Diputados: cómo se conformarán los bloques y autoridades de la Cámara

Diputados: cómo se conformarán los bloques y autoridades de la Cámara

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De cara a la conformación que tendrá desde el 10 de diciembre ese cuerpo parlamentario, el primer tema a definir es el de la presidencia de la Cámara. Ese lugar, según la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional.

Los diferentes espacios que conformarán la Cámara de Diputados de la Nación comenzarán, en los próximos días, las negociaciones para definir sus autoridades, la creación de los interbloques y la integración de las comisiones, de cara a la conformación que tendrá desde el 10 de diciembre ese cuerpo parlamentario. El primer tema que se definirá es el de la presidencia de la Cámara, lugar que, de acuerdo con la tradición parlamentaria, estaría en manos del futuro oficialismo nacional, pese a no ser el espacio de mayor volumen en la nueva configuración.

Como antecedente inmediato, en diciembre de 2015, el Frente para la Victoria (antes de su parcial desmembramiento en febrero de 2016) tuvo mayoría de bancas que Cambiemos, e igualmente le cedió la presidencia a Emilio Monzó del PRO. Ahora se repetiría la acción y la titularidad de la Cámara recaería en un diputado de la Libertad Avanza (LLA), del PRO o algún independiente, según la distribución de otros espacios de poder. Los nombres que suenan para el lugar son Oscar Zago y Guillermo Montenegro, de LLA; Florencio Randazzo, del “schiarettismo”; Miguel Pichetto, de Encuentro Republicano Federal; y Cristian Ritondo, del PRO. 

Este último estaría por ahora perfilado con mayores chances. Igualmente, desde el Frente de Todos (FdT) aseguran que el gesto de darle la presidencia a un representante del oficialismo no implica “un cheque en blanco” para la persona designada, sobre todo en lo referido “al tema del personal y a la relación con los gremios legislativos”.

Con respecto a los bloques e interbloques, desde el sector de LLA analizan la conveniencia de crear una unión entre LLA y el sector del PRO que apoyó a Javier Milei, en una bancada que sumaría entre 67 y 70 diputados: los 37 de LLA y unos 30/33 del PRO y de otros monobloques que hoy integran JxC, como el de Ricardo López Murphy o el del olmedista salteño Raúl Zapata.

El resto de los socios de JxC piensan por estas horas en un interbloque de “centro-democrático” que sume entre 55 y 60 integrantes, y en el que reunirían los 35 radicales; 10 del PRO más cercanos a Horacio Rodríguez Larreta; 3 del espacio de Monzó y Margarita Stolbizer; el mencionado Pichetto y los diputados pertenecientes a nuevas provincias que gobernará JxC, como San Luis, San Juan o Chubut.

Cabe destacar que desde ese sector buscan convencer a la Coalición Cívica de que se mantenga dentro del interbloque para llegar a 60, aunque Elisa Carrió anunció el domingo que para ella “Juntos por el Cambio se rompió”. En paralelo, el actual oficialismo, aspira a mantener su unidad, más allá de que hacerlo “desde el llano” no es lo mismo que desde el poder. Tratarán de mantener la unión de los 105 diputados que lo integran y que provienen de espacios como el kirchnerismo, La Cámpora, el Frente Renovador, los gobernadores, los movimientos sociales y los representantes sindicales, entre otros.

En tanto, el Frente Renovador de la Concordia misionero, que en la elección de octubre integró su lista de diputados nacionales a la boleta que llevaba a Sergio Massa como presidente, continuará como bloque propio, con sus cuatro integrantes.

Finalmente, los otros espacios provinciales que tendrán representantes, y que también deben definir si se agrupan o no, son el oficialismo cordobés, con seis diputados, incluido Randazzo: el santacruceño con dos; el Socialismo (integra la alianza que gobernará Santa Fe) con dos, y Neuquén y Río Negro, con uno cada uno. En la paridad de fuerzas de la nueva Cámara, los cinco diputados de la Izquierda jugarán un rol importante de cara a la conformación del quórum y de la votación de los proyectos.

