Pese a que esta casi descartado que el dictamen obtenga dos tercios en las Cámaras de Diputados y/o Senadores, se aprobó la investigación que citó durante un año a 65 testigos en busca de comprobar un “mal desempeño” de los jueces de la Corte Suprema. Sucede en consonancia al sobreseimiento a Mauricio Macri de la causa “espionaje” y a la remoción del sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en “vialidad”.
De acuerdo a como quedó conformado el poder parlamentario luego de las elecciones generales del 22 de octubre, resulta prácticamente imposible que el bloque que pasará de ser oficialismo a oposición en cuestión de días logre los dos tercios necesarios para superar la primera instancia en Diputados. Se trata del juicio a la Corte Suprema iniciado en agosto del año pasado, cuando la “Multisectorial por la Democratización de la Justicia”, presentó un documento que agilizó senda investigación.
Tal vez el puntapié inicial -o la gota que rebalsó el vaso- que motorizó al por entonces Frente de Todos (FDT) a declararle la guerra política a la Corte Suprema fue el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación por la recuperación de un porcentaje de coparticipación. Sin embargo, el dictamen firmado en las últimas horas contempla tres hechos más en la categoría de “mal desempeño”: la ley del “2×1” a favor de represores de la última dictadura cívico eclesiástica militar, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y el manejo de la Obra Social. El dictamen tendrá una vigencia de tres años, y busca remover a los jueves Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Por su parte, el documento presentado un año atrás por la Multisectorial añade cargas individuales contra los mismos jueces, en especial contra Rosenkratz por intervenir “en 25 causas en las que eran protagonistas clientes que tenía su estudio antes de llegar al máximo tribunal”.
“La presentación que hicimos materializa o instrumenta un reclamo que venimos llevando adelante un conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, reclamando un verdadero sentido de justicia”, había afirmado en aquel momento Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)-Rama Argentina (quienes integraron a la organización denunciante), para Revista Trinchera. “En estos últimos años la conducta de los miembros de la Corte, a través de los hechos señalados, provocan la vulneración de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo”, señaló.
Tras la entrevista a 65 testigos dispersos en 26 encuentros a lo largo de un año, el oficialismo avanzó en el juicio que debido a la coyuntura electoral debió poner en suspenso. La apuesta por el candidato de “unidad nacional”, Sergio Massa, incluía una narrativa que por lo menos en lo que respecta a la relación del FDT con la Corte Suprema parecería dilatarse. Esa narrativa respondía a la necesidad de dejar de lado las tensiones, sobre todo tras el guiño de la propia Corte a Massa.
El hecho de que ese escenario político haya quedado atrás dejó un escenario maleable, en donde la Corte Suprema volvió a tirar la piedra: sobreseyó a Mauricio Macri y anuló el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner. Debido al nuevo escenario, el aún frente oficialista avanzó con un dictamen que quedaría fijo durante tres años, siendo el último de esos, pasadas las elecciones parlamentarias de 2025, en donde –dependiendo del resultado electoral- el actual frente que representa al Partido Justicialista tendría alguna chance de avanzar en la causa.
Los familiares de los tripulantes apuntaron a una eventual confirmación del sobreseimiento. El ex presidente es uno de los acusados por espionaje, junto a los que encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El 31 de julio se supo que el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal sería revisado a fines de agosto en Casación Penal. Al respecto, la querella que representa a una parte de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan pidió “el acompañamiento de toda la sociedad”, y advirtieron que quedará un “grave precedente” si el fallo llegara a confirmarse.
Apenas reanudada la actividad judicial tras la feria de invierno, según dispuso la Cámara Federal de Casación Penal, el 30 de agosto comenzará a analizarse el sobreseimiento al ex mandatario en la causa que investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino que se hundió en 2017. En la instancia, las partes comparecerán para sostener o refutar el sobreseimiento dictado por la Cámara Federal porteña en julio de 2022.
Cabe recordar que el ex presidente Macri fue procesado en primera instancia por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por actividades de inteligencia ilegal sobre familiares de víctimas del submarino en reuniones, misas de recordación y manifestaciones en reclamo de justicia. Pero la Cámara Federal porteña revocó esa medida y sobreseyó al ex jefe del Estado entendiendo que las actividades que se califican como ilegales eran, en realidad, medidas de seguridad propias de su investidura presidencial.
En este sentido, la medida fue apelada por las querellas, encabezadas por la abogada Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, quien además es padre de uno de los 44 marinos fallecidos en el naufragio, y tras un largo cabildeo de nombre la Casación quedó en condiciones de resolver. Los familiares representados por dichos abogados pidieron “el acompañamiento de toda la sociedad porque de convalidarse este fallo tan inmoral como haber espiado a víctimas, quedará sentado un grave precedente”. Mediante un comunicado manifestaron: “Ponemos en conocimiento que se ha fijado para el 30/8 audiencia en la causa espionaje a los familiares a fin de rever el peligroso sobreseimiento a los procesados Macri y el resto de funcionarios de la AFI macrista”.
