Actividad económica: volvió a crecer y acumula 14 meses en alza

Actividad económica: volvió a crecer y acumula 14 meses en alza

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el Estimador Mensual de la Actividad Económica registró una suba del 5,7% en el primer cuatrimestre del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer que el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de abril registró una suba del 0,6% en comparación a marzo y acumuló un alza del 5,7% en el primer cuatrimestre del año. De igual manera, la actividad económica creció durante abril 5,1% en relación a igual mes del 2021.

De esta manera la actividad superó durante once meses consecutivos el nivel pre covid de febrero de 2020 (5,8%) y se ubica a solo 2,7% del máximo de noviembre de 2017, en tanto que la serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,4% mensual, y lleva un año y ocho meses en alza.

Luego de que el INDEC diera a conocer las cifras, el Ministerio de Economía destacó mediante un informe que en términos interanuales, la suba de abril “aceleró la tasa de crecimiento hasta 5,1%, por encima del 4,5% registrado en marzo, y acumula catorce meses en alza”. Si se compara contra abril de 2019, el EMAE crece 1,5%, con una suba de 0,4% frente a abril de 2018 y de 0,2% contra abril de 2017.

Con respecto a los sectores de actividad, en abril crecieron de forma interanual todos los espacios que integran el indicador con excepción del Agropecuario, que bajó 7%, con un impacto de 0,8 puntos porcentuales (pp) sobre el crecimiento. Sin embargo, registraron subas de dos dígitos Pesca, con el 68 % y un aporte de 0,2 pp; Hoteles y restaurantes, 40,1% y 0,3 pp; y Minas y canteras, con el 17,2% y aporte 0,5 pp.

También se destacan las subas de Comercio, con el 6,7% y 0,8 pp, la Industria, 4,7% y 0,7 pp; junto con Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5,7% y 0,6 pp, y el rubro Transporte y comunicaciones que avanzó 7 %; y 0,55 pp. Estos cuatro sectores, sumado a los Impuestos +6,4%; aporte 1,1 pp, explicaron el 74% del crecimiento del EMAE.

Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán estimó que “como mínimo” este año el Producto Bruto Interno, del que el EMAE recoge varios indicadores, aumentará un 4%. Además, el funcionario señaló que desde el Gobierno se ve “un camino de progreso con grandes oportunidades hacia adelante y también desafíos: Vamos a exportar cerca de los US $90 mil millones. Argentina está construyendo capacidad para crecer”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, afirmó que el “gran desafío” para incrementar las reservas internacionales es “que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación”, mientras que “antes el camino era ir a endeudarse irresponsablemente y vimos las consecuencias que tuvo; acá el gran desafío es que vayan surgiendo genuinamente inversiones y mayores niveles de exportación“.

El ministro destacó que “es bueno tener las cosas equilibradas y eso se logra con mayor expansión, con mayor eficiencia en el gasto y tomando decisiones que haya que tomar”. Finalmente, sostuvo que “atravesando esta coyuntura, estoy seguro de lo que tenemos por delante con sectores estratégicos: el agro para generar divisas, la minería para generar un circuito virtuoso de inversiones, todo lo que viene en materia energética con el gas“.

El Senado aprobó la ley de VIH

El Senado aprobó la ley de VIH

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El dictamen finalizó pasadas las 22 horas y la normativa fue aprobada con 60 votos a favor y uno en contra. El jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni, no acompañó la sanción.

El Senado de la Nación aprobó en la noche del jueves el proyecto de Ley Integral de Respuesta a VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis, e Infecciones de Transmisión Sexual, presentado originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente De Todos. El dictamen finalizó pasadas las 22 horas cuando la normativa fue aprobada con 60 votos a favor y uno en contra. El jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni, no acompañó la sanción.

La iniciativa busca actualizar los beneficios para quienes padecen este tipo de enfermedades, y atacar y erradicar la problemática en torno a los prejuicios y situaciones de discriminación, que surgen al abordar el tratamiento de la enfermedad, pero también en otros espacios de socialización.

Para ello, uno de los pilares que establece el proyecto es la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, donde se documenten y neutralicen todas las situaciones de vulnerabilidad hacia los pacientes. Además, se propone que las pruebas para detectar la enfermedad sean voluntarias, gratuitas, confidenciales y universales.

