El proceso estuvo a cargo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, a cargo de Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, que se opuso a la decisión final.
La Cámara Federal de Casación Penal eximió de causas a tres ex militares acusados de torturar a soldados durante la guerra de Malvinas, con el argumento de que los hechos “no constituyeron delitos de lesa humanidad” y, por lo tanto, prescribieron.
Los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña decidieron anular los procesamientos a Eduardo Gassino, Miguel Ángel Garde y Gustavo Calderini, quienes estaban imputados por el delito de “vejaciones”.
El proceso estuvo a cargo de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, conformada por los camaristas anteriormente nombrados y Ana María Figueroa, quien se diferenció de sus compañeros y no acompañó en la decisión. De esta manera, el fallo fue sentenciado por mayoría.
La defensa de los acusados estuvo a cargo del fiscal Javier De Luca, quien declaró que los hechos investigados “constituyen crímenes de guerra y/o graves violaciones a los derechos humanos”.
Luego de que la fiscalía rechazara este recurso de la defensa y anulara los procesamientos a los inculpados, De Luca declaró que “la resolución ahora anulada presenta una errónea aplicación de la ley sustantiva, en tanto se aparta de la doctrina fijada tanto por ésta Cámara como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al expedirse en el caso Taranto”, en referencia a otro caso similar cuyo procesamiento fue anulado por prescripción.
A 40 años de la guerra de Malvinas, el compromiso humano y social que queda a la vista es el de la soberanía por las tierras, pero por detrás se lleva a cabo una lucha en busca de reparación por las distintas torturas y violaciones a los derechos humanos de los jóvenes que fueron obligados a participar de la guerra.
Desde el final de la última dictadura y hasta la fecha vigente, diversos excombatientes denunciaron crímenes por parte de sus superiores como estaqueamientos, enterramientos, haber sido sumergidos en pozos de agua helada y la exposición al frío y al hambre extremo que produjeron mutilaciones y, en algunos casos, la muerte.
Uno de los organismos que lucha día a día por saldar las deudas judiciales pendientes con los veteranos de Malvinas es La Comisión Por la Memoria, una entidad que trabaja por la justicia en relación los crímenes cometidos en último gobierno de facto, tanto los secuestros civiles como las torturas de Malvinas. En 2017, cuando se reivindicaban 35 años de la guerra, dicha organización viajó a las Islas Malvinas para realizar un acto.
Allí, el secretario de la comisión, Roberto Cipriano García, manifestó que “más de 600 soldados se suicidaron luego del conflicto, sumergidos en el dolor y la desesperación provocada por la tortura, los malos tratos, la muerte y la negación estatal”. “Estos crímenes deben juzgarse ya, como forma de reparar tanto padecimiento. La sociedad argentina está en deuda con los ex combatientes de Malvinas”, apuntó.
Hoy, a 40 años, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, hicieron vista gorda a las sostenidas violaciones perpetuadas por la dictadura militar. Nunca más.
