La Ley Belén y Ley Olimpiabuscan incluir la violencia digital como forma de violencia contra las mujeres en el marco de la ley 26.485. Además, se busca agregar al Código Penal los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, entre otros.
El nuevo proyecto de ley que busca tipificar como delito la difusión no consentida de material íntimo, fue presentado por la diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, en conjunto con el espacio de víctimas de violencia digital “Ley Olimpia Argentina” y la organización Género y TIC. Además de proponer incorporar a la violencia digital como violencia de género, la iniciativa contempla sanciones que incluyen fuertes multas y prisión de dos a ocho años.
La primera iniciativa fue inspirada en el caso de Belén San Román, quien fuera inducida al suicidio luego de la difusión no consentida de material íntimo, mientras que la segunda propone incorporar la violencia digital como otra forma de agresión contra las mujeres en el marco de la ley 26.485. En este sentido, propone la creación de medidas de protección para las sobrevivientes, políticas públicas tendientes a la educación digital y la prevención de estas agresiones. Esta propuesta se aplica en México por impulso de la activista Olimpia Coral Melo, que también fue víctima de este tipo de violencia. La presentación tuvo la presencia de Marcelo San Román, padre de Belén, y la activista mexicana.
El documento de la denominada “Ley Belén” busca la incorporación al Código Penal Argentino de los delitos de obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”. Además, establece que “se aplicará prisión de tres meses a dos años y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas“.
Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento“.
El documento resalta que las penas se aumentarán en un tercio cuando el delito lo comete una persona mediante violencia de género, o si el hecho se comete con fines de lucro; o por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión o contra una persona menor de edad.
Con respecto a la ciberviolencia de género Macha fundamento que “fue definida por la relatora especial de la ONU como violencia contra las mujeres facilitada por la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). La violencia en entornos digitales reconoce múltiples formas que se renuevan y reinventan constantemente con motivo de la rápida evolución de las TIC“. Además, la diputada resaltó que “el ámbito digital reproduce las mismas lógicas machistas que se dan en el plano analógico y ello hace que mujeres y niñas se vean particularmente más afectadas por estas conductas“.
Miguel Berri fue acusado de violentar, acosar y hostigar a empleadas, trabajadoras docentes y alumnas.
La abogada R. A. denunció penalmente al doctor Miguel Berri, emérito decano de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), por hostigamiento y violencia de género. Además, el funcionario radical cuenta con varias denuncias por violencia de género, que incluyen desde ex empleadas y trabajadoras docentes hasta sus propies alumnes.
Además, Berri ahora aparece con una docena de graves denuncias por maltratos, hostigamiento, acoso sexual y violencia de genero contra pares del derecho, docentes y alumnas. Incluso hubo un episodio en el que un alumno, en una mesa de exámenes, agredió a golpes a Berri, acusándolo de abusador.
Desde abril del 2018, Miguel Berri se desempeña como decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), cargo en el que fue reelecto recientemente con 15 de 16 consejeros para el período 2022-2026. El acusado es referente del Radicalismo y de la Franja Morada, profesor de Derecho Constitucional y empleado de la Fiscalía de Estado.
Sin embargo no pudo frenar la seguidilla de causas en su contra (N°83131/2001-116446/2019-117555/2020-34586/2011) y las cuatro denuncias del área de género y diversidades de la UNLP. Una de una empleada y tres de trabajadoras y docentes. Como si fuera poco, sus estudiantes se quejan del permanente aliento etílico del decano sumado a un desvarío comunicacional en las reuniones y asambleas académicas.
Si realmente existe un ámbito en el que se espera que transite la evolución, el respeto, la camaradería y el buen trato, ese es sin dudas una universidad nacional; aunque en el entorno de Berri ineludiblemente no existe tal atmósfera. Afortunadamente, más allá de sus contactos políticos influyentes dentro del espacio de Juntos por el Cambio, no hubo forma de que no se rompiera el paraguas mediático y hermético que rodeaba a la máxima autoridad académica de la carrera de Derecho (UNLP).
“En la demanda dice entre otras cosas que me expulsó dos veces y se me vino encima cuando agarré el celular”, asegura R. A. sobre el hecho. En señal de acompañamiento y visibilidad, estudiantes y docentes de la Universidad de La Plata preparan un multitudinario escrache para exigir al Ministro de Educación la remoción de Berri del cargo y su pronto reemplazo.
El primer informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” en la provincia de Buenos Aires, indica que el 66,5% de las mujeres encuestadas no reciben obligaciones alimentarias o lo hacen eventualmente.
Por primera vez, una investigación en la que fueron encuestadas más de seis mil mujeres de los 135 municipios y medio centenar de informantes claves, reflejó la dificultad que enfrentan las mujeres para recibir la cuota alimentaria por hijes en común que deben pagar sus exparejas. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, presentó los resultados del mapeo junto con un paquete de 35 recomendaciones para enfrentar el problema, y destacó que afecta “de forma desproporcionada a las mujeres”.
El informe sobre “Incumplimiento de la obligación alimentaria” indica que el 66,5% de las mujeres separadas encuestadas se encuentran en esa situación, es decir, casi siete de cada 10 no reciben obligación alimentaria o sólo la percibe eventualmente. La fotografía bonaerense es una muestra de las complicaciones que afrontan las mujeres en todo el país y que tiene como consecuencia directa la feminización e infantilización de la pobreza. También se resalta que la situación se agravó durante la pandemia y constituye una forma de violencia económica de género.
Además, el relevamiento muestra que el 51,2% de las entrevistadas no percibe ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijes. Dentro del 41.2% que reciben el dinero, un 24,9% mencionó que es de manera regular y un 15,3% irregular. Solo el 7,9% dijo que el progenitor cumple con sus obligaciones alimentarias a través de la cobertura de gastos y necesidades de manera directa.
De esta manera solo un 10% de las mujeres percibe un aporte suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de sus hijes. El 90% restante recurre a diferentes estrategias para llegar a fin de mes, como aumentar las horas de trabajo o, incluso, endeudarse. Al respecto, el informe sostiene: “Implica un costo alto para sus condiciones de vida y las del hogar. Principalmente para las mujeres trabajadoras y de sectores populares, esto significa incrementar los niveles de dependencia de otras redes, tanto económicas como de cuidado”.
De ese total, el 44% depende de dinero prestado, de familiares, bancos o financieras. Así, el incumplimiento de la obligación alimentaria las convierte de acreedoras a deudoras y refuerza la desigualdad de género. Pero esta no es una situación específica de la provincia bonaerense, es una realidad que enfrentan las mujeres en todo el país y es algo que impacta en la calidad de vida de las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
En este sentido, la directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Natalia Gherardi, explicó que la concreción del cobro del derecho alimentario es un problema central que “muchas veces no llega a resolverse ni siquiera a través de la justicia porque la burla a la ley y la ocultación del patrimonio y los ingresos por parte de algunos progenitores es muy hábil”.
Gherardi remarcó que “el Poder Judicial debe garantizar la materialización de este derecho porque cuando no hay una responsabilidad del pago alimentario por parte de un progenitor, hay una sobrecarga sobre la otra persona”. A esto agregó que “también está el desempleo, el subempleo y la informalidad que, sumado a la responsabilidad prioritaria del cuidado que asumen muchas mujeres respecto de sus hijes sin el apoyo alimentario del otro progenitor, explica claramente el nivel de feminización de la pobreza y de pobreza en la infancia”.
Por otra parte, el acceso a la justicia también presenta un impedimento, ya que el informe indica que el 65% de las encuestadas no conoce centros de atención, asesorías de familia o centros de acceso a la justicia que trabajen sobre el pago y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. Además, el 54% de las respuestas corresponden a hogares monomarentales.
En términos generales, resulta difícil que las mujeres puedan acceder al cumplimiento efectivo de la cuota alimentaria. De esta manera no solo profundiza la brecha de género sino también es una manera de sufrir violencia. Se trata de violencia económica y le da lugar a la continuidad de prácticas de control y subordinación de las mujeres. El informe también indica que de este se desprenden otros tipos de violencia, entre ellas, física, psicológica y sexual.
El legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Domingo Bussi, enfrenta desde el año pasado denuncias por violencia, abuso sexual, y usurpación de identidad. En las últimas horas se renovaron los pedidos para que se avance en las causas.
La denunciante, “Lupe”, viajó a Buenos Aires, y el 12 de agosto se encadenó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, cansada de no recibir respuesta por parte de la justicia tucumana por lo que ella entiende como “abuso de poder”.
En diálogo con Revista Trinchera, Guadalupe reveló que tras denunciar a Bussi 11 veces, su casa fue baleada, saqueada y recibió mensajes amenazantes tanto del acusado como del comisario Ramón Alfredo Ardiles. “No vaya a ser cosa que aparezcas ahogada”, dice el mensaje que recibió, y además le exigían que cese con las publicaciones del caso porque si se “hacía la canchera” iban a seguir “desapareciendo pibas”.
“Lupe” tenía un pasado de extrema vulnerabilidad y atravesaba una situación de violencia con su ex pareja, que en 2019 le tiró una bomba y explotó una garrafa que le provocó quemaduras muy graves. Se salvó de milagro, pero el calvario no se terminó y su ex pareja continuó sus esfuerzos por ahogarla financieramente.
En ese contexto, se acercó a Fuerza Republicana, el partido que fundó el represor y ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi. Pidió trabajo, le gestionaron una Asignación Universal por Hijo y le ofrecieron hacer algunas changas para el partido. Luego descubrió que habían usado su identidad para abrir una cuenta con su nombre en la que depositaron $600.000.
Se presentó en el banco para desconocer la cuenta y denunció el hecho. Esto supuso que Ricardo Bussi la citara en su despacho para hablar de lo ocurrido. ”Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema”, cuenta Lupe. “Le dije que no iba a acceder a su pedido pero se me vino encima, me tiró sobre su escritorio y me violó”, recordó con crudeza.
Como si todo esto fuera poco, a comienzos de agosto su hija intentó ser secuestrada del jardín maternal al que asistía y Lupe tomó la decisión de mudarse a Buenos Aires, porque sentía que Tucumán no era un lugar seguro y que tanto su vida como la de su hija, peligraban.
Tucumán es un caso emblemático en el reclamo por una reforma judicial feminista urgente. Bussi no es el primero, ni el último y ante las denuncias que varias mujeres han presentado contra distintos funcionarios públicos, la justicia tucumana archiva las causas, desoye las querellas criminales contra los acusados y desconoce los informes psiquiátricos y psicológicos que acreditan los delitos.
Bruno Romano, actual concejal del PJ por la ciudad de Alberdi y boxeador (dicho sea de paso), fue denunciado por Romina Dip en marzo de 2018 luego de sufrir innumerables golpizas. Con posterioridad a la separación tampoco cumplió con el régimen de alimentos para con su hija.
Edmundo Mistretta, un funcionario de la Justicia Federal que enfrentará un juicio oral por el delito de “abuso sexual simple” por dos hechos denunciados que sucedieron en el ámbito laboral del Poder Judicial Federal de Tucumán. Llegó a jubilarse antes de que las acciones penales en su contra pudieran avanzar.
El 22 de noviembre de 2019, el senador en uso de licencia José Alperovich fue denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente, que a través de una carta pública contó los padecimientos que sufrió durante casi dos años.
En mayo de 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá, José Orellana, por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.
En septiembre de 2020, fue denunciado el vocal de la Corte Suprema de Justicia Antonio Estofán por acoso sexual. Y en mayo de 2021, Érika Juárez, contadora y ex trabajadora del Ministerio Público de la Defensa, denunció al ministro pupilar de la defensa Washington Navarro Dávila por acoso sexual. Tras meses de comentarios sobre su cuerpo y manifestaciones de índole sexual, amenazó con despedirla si no mantenía relaciones sexuales con él.
Para repensar la Justicia en clave feminista, es central poner en valor las estrategias que se vienen dando las organizaciones sociales y las redes de profesionales feministas para acompañar a aquellas mujeres que atraviesan situaciones de violencias por motivos de género. Es necesario que quede plasmado el debate de un sector que ha decidido dejar de mirar para otro lado con las violencias del Poder Judicial. Por Lupe y por todxs.
Nathalia Dimitri
Todo el tiempo tengo que aclarar que mi nombre lleva H. Soy periodista, feminista -o periodista feminista- y fundamentalista del peronismo. Estudio sociología en el interior del país y milito día a día en el barrio del «Pirata cordobés».
Al fin logro tomar el bondi que me lleva a Plaza de Mayo. Me retrasé porque justo antes de salir, cuando le mostré el cartel que había hecho para la manifestación a mi compañera de casa, me hizo ver que había escrito mal el nombre de Tehuel: me faltó la “u”. Así que tuve que improvisar una manera de corregirlo sin arruinar el resto del letrero.
Ocupo el asiento que da a la ventana en la mitad del bondi, abrazo mi cartel con el brazo izquierdo porque temo olvidarlo al bajar. Con la mano derecha veo mi teléfono; son las 4 de la tarde del 12 de abril, ha pasado un mes desde la desaparición de Tehuel. Me quedo viendo fijo por la ventana el paisaje que rodea la autopista Dr. Ricardo Balbín. Pienso en que como yo, cientos de personas se movilizan en al menos otras 15 ciudades para exigir su aparición con vida.
Me bajo en una parada que queda a un par de calles de la plaza. Aunque estoy acostumbrado a salir solo, mis piernas tiemblan al pasar por al lado de Gendarmería. A lo lejos, en frente de la Casa Rosada, veo a un grupo de no más de 10 personas y una bandera de colores. Me dirijo hacia su encuentro con paso seguro y decidido. Casi estoy por ponerme al lado cuando me doy cuenta de que es una bandera whipala y una manifestación en la que no planeaba estar. Freno en seco y doy un giro para registrar el resto de la plaza, veo que al otro extremo hay banderas y un grupo un poco más grande de personas. Tomo un nuevo rumbo, deseando que como los nuestros, los reclamos de esas personas que se toman de la mano en forma de huelga, sean escuchados.
Cuando llego, veo que más de la mitad de personas presentes pertenecen a organizaciones de grandes banderas, el resto son periodistas. No sé de qué lado ponerme porque no soy ninguno de los dos, o bueno, sí, pero hoy no lo soy. Hoy sólo soy un chico muy enojado con un cartel.
Al final encuentro un espacio en el que me paro como una estatua y abro de par en par mi cartulina blanca. Entre el ruido de los tambores, las conversaciones de las personas que llegan al encuentro, los cantos y los disparos de algunas cámaras, me pregunto en dónde están todes. Si somos una comunidad con un nombre que refiere a infinitas siglas. ¿Dónde están todas las organizaciones y personas que dicen luchar por reivindicar nuestros derechos? ¿Sólo en instagram? Veo algunas caras conocidas como las de Lucas Fauno y Quimey Ramos, pero si el resultado de este tipo de reclamos depende de la magnitud de personas que estén detrás de él, ¿no deberían todas esas organizaciones e influencers feministas/transfeministas estar presentes en las calles?
Varias personas me piden sacarme una foto con el cartel, algunas piden permiso y otras aprovechan para tomarlas mientras poso para alguien más. Tengo miedo de que alguna de esas personas sea parte de un medio nefasto; de esos que solo buscan vender una primicia. Medios que no se molestan en buscar cómo cubrir de manera correcta la desaparición de una persona trans y no hacen más que profundizar los discursos y estereotipos que hay hacia nosotres. Nombran a Tehuel en femenino cuando se sabe que es un varón, le hacen preguntas a su familia sobre su vida sexo-afectiva y no paran de hacer suposiciones que lo culpan por su propia desaparición.
Por suerte, una de esas personas se presenta; me dice que representa a Agencias Presentes. Bajo la guardia porque me siento seguro. Me aparto de la multitud para responder las preguntas que quiere hacerme, lo hago de manera torpe y confusa a causa de los nervios. Sé que confío en este medio cuando se va y no tengo miedo de que vaya a utilizar alguna de las estupideces que dije para decorar un titular escandaloso y amarillista.
