Por Pablo Jofré Leal*
Con una deuda externa de 330.000 millones de dólares, que representa el 95.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) Argentina se constituye en uno de los 15 países más endeudados del mundo, con toda la carga política, social y económica que tal condición conlleva.
La abultada deuda obligó al presidente argentino Alberto Fernández a confesar que su país “no puede cumplir con el cronograma de pagos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues si se hiciera se estaría sumiendo a la economía en una postración absoluta”, según expresó en declaraciones a Radio Continental el día 10 de febrero pasado. “Nosotros queremos destinar el pago de la deuda a la reestructuración de la economía, a sacar a la gente de la situación de crisis en la que está y por ello, objetivamente no podemos cumplir”.
Esta declaración fue refrendada por Fernández al inaugurar el 138.º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Durante su discurso, el mandatario presentó un diagnóstico negativo sobre la herencia que recibió del Gobierno de Mauricio Macri, una situación que calificó de dramática y de destrucción sobre la economía y el Estado Nacional. Fernández precisó que su Gobierno no va a pagar la deuda, a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos. Lo afirmado por el presidente argentino ha sido igualmente complementado por las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta y ex mandataria Cristina Fernández, quien había declarado que “la deuda se salió de control y que para pagarla indudablemente lo primero es salir del período de recesión”.
Las palabras de la dupla Fernández-Fernández, a su vez fueron refrendadas por la decisión del propio Senado argentino con la aprobación de la llamada “ley de Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa”, un proyecto de ley presentado por el ejecutivo y que permitirá al equipo económico presidio por el Ministro Martín Guzmán, renegociar con los acreedores las condiciones del pago del descomunal.
Recordemos que el nuevo gobierno de Argentina recibió un país en un completo descalabro en múltiples frentes. Una economía en franca recesión desde abril del año 2018 que ha llevado a la población argentina a niveles de pauperización y que implicó tener a un tercio de la población bajo la línea de la pobreza, desconfianza en las instituciones públicas y una alta tasa de desempleo sobre todo en la población joven. Un Mauricio Macri, que tratando de mantener un modelo de crecimiento económico ya sin sustento, trató artificialmente de darlo al solicitar al FMI un empréstito por 56,300 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones, sin poder evitar la profundización de la crisis económica por la devaluación del peso argentino, una altísima inflación en los últimos meses del gobierno macrista y una masiva fuga de capitales.
El gobierno de Alberto Fernández, gracias al apoyo logrado en el senado que le permitió contar con un marco legal y político, pudo emprender un camino de reestructuración de la deuda, en reuniones de coordinación con el llamado Club de Paris[1] bajo la premisa de lograr condiciones mejores que le den la posibilidad de avanzar por escenarios menos onerosos y que no impliquen un ajuste fiscal, porque esa suele ser la exigencia de las corporaciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario internacional (FMI) y aquellos que en general suelen generar empréstitos que terminan ahogando a los pueblos y sometiéndolos ad eternum a los dictados de esas organizaciones.
El nuevo gobierno argentino enfrenta un duro panorama económico interno y externo. Unido a la crónica oposición de los grupos económicos y empresariales vinculados a la derecha argentina, hay que sumar las dificultades externas derivadas de las fuertes tensiones entre Estados Unidos y China, el reacomodo de los bloques políticos en Latinoamérica y la irrupción de una pandemia como el Coronavirus, que ha afectado a aquellos países exportadores de materias primas como es el caso de Argentina y su producción de carne, trigo y soja. La desaceleración de los niveles de crecimiento, la guerra entre potencias en materia de hidrocarburos, la escasa visión de los organismos financieros internacionales para prever las crisis económicas, hicieron incurrir en préstamos a gobiernos como el que tenía la argentina con Mauricio Macri, cuando todas las alertas indicaban que era contraproducente.
Para poder contrarrestar ese panorama adverso, el gobierno presidido por Alberto Fernández elaboró un programa y buscó, hábilmente, su base política de apoyo transversal. La ley de solidaridad social y reactivación productiva[2]declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y busca salir de la profunda crisis que dejó el macrismo y que en esencia, ambiciona mantener el precario equilibrio fiscal pero al mismo tiempo incentivar el consumo para así salir de forma más robusta de la recesión que acosa a Argentina.