Sin dudas la conformación de las Cámaras de Diputados y Senadores, serán de vital importancia para el pueblo argentino, ya que las medidas que tomará el nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, a partir del 10 de diciembre deberán pasar por el Congreso. Sin embargo, el acuerdo entre Mauricio Macri y Milei puede reconfigurar el escenario.

Reducción de la jornada laboral: el oficialismo busca avanzar con el debate en Diputados

Reducción de la jornada laboral: el oficialismo busca avanzar con el debate en Diputados

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Analizarán los proyectos y buscarán acuerdos para llegar a un texto de consenso que contemple llevar las 48 horas semanales de la actualidad a 36 horas por semana o un máximo de 6 horas diarias.

En Cámara de Diputados, el oficialismo buscará avanzar el próximo miércoles 4 a las 16 horas con el análisis de los proyectos de reducción de la jornada laboral y tendrá como objetivo encontrar acuerdos para llegar a un texto de consenso que contemple llevar de las actuales 48 horas semanales a 36 horas por semana o un máximo de 6 horas diarias.

El debate comenzó la semana pasada en la Comisión de Legislación del Trabajo, cuya presidenta, Vanesa Siley del Frente de Todes (FdT), recalcó en el inicio de la reunión que sería la primera pero no la última e informó que “la CGT va a estar presente en la reunión y también algunas cámaras empresariales que pidieron participar”.

En este sentido, fuentes parlamentarias no descartaron que la central obrera sea citada para la tarde del miércoles 4 para exponer sobre la iniciativa. De todos modos, la comisión mantendrá otras reuniones más para avanzar ya con los diputados en el análisis de un texto de consenso.

Cabe recordar que en Argentina la jornada laboral se rige por la Ley 11.544 del año 1.929, que fija 48 horas semanales como máximo, es decir 8 horas por día incluyendo los sábados. Sin embargo, “el promedio es de 34 a 36 horas semanales”, advirtió Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista. “La reducción de la jornada máxima legal viene a convalidar un proceso económico que se dio a lo largo de todo el siglo veinte respecto de la distribución de los tiempos de trabajo, no viene a generar algo nuevo”, simplificó el abogado.

De esta manera, el oficialismo ya trabaja en un borrador que toma como fundamento a siete proyectos presentados por diputados de diferentes bloques y que trata de implementar que la duración de la jornada laboral diurna salubre no podrá exceder de seis horas diarias o 36 semanales. De esas propuestas, cinco corresponden al oficialismo, presentadas por Claudia Ormaechea, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Eduardo Valdés y Mónica Litza, y dos de legisladores de la oposición, impulsados por el socialismo, mediante Enrique Estévez y de Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda.

Además, el boceto señala que “la limitación de la jornada de trabajo no tendrá vigencia cuando se apliquen los horarios rotativos del régimen de trabajo por equipos. Cuando se alternen horas diurnas con nocturnas se reducirá proporcionalmente la jornada en 12 minutos por cada hora nocturna trabajada o se pagarán los 12 minutos de exceso como tiempo suplementario”.

Por otra parte, el escrito aclara: “En caso de que la autoridad de aplicación constata el desempeño de tareas en condiciones de insalubridad, intimará previamente al empleador a adecuar ambientalmente el lugar, establecimiento o actividad para que el trabajo se desarrolle en condiciones de salubridad dentro del plazo razonable que a tal efecto determine”. De igual manera el texto señala que “las reducciones de las jornadas máximas de trabajo establecidas por la presente ley no podrán llevar aparejada reducción o supresión alguna en la remuneración de los trabajadores”.