La sala segunda del máximo tribunal penal del país debe revisar los sobreseimientos dictados en julio del año pasado por la Cámara Federal porteña con los que fueron beneficiados el expresidente y quienes encabezaron la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En este sentido, desde la querella consideraron que si se confirma tal sobreseimiento, “se legalizarán las tareas de inteligencia sobre quienes reclamen por sus derechos”.
Al respecto, Revista Trinchera dialogó con Luis Tagliapreta, y detalló: “Este 30 de agosto se dará una audiencia en la que expondremos oralmente un resumen de los fundamentos que previamente detallamos por escrito, además de alguna apreciación personal que queramos dar”.
Luego se tomarán cuartos intermedios que “pueden ser de días o de meses”, y lo que resuelvan será recurrible por cualquiera de las partes. Entonces si sostienen el sobreseimiento “nosotros recurriremos a la Corte, en caso de revertirse y pidan que continúe la investigación, además de elevarse la causa a juicio, es probable que las defensas recurran a la Corte”, aclaró Tagliapietra.
Seguramente esto terminará más adelante y “resolverán ellos (la Corte) con todo lo que significa esta situación con la Corte Suprema, como ya hicimos reserva para recurrir a los Tribunales Internacionales, diría que es casi seguro que terminaremos allí dentro de un tiempo”, sostuvo el abogado. Ante la situación compleja que atraviesa el caso, Tagliapietra confesó: “Esto es muy triste, lamentable y frustrante, ojalá me equivoque”.
En este sentido, Carreras anunció que hará uso de su derecho a la “oralidad” en la audiencia, de esta manera expondrá sus argumentos verbalmente ante el tribunal. Por su parte, Tagliapietra le confirmó a Revista Trinchera que él “particularmente va pedir a los jueces que dejen de lado la política y que resuelvan conforme a la ley, la Constitución y el derecho, y por supuesto a la prueba que es contundente”.
Por su parte, la abogada concluyó: “A los familiares de los tripulantes se los volvió a maltratar el año pasado, cuando se dictó el sobreseimiento de Macri. Se dio a entender que eran personas peligrosas cuando en realidad, lo único que estaban haciendo era peticionar para saber la verdad. Es hora de que todos hagamos algo. Por eso es importante que tengamos el apoyo de la sociedad”.
Finalmente, el comunicado detalla que “de quedar firme el sobreseimiento quedará habilitada la persecución ideológica política y cercenados derechos fundamentales de todos los argentinos. Está en crisis el sistema judicial, y están en riesgo los derechos de todos”. La decisión estará en manos de los camaristas Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, quienes recientemente admitieron como “amicus curiae” al CELS y al jurista Alberto Binder. Ambos serán escuchados también en la audiencia.
La fiscal Alejandra Mangano explicó que la decisión de sobreseimiento del juez Marcelo Martinez De Giorgi fue considerada por la fiscalía como “prematura”.
La Cámara Federal porteña analizará el fallo en el que sobreseyó a Mauricio Macri, Mariano Bornisky y Gustavo Hornos en la causa que los vincula por encuentros sospechosos no acreditados en Casa de Gobierno y en la quinta presidencial.
La sospecha gira en torno a que estos encuentros se dieron cuando los implicados estaban en funciones, ya que Mauricio Macri ejercía la presidencia de la Nación, mientras que Borinsky y Hornos ejercían -y aún ejercen- como jueces de la Cámara Federal de Casación.
La fiscal Alejandra Mangano explicó que la decisión de sobreseimiento del juez Marcelo Martinez De Giorgi fue considerada por la fiscalía como “prematura”.
“El principal argumento del juzgado para dictar este temperamento definitivo sería la inexistencia o falta de registro de varios de los encuentros denunciados, aún cuando el soporte informático de los ingresos a Olivos y Casa Rosada no fueron recibidos en este expediente pero sí en otros“, explicó la fiscalía.
Además, resaltó que “la clausura del proceso mediante el temperamento exculpatorio adoptado luce cuanto menos prematuro, en tanto tal decisión exige una certeza que no encuentra sustento en las probanzas incorporadas a las actuaciones”.
La apelación está a cargo de la Sala II de la Cámara Federal con sede en Comodoro Py. La misma explica que “existen diversas medidas de prueba que podrían realizarse en pos de verificar la existencia de las reuniones aquí denunciadas, así como si en aquellas se produjo una influencia indebida sobre el trabajo de los magistrados“. Sin embargo, los integrantes de la sala, Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico se excusaron de intervenir.
