Por Juan Martín Palermo*
Al poco tiempo de la vuelta de la democracia, en 1987, Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Willy Argañaraz (24) fueron asesinados a manos de la policía en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El hecho significó el primer caso de “gatillo fácil” luego de la dictadura. En conmemoración a lo sucedido, se sancionó en 2012 la Ley que establece el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional para recordar y repudiar los asesinatos y violaciones de los Derechos Humanos cometidos por la policía principalmente hacia los sectores populares.
Los jóvenes habían estado discutiendo con una comerciante de la zona y fue ella quien llamó a la policía. Luego, se sentaron a tomar una cerveza en una de las esquinas del barrio cuando llegaron tres suboficiales de la policía bonaerense y los acribillaron a balazos. Por el solo hecho de ser pobres y sin decirles nada previamente, apretaron el gatillo y terminaron con sus vidas.
Agustín Olivera recibió doce disparos y Oscar “el negro” Aredes siete, por lo que murieron en el acto. Willy Argañaraz recibió un balazo en la pierna y los suboficiales lo cargaron en su camioneta y se lo llevaron. Los vecinos que vieron la situación, notaron que no estaba gravemente herido, pero cuando la camioneta se alejaba, escucharon tres disparos más. Luego se confirmaría en la autopsia que Argañaraz no sólo tenía un disparo en la pierna, sino que además, había recibido otros tres disparos en la cabeza, efectuados a corta distancia.
Los policías involucrados fueron Juan Ramón Balmaceda, Juan Alberto Miño e Isidro Rito Romero. Quisieron garantizar su impunidad colocando armas de fuego junto a los cuerpos para simular que se había tratado de un enfrentamiento. En 1990 se celebró el primer juicio oral que -a pesar de la evidencia entregada a la justicia- los condenó a penas leves por “homicidio en riña” y a Romero por “homicidio simple”. Los familiares y organizaciones contra la represión policial lucharon de manera incansable hasta que en 1994 la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo. Se llevó a cabo un segundo juicio en el que los tres implicados fueron condenados por “homicidio simple”. Se les otorgó una pena de 11 años, que para dichas organizaciones era insuficiente. A pesar de esto, recién fueron encarcelados en 1998, cuando la condena quedó firme.
Increíblemente, los tres policías “se fugaron” y estuvieron prófugos durante varios años. Los comunicados que emitía CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) eran “Si los ve, no avise a la policía, avise a CORREPI”. De a poco, los fueron encontrando “sin la ayuda del aparato estatal”, como afirman desde la organización. En 1999 cayó Romero y recién en 2006 encontraron a Miño y Balmaceda, que recién ahí empezaron a cumplir su condena.
La violencia policial era habitual en el barrio de los jóvenes asesinados, pero este caso llevó a que les vecines se junten para reclamar justicia. Se organizaron para hacer guardias y que no entren los asesinos al barrio, para cuidar a los testigos que constantemente recibían amenazas por parte la policía, entre otras tareas. Si ocurría algo que veían sospechoso, empezaban a sonar las cacerolas para que todes les demás supieran que las policía estaba intentando avasallar los derechos de les pibes. Desde allí, comenzaron a denunciarse hechos de violencia por parte de la policía; maltratos, golpes y entraderas en las casas sin órdenes judiciales. Gracias a esto, el caso tomó trascendencia nacional y dicha movilización permitió que los asesinos no queden impunes y fueran condenados.
Por primera vez se empezó a hablar en la sociedad de “gatillo fácil” para referirse a los efectivos policiales que asesinaban a personas con total impunidad en los barrios populares de Argentina. Luego de la Masacre de Budge, se profundizó el debate sobre estos sucesos y se puso en tensión la “naturalización” y legitimación de los mismos, que permitían que las fuerzas policiales violen los Derechos Humanos. La democracia había llegado hacía unos años, pero en los barrios la impunidad se mantenía como en los tiempos del terrorismo de Estado: ejecuciones, torturas, constante malos tratos (no sólo físicos sino también psicológicos), detenciones ilegales, hostigamiento y desaparición forzada de personas.
En el documental “Masacre de Budge” (del Grupo “Se puede, se debe” – 1987/88), uno de los vecinos se preguntaba “¿qué es la democracia?”. “Nosotros la vimos nombrar nada más. Nosotros vivimos en la dictadura todavía porque ellos hacen lo que quieren. Se llevan a la gente, entran en los negocios, entran de noche en las casas. (…) Te llevan esposado, te pegan, y no te devuelven a tu casa, sino que te dejan en un campo y te dicen andate. Te sacan plata. Entonces ¿qué es la democracia? Nosotros no entendemos lo que es”, aseguraba.
Este caso dejó como enseñanza que si hay organización popular, se puede vencer a los que durante muchos años estuvieron impunes ejerciendo violencia y represión. También aprendimos que la dictadura terminó formalmente en 1983, pero que sus prácticas seguían replicándose de la mano del aparato policial. La represión estatal pasó de ser moneda corriente a problematizarse y cuestionarse, y es una lucha que continúa.
Otros asesinatos también marcaron el camino de la lucha contra la violencia institucional: en 1988, Agustín Ramírez en San Francisco Solano, el primer militante popular asesinado después de la dictadura; el de Marcelo “Peca” Rivero en 1989, fusilado a pocas cuadras de su casa por personal de la comisaría de Rafael Castillo; y el caso de Walter Bulacio en 1991, un joven de 17 años asesinado y torturado por la Policía Federal, presente en cada recital del Indio Solari.
Personas muertas por funcionarios de fuerzas de seguridad, según el lugar de los hechos. 1996-2019
En este contexto de pandemia, CORREPI publicó en uno de sus comunicados: “Hoy, con más de 7.000 pibes y pibas asesinados por el gatillo fácil y la tortura, en esta situación de excepción que nos impide salir a la calle, pero nos exige estar más atentes que nunca a denunciar la represión estatal, seguimos apostando a la unidad, la organización y la lucha, como en Budge”.
La democracia no se trata únicamente de depositar un voto en la urna para que sean elegides les gobernantes durante un periodo de cuatros años. La democracia es también que la policía no mate a les pibes en los barrios populares, que las fuerzas de seguridad no hostiguen a les vecines de los barrios y que no sean silenciades cada vez que reclaman por sus derechos. Por eso, hoy y siempre, decimos ¡BASTA DE GATILLO FÁCIL!
WILLY, NEGRO Y OSCAR ¡PRESENTES!
Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
Fuentes:
– http://www.correpi.org/
– http://www.correpi.org/2019/archivo-2018-cada-21-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/
– https://www.cels.org.ar/web/letalidad-policial-estadisticas/
– http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/violenciainstitucional/8-de-mayo/helen-zout-budge.pdf
– http://www.comisionporlamemoria.org/project/8-de-mayo/
– Documental “Masacre de Budge (Documental del Grupo “Se puede, se debe” – 1987/88) https://www.youtube.com/watch?v=VBouFpqYOm8