Cabe recordar que la iniciativa cuenta con el aval de la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos y al respecto la semana pasada expresó: “Nosotros promovemos que, de adoptarse una modificación hacia la reducción de la cantidad máxima de horas de trabajo autorizadas semanalmente, se haga de manera escalonada”. “No se puede hacer de un día para el otro porque tiene que haber un horizonte de previsibilidad en relación a esa modificación”, aclaró la titular de la cartera laboral.

En este sentido, Olmos destacó que, si se opta “por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”. “Si uno ve el mapeo mundial no hay una posición común como tampoco hay un desarrollo homogéneo entre los países”, agregó la ministra.

Por su parte, Ormaechea, autora de una de las iniciativas, recalcó la importancia de avanzar en la reducción de la jornada laboral y señaló que ese tipo de debates se dieron “en todo el mundo con pruebas pilotos con resultados muy favorables”. “Esta ley va a mejorar la distribución de los puestos de trabajo y en algunos sectores también la creación de puestos”, concluyó.

El legislador oficialista Eduardo Valdés, otro de los autores, advirtió que “los países de mejor índice de Gini son los que redujeron el horario laboral, como Noruega, Dinamarca y Alemania” y agregó que esas modificaciones también son discutidas “por la derecha inglesa”, algo que a su entender prueba que no se trata de una cuestión “ideológica”.

Si bien la mayoría de los gremios se mostraron a favor de la reducción de la jornada laboral en el inicio del debate, recientemente se conoció que, desde la Cámara Argentina de Comercio, su presidente Mario Grinman, señaló su postura en contra de la iniciativa, y aseguró que no es el momento para tratarlo. En consonancia, desde la Unión Industrial Argentina también se expresaron en contra. El vicepresidente del departamento de Política Social del ente indicó: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”.

Pese a los últimos dichos, el debate por la reducción de la jornada laboral es una discusión que se está dando en el mundo y en algunos países ya están en marcha pruebas piloto para determinar su efectividad para el mundo del trabajo. En este sentido, Argentina se encuentra dentro de los países de Nuestra América con jornadas de trabajo más extensas, cerca de países como Mongolia o Pakistán, en los que la carga horaria semanal supera las 50 horas.

Cabe destacar que algunos países de la Patria Grande ya establecieron reducciones de la jornada laboral: Ecuador tiene 40 horas semanales de trabajo y ocho como máximo diarias, al igual que Chile y Venezuela, mientras que Brasil, El Salvador, Honduras, Cuba y República Dominicana, se limitaron a 44 horas semanales y ocho diarias.

También hay países europeos que han disminuido la semana laboral. Australia, Dinamarca, Holanda y Noruega por ejemplo, desarrollan semanas laborales que van desde las 30 a las 35 horas. En Suecia, hay una prueba piloto, que incorporó la jornada laboral de seis horas diarias, tanto en instituciones públicas y privadas de servicios, con resultados efectivos. 

En Reino Unido, se implementó la prueba piloto para incorporar la semana laboral de 4 días, la propuesta estuvo basada en el modelo conocido como 100-80-100, que consiste en mantener el 100% del salario, reducir el 80% de la jornada laboral y mantener, al menos, el 100% de la productividad.

En los últimos años la productividad laboral mejoró pero no se incrementaron las horas de trabajo, porque justamente ese tiempo no depende exclusivamente de la intensificación laboral. De esta forma el debate que se abrió, a partir de la discusión parlamentaria, permite enriquecer la mirada sobre el trabajo y la distribución del ingreso laboral en el país.

Diputados PBA busca eliminar las detenciones por averiguación de antecedentes

Diputados PBA busca eliminar las detenciones por averiguación de antecedentes

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La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires emitió dictamen de mayoría al proyecto que busca prohibirles a la Policía bonaerense las detenciones por averiguación de identidad y medios de vida.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense emitió dictamen de mayoría al proyecto que busca prohibirles a la policía de la provincia de Buenos Aires (PBA) las detenciones por averiguación de identidad y medios de vida, previstas en la Ley 13.482 que rige desde el año 2006. La iniciativa, de autoría de la legisladora camporista Roxana López, fue dictaminado con los votos de Juan Malpeli (Frente de Todes), Natalia Dziakowski (Juntos), Emiliano Balbín (Juntos) y Lucia Iañez (FdT).