Mangano sugirió tomar como testigos al “personal que estuviera en funciones en el momento de los hechos y que pudiera haber presenciado en todo o en parte esas reuniones, incautación de registros informáticos de ambos edificios en donde estuvieran las constancias de ingreso y egreso, información acerca de otras personas que hubieran entrado inmediatamente antes e inmediatamente después“.
Las denuncias por las visitas de los jueces a Macri fueron realizadas por Martín Soria (actual ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. En las mismas se detallan 6 visitas de Hornos a Macri en días puntuales previos a dictar sentencias a favor del presidente entre 2015 y 2018.
En cuanto a Borinsky, se denunciaron 16 reuniones en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada. Los mismos también fueron temporales cercanos a fallos judiciales, por lo cual también levantaron sospechas.
El ex presidente advirtió una relación entre Gerardo Morales y Alberto Fernádez, y aconsejó alejarse de las posturas de la UCR.
La interna dentro de Juntos por el Cambio volvió a encenderse luego del almuerzo organizado por el ex presidente Maurcio Macri y otres referentes como Patricia Bullrich, Horacio Rodriguez Larreta, María Eugenia Vidal y Jorge Macri.
La reunión de los principales dirigentes del PRO, que ocuparon puestos importantes en el anterior mandato, tuvo como eje central el pedido de “no perder la identidad partidaria”, y alejarse de las posturas de la UCR.
“Más cambio y menos juntos” fue la consigna bajada por el ex presidente. Al mismo tiempo apuntó -principalmente- contra el dirigente de la UCR, Gerardo Morales, a quien acusó de tener buenas relaciones con el presidente Alberto Fernández debido a que votó a favor en el congreso varios proyectos impulsados por el Frente De Todos.
En la última mega reunión de la coalición de Juntos por el Cambio, donde acudieron todos los partidos, Morales había apuntado contra Milei, quien mantuvo distintas conversaciones con Macri. El gobernador de Jujuy planteó su postura de tajante rechazo frente al liberal, cerrándole las puertas y tildándolo de “inconstitucional”. En el encuentro, se firmó un documento donde se prohibía la anexión de cualquier persona sin la unanimidad de todos los partidos.
Ante la consigna planteada por Macri, Horacio Rodriguez Larreta intentó mantener el centrismo y la unidad: “Debemos mantener a la mayoría de nuestra coalición dentro de una posición de centro, alejada de los extremos“.
“En las últimas elecciones (las de 2021) ya sumamos a referentes del peronismo, liberales e independientes que nos aportaron ideas y proyectos. Para construir una gran coalición, necesitamos sumar más. No podemos llegar desde la grieta. Si para llegar tenemos que insultar a todo el mundo, después no podemos pedirles apoyo para ninguna transformación“, sostuvo el jefe de gobierno porteño.
A la incertidumbre sobre el armado de las listas y si la coalición tomará una postura más derechista o centrista, se suma la creación del espacio “Frente de encuentro Republicano y Federal”, encabezado por Miguel Ángel Pichetto. Dicho frente se autodenomina como “la pata peronista” de JxC, ubicado ideológicamente más cercano a las ideas de Macri que a las de Larreta.
La Cámara en Comercial, en fallo dividido, suspendió el proceso de bancarrota de la empresa y ahora la Corte definirá si el Tribunal Superior de Justicia porteño debe tomar intervención en el caso, a pedido de la sociedad Macri (SOCMA).
La Cámara Comercial, en fallo dividido, suspendió la quiebra del Correo Argentino de la familia Macri. Ahora será la Corte Suprema quien decidirá si la justicia de la Ciudad debe o no intervenir en la causa como lo pidieron los accionistas de la empresa. De esta manera la decisión final sobre esta compañía sufre un nuevo parate hasta tanto el máximo tribunal defina si la justicia porteña tiene competencia para intervenir en el caso.
En el fallo, las juezas María Elsa Uzal y Matilde Ballerini votaron por la suspensión del proceso, mientras que la magistrada Guadalupe Vázquez se mostró en contra de suspender del concurso. En este sentido, pese a que las juezas dejaron a salvo su postura contraria a que corresponda la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad, determinaron que corresponde esperar que se pronuncie la Corte para seguir adelante.
Cabe destacar que la Procuración General de la Nación, con la firma de Eduardo Casal, rechazó en agosto de 2021 la intervención del tribunal porteño como pidió SOCMA, que intenta que la justicia de la Ciudad aparte a la fiscal Gabriela Boquín del expediente. Justamente, el intento de los Macri para que intervenga el TSJ porteño formó parte de la ofensiva para sacar a la fiscal Boquin (que en su momento reveló las maniobras del Correo para no pagar su deuda millonaria) y a la jueza Marta Cirulli que dispuso la quiebra.
De esta manera SOCMA, empresa que controla el Correo, confía en tener jueces aliados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires. En 2001 comenzó el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., y en 2016 con Macri como presidente, el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para que se pagará la deuda en cuotas. Sin embargo, la fiscal Boquín denunció que el acuerdo era “abusivo”, dado que establecía una quita del 98,87% de la deuda y que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado.