En medio de los acalorados discursos de quienes participan del micrófono abierto, recito un poema que mi amiga Mai escribió para Tehuel. Cuando termina este espacio se me acerca alguien que pertenece a una de las organizaciones, me pide mi número de teléfono con la excusa de estar en contacto por la causa, pero su mirada y tono me dicen que le interesa algo más que mi participación. Me pregunto a quién le parece que la protesta por un desaparecido es un buen espacio para chamuyar.
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Las personas que quedamos después de este espacio nos movimos unos metros hacia la bifurcación de la Av. Rivadavia y Bolívar; bloqueando primero Bolivar y minutos después las dos calles. En medio de los gritos, las bocinas y las amenazas por detener un gran flujo vehicular, me desconecto de la escena. Pienso en qué estará pasando en la convocatoria en Mar del Plata, en San Vicente, en La Plata, en todas esas ciudades que hoy reclaman por él. Su búsqueda es masiva, su cara y su nombre están inundando las redes. Mientras pienso en todas esas movilizaciones, en todos los titulares, en todas las publicaciones, paradójicamente me llena un vacío cuando pienso en la posibilidad de que él no sepa todo lo que su ausencia está causando.
Empiezo a pensar en él. Me pregunto qué pensaba durante esos 16 km de trayecto entre su casa en San Vicente y la calle Mansilla 1203. Me pregunto si como yo, estaría emocionado por la oportunidad de tener un trabajo un poco menos informal, que podría abrirle puertas a otro parecido. Me pregunto si en algún momento sospechó que Luis Alberto Ramos no era una buena persona, e iba con un dilema sobre si arriesgarse a comprobarlo o perder una posible salida laboral. Me pregunto si le contó a su pareja con quién, por qué y dónde estaría porque era costumbre suya mantenerla al tanto, o porque quería que supiera donde estaba por la desconfianza que le suscitaba ese encuentro, o porque fue una afortunada coincidencia que permitió tener datos concretos sobre dónde ir a buscarlo cuando las autoridades tuvieron que prestar atención a su caso.
Me pregunto muchas cosas sobre quién es Tehuel De La Torre y quiero escuchar las respuestas de su boca. Quiero levantarme mañana y ver que las redes sociales y los medios de comunicación gritan su aparición, que en todas las pantallas hayan fotos y videos donde se reencuentra con su familia, y no hablo solo de su familia de sangre, hablo de todes nosotres, todes les que sabemos que el motivo de su desaparición tiene todo que ver con su identidad de género. A lo largo de esta semana he leído mucho la frase “busquenlo cómo si fuera cis”, pero si Tehuel fuera un hombre cisgénero, probablemente nunca hubiera desaparecido.
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La policía cierra la calle desde más atrás y dejan de pasar autos, así que nuestro bloqueo pierde el sentido. Algunes proponen seguir manifestándonos en el obelisco, pero veo la hora y decido irme en dirección contraria a la del grupo para tomar el bondi. Envuelvo mi cartel y camino hacia la parada mucho más tenso de lo que llegué. Hay muchas más patrullas y policías. Cuando paso por su lado soy más consciente que nunca de lo oscuro que está, de lo llamativo que es mi saco, de lo solo que estoy y de que no puedo verme más trans.
La desaparición de Tehuel evidencia un fallo en la inserción laboral de las personas trans; evidencia la incompetencia mediática y la falta de capacitación periodística para cubrir su caso. Evidencia que la facilidad para ejercer violencia sobre alguien es directamente proporcional a la cantidad de grupos vulnerados que ese alguien representa: ser de clase baja y ser trans se convierte en algo tan peligroso. Vuelvo a pensar en la masividad de su caso y deja de sorprenderme que haya tanta atención hacia un chico trans, porque entiendo que no es que él importe más que el resto de los chicos que han sido víctimas de esta violencia cisheteropatriarcal. Tehuel es el rostro de la violencia hacia las transmasculinidades que pasa desapercibida por la sociedad; Tehuel es Lucho Avila, Tehuel es Mateo López, Tehuel somos todxs.
Kevin Alejandro Vivas Ayala
Ecléctico. Le causan repulsión las cajas, los límites, lo estático, lo predecible y determinado. Por eso nunca puede describirse, porque le repugnan las palabras que le obligan a cumplir con un papel que aunque hoy le defina, mañana tal vez no quiera interpretar.
A lo largo de la última semana, miles de personas, en su mayoría mujeres y diversidades, se encontraron en las calles y los parques del Reino Unido para expresar la furia y el dolor por el femicidio de Sarah Everard, una joven de 33 años desaparecida en Clapham, al suroeste de Londres, la noche del 3 de marzo, cuando caminaba desde la casa de una amiga hacia la suya en Brixton, y cuyo cuerpo fue hallado una semana después en un bosque de Kent, dentro de una bolsa de plástico.
La detención de Wayne Couzens, un oficial activo de la Policía Metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard), acusado del secuestro y asesinato de Sarah, y que tenía antecedentes de acoso sexual, no solo prendió la mecha del escepticismo contra la policía, sino que desencadenó una tormenta de críticas por la inseguridad que viven las mujeres en la calle.
El caso de Sarah no es un hecho aislado, y la respuesta del Estado frente a las protestas no hizo más que reafirmar los reclamos del movimiento feminista británico: represión policial, ‘no salgan de casa’ y una ley antiprotestas. ¿Qué podría salir mal?
La ola de indignación contra la violencia de género en Reino Unido fue propagándose y creció aún más cuando, apenas comenzada la búsqueda de la joven, la policía creyó oportuno acercarse a las casas de las mujeres de la zona para pedirles que ‘se cuiden si viven solas’, que ‘no salgan’ y que ‘no caminen de noche’. A lo que algunas voces sugirieron, en tono irónico, un toque de queda para los hombres como medida definitiva para acabar con la discriminación. Scotland Yard parece no haber percibido que las mujeres y disidencias hace ya tiempo saben y militan que no es culpa de las víctimas y que debe cambiar el enfoque de quién debe hacer sacrificios y concesiones para que haya seguridad.
Lo que le sucedió a Everard llevó a varias mujeres a hablar en las redes sociales sobre por qué no se sienten seguras en las calles, así como a compartir experiencias propias de intimidación o acoso que sufrieron mientras caminaban solas por la noche. “La muerte de Sarah Everard debe ser vista en el contexto de las estructuras de violencia contra las mujeres en este país”, determinó en un comunicado el colectivo feminista Sister Uncut.
Pero internet no era suficiente. Para canalizar la furia emergió la plataforma “Reclaim these streets” (“Reclamemos estas calles”), que avivó el grito del movimiento “Reclaim the night” (“Reclamemos la noche”), surgido en Inglaterra a finales de los ‘70s para denunciar la violencia machista y, concretamente, el asesinato de 13 mujeres a manos de Peter Sutcliffe, conocido como el “destripador de Yorkshire”.
Junto a otras organizaciones feministas, como Sister Uncut, convocaron a una vigilia en Clapham Common Park el sábado por la tarde, que fue prohibida por la policía en el marco de las restricciones por el coronavirus. Sin darle mucha importancia a las amenazas de multas y detenciones, cientos de mujeres salieron a las calles, se acercaron al lugar y montaron un altar en memoria de Sarah y en reclamo contra la violencia de género. La protesta fue brutalmente reprimida por la policía londinense: empujones, varias mujeres esposadas y al menos 4 detenidas; “debería darles vergüenza” decían las jóvenes entre medio de los gritos. La actitud de la Policía provocó críticas generalizadas de la sociedad y por parte de algunas autoridades.
Fuente: Reuters
Pese a que la ministra del Interior, Priti Patel, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, salieron a exigir explicaciones a la Met por su conducta violenta, rápidamente se convirtió en un escándalo político nacional y Boris Jonhson, el primer ministro británico, no dudó en expresar su apoyo a la jefa de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick. La oposición pidió explicaciones a través de la diputada laborista Jess Phillips, que intervino en la Cámara de los Comunes para denunciar la escasez de datos oficiales sobre feminicidios en el Reino Unido y leer el nombre de las 118 mujeres asesinadas por hombres en el país en 2020, según cifras de la plataforma “Counting Dead Women”.
