Cinco asociaciones del barrio Belgrano presentaron una denuncia ante la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por la concesión que llevó adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. La catalogan como “fraude”.
Luego del análisis de más de mil documentos que hizo el grupo de organizaciones vecinales se llegó a la conclusión que debería darse de baja la adjudicación por 30 años. La misma es por el usufructo del equivalente a cinco manzanas ubicadas en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires.
La concesión se realizó en 2019 después de que Macri le cediera tierras fiscales del Estado nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La operación fue instrumentada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que en ese momento presidía Ramón Lanús.
La SIGEN deberá investigar el caso que apunta contra el destino de 53.728 m2 que se adjudicaron para su provecho al empresario surcoreano Sang Hak Choe, registrado como trabajador autónomo en la AFIP.
Enrique Banfia líder de la Asociación Civil Vecinos de Belgrano, una de las cinco personas que acudió a la SIGEN, declaró a Pagina12 que “esto es más grave que la venta de La Rural y la diferencia es que la podemos parar. Hubo falsificación de planos, la oferta ganadora debió ser rechazada porque no presentó el último balance, es un dibujo lo que hicieron”.
Las organizaciones Vecinos del Bajo Belgrano, Patrimonio de Belgrano, la Asociación de Fomento Barrio Parque General Belgrano y el Centro de Comerciantes de Belgrano, más otras dos de Palermo y Núñez, esperan que se dicte la anulabilidad del contrato firmado con la UTE Vía-Viva que formó Sang Hak Choe junto a Horacio Sbrolla, ex ejecutivo de Arcos Dorados-Mc Donalds, la constructora y el estudio de Arquitectura InArch.
El argumento técnico-jurídico para que se revoque la adjudicación es que “el concesionario aceptó la cláusula que permite la rescisión unilateral por parte de la Agencia en cualquier momento, sin condiciones otras que una resolución fundada en términos de conveniencia”.
El grupo de organizaciones barriales sostiene que “se deberían iniciar acciones legales por defraudación, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, falsificación de documentos y otras figuras contempladas en el Código Penal”.
La obra del viaducto en las vías del Mitre (Ramal Tigre) tuvo el apoyo general de los vecinos porque eliminaría barreras de los pasos a nivel que saturaba el tránsito en el barrio. Pero según indica el documento terminó siendo uno de los más escandalosos negociados de la historia de la Ciudad, afectando tierras nacionales y al erario público.
