Por Agustina Flores* y Miranda Cerdá CAMPANO**
En su libro “La doctrina del shock”, Naomi Klein precisa, a través de ejemplos concretos en cada uno de sus capítulos, que las políticas neoliberales han alcanzado importancia en varios países no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social, a partir de desastres o contingencias que generan confusión y conmoción y permiten que se puedan hacer reformas impopulares. Chubut lleva meses en llamas y la pandemia del coronavirus ha venido como anillo al dedo para que la gente deje de hablar de la inoperancia, la incapacidad y el cinismo del gobernador Mariano Arcioni.
Arcioni, un hombre sin trayectoria política alguna, integró para las elecciones provinciales de 2015 la lista de Chubut Somos Todos -cercana al Frente Renovador- como candidato a Vicegobernador. Si bien el partido ganó las elecciones, con la muerte del gobernador Mario Das Neves en 2017, Arcioni debió asumir como jefe provincial y en 2019, encabezó la lista de Chubut al Frente, buscando la reelección.
Arcioni no solo no pudo cumplir con las promesas sostenidas en campaña, sino que se lava las manos adjudicando una grave crisis en la Provincia, producto de una enorme deuda. Lo que no dice es que casi el 70% de la gigantesca deuda, se tomó cuando él era vicegobernador.
Durante 2016, el Gobierno chubutense tomó 700 millones de dólares de deuda: un primer préstamo por 50 millones -en abril- en el que se asumió una tasa de interés que llegó al 8,87%, pagadera a siete años y la aceptación de legislación estadounidense para litigar; y una segundo préstamo por 650 millones -en julio- con un interés del 7,75%, pagadera a 10 años y otra vez, la aceptación de legislación estadounidense para litigar.
Todas son condiciones sumamente desfavorables para la provincia, pero esta tasa de interés altísima tuvo además la particularidad de que la provincia cedió los derechos de las regalías pagaderas por Pan American Energy para pagar la deuda contraída, lo que le otorga a los bonistas la garantía de cobrar todos y cada uno de los vencimientos. Ante semejante seguridad de cobro, por lo menos se debería haber conseguido una tasa de interés más baja, señor Gobernador.
El mecanismo del Fideicomiso de retención de regalías estipula que los ingresos provinciales por la explotación petrolera son destinados al pago de la deuda en dólares y se acumulan en la banca privada hasta que se completa la cancelación por dos vencimientos mensuales; recién ahí se liberan los fondos para el Estado provincial.
Entre agosto del año pasado y marzo del 2020 Chubut pagó un total de 52,3 millones de dólares, entre amortizaciones e intereses de los diferentes bonos emitidos; pero a pesar de esas cancelaciones la deuda provincial total creció de 769,3 millones de dólares a 896,7 millones como consecuencia de los abultados intereses.
Como sucede con la deuda nacional, la deuda de la provincia de Chubut es igual de odiosa. Se tomó para construir hospitales, escuelas y otras obras públicas y la mayor parte de esas obras no fue siquiera comenzada y evidentemente tampoco se utilizó ese dinero para el pago de los salarios de empleados estatales, que hace dos años vienen otorgándose de manera escalonada.
Para José Luis Ronconi, secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina (FJA), “la crisis de deuda es posterior a una crisis que es inherente a todo el Estado argentino y que hoy constituye una discusión a nivel mundial: ¿cuánto aportan los ricos para sostener al Estado que les garantiza la apropiación de renta, los modos de acumulación, pero también los modos de explotación?”.
Mientras un trabajador aporta cerca del 60% de sus ingresos para sostener el Municipio, la Provincia y la Nación, de acuerdo con un informe[1] de la CEPAL, los grandes capitales no llegan a aportar ni el 35% y además tienen una altísima capacidad de evasión y de fuga.
Salarios atrasados
Antes de que se celebraran las elecciones provinciales en junio de 2019, Arcioni acordó con los gremios de trabajadores estatales aumentos cercanos al 40%, pero ni bien asumió, dejó demostrado que todas las promesas solo eran parte de la campaña.
La situación de crisis económica y financiera que atraviesa la provincia genera enormes dificultades para el pago de salarios y los gastos de funcionamiento; a lo que se suma en la actualidad la baja de la recaudación por Coparticipación Federal de impuestos que envía Nación, más la merma en la recaudación de tributos provinciales.
En medio de la pandemia mundial por el Coronavirus, se suma como agravante la baja y las oscilaciones del precio internacional del petróleo, que impactan en el precio del crudo Escalante que se produce en Chubut y que cotiza por debajo de esos valores. Como consecuencia de esas fluctuaciones a la baja del crudo, los ingresos por regalías petroleras en la provincia estarían decreciendo considerablemente, estimándose que podrían encontrarse casi en la mitad o menos que los meses anteriores.