Por otro lado, el proyecto presenta un apartado jubilatorio de carácter excepcional para quienes transiten tanto la enfermedad de VIH como hepatitis B o C, el cual consiste en la posibilidad de percibir los aportes jubilatorios desde los 50 años de edad, siempre y cuando se acrediten un mínimo de 10 años de diagnostico de la enfermedad y al menos 20 de aportes tributarios.

Además, la ley promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis. Todo esto será ejecutado por profesionales de distintas áreas como científicos, médicos y otros entendidos, a través del organismo público interministerial.

DERECHOS LABORALES PARA PERSONAS CON VIH, HEPATITIS, TUBERCULOSIS Y OTRAS ITS

El relación al plano laboral, la ley garantiza el derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, ni violación de la confidencialidad. Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o tuberculosis obedece a razones de discriminación.

También dispone que no sea condicionado el ingreso a fuentes laborales o a la promoción de puestos de trabajo por la realización de pruebas diagnósticas, y que las personas amparadas por la ley no sean objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo.

Al mismo tiempo, la normativa establece la producción políticas de empleabilidad para personas con VIH, hepatitis virales, otras ITS y/o tuberculosis, impulsando el acceso universal, la asistencia integral y la no discriminación, y la inclusión en los programas de formación y capacitación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Gaston Melio, militante popular y referente de Autoconvocadxs en Defensa de los DDHH de las personas viviendo con VIH-SIDA (Addhes), dialogó con el programa “Doblan las Campanas“ en Radio Trinchera, y explicó las labores que llevan adelante en el día a día para el abordaje integral de la enfermedad.

“Estamos hace 22 años en la ciudad de La Plata, y recién hoy podemos llevar a cabo un régimen parecido a un operativo de salud en los barrios, hacemos testeos cada 15 días, vacunación, y organizamos semanalmente charlas sobre la concientización de las enfermedades de transmisión sexual”, explicó el referente de Addhes.

“Nuestro problema hoy es que nos cuesta poder trabajar con el sistema sanitario de atención primario de La Plata. Ellos no quieren trabajar con nosotros, según dicen lo abordan entre ellos, pero las estadísticas del VIH para mí no son reales, esa es mi inquietud. Sin embargo esos son los números oficiales, no queda otra que regirse en base a ellos”, desarrolló Melio.

Por otro lado, el militante popular de la ciudad de La Plata hizo hincapié sobre la importancia del testeo, y las armas que existen en el presente para tratar la enfermedad: “Hay que poder inculcar que la gente se haga el análisis si le corresponde, ya que si se sabe, la enfermedad se puede transitar con tranquilidad. Hoy es una pastilla por día, un checkeo cada 6 meses y algunos recaudos llevaderos, no es como en los 90 que se desconocía mucho”.

Por otra parte, en el programa “526 al fondo”, la activista por los derechos humanos de personas con VIH, Estela Carrizo, reflexionó sobre la importancia de la ley sancionada durante la noche del jueves. “Es una ley avanzada y única en el mundo, en tiempos donde la agenda del VIH esta caída. Es una reparación histórica para quienes padecemos la enfermedad, nos vamos a poder jubilar con 50 años y vamos a tener presupuesto para la prevención y la investigación de la cura”, comenzó a relatar la activista.

“Yo vivo con VIH hace 36 años, con los compañeros de Mar del Plata somos sobrevivientes de la pandemia. Argentina se destaca por la fuerte lucha en materia de derechos, y el triunfo de ayer es gracias a la comunidad que vive con VIH y peleó por sus derechos”, detalló Carrizo sobre la aprobación de la ley.

Finalmente, a pesar de todo lo logrado y la felicidad que esto supone para los pacientes, Estela aclaró que “todavía queda mucho trabajo por hacer: hay que hacer que la ley se promulgue y se cumpla en cada provincia”.

 

 

 

.

 

La exportación de yerba marcó el mejor bimestre de los últimos cinco años

La exportación de yerba marcó el mejor bimestre de los últimos cinco años

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Las ventas al exterior de yerba mate se recuperaron con fuerza en abril y mayo, y alcanzaron el nivel más alto del año según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

Después del complejo primer trimestre, las ventas al exterior de yerba mate se recuperaron con fuerza en abril y mayo: se enviaron cinco mil toneladas, el nivel más alto del último lustro según datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). La cosecha avanzó lento, lo que decantó en la suba de los precios de la materia prima; mientras tanto, las ventas al mercado interno se mantienen en niveles similares a los del año pasado.