El proyecto propone derogar del inciso “c” del artículo 15 de la Ley 13.482 que faculta a la policial a limitar la libertad de las personas “cuando sea necesario conocer su identidad, en circunstancias que razonablemente lo justifiquen, y se niega a identificarse o no tiene la documentación que la acredita“. De aprobarse esta iniciativa quedaría absolutamente vedada la posibilidad de trasladar al demorado a la sede policial a fin de establecer su identidad sin orden emanada de un magistrado judicial.

Al respecto y en diálogo con Radio Trinchera el diputado Provincial del FdT, Juan Martín Malpeli, resaltó: “Sirve para darle límites a las arbitrariedades que pueda tener una detención policial de una persona. También lo que busca es no dejar libre a la policía para que detenga sobre todo a los adolescentes y que esto genere alguna violación a algún derecho por el solo hecho de portación de cara o algún interés predeterminado. Por eso, nos pareció desde la Comisión de DDHH algo muy interesante para construir con diferentes actores de la sociedad y así robustecerla y darle impronta“.

En este sentido, Malpeli aclaró que con esta reforma “Argentina se pone a derecho con un fallo que la Comisión Interamericana de DDHH tiene contra el país por diferentes casos, como el Bulacio y el Martiarena, y varios otros que tiene de detención por identidad que terminaron en asesinatos y desapariciones. Por eso fue importante traerlo rápido y trabajarlo con profundidad e intentar que se vote lo antes posible para que sea ley”.

Con respecto a los tiempos que atentan con la iniciativa, el diputado aseveró que hay posibilidades de que “pueda llegar a perder estado parlamentario, por eso buscaremos que se trate este miércoles que hay sesión porque ya con un dictamen favorable de una comisión te dan la posibilidad de pedirlo sobre tablas y hay probabilidades de que llegue a buen puerto y se vote este mismo miércoles. En caso de que no, seguiremos con el trabajo en las comisiones para poder terminar de hacer nuestro trabajo”.

Finalmente, el diputado del Frente de Todos indicó que el proyecto de ley significa “un apoyo a la policía para que tengan las medidas y las tecnologías para llevar a cabo su trabajo y dejar bien cercenado esas arbitrariedades que en ocasiones se llevan alguna violación de los Derechos Humanos”.

Barrios Populares: Diputados aprobó la suspensión de los desalojos

Barrios Populares: Diputados aprobó la suspensión de los desalojos

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En una sesión especial la Cámara Baja aprobó la iniciativa por amplia mayoría y giró el proyecto al Senado. Establece una prórroga de diez años de la ley vigente. Sólo votaron en contra Carolina Píparo y Francisco Sánchez. 

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado, el proyecto que modifica la Ley de Integración Socio-Urbana de Barrios Populares, en una sesión especial. La iniciativa, que se sancionó en 2018, prorroga por diez años la suspensión de los desalojos.

El plenario legislativo aprobó la iniciativa por 227 votos aportados por el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC), el interbloque Federal, Provincias Unidas y la izquierda. Hubo tres abstenciones que correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-Juntos por el Cambio). En tanto Francisco Sánchez, del PRO, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad, votaron de manera negativa. 

La sesión especial, presidida por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, inició a las 13 hs. En el primer tramo se aprobó la renuncia de la ahora ex diputada, Victoria Tolosa Paz, dado que asumió como ministra de Desarrollo Social, y se le tomó juramento a la dirigenta massista, Micaela Morán, que cumplirá su mandato hasta diciembre de 2025.