En marzo del 2021, la Procuración del Tesoro rechazó la oferta de la familia Macri que había ofrecido pagar poco más de mil millones de pesos. En julio, la jueza Cirulli dictó la quiebra pero una apelación suspendió la medida a la espera de la resolución de la Sala B de la Cámara.
El parate de la causa continuó tras la jubilación de María Lilia Gómez Alonso, el tribunal quedó integrado por las jueza Matilde Ballerini y María Guadalupe Vázquez. Luego del sorteo ingresó la jueza María Elsa Uzal, y se completaban las 3 bancas que definirían en el caso, pero antes de resolver sobre la quiebra en sí, sostuvieron que la Corte debe definir otros planteos.
Finalmente, los dueños de la firma sostienen que como las recusaciones a Boquín y a Cirulli se dieron antes del decreto de quiebra, si se hiciera lugar al apartamiento solicitado todo lo actuado hasta el momento en consecuencia sería nulo. Los abogados de SOCMA también sumaron la recusación de María Guadalupe Vázquez.
El hermano del ex presidentedeclarará en la causa en la que investiga maniobras de espionaje ilegal, contra dirigentes gremiales, sociales, políticos, periodistas y personas privadas de su libertad, durante el gobierno de Cambiemos.
Mariano Macri dará testimonio este lunes en el marco de la causa en la que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal, contra dirigentes políticos, gremiales, sociales, periodistas y personas privadas de su libertad, durante el gobierno de Cambiemos. El hermano del ex presidente aseguró en un libro publicado recientemente, que a su hermano “le gustó el juguete”, en referencia al entramado de espionaje ilegal.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo citó para las 15 horas y está previsto que la declaración (ya postergada una vez por cuestiones de salud) se lleve a cabo a través de la plataforma virtual Zoom. El juez también dispuso recibir a los testimonios de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y del diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, que declararán por escrito.
El testimonio de Mariano Macri fue solicitado por diferentes querellantes luego de que se publicara el libro “Hermano“, del periodista Santiago O’Donnell. En este Mariano Macri afirma que su familia incurrió en maniobras de espionaje ilegal y que el expresidente Mauricio Macri lo tomo como un hábito.
En uno de los pasajes del libro, Mariano Macri señala que su hermano “empezó con el viejo (Franco Macri) preocupado por el marido de Sandra (hermana del expresidente), pero después parece que a Mauricio le gustó el juguete, porque tuvieron el problema de las escuchas“, en alusión a la causa de escuchas durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.
En otro pasaje queda claro que Mariano Macri fue el encargado de contarle a Mauricio que su padre desconfiaba de Néstor Leonardo -en aquel entonces pareja de Sandra Macri-, por lo que habría incurrido en escuchas ilegales. Además relata que “el que usaba el juguete era Mauricio, queda claro por los quilombos que surgieron después. Para mi viejo, la única puerta de entrada a ese mundo esotérico del espionaje arrancó en el secuestro de Mauricio, pero ahí quedó“.
El hermano del ex presidente afirma en otro pasaje del mencionado libro que “de un hermano presidente yo hubiera esperado que suprimiera los servicios de inteligencia, que solo causan daño, que no tienen nada bueno que aportar a la sociedad. Y que empezará un camino institucional transparente. Y bueno, no“.
Cabe destacar que estos llamados a indagatoria tienen más de 40 medidas de prueba dispuestas por el magistrado a cargo de la investigación, tras el pase de la causa del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.
La causa tuvo como procesados a los ex responsables de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros ex jefes y ex agentes del organismo de inteligencia. Sin embargo, cuando la causa pasó a Comodoro Py, por pedido de las defensas de los acusados, la Cámara Federal porteña revocó la resolución de Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías.
El procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zaninni, ordenó la reapertura del sumario administrativo de la causa del Correo Argentino con el objetivo de investigar si hubo irregularidades de los funcionarios de Cambiemos.
La Procuración del Tesoro Nacional, reabrió un sumario administrativo para revisar la Causa del Correo a pedido de su máxima autoridad, Carlos Zaninni. La medida busca esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el acuerdo por el pago de la deuda de parte del Correo Argentino -del que la familia Macri era accionista-, al Estado en el trámite de la quiebra de dicha empresa.
La medida impulsada por Zaninni revocó una resolución del 3 de mayo de 2018 que llevó a cabo la gestión del organismo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Funcionarios del ente lo habían clausurado porque concluyeron que no hubo irregularidades imputables de ningún funcionario de la entidad.
La reapertura del sumario se consolidó luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo FederalPablo Cayssialis dictara un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa que denunció que ante el cierre del mismo en 2018, se encontró vulnerado su derecho a aportar pruebas a la investigación.
