañeres, “la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan andar libre como el viento”.

Referencias:
[1] https://mcusercontent.com/e9c6f62a4dc825f6a9dab4e88/files/7bc2ac7d-781b-4e95-989d-e95a47c0176d/2020.08.04_Las_claves_del_acuerdo_CEPA.pdf
[2] http://revistaanfibia.com/ensayo/deuda-externa-no-eterna/
[3] https://www.baenegocios.com/columnistas/Cruces-internos-y-amenazas-externas-por-la-oferta-a-bonistas-y-el-impuesto-Forbes-20200416-0136.html
[4] https://www.telam.com.ar/notas/202005/463956-deuda-fuga-de-capitales-banco-central.html#:~:text=La%20fuga%20de%20capitales%20entre,pedido%20del%20Poder%20Ejecutivo%20Nacional.

Miranda Cerdá Campano
Miranda Cerdá Campano

Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo, lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta. 

Notas de la autora
Tierra Arrasada: un archivo fílmico del neoliberalismo

Tierra Arrasada: un archivo fílmico del neoliberalismo

Jorgelina Urra
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Jorgelina Urra*

“El documental no solo es un archivo fílmico del neoliberalismo y el libre mercado, es una denuncia, una contraofensiva que se propone marcar al enemigo y por sobre todo, recordarnos que además de la pandemia hay que seguir batallando contra quienes nos arrastraron a las puertas del FMI”.

Estamos a unas semanas de llegar a mitad de año y la pandemia ha llenado la agenda mediática, de tal manera que hay hechos que siguen frescos en la memoria pero no aparecen en las pantallas o la páginas de los diarios. Por eso es clave ver y analizar el documental dirigido por Tristán Bauer, actual Ministro de Cultura y director de “El Camino de Santiago”. Anoche se estrenó en la plataforma de contenidos Nacional CineAr, Tierra Arrasada, un documental que narra los últimos cuatro años de gobierno neoliberal que, de la mano de Mauricio Macri, destrozaron las esperanzas, los sueños y las vidas de les argentines.

El filme recorre en línea cronológica los hechos represivos, las tomas de decisiones, la corrupción, el espionaje y el sin fin de operetas mediáticas y judiciales que el macrismo llevó adelante desde el 10 de diciembre de 2015. Tristán Bauer puso la cámara en cada uno de los momentos en los que los derechos fueron atacados y la impunidad mostraba el rostro; hizo foco en las escalofriantes palabras de cada une de les dirigentes del entonces oficialismo. Estas escenas son testimonio fiel del sufrimiento y la desidia decorada con globos amarillos y alentada con susurros que decían “si se puede”. El documental es la viva imagen y el relato crudo del desguace del Estado así como también, da cuenta de la estrategia política y la lucidez de Cristina Kirchner que no claudicó, y junto a las organizaciones sociales del campo Nacional y Popular, logró articular el amplio arco político que el 27 de octubre fue elegido por el pueblo para gobernar y tratar de salvar el país del hundimiento al que fue direccionado por las políticas macristas.

Rodolfo Walsh dijo “el periodismo es una responsabilidad histórica”, y este trabajo es una muestra de esa responsabilidad, porque mas allá de que hoy podamos tener la posibilidad de volver sobre los hechos por medio de videos, notas, entrevistas y demás; el documental contiene 125 minutos de archivos, de periodismo de investigación, que nos tiene de protagonistas a nosotres y a elles, por lo que no hay operación mediática que pueda hacernos creer que todo aquello está olvidado.

La voz denunciante y suntuosa de Darío Grandinetti relata con cifras y datos estremecedores la cantidad de despidos y las historias de les trabajadores, entre otras cosas. Ésta se mezcla con las imágenes de fábricas desoladas que producen a la mitad de lo que antes producían, o ya no producen, porque no pudieron aguantar el des-financiamiento. De eso se trata, el hilo de esta historia reciente es la supervivencia, como si fuese cosa de un reality show, los personajes, es decir todes nosotres, parecíamos tener una sola y única meta; sobrevivir.