Aunque esta causa haya obligado al gobierno conservador a expresar su “compromiso” para encontrar estrategias en pos de erradicar las violencias de género, las medidas anunciadas no van más allá de invertir en iluminación para las calles y la presencia de agentes ‘de civil’ en locales nocturnos, lo que ha sido considerado insuficiente por las organizaciones de mujeres.
Tonight Carrie and I will be lighting a candle for Sarah Everard and thinking of her family and friends. I cannot imagine how unbearable their pain and grief is. We must work fast to find all the answers to this horrifying crime.
La respuesta burocrática no calmó las aguas, y por el contrario, las manifestaciones continuaron durantes los días siguientes en la Plaza del Parlamento, en la sede de Scotland Yard y en la oficina del Primer Ministro. Ahora no sólo contra la violencia machista y la inseguridad de las calles, sino también contra un trasfondo político más polémico para toda la sociedad: la “ley antiprotestas”, impulsada por el gobierno de Jonhson.
Al grito de ‘Kill The Bill’ (‘Maten al Proyecto de Ley’), el movimiento feminista amplió sus bases y demandas contra este proyecto, formalmente llamado Ley de Policía, Delito, Sentencia y Tribunales, que avanza en el Parlamento tras la aprobación de su segunda lectura esta semana en la Cámara de los Comunes. Según sus promotores, servirá para endurecer penas a delitos graves y prevenir disturbios en los espacios públicos. Para sus detractores, mayoritariamente sectores trabajadores, ambientalistas, antirracistas y feministas, dará más poder a las fuerzas de seguridad para reprimir y limitar concentraciones, y legitimará abusos policiales como los ocurridos en la manifestación por el femicidio de Everard.
Con esta Ley, la policía podrá imponer condiciones, como la hora de inicio y finalización de las concentraciones, e imponer límites máximos de ruido en las protestas. Poderes que quedarán librados a la evaluación y los criterios subjetivos de las fuerzas policiales y de la ministra Patel, que tendrá la facultad de crear leyes “a su discreción”, sin necesidad de aprobación parlamentaria, para definir la “perturbación grave de comunidades y organizaciones”, en las que la policía podrá basarse para imponer condiciones a las protestas.
Además, establece penas de hasta 10 años de prisión a quienes dañen monumentos conmemorativos. Una condena superior a la otorgada muchas veces a violentos, violadores y acosadores, según denuncian las organizaciones feministas. “Las paredes se pintan, las pibas no vuelven”, diríamos en Argentina.
Fuente: Henry Nicholls / Reuters
El movimiento feminista británico tiene una larga lucha por conquistar más derechos y seguridad efectiva para las mujeres y disidencias, en un contexto en el que entre 2009 y 2018 una mujer fue asesinada cada tres días por un hombre, y una de cada doce en manos de un desconocido, según la plataforma Femicide Census. Donde en tres años hubo más de 700 denuncias por abuso doméstico contra oficiales de la policía; y en el que la mayoría de las mujeres, el 97% entre 18 y 24 años y un 80% entre mujeres de todas las edades, ha sido acosada sexualmente en espacios públicos y no tiene fe en que se le dé importancia al abuso, de acuerdo a una encuesta de ONU Mujeres Reino Unido.
Hace tiempo que el silencio dejó de ser una alternativa para las mujeres y diversidades del Reino Unido y del mundo. Los despertares feministas no tienen vuelta atrás: retroceder en derechos no es opción. Las mujeres vivas, seguras, organizadas y manifestándose.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
Los últimos días del año invitan siempre a revisar los avances y retrocesos, las luchas y continuidades, las falencias y los obstáculos que fueron motor -o freno- de lo sucedido. El 2020, que finalmente queda atrás, deja a su paso un balance agitado y problemático en todas las facetas de la vida humana y social -y hasta de la naturaleza-. En particular, el abordaje en torno a las problemáticas de género, a la lucha de los movimientos feministas y el rol de estas resistencias a lo largo y ancho del mundo es aún más complejo y turbulento.
Resultaría casi imposible plasmar en contadas líneas todo lo acontecido durante este año de pandemia, que puso en jaque las certezas -que ya venían tambaleando- de un sistema socioeconómico en crisis, de un capitalismo neoliberal en transformación (sin la seguridad de un horizonte claro) que pone sobre la mesa, en medio de una crisis sanitaria mundial, las estructuras desiguales y profundamente patriarcales que nos conforman y rodean.
Tres ejes parecen fundamentales para intentar una aproximación hacia lo que podemos ver hoy: la pandemia y los confinamientos, con su impacto y consecuencias sobre la vida de las mujeres y diversidades sexo-genéricas; el avance progresivo y cada vez más preocupante de losmovimientos anti-derechos aliados de las derechas conservadoras que pisan fuerte en Europa, Estados Unidos y Nuestra América; y la continua resistenciade las mujeres y diversidades, los feminismos y la -aún dificultosa- conquista de derechos fundamentales.
Desigualdades que se ven, violencias que crecen
No existe forma de pensar ninguna problemática, sector o movimiento social durante el 2020 por fuera de los contextos y los significados que nos impuso la pandemia. En este sentido, las mujeres y las diversidades fueron quienes más pesaron con la carga de los aislamientos implementados en todo el mundo.
La emergencia del covid-19, en combinación con la crisis económica ya existente y los efectos -actuales o arrastrados de hace décadas- del sistema neoliberal en Nuestra América, dejó a la vista de todes un entramado de desigualdades geopolíticas y sexo-genéricas. Este contexto no solo puso luz sobre las violencias y desigualdades que eran ignoradas e invisibilizadas por muchos, sino que paralelamente agudizó y profundizó estas problemáticas.
Así, se puede identificar un alto crecimiento de los feminicidios, trans-travesticidios y crímenes de odio, en América Latina y en la mayoría de países -al menos- del mundo occidental, principalmente como consecuencia del aislamiento de mujeres y diversidades en su mayor zona de peligro: sus casas.
Sumado a esto, un aumento exponencial de casos y denuncias por abusos sexuales y violaciones, con gran frecuencia de violencia sexual intrafamiliar, que significó un nuevo desafío frente a los aislamientos que suponían límites a la posibilidad de escapar de sus agresores. Según datos de ONU MUJERES, las llamadas a líneas de ayuda para mujeres se multiplicaron por cinco durante los confinamientos en los distintos países. Además, por cada tres meses de pandemia ocurrían 15 millones de casos adicionales de violencia de género a nivel global. Pero solo el 40% denuncia o solicita ayuda.A la par, se pudieron observar nuevos impedimentos al acceso a la salud sexual y reproductiva, aumentando los embarazos no deseados y los abortos inseguros.
Asimismo, se debe analizar uno de los factores que mayor obstáculo supone para los años venideros, y una de las principales banderas de los feminismos populares: el enorme incremento de las cargas laborales y mentales sobre las mujeres por la feminización de las tareas del cuidado, el trabajo doméstico no remunerado y la informalidad y precarización laboral a la que son expuestas. Junto a esto, el crecimiento de la brecha salarial y los altísimos índices de pobreza que impactan de lleno en las mujeres y diversidades, y con mayor incidencia en aquelles de sectores populares, mujeres trans, lesbianas, migrantes, indígenas, negras, discapacitadas y de zonas rurales.
Para poner en números: según datos de septiembre de la ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como resultado de la pandemia, 96 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas. Esto aumentará a un total de 435 millones de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema, principalmente mujeres en edad reproductiva.
Esto significa un recrudecimiento de la desigualdad por motivos de género como resultado directo de la pandemia, ya que previo a ella se esperaba una disminución de la tasa de pobreza entre las mujeres del 2,7% entre 2019 y 2021, pero, en cambio, terminamos el año con proyecciones que prevén un aumento del 9,1.
El 2020 en América Latina, caracterizada de manera innegable como la región más desigual del mundo, deja una huella que tardará tiempo en borrarse. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) definió que, para el cierre de este año, 118 millones de mujeres de la región terminarán en situación de pobreza debido a la crisis económica provocada por la pandemia.
En esto, tanto en el presente como en el futuro, el rol protagónico de los Estados y sus políticas con perspectiva de género es fundamental: si algo dejó en claro esta pandemia es que siempre nos cuida el Estado, y nunca el mercado. Con este fin, las organizaciones internacionales convocaron a los Estados, ya desde los inicios de la pandemia, a implementar medidas que resguardaran a las mujeres y diversidades del impacto económico y social que se sabía que generaría.