De este modo, Cayssialis determinó que se reabra la investigación contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos que aceptaron la oferta de pago por la deuda que Correo Argentino SA mantiene con el Estado y que significaba la quita de más de $70.000 millones de pesos.
En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro se subrayó que el organismo coincide con lo señalado en la sentencia. Asimismo, se sostiene que dicho respaldo responda a que “los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva”.
Durante la administración de Cambiemos el sumario administrativo fue cerrado por la entonces vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, dado que la familia Macri era accionista de la empresa. En ese sentido, el ex presidente debió delegar su firma al existir un conflicto de intereses.
En ese entonces, el Estado aceptó la oferta del grupo Socma para abonar la deuda en 15 cuotas. Sin embargo, ante la objeción de la fiscal Gabriela Boquín, el pago no prosperó producto de una orden judicial que lo dejo sin efecto por considerarlo ruinoso para el Estado.
A Macri, líder Propuesta Republicana (PRO), las cosas se le va complicando. ¿Puede ser Bolivia la Croacia del ex presidente argentino, tal como lo señalara de forma irónica el polémico escritor Jorge “Turco” Asís? El comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, confirmó este miércoles el hallazgo de parte del material bélico que, de acuerdo con denuncias de ambos países, el expresidente argentino Mauricio Macri envió para apoyar al Gobierno de la expresidenta de facto Jeanine Áñez en noviembre de 2019, cuando se acababa de concretar el golpe de Estado contra Evo Morales.
Aguilera explicó en conferencia de prensa que la Policía de Bolivia lo encontró en sus depósitos y sin ningún tipo de documentación que valide su entrega o uso.
“Varios de estos pertrechos son municiones, granadas tipo béisbol, granadas de fragmentación, gases pimienta y otros que forman parte de los elementos recibidos de Argentina sin que hubiera respaldo documental“, afirmó sin precisar las cantidades de cada uno de esos elementos.
Una vez encontrado el material bélico, agregó, ahora lo que procede es reconstruir qué funcionarios acudieron al aeropuerto de La Paz para recibirlo, lo que ocurrió el 11 de noviembre, es decir, un día después del golpe.
Luis Arce y Alberto Fernández refuerzan lazos de amistad entre Bolivia y Argentina.
Dicen los que saben, que por menos el ex presidente Carlos Menem fue enjuiciado por los casos de venta de armas al Ecuador y a Croacia. Macri podría enfrentar ese destino. Bolivia, para Macri, remite a la equiparación de Croacia para Carlos Menem (debe separarse el caso de Croacia o Bosnia con el de Ecuador). La transferencia sombría de armamento hacia Croacia, en 1993, derivó en siete meses de prisión de Menem, en 2001, en la Quinta de Gostanián.
El pasado jueves 7 de julio, el canciller boliviano, Rogelio Mayta, dio a conocer una carta en la que el entonces comandante Jorge González Terceros Lara, hoy procesado por el delito de sedición, le agradece al embajador argentino Normando Álvarez García “la colaboración prestada” a la institución armada, “en el marco del apoyo internacional” entre ambos países, “debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”.
La misiva está fechada el 13 de noviembre de 2019, tres días después del golpe, y reporta el envío de material bélico consistente en cartuchos, gases lacrimógenos y granadas. La duda que se abre es por qué si el cargamento era supuestamente para custodiar la Embajada de Argentina, como han argumentado los exfuncionarios macristas, lo agradecen los militares bolivianos.
“Se trató de una colaboración decidida por el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri con la represión militar y policial que sufrieron quienes defendían el orden institucional en su país“, afirmó.
Los principales exfuncionarios implicados son Macri y los exministros de Seguridad, Patricia Bullrich; Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, y Defensa, Oscar Aguad, y el exembajador Normando Álvarez García, quienes han ofrecido versiones contradictorias.
Alberto Fernández pidió disculpas al pueblo de Bolivia en el acto patrio del 9 de julio pasado. El presidente boliviano Luis Arce agradeció al gobernante argentino por esta actitud y pidió que se siga a fondo con la investigación. De hecho, la Justicia de Bolivia podría ordenar extradiciones, interrogatorios y operaciones fiscales a los exfuncionarios argentinos involucrados en esta operación.
Macri apoyó el golpe de Estado en Bolivia en 2019 y fue cómplice de la represión del régimen dictatorial contra el pueblo del país hermano.
“Esas decisiones las tomarán los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional. Legalmente existe esa posibilidad“, comentó Mayta.
Mientras tanto, en Argentina el Gobierno ya denunció penalmente a Macri por los presuntos delitos de contrabando agravado y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.El ministerio de Seguridad, la Agencia Federal e Inteligencia, la fiscalía especializada en armas y la Aduana también están llevando a cabo investigaciones internas que podrían derivar en nuevas causas penales.