De esta manera, el sector yerbatero inicia el invierno con una muy buena noticia. Las exportaciones del producto madre de la región, de Misiones y el noroeste de Corrientes, se recuperaron con ímpetu después de un inicio de año poco favorable. Durante el primer trimestre se registró una caída interanual del 31% en las ventas al exterior de yerba mate, que preocupó a todo el sector que desde hace años viene impulsando diferentes acciones para incrementar las exportaciones y abrir nuevos mercados.

La tendencia negativa se revirtió en el bimestre de abril y mayo, en tanto se registró un crecimiento interanual de 36%, suficiente para compensar la retracción de principios de año y cerrar el período enero-mayo con un crecimiento interanual de medio punto porcentual. Fue tan importante la recuperación que mayo se convirtió en el mes con mayor cantidad de exportaciones desde que el INYM comenzó a difundir ese dato, en enero de 2018. En total fueron más de cinco millones de kilos de yerba los que se enviaron en el quinto mes del año.

En este sentido, las exportaciones totales de yerba mate de enero a mayo de 2022 fueron de 14,6 millones de kilos, la mayor parte con destino a Siria. Sin embargo, según datos del INYM, en el acumulado enero-mayo, los productores entregaron poco más de 239 millones de kilos de hoja verde, 38% menos que los 388 millones de kilos de igual período del año pasado.

La buena noticia para secaderos y molinos ávidos por reponer stocks de materia prima, es que mayo, con 110 millones de kilos entregados, fue el primer mes de 2022 en el que se obtuvo una cantidad parecida a la de igual mes del año pasado. Pese a ello, en los primeros cinco meses del año curso, entraron a los secaderos 1.500 toneladas  de hoja verde menos que el año pasado.

Cabe destacar que el principal responsable por la caída en la productividad de los yerbales es el clima. Primero fue la severa sequía del verano que afectó a las plantas en pleno período de brotación y más recientemente, copiosas lluvias que se registraron especialmente en la zona norte de Misiones y provocaron caída de hojas. 

Sin embargo, para los productores que no fueron directamente perjudicados por la caída de hojas, la disminución en las cantidades cosechadas no es una mala noticia, porque la escasez de materia prima elevó los precios en la provincia misionera. Hoy se están pagando más de 65 pesos por kilo de hoja verde, muy por encima del precio oficial laudado por el ministerio de Agricultura de la Nación, que es de 46,89 pesos por kilo.

El Senado aprobó el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos

El Senado aprobó el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

La iniciativa presentada por Sergio Massa beneficiará a cuatro millones y medio de monotributistas y cerca de 140 mil trabajadores autónomos.

El Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley por unanimidad el proyecto de alivio fiscal, impulsado por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que beneficiará a alrededor de 4,5 millones de monotributistas y alrededor de 140 mil trabajadores autónomos.

La iniciativa fue abordada en un breve debate con el fin de quedar sancionada antes de la medianoche y evitar así que las nuevas escalas se dispararan a partir del primero de julio. En ese sentido, el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, reclamó adelantar la discusión del proyecto y acortar la lista de oradores de cinco intervenciones a solamente dos: las del jefe de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista riojano Ricardo Guerra; y la del vicepresidente de esa comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann.

El proyecto busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar el cambio de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos. Además, suma nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementa en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del monotributo.

Uno de los cambios que tuvo el proyecto original en Diputados contempla que las categorías más bajas del monotributo (A y B) no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 pesos por mes, respectivamente. Para darle progresividad a la medida el beneficio es para los monotributistas “puros”, es decir, para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.

De acuerdo al dictamen, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.

De esta manera, según precisó el escrito, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.

Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país. Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.

En este sentido, Guerra mencionó que “este proyecto fija que a partir de mañana la vigencia de los nuevos valores de ingresos brutos anuales que conforman escalas de nuevas categorías de monotributistas”. Además, explicó: “Ante la actual situación del nivel de inflación es necesario establecer un nuevo alivio fiscal. Nuestro gobierno atiende esa situación y propone un beneficio para 4,5 millones de pequeños contribuyentes y a 140 mil autónomos”.