La iniciativa de modificar la ley de Integración Socio-Urbana, que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 (que declara la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios populares), prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años (como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda) y agilizar los procesos administrativos. También promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Además, la iniciativa busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares, además de apuntar a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

En este sentido, Radio Trinchera diálogo con Gildo Onorato, Secretario Gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), quien sostuvo: “Es muy importante, ya que en la Argentina hay más de cinco mil villas y asentamientos, que albergan alrededor de seis millones de personas que son las que demandan el reconocimiento de estos espacios como viviendas familiares. Después la posibilidad de acceder a los servicios, lo que genera fuentes de trabajos y construir condiciones de habitabilidad de esos lugares“. 

Después lo más importante es evitar los desalojos de estos asentamientos y que nosotros conocemos como barrios populares, que están hace mucho tiempo instalados pero con muy poco reconocimiento y sabemos que hay situación de vulnerabilidad extrema y demanda que el Estado se haga cargo de estos problemas. Un dato importante de estos es que casi el 68% de los hogares están a cargo de mujeres y da cuenta de una enorme feminización de la pobreza en los lugares más vulnerables de nuestro país, por eso para los movimientos populares tiene una gran importancia y es una victoria para los sectores“, agregó Onorato.

Asimismo, el referente de la UTEP enfatizó que “se vienen haciendo enormes mejoras en estos barrios, el acceso al agua potable, la luz, el gas o la red de conectividad, el mejoramiento de los accesos y que puedan acceder a los transportes públicos“. Sin embargo subrayó que “hay un gran déficit en la construcción de viviendas, donde se frenó dichas acciones para privilegiar las articulaciones con empresas privadas, más que todo en la provincia de Buenos Aires“.

Con respecto al cambio de gabinete, más específicamente en el ministerio de Desarrollo Social, Onorato remarcó: “Sabemos que va a haber continuidades, pero nosotros sí necesitamos que haya cambios en algunas políticas: la política alimentaria ha sido perjudicada en estos años, los alimentos con que el Estado acompaña al desarrollo comunitario ha sido escaso. También habría que dar un salto de carácter productivo de la economía popular, hay que frenar la subsidiaridad y las asistencias, que haya una valoración verdadera de esto. Sabemos que en Desarrollo creció el porcentaje de inversión del 5% al 13%, y la desigualdad, la pobreza y la indigencia no se redujo de forma sustancial“.

En la apertura del debate en la Cámara, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy (FdT), afirmó que el proyecto “es una política pública que se desarrolla a largo plazo y tiende a brindar las soluciones que propone la normativa“, y agregó que mejorará las “condiciones dignas y de calidad para los sectores populares“. “La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4.416 barrios a 5.687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio-sanitaria y ambiental por dos años e incorporar la perspectiva de género“, sostuvo Godoy.

Por su parte, uno de los principales impulsores de la medida, el diputado del FdT-Patria Grande, Federico Fagioli, remarcó: “Esta política surgió del pueblo y de compañeros que salieron a exigir sus derechos. La integración socio-urbana es discutir y pensar cómo queremos que se desarrolle nuestro barrio, por eso se necesita una planificación a largo plazo“.

Cabe destacar que el proyecto formó parte de un paquete de iniciativas consensuadas que incluye un dictamen sobre tecnología y la expropiación del edificio donde funcionó el local bailable Cromañón, en el que en 2004 ocurrió una tragedia en la que murieron 194 personas.

Avanza la Ley de Promoción del Desarrollo de Bio y Nanotecnología

Avanza la Ley de Promoción del Desarrollo de Bio y Nanotecnología

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La iniciativa que comenzó a ser tratada en comisiones en la cámara baja. Otorga beneficios fiscales a la industria y amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología.

En el marco del plenario de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Industria, comenzó a tratarse en la Cámara de Diputados, la iniciativa del Poder Ejecutivo que busca extender hasta 2037 la vigencia del régimen que otorga beneficios fiscales a la industria y amplía su alcance para las actividades que incorporan nanotecnología.