Por otra parte, Macri sigue sumando problemas. Lo imputaron por sus reuniones con jueces en la Quinta de Olivos. Así lo decidió el 14 de julio pasado la fiscal federal Alejandra Mángano, tras aceptar la ampliación de la denuncia presentada por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés. Investigan si el ex presidente intentó influir sobre la Justicia en causas contra ex funcionarios.
Los denunciantes plantearon que los 18 encuentros fueron parte de un “mecanismo sistemático de manipulación política de causas penales” y tuvieron lugar “en fechas previas y cercanas a la resolución de casos que tramitaban ante la Cámara Federal de Casación Penal”. En esa línea, la fiscal requirió que se solicite a la Secretaría General de la Presidencia que, a través de Casa Militar, informe los nombres del personal administrativo que cumplió funciones en la Secretaría Privada de Presidencia los días y horarios en los que se produjeron los encuentros detallados en las denuncias y se recabe información de contacto para su posterior citación a declaración testimonial.Lo mismo para el personal administrativo que estuvo en funciones en protocolo o secretaría privada en la Quinta Presidencial de Olivos.
En la causa también se investiga el accionar del juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, quien en su momento declaró que sus visitas a la quinta presidencial fueron para realizar actividades deportivas, como fútbol, paddle y tenis. También recordó que concurrió a residencia como presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal para reunirse con funcionarios del Poder Ejecutivo.
El avance de la investigación contra Macri también impacta en forma directa sobre alguna de las causas más resonantes que lo implican. Y es que podría tener consecuencias sobre la causa de espionaje ilegal que se tramita en Comodoro Py y tiene como acusado a Macri.
Macri tiene un porvenir complejo. Juntos por el Cambio ya es como que adquiere autonomía. Sus delfines Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal mueven fichas y ponen nerviosos a los “halcones” del PRO. “No es la primera vez que no estoy de acuerdo con Mauricio”, dijo Vidal en TN. Mientras tanto, las internas en la oposición son reñidas y quedan soldados caídos, como el caso del primo de Mauricio, Jorge Macri, a quien le pusieron un freno en las luchas por el poder en la provincia de Buenos Aires. Macri está varado. Y el establishment parece que eligió a los “moderados” de Juntos por el Cambio. Macri se sacrifica para estar en cada cumbre ultraderechista que haya en el mundo, reafirmando su condición de perrito faldero de Estados Unidos, esta vez, atacando a la Revolución Cubana.
Pero Macri debe dar respuesta ante la justicia por apoyar al golpe de Estado en Bolivia y por ser cómplice de la represión contra el pueblo hermano. La historia, en todo caso, no lo está absolviendo.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
Hace algunas semanas, LATAM anunció que dejaría de operar en Argentina, pero solo como filial. En una suerte de “Todos somos LATAM”, la derecha corrupta y antidemocrática, auspiciada por algunos medios de comunicación, se encargó de despotricar contra el Gobierno por la situación.
“La expulsión de LATAM del mercado aerocomercial”, “El kirchnerismo desplegó un relato para justificar el cierre de las operaciones de LATAM”, “De LAPA a LATAM, las líneas aéreas privadas que no lograron sobrevivir en Argentina”, fueron solo algunos de los títulos con los que los medios de comunicación anunciaron el cese de operaciones de la empresa.
Del otro lado de la vereda, referentes de los gremios aeronáuticos salieron a cuestionar a LATAM. Para Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), el anuncio de la empresa era una extorsión al presidente Alberto Fernández. Asimismo, en diálogo con el programa radial Columna Vertebral, el secretario general adjunto de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Rafael Mella, aseguró que “es imposible que se presenten en procedimiento de crisis, cuando hace un mes se repartieron ganancias por 57 millones de dólares”.
Un gobierno low cost
Como por ley el gobierno de Mauricio Macri no podía privatizar Aerolíneas Argentinas, decidió montar un discurso para instalar que la línea aérea de bandera significaba un gasto innecesario para el Estado y posteriormente, avanzar en un plan sistemático para terminar de entregar el mercado aeronáutico argentino a empresas privadas.
Fuente: Clarín
En esa línea, desde el Ministerio de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich, se lanzó “la Revolución de los Aviones”, mediante el cual se permitió que aerolíneas low cost puedan operar en el mercado de cabotaje. Entre otras cosas, durante el gobierno de Macri el estado renunció a rutas con gran demanda de pasajeros como Buenos Aires – Barcelona, Córdoba – Miami y Buenos Aires – Brasilia. Todas fueron tomadas por empresas extranjeras como Iberia y American Airlines y aumentaron las frecuencias.