“Celebro estar tratando este proyecto trascendente por la tremenda inflación que tenemos que es motivo de preocupación”, destacó Zimmermann y reclamó: “En este proyecto de media sanción se tuvo solo en cuenta lo que tiene que ver con Ingresos Brutos. Es una actualización insuficiente. Deberíamos modificarla en beneficio de los monotributistas”. El senador Mayans tomó las sugerencias de Victor y anunció la idea de crear una “ley correctiva” para que “comience a ser debatida en comisiones cuanto antes”.

Fin de la doble indemnización

Fin de la doble indemnización

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

La metodología elegida por el gobierno para regresar a las leyes de indemnización establecidas, fue la creación de una serie de pasos regresivos.

El Gobierno Nacional oficializó el fin del decreto que obligaba la doble indemnización laboral en el marco de la “emergencia laboral”. El DNU fue establecido a fines de 2019 y prolongado ante la aparición de la crisis sanitaria del covdi-19.

La estrategia fue empleada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante sus primeros días de gobierno, a través de un Decreto Nacional de Urgencia y utilizada posteriormente como parte de un paquete de medidas que tenía como objetivo mantener el empleo durante la crisis sanitaria que comenzó a los 3 meses de gestión.

La metodología elegida por el gobierno para regresar a las leyes de indemnización establecidas, fue la creación de una serie de pasos regresivos, la cual comenzó en diciembre de 2021, con la reducción del 25% del pago doble y finaliza al cabo del mes de junio.

El anuncio fue hecho este jueves por la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, durante la conferencia de prensa en Casa Rosada, donde explicó que “la doble indemnización fue una medida que se tomó de emergencia y que tenía que ver con la crisis provocada con la pandemia”.

La verdad es que tenemos números de empleo que muestran que el desempleo sigue bajando, que se siguen creando empleos, 20.000 por mes. Ese crecimiento del empleo nos permite considerar que hay una nueva situación en la que lo que tenemos que seguir haciendo es promover la creación de empleo formal y las mejores paritarias”, argumentó Cerruti.

La normativa preparada para finalizar progresivamente la doble indemnización, establecía un “esquema de porcentajes de adición de las indemnizaciones debidas que regirán a partir de enero de 2022, con un porcentaje del setenta y cinco (75%) durante el primer bimestre del año, y luego, en forma bimestral, reducciones del veinticinco por ciento (25%) para llegar al último bimestre, que finalizará el 30 de junio de 2022, con un incremento que ascienda a un cuarto de la indemnización debida”.

El ministro de trabajo, Claudio Moroni, explicó que desde el gobierno no ven la necesidad de seguir con la medida, ya que el empleo y el crecimiento económico crecen mes a mes, por lo que, una medida de urgencia no es necesaria en un contexto de “reflote económico acentuado”.

Por otro lado, el abogado laboralista, Hector Recalde, expresó a través de su cuenta de twitter que el decreto debía seguir, ya que “los motivos que dieron origen al decreto no cesaron en muchos sectores, y por el contrario, aumentaron”.

El pedido de Recalde aplica a una lectura sobre la realidad laboral que, por fuera de los números que indican el crecimiento de la industria privada, demuestra desde otro ángulo que aún no existe un dinamismo suficiente en ofertas laborales.

Sumado a esto, no hay que dejar de lado que el poder adquisitivo de un trabajador promedio en el contexto actual, no solo no siempre alcanza para cubrir las necesidades básicas mensuales, sino que además puede significar un relevo distinto en la producción de trabajo, ya que muchos asalariados dependen de 2 o hasta 3 trabajos para poder cubrir sus necesidades.

El gobierno reestructuró su deuda con Santa Fe

El gobierno reestructuró su deuda con Santa Fe

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

El anuncio de reestructuración de una deuda de alrededor de 130 mil millones de pesos fue a través de una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció junto al gobernador Omar Perotti, un acuerdo y el esquema de desembolsos para el pago de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe. De esta manera quedó oficializada la reestructuración de una deuda de alrededor de 130 mil millones de pesos.