Incluso podría considerarse la posibilidad de que los ingresos por regalías petroleras no alcancen para cubrir los vencimientos de la deuda en dólares y entonces la deuda con el pueblo chubutense podría crecer aún más.
Durante los últimos dos años y de manera intermitente, les trabajadores estatales han cobrado mediante un sistema de cuatro rangos, establecidos de acuerdo a cuánto dinero se cobra. En un primer momento, la tardanza era de algunos días, luego de un mes y actualmente, siendo mayo, el Gobierno provincial no ha siquiera sugerido una fecha para el pago de los salarios correspondientes a marzo.
Los dos años de desidia fueron expresados en movilizaciones que se acrecentaron muchísimo durante el invierno pasado. Se tomaron edificios estatales, se pararon actividades y se inundaron calles y rutas con una consigna clara: “Arcioni es responsable”. La única respuesta fue la represión.
La situación chubutense recorrió el país luego de que dos maestras comodorenses -Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55- fallecieran en un accidente cuando volvían de una movilización en Rawson. Con consignas como “Solidaridad con Chubut”, los gremios docentes adhirieron a un paro nacional, planteando que las maestras deberían estar en las aulas y no reclamando un salario digno y el reconocimiento de su trabajo. Mientras tanto, Arcioni enviaba un proyecto de ley a la Legislatura para aumentar los sueldos de los funcionarios y el suyo en un 100%.
El contexto de pandemia y la importancia que han cobrado les trabajadores de la salud, han llevado a que el Gobierno al menos deposite esos sueldos de manera unificada -sin rangos- aunque atrasados (recién han cobrado marzo). Según indicó el Secretario General de ATECH (Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia de Chubut), Santiago Goodman, solo el 13% de les docentes han cobrado el mes de marzo hasta este 5 de mayo y los trabajadores judiciales aún no tienen novedades. El cuarto rango, recién cobró febrero hace apenas unos días.
Pese a que hasta hace algunos días Chubut era una de las 3 provincias sin casos de coronavirus, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha sido la excusa para instalar un estado policial, que no permite las manifestaciones y vuelve aún más crítica la situación de les trabajadores, pero que también ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por la extrema violencia que perpetúan las fuerzas de seguridad.
Estado de sitio y represión
Durante el primer mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pueblo chubutense fue víctima de un estado policial, que recordó las épocas más oscuras de nuestra historia. Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, en Chubut se detuvo a 4550 personas. Durante ese mes, la Provincia representaba el 10% de les detenides por violar la cuarentena a nivel nacional, cuando allí sólo vive el 2% de les argentines.
En repetidas ocasiones, las personas detenidas no eran siquiera notificadas respecto del delito que estaban cometiendo y se les preguntaba después de detenerlos qué estaban haciendo en la calle. Los gimnasios municipales fueron habitados por la Policía provincial y utilizados como “Centros de Notificación de Demoras y Detenciones” para alojar a les detenides. A las 19.30, los bomberos hacían sonar una sirena que anunciaba el toque de queda. Todas estas medidas no sólo generaban terror y permitían el adoctrinamiento social, sino que traían un recuerdo horrible vinculado con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Las normas en las que se establecían estas medidas eran resoluciones ministeriales, que en un estado de excepción resultan ilegales por no tener la fuerza normativa de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y por atentar contra los DNU nacionales, que no planteaban ni restricciones horarias, ni condiciones de circulación acorde al DNI, ni toques de sirena. El poder otorgado al Ministerio de Seguridad, a cargo de Federico Massoni, habilitó políticas abusivas, que permitieron, por ejemplo, que el Jefe de Seguridad de la Policía de la Provincia, Paulino Gómez, dijera en un audio que se hizo viral, que el Ministro le estaba preguntando “por qué la Primera no tenía detenidos”. “Debe andar gente en infracción, busquemos un poco, de última los demoran en el lugar o los llevan un minuto a la comisaría”, le decía Gómez a sus dependientes.
Desde el 20 de marzo, son 40 las denuncias por abusos de autoridad, entre ellas la de un repartidor de comida en Comodoro Rivadavia, que fue interceptado por doce policías que le pidieron sus datos, lo empujaron contra la pared, lo palparon, le robaron 800 pesos, le dispararon una bala de goma en el tobillo y lo dejaron tirado en el piso; y la de un hombre de Trelew que fue interceptado cuando volvía en su moto de la pizzería con la que intenta subsistir, le sacaron su vehículo y lo llevaron a la Comisaría Primera junto con otras veinte personas más, hacinadas y sin barbijo. Lo soltaron después de dos horas sin su moto, la misma que utiliza para repartir y le garantiza un trabajo en este contexto.