Comenzó a tratarse en las comisiones de Industria y la de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que presiden Marcelo Casaretto (FdT) y Facundo Manes (UCR) respectivamente. El proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo en abril del corriente año, tiene por objeto sustituir la denominación de la Ley 26.270 por la de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología, y prorrogar su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037.

La iniciativa contempla que a todo aquel que acceda al régimen de promoción podrá obtener beneficios de amortización acelerada del impuesto a las Ganancias en una cuota, devolución anticipada del IVA y el otorgamiento de un bono de crédito fiscal correspondiente al 50% de los gastos pagados destinados a las contrataciones de servicios de investigación y desarrollo (I+D) con instituciones del Sistema Público Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

En la reunión informativa expusieron: el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), Fernando Peirano; en representación del Poder Ejecutivo, el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y la subsecretaría de Economías del Conocimiento, María Apólito.

Schale señaló: “Tenemos frente a nosotros un ejercicio muy interesante, la renovación de un marco normativo y el fortalecimiento del mismo, que es producto y que se ha consolidado como una política de estado. Hemos acompañado a 15 empresas en el marco del sistema de incentivos y beneficios que proclama la Ley vigente”.

El secretario consideró que el objetivo del proyecto es “seguir fortaleciendo el entramado productivo nacional, que es uno de los sectores más dinamizantes, donde se despliegan las mejores capacidades de los argentinos como es el sector de la biotecnología” y enfatizó en “poder marcar un horizonte a largo plazo para que nuestras empresas puedan planificar con tranquilidad y estabilidad del marco normativo”.

También expusieron: Diego Latorre, presidente de Tecnovax; Pablo Turek, director de Crudda; Gabriela Ciccia y Sergio Drucaroff, de la Cámara Argentina de Biotecnología; Alejandro Vila, director científico de la Incubadora de emprendimientos científico-tecnológicos de la Universidad Nacional de Rosario; Marcos Serventich, de Richmond, del laboratorio Richmond; y Diego Comerci, director científico de Chemtex Argentina, entre otros.

Diputados: comienza el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

Diputados: comienza el debate por la reforma del Consejo de la Magistratura

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La medida propuesta para elevar el número de integrantes ya fue aprobada en el Senado. En esta nueva instancia, en la Cámara baja, la iniciativa del bloque oficialista podría sufrir modificaciones para lograr apoyo de otros bloques.

Este martes a las 14 horas la Cámara de Diputados comenzará el debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura en un plenario de comisiones, que contará con la presencia de especialistas en la materia. La medida que impulsa el oficialismo propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.

Cabe destacar que el debate se dará luego de que se constituyeran las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, a cargo de los diputados del Frente de Todos, Hernán Pérez Araujo y de Rodolfo Tailhade, respectivamemte. A su vez, como parte del debate, no se descarta la incorporación de algunas modificaciones al proyecto para obtener un amplio consenso, ya que por tratarse de una ley que deriva de la Constitución Nacional y que requiere de mayorías especiales, se necesitan 129 votos para su aprobación. 

El bloque oficialista cuenta con 117 diputadxs, por lo que necesita una docena de votos más para llegar a los 129. De esta manera el oficialismo deberá tratar de establecer acuerdos con el interbloque Provincias Unidas, el interbloque Federal, Movimiento Popular Neuquino (MPN) y Ser, con el fin de lograr avanzar con la reforma.

El Frente de Todos (FdT) contaría con el respaldo de los cuatro legisladores de Provincias Unidas y uno del MPN, pero todavía necesitaría siete votos más para alcanzar los 129. En caso de modificarse el texto, la iniciativa deberá volver al Senado que dará el visto bueno o no a los cambios efectuados por la Cámara baja.

Con respecto al debate, el jefe del bloque de diputados del FdT, Germán Martínez, aseguró que “1577 días tardó la Corte en emitir un fallo”, al señalar que ahora “es un desatino” pedirle a la Cámara baja que aborde la reforma en “sólo tres días”.