Con este convenio se acuerda un esquema de desembolsos del pago de la deuda nacional con la provincia de Santa Fe de 132 mil millones de pesos y la regularización con AFIP, sumándose Santa Fe al resto de las provincias en el fortalecimiento del servicio de recaudación”, explicó el Guzmán. Además señaló que “este era un compromiso del Presidente de la Nación para continuar la recuperación productiva que en Santa Fe es fuerte desde el empleo”. 

Por su parte, El gobernador Perotti se mostró aliviado luego de lo que calificó como una lucha prolongada. “Para nosotros es la instancia final de un proceso que la tuvo a la provincia en un reclamo de largo tiempo ante la Nación y llevando la instancia, después del reclamo administrativo que iniciara el exgobernaor Obeid, la presentación ante la Corte Suprema que hiciera el exgobernador Binner, y Santa Fe a lo largo del tiempo mantuvo la vocación intacta de alcanzar un acuerdo detrás de lo que, entendía, era un legítimo reclamo”, explicó la autoridad santafecina.

Fueron varios meses de trabajo con los equipos de la provincia y el Ministerio, estableciendo la forma en que debían actualizarse los montos, que se han actualizado al día de hoy y llegan a los 151.800 millones de pesos, que serán cancelados a través de bonos actualizables“, resaltó Perotti.

La deuda se originó en 2006 debido a la detracción de fondos coparticipantes que se usaron para financiar ANSES y AFIP. En aquel momento, el gobierno emitió bonos de 26.000 millones de pesos para lo que en aquel entonces era una deuda de 5.000 millones.

El acuerdo sobre los plazos de pagos quedó pendiente luego de que la Corte Suprema fallara a favor de Santa Fe luego de que esta demandara a la Nación. El dictamen quedó establecido en diciembre con tasas pasivas de 6,72%, número que debe ser afrontado a través del Banco Nación.

Es un buen resultado para una situación que debía ser regularizada y era también un compromiso del presidente de la Nación para seguir dando pasos en la recuperación productiva”, concluyó Guzmán.

Más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria

Más de la mitad de las madres no recibe la cuota alimentaria

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El primer informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” en la provincia de Buenos Aires, indica que el 66,5% de las mujeres encuestadas no reciben obligaciones alimentarias o lo hacen eventualmente.

Por primera vez, una investigación en la que fueron encuestadas más de seis mil mujeres de los 135 municipios y medio centenar de informantes claves, reflejó la dificultad que enfrentan las mujeres para recibir la cuota alimentaria por hijes en común que deben pagar sus exparejas. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, presentó los resultados del mapeo junto con un paquete de 35 recomendaciones para enfrentar el problema, y destacó que afecta “de forma desproporcionada a las mujeres”. 

El informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” indica que el 66,5% de las mujeres separadas encuestadas se encuentran en esa situación, es decir, casi siete de cada 10 no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. La fotografía bonaerense es una muestra de las complicaciones que afrontan las mujeres en todo el país y que tiene como consecuencia directa la feminización e infantilización de la pobreza. También se resalta que la situación se agravó durante la pandemia y constituye una forma de violencia económica de género. 

Además, el relevamiento muestra que el 51,2% de las entrevistadas no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijes. Dentro del 41.2% que reciben el dinero, un 24,9% mencionó que es de manera regular y un 15,3% irregular. Solo el 7,9% dijo que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.

De esta manera solo un 10% de las mujeres percibe un aporte suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de sus hijes. El 90% restante recurre a diferentes estrategias para llegar a fin de mes, como aumentar las horas de trabajo o, incluso, endeudarse. Al respecto, el informe sostiene: “Implica un costo alto para sus condiciones de vida y las del hogar. Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado”.

De ese total, el 44% depende de dinero prestado, de familiares, bancos o financieras. Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria las convierte de acreedoras a deudoras y refuerza la desigualdad de género. Pero esta no es una situación específica de la provincia bonaerense, es una realidad que enfrentan las mujeres en todo el país y es algo que impacta en la calidad de vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

En este sentido, la directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, explicó que la concreción del cobro del derecho alimentario es un problema central que “muchas veces no llega a resolverse ni siquiera a través de la justicia porque la burla a la ley y la ocultación del patrimonio y los ingresos por parte de algunos progenitores es muy hábil”.