En septiembre, la ONU realizó el informe “Rastreador de Respuesta de Género Global Covid-19”, donde se evaluaron más de 2.500 medidas implementadas en 206 países y territorios de todo el mundo, y en el que se identificó que solo 1 de cada 8 países había implementado medidas para subsanar los destrozos que la crisis tendría -y tiene- particularmente sobre las mujeres y diversidades. Dato no menor es que Argentina encabezó la lista de países que implementaron políticas públicas con perspectiva de género, con unas 44 iniciativas estatales.
Derechas anti-derechos: convicciones financiadas
Fuente: Claudia Calderón / OjoPúblico
En los últimos años, la contraofensiva pública y política de los grupos ultra conservadores y antiderechos en Occidente se desplegó abiertamente contra la igualdad de género, los avances de derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, y los derechos sexuales y reproductivos -en especial el aborto y la educación sexual integral.
Estas fuerzas violentas han encontrado particular asentamiento, con una relación de casi hermandad, entre las acciones para combatir o evitar las medidas de cuidado frente a la pandemia, propuestas por los distintos gobiernos o por sus sociedades, ahora en oposición a las vacunas y, por supuesto, firmes aliados contra el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la emergencia sanitaria.
Es clave resaltar que este boom de las políticas y ofensivas anti género a nivel mundial se da en el marco de conservadurismos patriarcales, clasistas y racistas, con ideologías de derecha -liberales en lo económico, conservadoras en los social- que han estado en ascenso en los últimos años, trabajando con acciones generalmente articuladas y financiadas internacionalmente, y que van junto al progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.
En Colombia, fue la reacción conservadora contra la telemedicina para acceder a abortos seguros en cuarentena. En Brasil, fue el discurso y la práctica de Jair Bolsonaro, desde las estructuras estatales, para instalar su cruzada violenta y deshumanizante. En Estados Unidos fue Donald Trump y la movida anti cuidados, con un elemento muy significativo para el presente y para lo que viene: la ampliación de los límites de lo no democrático; es decir, el aún presidente del imperio del norte definió con sus narrativas y acciones la extensión de las barreras que limitaban los discursos de odio, misóginos y racistas, dando espacio y rienda suelta a otras figuras o líderes a plantear nociones mal vistas hace unos pocos años atrás. En España, también se hizo escuchar el partido Vox, con sus ideas conservadoras y públicamente anti-feministas. Y, cómo no, en Argentina con la derecha radicalizada y conspiranoica que supo aglutinar a sectores y demandas anti-todo como línea de acción opositora a un gobierno progresista.
Frente a esto, es importante remarcar la articulación y conexión, tanto ideológica como financiera (dinero proveniente de ONG’s de derecha, conservadoras, religiosas, etc.), entre estos movimientos anti-derechos para promover la desinformación sobre la pandemia -infodemia- y el ataque a grupos específicos, con clara incitación al odio.
Fue este mismo año que salió a la luz la investigación de openDemocracy, sobre un grupo de organizaciones cristianas de derecha, como el Centro Americano por la Ley y la Justicia y la Alianza por la Defensa de la Libertad, afines al presidente estadounidense Donald Trump, que financian, intervienen y promueven el combate contra los derechos LGBTIQ+ y los derechos reproductivos de las mujeres. Se destinaron -dice el informe- 44 millones de dólares a campañas para desinformar sobre el coronavirus, el aborto y la homosexualidad en América Latina. A esto, se agregan las injerencias en países de Europa para fomentar con 90 millones de dólares lo que ellos llaman “valores europeos fundamentales”, como salió a la luz en el intento de restringir la legislación respecto al aborto en Polonia hace unos meses.
En el mismo sentido, hace pocas semanas se publicó una investigación regional llamada “Poderes no santos en pandemia”. Liderada por OjoPúblico, en Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México, se da cuenta de la presión y la agenda de grupos ultraconservadores y negacionistas de América Latina contra la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Un punto central del informe aborda el afianzamiento de los grupos ultraconservadores y de sus discursos a través de organizaciones políticas y religiosas durante los últimos meses, en un contexto de miedo e incertidumbre por la pandemia.
A partir de esto, es clave destacar que desde que comenzó la pandemia y durante ocho meses, la investigación identifica “más de 400 políticos, líderes civiles y religiosos, de alrededor de 170 organizaciones civiles, entidades y colectivos que impulsan en el continente un discurso abierto contra una agenda de derechos”.
En este marco, se observaron nuevas y mayores restricciones al aborto y regresiones sobre otros derechos adquiridos, tanto en América Latina como al interior del tan -aparentemente- liberal continente europeo, donde la comunidad LGBTIQ+ y el movimiento de mujeres se ha utilizado como chivo expiatorio de los gobiernos ultraconservadores: tales son los casos de la Hungría de Viktor Orban y la Polonia de Andrzej Duda, a lo que se puede sumar la realidad de la Turquía de Erdogan.
En pie de lucha: resistencias y conquistas
A pesar de los retrocesos y dificultades que han afrontado históricamente las mujeres y diversidades en materia de derechos sociales y políticos, la lucha siempre continúa y los avances se hacen notar. El 2020 no fue la excepción.
El Informe de Homofobia de Estado del 2020 de la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ofrece un mapeo sobre la situación del homoOdio en el mundo y los avances en este sentido.
Entre los principales hitos encontramos, por el mes de mayo, a Costa Rica, que se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario, señalando un horizonte de ampliación que puede marcar tendencia a la vista del resto de los países de una de las zonas más restrictivas y peligrosas para la comunidad LGBTIQ+.
Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y Gabón -en Africa central- las despenalizó. Alemania y varias provincias y Estados de Australia, Canadá, México y Estados Unidos prohibieron las terapias de conversión; y Mónaco y Montenegro -primicia en los Balcanes Occidentales- aprobaron leyes que protegen las uniones homosexuales.
Avances de esta trascendencia también han florecido al calor de la lucha feminista y transfeminista, a pesar de los obstáculos propios de una pandemia. El aborto seguro y gratuito se transformó en Ley en Argentina en la madrugada del 30 de diciembre, con el impulso de décadas de lucha y la fuerza de la marea verde en las calles. Tras el rechazo legislativo de 2018 y los meses de espera e incertidumbre, Argentina se convirtió en el primer país grande de Latinoamérica en ampliar este derecho fundamental para mujeres y personas gestantes, que a su vez favorece los niveles de proyección en la región y refresca la esperanza de los movimientos feministas de países vecinos.
Por otra parte, uno de los hechos que más se ha destacado es la resistencia antipatriarcal combatiendo y protagonizando en primera línea los despertares y estallidos sociales de este año -o que continuaban a los efectos de batallas comenzadas en 2019- en Nuestra América en particular, y en otros países del mundo en general.
Emocionó Bolivia y sus mujeres de pollera contra el gobierno de facto de Jeanine Añez y la resistencia indígena hasta la vuelta de la democracia. Chile alertó con las adolescentes y estudiantes que el año pasado saltaron los molinetes del metro y que lucharon incansablemente por una nueva Constitución feminista e inclusiva.En Perú se manifestaron contra la corrupción del régimen político y la búsqueda de una salida democrática y más justa; en Guatemala se rebelaron en repudio del gobierno actual, la mala gestión de la pandemia y el pedido de una Asamblea Constituyente Antipatriarcal. En Colombia no se callaron frente a las políticas neoliberales y opresivas de Iván Duque, gritaron por les cientos de líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos asesinades en 2020.
En Tailandia, las jóvenes estudiantes no retrocedieron frente al peligro de desafiar y demandar reformas monárquicas ante una institución autoritaria y patriarcal; y en Estados Unidos las negras y migrantes contra Trump impulsaron una rebelión antirracista en el corazón del imperio del norte.
Las luchas feministas en el mundo se intensificaron a pesar -y como efecto- de la pandemia y los confinamientos: las mexicanas contra los femicidios y las redes de trata; las polacas contra al ataque al derecho del aborto y por la permanencia del Convenio de Estambul, al igual que las turcas; las argentinas con la marea verde por el derecho a decidir y el #NiUnaMenos.