Una verdadera ley de emergencia que por ejemplo grava con un 30% a la compra en dólares, signada con el nombre de “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” que va a regir por un lustro y que gravará con el mencionado 30% además de las compras en el extranjero, la compra de dólares para atesoramiento, la compra de servicios que operen en el exterior y la compra de pasajes al exterior. La aludida ley aumenta los impuestos a los bienes personales y congela las tarifas de servicios, como también eleva los aranceles a las exportaciones de productos agrícolas y apoya a los sectores más vulnerables como son los jubilados quienes recibieron un bono para tratar de paliar su precaria situación. Para este mismo sector se decidió suspender, por 6 meses la fórmula de movilidad jubilatoria, que fue sancionada a fines del año 2016. En estos 180 días el gobierno podrá fijar, en forma trimestral, el incremento de los haberes previsionales.
Otro de los puntos fundamentales de las iniciativas de Fernández y su equipo es llevar adelante las tareas que permitan recuperar lo que denominan “la sostenibilidad de la deuda pública”. Y, para ello, el Ministro de Economía Martín Guzmán afirma que con relación a la renegociación de la deuda externa “tiene que haber conversaciones sobre la base de la buena fe entendiendo cuál es la capacidad del país para poder servir sus deudas en un contexto de recuperación económica”. “Las medidas que hemos tomado están pensadas como un proyecto integral para resolver todos los desequilibrios, redefiniendo prioridades, resolviendo la situación de la población más vulnerable respetando la consistencia macroeconómica” concluyó Guzmán, quien durante estos días se reunió con fondos de inversión que visitaron la Argentina y que desean tener la certeza – que no puede dar el gobierno argentino – de evitar el default.
Es evidente que aunque se logre renegociar la gigantesca deuda externa argentina, este punto no tendrá de inmediato un efecto positivo sobre la economía. Idea sostenida por el propio Alberto Fernández quien reconoció que “renegociar la deuda no es mágico”. Se está trabajando fuertemente por manejar un curso que sintonice la política fiscal con la monetaria, cediendo en ello las exigencias de bonistas y organismos financieros internacionales.
Habrá que ver si Fernández cede en aspectos que suelen ser condición sine qua non en materia de deuda externa: ajustes fiscales que se traducen en desmejorar la calidad de vida de la sociedad. La meta de impulsar las exportaciones en un escenario internacional hostil para acceder a un superávit comercial de 15 mil millones de dólares en el 2020 (que es la cifra esgrimida grosso modo en economía) chocará, sin duda, con el régimen impositivo que se está manejando y que gravará a un sector como el cerealero, que suele ser movedizo y sobre todo sostén de los sectores más conservadores del país.
Argentina trata de salir del pantano dejado por el Macrismo y en ese marasmo las interrogantes suelen cubrir el panorama de posibles soluciones. Latinoamérica necesita una Argentina firme, un gobierno del lado de la integración regional, de los intereses más solidarios con causas justas, no como los de Macri y su inclinación por Washington y el sionismo, que han marcado a fuego el rumbo del país. Todo tiene que ver con todo y en ello la economía no es una cuerda separada de la política interna y externa.
* Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
Articulo cedido
por http://www.segundopaso.es/news/381/Argentina-y-sus-intentos-de-salir-del-pantano
- Fundado el año 1956 El Club de París es una agrupación de países acreedores cuya finalidad es la de organizar formas de pago para los países deudores, como así también efectuar reestructuraciones de deuda. Debe su nombre a operar desde la tesorería del gobierno de Francia, en París. Argentina fue, sintomáticamente, el primer país en trabajar un proceso de reestructuración de su deuda el año 1956 cuando expresó la necesidad de cumplir con sus acreedores (varios países soberanos) para evitar convertirse en un país deudor. Bajo esa premisa, Francia se ofreció a acoger una reunión excepcional de tres días en París, que tuvo lugar del 14 al 16 de mayo de 1956.
- Ley de solidaridad social y reactivación productiva. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224184/20191228