Gherardi remarcó que “el Poder Judicial debe garantizar la materialización de este derecho porque cuando no hay una responsabilidad del pago alimentario por parte de un progenitor, hay una sobrecarga sobre la otra persona”. A esto agregó que “también está el desempleo, el subempleo y la informalidad que, sumado a la responsabilidad prioritaria del cuidado que asumen muchas mujeres respecto de sus hijes sin el apoyo alimentario del otro progenitor, explica claramente el nivel de feminización de la pobreza y de pobreza en la infancia”.

Por otra parte, el acceso a la justicia también presenta un impedimento, ya que el informe indica que el 65% de las encuestadas no conoce centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia que trabajen sobre el pago y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además, el 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales. 

En términos generales, resulta difícil que las mujeres puedan acceder al cumplimiento efectivo de la cuota alimentaria. De esta manera no solo profundiza la brecha de género sino también es una manera de sufrir violencia. Se trata de violencia económica y le da lugar a la continuidad de prácticas de control y subordinación de las mujeres. El informe también indica que de este se desprenden otros tipos de violencia, entre ellas, física, psicológica y sexual.

Inversión récord en Ciencia

Inversión récord en Ciencia

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

La inyección económica corresponde al Programa Federal “Equipar Ciencia”, empleado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ejecutó la compra de 167 equipos de mediano y gran porte para ciencia y tecnología. La inversión total fue de 7.800 millones de pesos y fue la más alta en la historia argentina hasta el momento.

El hecho fue anunciado este miércoles durante un acto realizado en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y neurociencias (IFIBYNE), por el jefe de Gabinete, Juan Mantzur. En el evento también estuvieron los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y del Interior, Eduardo de Pedro; y el gobernador de Santa Fe, Omar perotti.

La inyección económica corresponde al Programa Federal “Equipar Ciencia” y será distribuida en las 24 jurisdicciones con el objetivo de equipar a 43 universidades nacionales, 13 organismos del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, y 6 organismos provinciales de ciencia y tecnología.

En medio de las situaciones complejas que estamos viviendo, priorizamos una inversión en equipamiento para nuestros científicos y científicas. Ahí está reflejada la visión de nuestro gobierno y por eso destinamos todo lo que está a nuestro alcance en ciencia y tecnología”, subrayó Manztur.

Por su parte, el ministro Filmus manifestó: “La desproporción exige políticas de Estado que avancen hacia la federalización de la ciencia. Siguiendo el camino que marcó el ex ministro (Roberto) Salvarezza, espero que nuestra gestión sea evaluada por la federalización de la ciencia, la igualdad de posibilidades. Porque es fundamental que los jóvenes se desarrollen en el lugar en el que nacieron, y esperamos seguir trabajando hacia esa dirección”.

Por otro lado, a pesar de no poder asistir al evento, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, destacó la importancia de esta inversión record a través de un video. “El apoyo que hoy estamos dando -puntualizó- es en infraestructura, en instrumentos, en máquinas que van a hacer más fácil la tarea de la investigación. Es la inversión más grande que se ha hecho en la historia de Argentina en materia de ciencia y tecnología. Y tengo un enorme orgullo de ser quien está al frente de un gobierno que toma esta decisión”, expresó el presidente.

En el cierre del acto expresaron sus sensaciones el ministro De Pedro y el gobernador Perotti. El ministro, por su parte, aseguró que “no hay un modelo de desarrollo productivo si no hay un modelo de ciencia y tecnología apuntando a generar arraigo, empleo y conocimiento”, en tanto el gobernador Perotti destacó que “este nivel de equipamiento que se recibe hoy en nuestras universidades es un reconocimiento para quienes dedican todo su conocimiento y para quienes han puesto la mejor predisposición durante la pandemia”.

Del acto, además, participaron el secretario de Articulación Científico Tecnológica, Juan Pablo Paz; el subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Pablo Núñez; la presidenta del CONICET, Ana Franchi; la directora del IFIBYNE, Adali Pecci; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; y el rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella.