En un momento de grandes incertidumbres y profunda inestabilidad económica y política, cuando lo conocido queda atrás y queda descubrir y transformar lo que viene, hay algo que permanece seguro: las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los movimientos feministas y los sectores más vulnerados por el mismo sistema excluyente, desigual y violento, seguirán en pie de batalla para dar las luchas necesarias y frenar los retrocesos que intenten grupos cada vez más radicalizados y articulados internacionalmente.
Con base en demandas y reclamos comunes, cada país y cada movimiento de mujeres y diversidades adquiere su propia forma y modelo de acuerdo a los contextos políticos, económicos y sociales; según los avances y retrocesos de los derechos en ese territorio y, principalmente, acorde a la disposición o resistencia de los gobiernos a la agenda feminista, que al fin y al cabo, guste o no, es la instancia que puede consolidar y masificar los cambios estructurales que los grupos vulnerabilizados exigen y seguirán exigiendo .
Delfina Venece
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
La violencia simbólica que proponen los grandes medios como lenguaje, se tiene que erradicar. Los diferentes planteos que se pudieron ver, escuchar y leer en estos últimos días dan cuenta de la necesidad fundamental de marcar, nuevamente, qué formas de comunicación no podemos permitir más como sociedad. Y a su vez, demuestran la urgencia de seguir construyendo políticas que aborden estos espacios y sus formas de comunicar.
Para repasar, en orden cronológico, el domingo a la noche en uno de los programas más infundados del maravilloso mundo de la TV, Jorge Lanata se dio el gusto, nuevamente, de violentar a una mujer. El pseudo periodista mencionó a Ángela Lerena como “la boluda de la semana” y se encargó de violentar su figura sin ningún tipo de respeto. Y ahí es importante detenerse en el núcleo del problema: es violento que de por sí exista una sección en su programa que se trate básicamente de humillar a diferentes figuras públicas desde un lugar arbitrario. Es decir, la sección “el boludo de la semana” lejos de ser humor es violencia y es uno de los espacios donde el conductor descarga su odio desmedido.
Por otra parte, es aún más asqueroso que la mención haya sido en la misma semana en la que Ángela Lerena se convirtió en la primer mujer en comentar un partido de la selección. Y es que, básicamente, si todes nos manejaremos en ese nivel de odio e irresponsabilidad a la hora de comunicar, y si fuese solo por “premiar” realmente a un boludo en esa semana, Jorge tendría el cartón lleno.
Pero al margen de eso, y sintetizando, Lanata respaldó y justificó su accionar violento en la publicación que la periodista había realizado en su Twitter, en la cual hacía alusión a las diferentes dificultades que pueden tener las personas en su trayectoria deportiva. Entre ellas mencionaba la discapacidad motriz, la diferencia de altura y el hecho de ser mujer. Esto último parece que fue una bomba y que autorizó a Lanata a insultar a una compañera. Estas cosas hay que deconstruir y erradicar porque nada te autoriza a insultar o decir barbaridades de una colega.
Si tratamos de entenderlo, si hacemos ese esfuerzo analítico, es incluso hasta lógico que a hombres como Lanata no les cierre ese planteo porque básicamente es una realidad que les pasa por el costado; y es justamente desde el propio privilegio que critica el comentario de Ángela.
Pero de todas formas será motivo de otra nota, en todo caso, discutir si fueron las palabras correctas -o no- las usadas por la periodista, pero lo cierto es que el tono y los insultos que Lanata esbozó fueron preocupantes y claramente no pueden tener más lugar.
Sin embargo, lejos de esa condena, hubo quienes festejaron la barbaridad. El dato que empeora la situación es que el ataque contó con el aval institucional de Radio Mitre (grupo Clarín) que publicó en sus redes sociales y difundió, sin siquiera el uso de comillas, esta mención. Obvio que no esperamos nada de Radio Mitre, pero eso no quiere decir que pueda ser explícitamente violento y machista y que nadie se lo vaya a marcar.
El medio agregó como si fuese una “ironía” el comentario “la homenajeada de la semana”, y difundió felizmente la repudiable posición de su conductor cabecera, lo cual al es muy grave. Porque aunque ya lo sepamos y el problema no sea solamente Jorge Lanata sino el armado enorme que claramente es patriarcal, la impunidad con la que se manejan los grandes medios no puede seguir igual. En su cuenta de Youtube, Canal Trece también difundió el fragmento del programa.
Ya cerrando el día, el medio tuvo que bajar el posteo porque lógicamente se hicieron sentir las críticas y los comentarios en la publicación y en las redes sociales. Y si bien es necesario que no se sigan reproduciendo estos mensajes, no conforma en lo más mínimo la irresponsable desde la que actúan. No se trata de difundir cualquier cosa y en tal caso borrarla, porque eso legitima un escalón más alto en la violencia a la hora de comunicar mensajes.
El periodismo no es eso; el periodismo debe ser lo opuesto a la irresponsabilidad.
Mismo odio, mismo canal
En la misma línea, y siguiendo la breve cronología de las irresponsabilidades comunicacionales de la semana: luego de que Juntos por el Cambio organizara una marcha para el lunes 12 de octubre, Clarín se puso como meta convocar a los diferentes puntos en los que la gente se concentraría. Hasta ahí, es la misma historia de siempre; podemos criticar la irresponsabilidad de la movilización en este contexto, pero eso es material de otra discusión. Lo grave en este caso, lo peligroso, es que Clarín publicó como uno de los puntos de movilización la dirección de la casa de la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner.
Esta práctica que es gravísima y atenta contra la figura de Cristina y el orden de las instituciones, empeoró incluso, cuando Clarín explicó en otra nota el motivo que justificaba su accionar. El medio expresó básicamente que “solo buscaban informar”. Habría que aclararles que la información no nace de un repollo y que no está aislada de la realidad. Y de hecho, si hay algo subjetivo en esta Argentina es la posición de Clarín que cada vez se expresa de forma más explícita. Elles mismes lo dijeron, se basaron en la información que brindó Juntos por el Cambio y eso, amigues, no es objetivo ni neutral.
Y para discipar algunas dudas, porque Clarín parece no entender la gravedad de su publicación, es preciso entender que el artículo 212 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”. Sí, les que dicen que Cristina debería estar presa deberían tener más causas que toda la sociedad. Quizá por eso les molesta que se “metan” con los jueces.
Y no es menor que esto suceda con Cristina no solo porque los medios de este estilo se han encargado de perseguirla y hostigarla por años, sino porque también es desde ese lugar desde el que afianzan el trato y el abordaje que hacen de la mujer. De Cristina dijeron y dicen de todo. Sin ir más lejos, el modus operandi de Jorge Lanata surge al calor de sus planteos de odio respecto a la actual vicepresidenta. Esto refiere a que la violencia mediática es acentuada si se trata de una mujer.
Hay resistencia porque hay avances
Sin embargo, pese a todo este desastre fundado en el odio, el mismo día en que Ángela Lerena se convertía en la primera mujer en comentar a un partido de la Selección Argentina, el Senado aprobó por unanimidad la media sanción de la Ley de Equidad de Género en Medios. Ley que busca que haya más representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los medios públicos.
Y si bien la iniciativa alcanza a todos los servicios de comunicación, los estatales estarán obligados a cumplir fehacientemente con la normativa mientras que los privados solo tendrán que cumplir con el régimen de promoción que, en primera instancia, es la creación de la autoridad de aplicación. Lo que de todas formas no es menor y marca un precedente.
Quizá para graficar aún más la importancia de esta media sanción (media sanción porque falta el tránsito por Diputados), es clave analizar los números con los que nos encontramos. Norma Durango, que es la presidenta de la Banca de la Mujer y quien impulsó el proyecto, explicó que según un estudio realizado en ocho empresas de medios de comunicación, de más de 2000 trabajadores, 1393 (69%) eran hombres y 624 (31%) eran mujeres.
Acompañado de estos números la senadora profundizó que “El objetivo principal de esta ley es erradicar los estereotipos machistas y patriarcales en los medios”.
¿Cómo podemos actuar?