Les argentines aguantamos en el ring cuatro años de golpes. Ni bien sonó la campana, se levantó el cepo, aguantamos la fuga de capitales y una economía que caía en picada. Salimos a las calles, que son nuestro territorio de visibilización cuando los gobernantes no cumplen las promesas y nos encontramos con los perros de Bullrich, así que aguantamos el sofocante gas que nos dejaba sin aire, y las balas de goma que se nos hundían en la piel, incluso vimos cómo se llevaban detenides a nuestres compañeres por luchar. Aguantamos las mentiras, sostenidas y promovidas por un ejército de inoperantes que se hicieron y se hacen llamar periodistas. Aguantamos la persecución a dirigentes polítiques, tanto de organizaciones sociales como de sindicatos, a ex funcionaries y a quien fuese necesario perseguir para perpetuar el poder.

El documental no solo es un archivo fílmico del neoliberalismo y el libre mercado, es una denuncia, una contraofensiva que se propone marcar al enemigo y por sobre todo, recordarnos que además de la pandemia hay que seguir batallando contra quienes nos arrastraron a las puertas del FMI. La deuda es con el pueblo, por eso no podemos ni debemos permitir que los responsables de la desidia sigan opinando sobre lo que se debe o no priorizar en este momento, los medios monopólicos siguen sosteniendo las mentiras que ya nos cansamos de escuchar, deslegitiman el trabajo que realizan les actuales funcionaries, e incluso no cesan en crear noticias que tengan a Cristina de personaje principal para tener a quien culpar. La oposición actual, es decir lo que quedó de ese partido amorfo que es Juntos por el Cambio o el macrismo y que es apoyado por operadores mediáticos como Luis Majul o personajes detestables como Fernando Iglesias, hoy intentan crear la ilusión de que la democracia no está siendo respetada y que tanto Alberto como Cristina intentan llevar adelante una “reforma judicial para buscar impunidad”, cuando sabemos y queda explícito en los archivos del documental, y las vivencias que nos atraviesan, que quienes utilizaron el poder judicial para la persecución política y a contramano de la democracia, fueron elles.       

Hay algo que queda sonando en el aire, que repercute en la cabeza y es, quizás, lo que está permitiendo que todo este circo siga en pie, algo que Macri nunca dejó de repetir: “el cambio cultural que estamos impulsando persigue objetivos concretos”. Y queda claro que el cambio cultural al que aspiraba y aún pretende seguir alimentando no incluye a todes, porque se trata de un cambio direccionado a los intereses extranjeros, a producir para otres, la fórmula es importar la cultura occidental mas meritocrática que fomente el canibalismo simbólico, esa idea de ir tras el American Drem por medio del esfuerzo personal, lo que significa: un Estado desligado de las problemáticas actuales y un mercado al servicio de los intereses del poder dominante. Por eso es que uno de los sectores más golpeados fue la educación pública, a ningún liberal le conviene que un montón de negres pobres tenga acceso a la educación, a comprender su tiempo histórico o peor aún, a transformarlo.

Les docentes fueron un blanco constante durante los cuatro años de macrismo; se les intentó silenciar, deslegitimar y no solo a elles, sino a todo el sistema educativo público. Tuvimos que escuchar de boca del entonces Presidente o la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que les estudiantes “caían” en la educación pública porque no tenían con qué pagar las cuotas de una institución privada. El reflejo de estas políticas de desprecio fue, por ejemplo, la explosión de la escuela N° 49 de Moreno, donde murieron Sandra y Rúben. ¿Dónde están les responsables de esas muertes? O quizá podemos mencionar el recorte en el presupuesto educativo, el cierre de universidades o las computadoras que nunca se terminaron de entregar y hoy les hacen falta a cada une de les pibes que a causa de la pandemia no puede asistir a clases.

Ejemplos como los que se acaban de mencionar hay muchos, ahora bien ¿vamos a permitir que estos personajes, responsables del desmantelamiento del Estado sigan hablando, sigan pavoneándose frente a las cámaras de TV o despotricando falacias en distintos medios? La tarea que nos queda es ardua, pero no debemos flaquear; no nos tenemos que dejar influenciar por el odio de la clase dominante y no debemos permitir que nos hagan creer que la plata que hoy falta tiene que salir de nuestros bolsillos. Detrás de todo esto hay responsables que están intentando reconstruir el discurso neoliberal, argumentando que carecemos de democracia. Todes tenemos la fuerza y la capacidad para hacerles frente, y también tenemos las pruebas para condenar a les culpables. El futuro está nuevamente en manos del pueblo, que debe seguir organizado y predispuesto a dar batalla. Sentemos las bases para que quienes vienen detrás de nosotres tengan la posibilidad de soñar.

* Entiende que para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiere hablar desde el léxico revolucionarie.
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