Por otra lado, la diputada del Interbloque Federal Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) destacó que “es una de las leyes más importantes que vamos a votar este año, ya que es absolutamente necesario poder ordenar el Consejo de la Magistratura, que es de vital importancia para el funcionamiento del Poder Judicial y ha quedado librado a los avatares de la política”.

Asimismo desde el PRO, Pablo Tonelli, también integrante del Consejo, manifestó su rechazo a la iniciativa sancionada por el Senado y dejó en claro que ese bloque insistirá con la postura adoptada en la Cámara alta por Juntos por el Cambio (JxC), que propuso volver a poner en vigencia la ley que había hasta 2006, cuando el Consejo de la Magistratura estaba integrado por 20 miembros y era presidido por la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces. De esta manera, en caso de avanzar el proyecto del Poder Ejecutivo, el consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.

La nueva ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis obtuvo media sanción

La nueva ley integral de VIH, tuberculosis y hepatitis obtuvo media sanción

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Con 241 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención se dio media sanción y se girará al Senado. La normativa intentará actualizar la ley 23.798 de 1990.

La cámara de Diputados dió media sanción a la ley de VIH, Tuberculosis, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual con 241 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención y ahora se girará al Senado para avanzar su aprobación.

Esta ley apunta a brindar un abordaje integral desde una perspectiva de salud colectiva, además de brindar información para derribar prejuicios y hechos de discriminación mediante la creación de un Observatorio Nacional Sobre Estigma y Discriminación.

La media sanción contó con los votos a favor de los bloques del Frente De Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas y la mayoría de Juntos por el Cambio, que aportó 4 votos negativos. Los otros 4 que se votaron en contra fueron de los bloques de derecha.

El debate fue abierto por Mónica Fein, presidenta de Acción Social y Salud, quien manifestó: “esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH SIDA es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público“.

Además, se pudo escuchar otros aportes como el del ex Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien señaló que “esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional“.

En tanto el legislador de Juntos por el Cambio y ex ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bacha Bouhid, expresó: “Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico“.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles y plantea un cambio de perspectiva, poniendo el foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y pretendiendo prevenir muertes evitables.

Se presenta el proyecto de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y tuberculosis

Se presenta el proyecto de respuesta integral al VIH, hepatitis virales y tuberculosis

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Establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, que están obligadas a brindar asistencia integral a las personas que estén afectadas o expuestas a estas patologías. 

El proyecto que busca dar respuesta integral a VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de trasmisión sexual, impulsado por la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos-Entre Ríos), será presentado este martes en la Cámara de Diputados y cuenta con el apoyo de legisladores y legisladoras de diferentes bloques de la Cámara baja. 

La iniciativa establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, que están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis. Promueve la investigación, la capacitación y la difusión de campañas masivas sobre esas patologías, a la vez que plantea que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.

En un comunicado de prensa, Gaillard remarcó que el proyecto “implica un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, que no se reduce al campo biomédico, sino que involucra apoyos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos”.

Asimismo la diputada del FDT destacó que la iniciativa “es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de la Cámara de Diputados”.

En este sentido, busca la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, que se conforme de manera intersectorial e interministerial por representantes de los organismos estatales, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis, y sociedades científicas. La integración de esa comisión deberá garantizar la representación federal y de géneros.

El proyecto constituye la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de documentar, visibilizar, disuadir y erradicar toda vulneracion a los derechos humanos de las personas afectadas. Trabajará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

Asimismo, plantea una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quiénes se encuentren en situación de vulnerabilidad social, así como un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad.

Además de Gaillard, en la presentación del proyecto estarán el director de ONUSIDA para el Conosur, Alberto Stella; la titular del INADI, Victoria Donda; así como referentes del Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH y Hepatitis Virales, representantes del Ministerio de Salud de la Nación, representantes de ANSES, y diferentes diputadxs que escoltan la iniciativa.

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