Entre las denuncias también aparece las de tres mujeres que integran el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que fueron detenidas cuando volvían de comprar alimento en Corcovado, llevadas a una comisaría y obligadas bajo presión y violencia a firmar un acta en blanco, y luego llevadas a un hospital, acusadas de portar coronavirus. Mientras que el protocolo de seguridad del Gobierno nacional insta a las fuerzas a acompañar a las personas notificadas a sus hogares, las mujeres fueron dejadas a kilómetros de sus casas y obligadas a caminar en horas de la madrugada, con temperaturas bajo 0; lo que deja ver que las detenciones eran absolutamente arbitrarias y no respondían a un control sobre el aislamiento, sino a sostener el disciplinamiento social.
Estos abusos son sólo muestras de las 40 denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, a través de la concejala de Trelew, Mariela Flores Torres, sintetizaron en tres habeas corpus preventivos, presentados en simultáneo el 16 de abril.
Para Torres, también Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Chubut, las resoluciones dictadas por el Ministerio de Seguridad “lejos de cuidarnos de la pandemia, avanzaban en un excesivo abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba”.
En un fallo ejemplar, la jueza Mirta del Valle Moreno dio lugar y dictó un acta de sentencia a favor de la población chubutense y desde el 20 de abril sólo se registraron 10 detenciones. La resolución judicial terminó con la extrema violencia policial: las fuerzas de seguridad deben explicar a las personas detenidas el delito que se les imputa, los gimnasios ya no funcionan como centros de detención y ya no suenan las sirenas.
Sin embargo, Paulino Gómez no fue ni siquiera apartado de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes; de hecho fue ratificado. Por otra parte, las personas exceptuadas de la cuarentena deben tramitar un permiso en una plataforma virtual que depende del Ministerio de Seguridad y que no sólo funciona mal, sino que no tiene en cuenta la realidad de muches trabajadores que se encuentran en la informalidad y no pueden tramitarlo, sin contar que algunes de elles ni siquiera cuentan con acceso a internet. Es el propio Estado el que les termina haciendo infraccionar.
El pueblo como rehén mercantil
Aunque varios organismos estatales habían dejado de funcionar desde antes de la pandemia discutiendo el atraso en los salarios y el desfinanciamiento de varios sectores, la cuarentena terminó de paralizar al resto de entidades comprendidas en la sociedad no pertenecientes al Estado -tales como mercados, negocios, sitios gastronómicos-.
El 23 de abril, y como medida para paliar la crisis, en la ciudad de Puerto Madryn se dictó una ordenanza municipal que planteaba imponer nuevos tributos a empresas relacionadas con actividades productivas: la pesca, la energía eólica, entre otras (las más ricas de la provincia). A través de una tasa de emergencia, contribuirían a la situación financiera por los gastos en la prevención y el tratamiento del coronavirus.
Inmediatamente, los sectores empresariales criticaron las medidas tomadas por el Concejo Deliberante y aseguraron que no se estaba “valorando” el trabajo que dichas empresas realizaban para contribuir a la riqueza de la Provincia. Como si fueran trabajadores incansables, los grandes empresarios pesqueros hablaron de su aporte a la comunidad. Estos son personajes parecidos a los que piden que el pueblo levante las banderas del campo “que nos da de comer”, cuando en realidad exportan la mayor parte de lo que producen aunque el pueblo se cague de hambre.
Para entender un poco cómo se manejan, la empresa “Continental Armadores de Pesca S.A.”, mejor conocida como CONARPESA, amenazó con irse de la ciudad expresando su descontento con la ordenanza. “En cuanto al establecimiento industrial radicado en Puerto Madryn, el mismo permanecerá inactivo hasta tanto concluyan las acciones judiciales que se emprenderán” expresó su presidente.
Básicamente juegan con el poder de dejar en la calle a cientas de familias en un momento de extrema vulnerabilidad y lo logran: el apriete empresarial dejó sin efecto la ordenanza usando de rehenes a les trabajadores que sufren de primera mano las múltiples crisis.
La situación en Chubut no sólo es grave por la crisis que atraviesa, sino por lo dificultoso que es acceder a otra agenda mediática que no sea la impuesta por el Gobierno. Chubut tiene un histórico recorrido de resistencia contra la minería a gran escala y hoy la megaminería vuelve a resonar en los medios de comunicación como única alternativa para generar empleo y recuperar una Provincia que se ha visto devastada por un Gobierno que ha demostrado no tener la capacidad para gobernar.
Los medios provinciales (porque los nacionales apenas se alejan de lo que sucede en la Capital Federal) hablan de las consecuencias de los paros, pero nunca de las causas, terminan por colaborar en la legitimación de Arcioni y son responsables de la invisibilización de una lucha eterna. Chubut está en llamas, pero nadie ve el fuego. Por eso, desde este espacio, le recordamos al Gobernador que es responsable de la desidia en la que se encuentra la Provincia y que la deuda es con el pueblo.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactora en Revista Trinchera
**Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
Fuentes:
[1] https://www.cepal.org/es/publicaciones/39949-tributacion-un-crecimiento-inclusivo