Si bien sabemos que los grandes medios no cambian sus lógicas ni siquiera cuando violan la ley, como sociedad y pueblo conscientes de las aberraciones que no queremos permitir encontrarnos en espacios de comunicación, es preciso que sepamos y difundamos cómo actuar.
Hay muchas cosas por las que se pueden denunciar a los medios y a sus operadores y aunque creamos que puede ser una tarea en vano (por la impunidad que manejan), es algo que debemos tener presente y que incluso puede servir como punto para afianzar las posiciones que repudian la comunicación violenta y patriarcal.
Cualquier duda, denuncia o queja, respecto a los mensajes emitidos por los medios de comunicación, se pueden plantear en el sitio web de la Defensoría del Público (https://defensadelpublico.gob.ar/) y asimismo efectuar el reclamo correspondiente. También se puede escribir al contacto @defensadelpublico.gob.ar o llamar de 10 a 17 horas al 0800-999-3333 (DEFE).
Una vez realizado tu reclamo, desde la Defensoría te avisarán sobre cómo sigue o cuál es lsa resolución que corresponde.
A esta altura debe haber quedado claro que la violencia simbólica desde la que operan los grandes medios de comunicación no es noticia nueva y de hecho parece ser la moneda corriente que manejan. Y es justamente por eso, que es fundamental marcar constantemente que el periodismo no es eso, que eso se llama violencia y que, por más naturalizada que haya estado, ya no se va a ignorar nunca más.
Maia Cubric
Nací en una ciudad de mar y eso me representa. Entiendo que nada es porque sí y que por eso mismo todo se puede cambiar. Milito porque sin construcción colectiva no se puede transformar el mundo y porque la práctica es la única y la mejor manera de revolucionar.
“Los políticos sólo se sientan a mirar mientras las mujeres son cazadas como pájaros”, denuncia la asociación y plataforma feminista turca Kadin Cinayetlerini Durduracagiz (“Paremos los femicidios”) en un informe sobre la situación de las violencias de género en su país.
Esto sucede en Turquía, hoy, hace semanas, y hace años. Lo que realmente tiene lugar en las casas, en las calles, en los medios y en las instituciones estatales, y que quedó opacado detrás de una imagen en blanco y negro publicada en Instagram.
Probablemente en las últimas semanas hayas encontrado circulando en tus redes sociales fotos de mujeres (generalmente selfies, sonriendo o posando) en blanco y negro acompañadas de frases promoviendo el amor propio, expresiones de sororidad e invitando a quien recibía el mensaje a publicar una imagen en el mismo sentido, junto al hashtag #DesafíoAceptado. “Te elegí por ser increíble, inteligente, admirable, valiente, capaz, ingeniosa, simpática y buena amiga”, concluía la iniciativa.
Alrededor de 5 millones de mujeres en todo el mundo aceptaron el desafío y se unieron a esta difusión masiva que parecía tener como único fin el “empoderamiento femenino”.
Se dio a conocer días después, y gracias a la información que viralizó a nivel global un grupo de activistas feministas turcas, que detrás de esas fotografías había miles de historias de dolor y sufrimiento que se remontaban a Turquía, y que allí ese “desafío” tenía un sentido simbólico, político y cultural muchísimo más denso del que pudo llegar a este lado del océano.
Fuente POUSTA
En su origen estaba el objetivo de dar visibilidad y crear conciencia social sobre las crecientes tasas de feminicidios en el país humanizando las cifras: dar a conocer los rostros de las víctimas asesinadas en manos de hombres o violentadas por ellos. Decir “mirá, esta podrías haber sido vos, o tu hermana, o tu amiga, o tu hija”. La mujer o niña de la foto en blanco y negro, esa que ahora ves en las redes sociales, en la televisión, en el diario, en las revistas; esa es una de las 164 que fueron asesinadas en lo que va del 2020 en Turquía, una de las 36 que murieron sólo en julio de este año o de las 11 que aparecieron “sospechosamente muertas” en ese mismo mes.
Un desafío que sobrepasa las redes
En las últimas semanas, y con mayor intensidad desde agosto, las calles y plazas de distintas ciudades de Turquía, con principal foco en Estambul, se colmaron de miles de mujeres exhibiendo sus carteles y símbolos de color violeta. Presentes en nombre de agrupaciones feministas o como autoconvocadas, las mujeres turcas dejaron de lado sus diferencias políticas, étnicas o religiosas para defender una misma causa y enviar al gobierno un mensaje de unidad: el Convenio de Estambul no se toca. O como rezaban algunas pancartas: “El Convenio da vida”
Este mensaje de protesta se desprende como respuesta política hacia el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan que, con la presión y el respaldo de los sectores ultraconservadores, puso en debate la retirada de Turquía del Convenio de Estambul.
¿Qué importancia tiene esto? Este documento internacional, llamado específicamente “Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” brinda a las mujeres y niñas un marco jurídico de protección legal detallada, con el objetivo de frenar y prevenir todas las formas de violencia de género y fortalecer la igualdad, acompañar y dar apoyo a las víctimas. Insta a los gobiernos que lo firman y ratifican, como lo hizo Turquía en 2011 y 2014 respectivamente (siendo así el primer país), a que concreten medidas y políticas integrales para combatir la violencia contra las mujeres y la desigualdad, y que enjuicien y castiguen efectivamente a los femicidas y perpetradores. Exige la tipificación como delito de las diferentes formas de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia psicológica, y la imposición de sanciones legales. También propone la formulación de datos y análisis para conocer estadísticas oficiales y exactas, y actuar a partir de ellas.
Toda una normativa compleja e integral que reconoce a las mujeres y niñas como parte de un entramado de desigualdades estructurales y violencias, y que sería increíblemente útil… si se implementara eficazmente.
El conflicto resurge ahora por el Convenio de Estambul, pero las mujeres también se están movilizando por el pleno y correcto funcionamiento de la Ley 6284, la cual reconoció en el ámbito nacional muchos derechos de las mujeres, apuntando a la protección y prevención de la violencia, “desde el empoderamiento financiero hasta el cambio de su información de identidad” asegura la Plataforma “Paremos los Femicidios”. Y que fue posible gracias a la adhesión al Convenio de Estambul, y que se construyó como resultado de la lucha y con la cooperación de las organizaciones de mujeres.
Según un informe de esta misma asociación, fue evidente la reducción de los femicidios en el año de la sanción de estas normativas, ya que la postura decidida en contra de la violencia contra las mujeres repercutió directamente en las estadísticas. Aunque esto comenzó a cambiar, para mal, con el relajamiento de los castigos y la naturalización de las violencias y femicidios por parte de los mismos encargados de combatirla.
Fuente: Plataforma Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Números de guerra
Desde hace años el movimiento feminista viene reclamando que el Estado no dedica los recursos necesarios para aplicar estas normativas, no apoya a las víctimas con espacios de acogida, no facilita las denuncias en comisarías, ni busca desterrar el machismo desde la educación y la cultura. Los femicidios, la violencia doméstica, los abusos sexuales, el acoso, la discriminación, la impunidad, son moneda corriente en el país. Y lo dejan en claro los números: más de 3.000 mujeres y niñas fueron asesinadas desde 2010, según la plataforma “Paremos los Femicidios”, y 474 víctimas durante el 2019, lo cual significó la tasa más alta en una década.
“El número dramático de femicidios registrados en Turquía en 2019 es un número de tiempos de guerra“, aseguró a ANF News la activista Esra Can, y agregó que el número de casos no reportados probablemente sea aún mayor.
Además, un informe de un grupo de expertos en género del Consejo de Europa realizado en 2016, registró que 55.757 mujeres solicitaron protección estatal después de enfrentar violencia doméstica, pero sólo 9.429 recibieron refugio.
Lo que es aún peor, fueron las organizaciones feministas las que debieron ponerse al hombro la tarea de identificar y recopilar los datos reales de casos de feminicidios y violencias de género, a partir de informes de noticias y de testimonios de familiares de las víctimas, luego de que el mismo gobierno admitiera que no mantenía registros oficiales, sumado a que muchas veces las cifras existentes difieren entre los diversos Departamentos del Estado. En 2015, la periodista turca Ceyda Ulukaya realizó un proyecto de recopilación de datos muy detallado. Las estadísticas gubernamentales no son confiables y se torna indispensable conocer la dimensión del monstruo al que se enfrentan cada día las mujeres en Turquía.