Asimismo, se dispuso una restricción deliberada de las operaciones internacionales desde Aeroparque, que afectó principalmente a Aerolíneas Argentinas, que cubría el 50% de esas operaciones; y con el comienzo de actividades de las low cost, se impusieron tarifas por debajo de las del mercado, que significaban una clara competencia desleal, en violación de la Ley 19030 de Transporte Aerocomercial.
Las tarifas bajas permiten que las aerolíneas low cost atraigan clientes, al mismo tiempo que obligan a las otras aerolíneas a bajar los precios para poder competir. La cuestión es que esas tarifas no permiten cubrir los costos y todo el mercado tiene problemas de sustentabilidad económica, pero las empresas privadas -con un poco más de espalda financiera- esperan que bajo esta lógica, la competencia sea eliminada y abandone rutas o quiebre.
Cuando eso sucede, las empresas que se mantuvieron en pie elevan los costos para recuperar lo que perdieron durante el tiempo de competencia desleal. En otras palabras, el ciclo termina sin la aerolínea de bandera, con tarifas más altas y un mercado cooptado por dos o tres empresas que acuerdan precios para obtener la mayor ganancia posible.
Esta práctica está prohibida por el artículo 24 de la Ley de Transporte Aerocomercial: “No se permitirá a un explotador de bandera extranjera aplicar tarifas inferiores a las vigentes para el transportador nacional en similares servicios. A servicios equivalentes deberán siempre corresponder iguales tarifas”. La consigna era clara: destruir Aerolíneas Argentinas, de no ser posible ahogarla todo lo que se pueda.
¿En quiebra?
El 26 de mayo, LATAM, la compañía aérea más grande de América Latina, se presentó para reorganizarse bajo “la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos”. La medida involucraba a las filiales en yanquilandia, Islas Caimán, Países Bajos, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.
La tramoya, le permite a LATAM, en este contexto de crisis mundial, “reestructurar su balance financiero y ajustar el tamaño de sus operaciones a la nueva realidad”, indicaron. Básicamente LATAM no quebró, ni dejará de operar en estos países, sino que de esta manera se procede a una suspensión automática de 180 días de la ejecución de las deudas impagas, tiempo en el que la empresa renegociará contratos claves, “ajustándolos a las condiciones actuales del mercado”.
Fuente: latercera.com
Semanas después, LATAM comunicó que dejaría de operar en Argentina. Sin embargo, el anuncio hablaba de un cese de operaciones como filial argentina. En otras palabras, LATAM seguirá operando como holding. En este punto, Biró planteó que si la compañia quería dejar de operar en el país, tenía que dejar de hacerlo como holding, no como filial: “No puede ser que te tiren a los laburantes por la cabeza y que sigan llevándose los dólares de Argentina, para promover el desarrollo en Santiago de Chile, en Lima o en San Pablo. No puede ser que los beneficios de los dólares que gastamos los argentinos generen empleo en otros países”.
En este sentido, cabe resaltar que la situación financiera de LAN Argentina es muy distinta a la del holding que la controla. En 2018, los ingresos del holding sextuplicaron los de la filial y los triplicaron en 2019. Básicamente, solo el 16% de los vuelos internacionales que LATAM operaba entre Argentina y el exterior eran facturados por la filial local. En este sentido, el Procedimiento Preventivo de Crisis que pidió la compañía aparece como herramienta para poder echar a sus empleados sin pagarles la doble indemnización que rige por la pandemia.
En este punto, el gremio de pilotos también hizo notar que la mitad de las pérdidas se deben a gastos de arrendamiento de aeronaves. Ese alquiler era cobrado por otras filiales del holding, lo que explica por qué los quebrantos locales conviven con ganancias a nivel mundial. Y eso también se acentuó con el macrismo. Como holding, LATAM fue extremadamente beneficiada por el gobierno anterior, que le autorizó rutas internacionales desde Salta, Tucumán, Rosario, Córdoba, Mendoza y Bariloche. Ninguno de esos pasajes se registraba en los balances de la sucursal argentina.
Mauricio Macri incluso permitió a la empresa brasilera TAM, pertenenciente al holding LATAM, vuelos entre San Pablo, Córdoba y las Islas Malvinas. Unir nuestro territorio continental con nuestro territorio insular -porque las Malvinas son Argentinas- beneficiaba no solo a LATAM, comercialmente; sino también a Gran Bretaña.
Porque si dicha conexión era necesaria, el gobierno de Macri, en representación del Estado argentino -que reclama la soberanía sobre Malvinas- debió exigir que ese vuelo fuera realizado por Aerolíneas Argentinas o Austral. No claudicar, una vez más, ante las exigencias de intereses empresarios y coloniales.
Una de las primeras decisiones aerocomerciales de la dupla Macri – Dietrich fue otorgar permisos a LATAM Chile y a LATAM Perú para volar desde esos países a Mendoza, Salta y Rosario, en desmedro de LAN Argentina y sus trabajadores. Al mismo tiempo y violando el código aeronáutico y la Ley de Transporte Aerocomercial, se permitió que el holding pueda operar desde la Argentina sin matricular sus aviones en el país.