AFIP embargó billeteras virtuales y aumentó 69% el reintegro para compras con débito

AFIP embargó billeteras virtuales y aumentó 69% el reintegro para compras con débito

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

La Administración Federal de Ingresos Públicos recuperó más de $800 millones de deudores relevantes. Además, incrementó 69% el reintegro a sectores vulnerados por consumos realizados con tarjeta de débito.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) avanzó en el recupero de más de $800 millones de pesos en deudas acumuladas por contribuyentes morosos, a través de embargos sobre billeteras virtuales. Desde febrero, con el objetivo de asegurar el cobro de obligaciones impagas acumuladas, se incorporó a las billeteras virtuales al listado de activos sobre los cuales puede solicitarse la traba de embargos. 

Según informó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont, a lo largo de los últimos cuatro meses, juzgados de todo el país autorizaron 1.269 embargos sobre activos digitales de personas que acumulaban pasivos impagos. La decisión le permitió al organismo ampliar su capacidad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Magistrados de las provincias de Tucumán, Catamarca, Santa Fe, San Juan, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, CABA, Neuquén, Córdoba, Santa Cruz, Chubut y distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre otros, aprobaron las solicitudes realizadas por funcionarios y funcionarias de la AFIP con el objetivo de recuperar los montos adeudados a través de embargos a activos digitales.

Las retenciones sobre contribuyentes morosos que la Administración Federal requiere a la Justicia se concretan sobre cuentas bancarias, bienes muebles, inmuebles y créditos, entre otros. Asimismo, para determinar sobre qué cuentas solicitar la traba de embargos, el organismo se abastece del régimen informativo que, como sucede con las entidades financieras, obliga a las empresas del sector a reportar información referida a las cuentas de sus clientes.

Además, la normativa no establece un orden de prioridad sobre qué activos se debe avanzar primero a la hora de solicitar la traba de un embargo para cobrar deudas. No obstante, la práctica muestra que las medidas comienzan con los activos más líquidos, como las cuentas bancarias. Una vez que el saldo disponible es insuficiente o los contribuyentes no poseen ese tipo de colocaciones se procede a solicitar retenciones sobre otros activos.

Las ejecuciones de las deudas fiscales con la AFIP, el paso posterior a la traba de embargos, estuvieron suspendidas durante 19 meses como parte de las herramientas implementadas para amortiguar los efectos económicos de la pandemia de Covid-19. A lo largo de ese período, el organismo puso a disposición de los contribuyentes distintas herramientas que permitieron avanzar en la regularización de pasivos acumulados como consecuencia de la crisis del gobierno anterior, así como resultado de la irrupción de la pandemia.

Mediante el proceso de recuperación económica y con el objetivo de proteger el interés fiscal, el organismo retomó en febrero las ejecuciones fiscales de contribuyentes morosos. Además, la AFIP inició las ejecuciones fiscales a los contribuyentes más riesgosos y con mayores montos de deuda. El proceso que se está realizando en forma gradual sumó la posibilidad de solicitar embargos sobre activos digitales.

Por otra parte, a través de la Resolución General 5221/2022, la AFIP informó que incrementó 69% el reintegro a sectores vulnerados por consumos realizados con tarjeta de débito. El nuevo monto será $2.028 mensuales y estará vigente hasta el 31 de diciembre. El documento resalta que “alcanza a las personas cuyo único ingreso sea una jubilación o pensión de haber mínimo y titulares de AUH y la Asignación Universal por Embarazo”.

Según informó el organismo, el objetivo es ofrecer “un impulso adicional a los consumos que realizan todos los meses más de 2 millones de personas”. Además, el beneficio alcanza a las compras realizadas en farmacias, comercios de cercanía, mini, súper e hipermercados, kioscos y almacenes. Asimismo, el valor máximo para titulares de la AUH con 2 o más hijos será de $4.057.

En este sentido, la AFIP destacó que “el reintegro se acredita en forma automática cuando las personas beneficiarias realizan sus compras con tarjeta de débito mientras que también están alcanzadas las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR)”.

Además de fortalecer el consumo, la herramienta tiene por objetivo favorecer el acceso a servicios financieros para contribuir a la reducción de las brechas sociales, territoriales y de género. “Es importante destacar que, por tratarse de un régimen financiado con una partida presupuestaria asignada a tales efectos por el Ministerio de Economía, no afecta a la coparticipación federal”, concluyó el documento.

1