Avanzar, retroceder, avanzar
En este contexto, al gobierno actual le parece una gran idea dar marcha atrás con el tratado y dejar a las mujeres y niñas totalmente desamparadas y desprotegidas, a la merced de los violentos y criminales.
¿Con qué argumentos? Porque promueve la homosexualidad, impacta negativamente en la “estructura familiar”, va en contra de los “valores nacionales”; “rechaza la oportunidad de llevar paz a una familia que está a punto de ser destruida por la violencia doméstica”, expresa un comunicado de Türkiye Düsünce Platformu, la primera asociación en proponer la salida del Convenio.
El presidente turco dice estar dispuesto a derogarlo “si el pueblo quiere”. Qué argumento tan original, ¿no? El tema es que el pueblo no quiere. Según una encuesta realizada por Metropol Research, el 63,6% de la sociedad no considera correcto retirarse de la Convención, y sólo un 26% está de acuerdo. Aunque, debe aclararse, el valor de este tipo de encuestas puede resultar dudoso ya que otro sondeo muestra que más del 50 % de la población no sabe de qué trata el Convenio de Estambul y lo confunde con un tratado marítimo. La desinformación e ignorancia como herramienta de vulnerar derechos, siempre.
Fuente: Kurdistán América Latina
Pero no se la dejarán tan fácil. La ola de manifestaciones se volvió una vorágine ruidosa y avasallante imposible de omitir, y que está acorralando a los sectores de poder, que dejaron en vilo la cuestión o incluso se arrepintieron de haber abierto el debate, como la asociación recién citada que dijo arrepentirse por haberse metido en un “área minada”. Arrugaron.
Asimismo, salieron a la luz fracciones al interior de los grupos políticos. En el propio AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) hay diferencias de opiniones que incluso dividen la propia familia del presidente. Su segundo hijo forma parte de una asociación juvenil islamista (TÜGVA) que propone derogar el Convenio por “ineficaz” e “impopular”. Mientras que su hija menor, a través de un comunicado de la agrupación KADEM (de la cual es vicepresidenta) deja en claro su defensa al Convenio y lo declara útil e importante.
La lucha continua y la batalla no está saldada. Se acercan tiempos complejos. La lucha feminista turca no parece poder avanzar, ya que tras años de pedir por la implementación completa y efectiva del Convenio, ahora deben manifestarse por, al menos, mantenerlo.
El mero debate en torno a la legitimidad de este Convenio y la responsabilidad del Estado en las cuestiones de género está teniendo enormes repercusiones negativas, dando rienda suelta a la impunidad. Los asesinos se envalentonan con el discurso nacional en el que los líderes discuten, como quien no quiere la cosa, la eliminación de las protecciones para las mujeres. “Cuando hablamos de estos derechos, los hombres se animan a matar mujeres. Vemos que cuando están atacando los derechos de las mujeres, hay un número creciente de feminicidios”, señaló Melek Onder, la portavoz de “Paremos los Femicidios”.
Por Pinar, por todas
No sólo la oposición a la retirada del Convenio de Estambul y el reclamo por la plena implementación de la Ley 6284 llevó a las mujeres a rebelarse y hacer suyos los espacios públicos, sino también el aumento vertiginoso de los femicidios y los casos de violencia doméstica. Y en particular, el brutal asesinato de Pinar Gultekin, el cual impulsó el comienzo de la campaña digital de las imágenes en blanco y negro.
Pinar era una estudiante de 27 años que desapareció en la provincia de Mugla, Turquía, el 16 de julio de 2020. Los equipos de gendarmería comenzaron a buscarla tras la denuncia de su hermana y su madre, y la encontraron muerta 6 días después en un bosque. Cuando su cuerpo fue exhumado, había sido golpeada, estrangulada y enterrada en un barril con cemento.
El femicida fue su ex novio Cemal Metin Avcı (32 años), quien fue reconocido gracias a cámaras de seguridad y que negó el crimen en primera instancia, pero que luego confesó. Según su declaración, Pinar había descubierto que él tenía esposa y quería contarle del engaño, y en un ataque de ira la mató e intentó ocultar el cuerpo. La policía dice que el asesino actuó así por celos. Como si de algún modo los argumentos justificaran el crimen. Muchas activistas temen que sea liberado pronto o que reciba una sentencia leve, como suele suceder.
La ferocidad de este asesinato y el hartazgo de las mujeres frente a la perdida constante de sus amigas, compañeras, vecinas, hermanas, hijas, madres, en manos de novios, maridos, ex parejas, padres, hijos, desconocidos, con absoluta impunidad, fueron la gota que rebalsó el vaso. Y a las mujeres nadie las para, lo sabemos. “Las mujeres no se detendrán hasta que consigan su libertad, su igualdad, sus vidas”, expresaban las manifestantes en una declaración. Entienden quién es el responsable principal del aumento de las cifras: el Estado. “El femicidio es un asesinato político”, señalaban algunas las pancartas.
Pinar Gultekin es una, y es muchas. En ella se refleja el rostro de todas y cada una de estas mujeres y niñas asesinadas. En su nombre, el nombre de miles. En su memoria, el recuerdo de cada una de las que terminamos olvidando por la magnitud y la frecuencia de los femicidios. En la necesidad de justicia por su muerte, la intolerancia a la impunidad que perpetra el sistema y que legitima el presidente Erdogan con sus dichos misóginos.
Más libres, más muertas
El aumento de casos en Turquía se da también en el marco de la avanzada del movimiento feminista, que centra su lucha en la emancipación y libertad de las mujeres. La mayoría de los pretextos de los femicidas y violentos se relacionan con separaciones propuestas por las mujeres, divorcios, o la negativa de ellas a reconciliarse. Situación que se ve agravada por el confinamiento impuesto a partir de la pandemia del coronavirus, que obliga a las mujeres a permanecer en sus casas con los mismos que las violentan.
Además, hay un aumento serio en el número de “muertes sospechosas” de mujeres, según la Plataforma KCDP, presentadas como suicidio o muerte natural pero que es necesario revelar si las mujeres fueron asesinadas, si se suicidaron o si fueron empujadas al suicidio.
Y volviendo a la responsabilidad del gobierno de turno, fue el partido de Erdogan (AKP) el que a principio de este año, luego de ser rechazado en 2016 debido al repudio social, presentó en el Parlamento un proyecto de Ley (ya existente en otros países) que le permitiría a los hombres acusados de tener relaciones sexuales con menores de 18 años evitar una pena de cárcel si se casaban con sus víctimas, legitimando los abusos sexuales infantiles y asegurando amnistía a los violadores. Las mujeres lo denominaron “Casate con tu violador” y los repudiaron durante días en las calles.
Buena apariencia, impunidad asegurada
El problema de la impunidad atraviesa a Turquía como a tantos países del mundo, pero allí es de tal magnitud la cuestión que le proporcionaron un término: “tie reduction” (reducción de corbata). Esto proviene del ¿fenómeno? judicial por el cual los hombres que se presentan a la corte con buena apariencia, corbatas y trajes, reciben sentencias mínimas, o se le reducen sus penas de prisión, o quedan absueltos.
Con la misma arbitrariedad, se otorgan libertades condicionales a hombres acusados de violencia doméstica y las autoridades no informan siquiera a las víctimas.
Ellos debaten, ellas mueren
Mientras los partidos políticos y los sectores ultraconservadores de Turquía debaten sus intenciones de avanzar o no sobre los derechos y libertades de las mujeres y niñas -hacerlo ahora o más tarde, con o sin apoyo popular-, ellas son asesinadas cada 20 horas. Cientos de mujeres, como Pinar, son arrancadas de sus familias, de sus grupos de amigxs, de sus ambientes de trabajo o estudio. Miles de hombres caminan libremente por las calles del país con la sangre de sus víctimas en las manos y con la complicidad de un sistema patriarcal y negligente. Las mujeres turcas seguirán dando batalla en las calles, en las plazas, en sus casas, en las instituciones, en todos los espacios que habitan, haciendo oír sus gritos de dolor y bronca contra una sociedad que las violenta y asesina.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
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