El último año en el que LAN Argentina dio ganancias fue 2015, con 9,4 millones de dólares. A partir de allí, la macroeconomía y el modelo de negocios sectorial del macrismo, que abrió el juego a la low cost y redujo la participación de las aerolíneas tradicionales, hundieron la rentabilidad local. Entre 2018 y 2019, la filial local de LATAM perdió unos 300 millones de dólares, mientras que el rojo en 2016 y 2017 fue de 70 millones.
Pese a que la oposición apunte a la pandemia y la extensión de la cuarentena, y a la competencia imposible con Aerolíneas Argentinas, LAN Argentina señala la desregulación del gobierno de Macri como uno de los principales detonantes.
La importancia de una aerolínea de bandera
Apenas tres días antes de que LATAM anunciara el cierre de operaciones en Argentina, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) elaboró un informe[1] en el que aseguran que “Argentina gasta más en Aerolíneas que en la lucha contra el hambre”.
Si se lee el primer párrafo del informe, la intención queda al descubierto: “Para la expropiación de Vicentín, el argumento es la defensa de la ‘soberanía alimentaria’. El fundamento es análogo al que se utilizó para justificar la estatización de YPF, donde se apeló a la ‘soberanía energética’, y la de Aerolíneas Argentinas, donde se planteó la ‘soberanía aérea’. Dándole tono épico y patriótico a la propuesta, se pierde la oportunidad de hacer una evaluación objetiva de cuáles son los beneficios y costos de que el Estado impulse este tipo de intervenciones”.
A las dos horas del informe, todos los medios hegemónicos de comunicación tenían como nota principal en sus versiones digitales: “El Gobierno gasta más en Aerolíneas Argentinas que en la lucha contra el hambre”. Casualmente, 3 días después, LATAM hizo el cuestionado anuncio. Quizás Biró tenía razón. Quizás se intenta extorsionar al Gobierno amenazando con dejar a dos mil familias sin trabajo, solo para ver si así consiguen algunos de los privilegios que recibieron entre el 2015 y el 2019.
Al día siguiente del anuncio de LATAM, el tan desagradablemente oligarca diario La Nación publicó una nota titulada “Una competencia desigual que ya no se pudo sostener”, en el que operando -como es de costumbre- aseguran que LATAM no se fue por la pandemia, sino por la competencia con Aerolíneas Argentinas. “La línea áerea no se pudo sentir cómoda en la telaraña que le tejieron los gremios aeronáuticos, la competencia estatal de Aerolíneas Argentinas y la regulación constante que la apuntó”, afirma la nota.
Parece necesario, ante la desinformación y la construcción de nuestra aerolínea de bandera como un gasto, hablar de la importancia de Aerolíneas Argentinas. Cabe resaltar que Aerolíneas cumple un rol fundamental en tanto atiende el mercado local, el de América y también el de Europa. En ese sentido, está fuertemente vinculada con el desarrollo económico y social y la vinculación de nuestro país con el mundo. Básicamente se transforma en un factor imprescindible para un modelo federal de desarrollo e integración regional e internacional.
De acuerdo con un informe[2] de Oxford Economics, la contribución que Aerolíneas hace al desarrollo de la economía es importantísimo: más pensando en un esquema político que busca el ingreso de divisas, pero también potenciar la industria nacional. A su vez, es uno de los principales canales de fomento de las economías regionales, de la inversión extranjera, del comercio exterior y del turismo.
Fuente: A24
Tomamos como datos relevantes los casi 11 mil empleos directos que forman parte de la empresa estatal, pero también las ganancias de la empresa y los aportes que hace en términos de impuestos para el Estado. Aerolíneas Argentinas retorna, de esta manera, gran parte del aporte requerido al gobierno nacional para su funcionamiento.
Por otra parte, es realmente importante la cadena de valor que se genera detrás de la empresa: los empleos directos generan, aproximadamente, 41 mil empleos en servicios a empleados, proveedores, empresas contratadas y subcontratistas; es decir que por cada trabajador empleado por Aerolíneas, se crean, en algún punto de la Argentina, 3 puestos de trabajo.
En nuestro país, el transporte aéreo aporta casi mil millones de dólares al PBI, es decir el 1,8% de su total, pero a su vez, es inmenso el aporte en términos de toda su cadena de valor y de la facilitación al crecimiento de las exportaciones. Durante la crisis sanitaria por el coronavirus, nuestra aerolínea de bandera hizo varios vuelos para repatriar argentines y para traer insumos que el Gobierno nacional adquirió para la prevención de la pandemia. En este sentido, la tantas veces cuestionada Aerolíneas Argentinas, debería ser un orgullo para quienes soñamos con una patria libre, justa y soberana.
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