Un pibe como vos

Un pibe como vos

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Podría hablar de cómo bajó su visera; de los ojos de Facundo, que brillaban como la luna cuando se reflejaban en los techos de chapa de la Provincia de Buenos Aires; o de su mirada y sus palabras juveniles, que iluminaban habitaciones oscuras. También sumaría que cuando mostraba los dientes sonriendo, la sensación era parecida a la que te agarra cuando se cuelgan las filas de foquitos de luz y se empieza a escuchar el retumbar del primer bombo, que da comienzo a los corsos en todos los barrios. Pero sería mentira, porque la verdad es que no lo conozco.

No voy a hablar de Facundo, porque lo único que sé es que era un pibe normal de 22 años y hacía lo mismo que todes. Pero como justo tengo su edad, tal vez pueda tomarme el atrevimiento y contar lo que hacemos y creo que sentimos les jóvenes.

Cuando nos despertamos antes de pensar que hace frío y que hay que ir a laburar o a estudiar o lo que sea, nos gusta poner música.  Después abrimos Whatsapp y ahí retomamos alguna charla diciendo: “Uh disculpa, me quedé re dormido”. Con la compu medio apagada, vamos pensando en unos mates y en meterle el diente a lo que haya en la heladera.

Muchas veces nos quedamos colgades mirando los azulejos de la cocina mientras la pava se va calentando, hasta que alguien nos saluda haciéndonos una caricia en el hombro, y ahí no más metemos la primera charla del día diciendo: “No sabés lo que soñé”.

A esta edad sentimos como nunca, y nuestro cuerpo es una montaña rusa de sensaciones. Estamos de acá para allá, no paramos, vamos a recitales, a fiestas, ranchamos en alguna esquina, jugamos al fútbol y mientras picamos alguna flor, tiramos rimas entre risas. También changueamos, porque el laburo digno escasea y si tenemos suerte soñamos con recibirnos. Pero además nos preocupamos por el de al lado y nos involucramos; cada tanto, se nos escapa una sonrisa cuando miramos el celular por algún mensaje nuevo. Nos enamoramos, se nos pone la piel de gallina, nos corren escalofríos, y por la espalda pasan distintas sensaciones térmicas en una milésima de segundo; no hay reloj que tome la velocidad de nuestra frecuencia cardíaca, nos comemos el mundo. Y después nos la ponemos contra una pared dura y sin revocar.

A Facundo le pasó esto, eso sí lo puedo afirmar. Venía de una relación larga, con idas y vueltas, y en el medio pandemia quiso ir a la casa de su ex novia, arreglar las cosas y pasar un par de días juntes.

Sí. Salió durante la cuarentena, pero quién soy yo para juzgarlo, si al pibe seguro se le cerraba el pecho de angustia y para irse tuvo que pelearse con su vieja, que seguro temía por su hijo y por la posibilidad de que se contagie de Covid-19.

Pero en la tarde helada de Pedro Luro a Facundo no le subió la fiebre, no perdió el olfato, ni le dio dolor de garganta. A Facundo lo agarró una Hilux de la Policía Bonaerense y hace más de noventa días que no sabe nada de él.

Desde la vuelta a la democracia, en Argentina la verdadera pandemia viste de azul y tiene chapa y gorra.

¿Dónde carajo está Facundo?

Felipe Bertola
Felipe Bertola

Cuando estaba en la panza, mi vieja me cantaba «Significado de Patria» para tranquilizarme. En la comunicación y organización popular encontré la clave para poder «ser la revancha de todxs aquellxs». Como todo buen platense, sé lo que es ganar una Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo?

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El pasado 9 de julio, Lucas Nahuel Verón cumplió 18 años y lo festejó, junto con su familia y algunos amigos, en su casa ubicada en González Catán, partido de La Matanza. Alrededor de la una de la mañana, se dirigió en moto junto con un amigo, a comprar una gaseosa en algún quiosco del barrio. Al no encontrar ninguno abierto, decidieron volver a la casa de Lucas. Allí fue donde un móvil policial -aparentemente con las luces apagadas y sin patente- comenzó a perseguirlos y los efectivos dispararon contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y murió a los pocos minutos. La autopsia confirmó que la bala que lo impactó provino de un arma policial.

En vez de notificar y denunciar lo sucedido, los policías se fugaron y no brindaron la ayuda correspondiente a los jóvenes. Por el hecho, fueron detenidos los policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, cuya pena máxima puede ser cadena perpetua por tratarse de un agente de las fuerzas de seguridad. Los vecinos de la zona reconocen a estos policías porque han protagonizado, según cuentan, distintos hechos de violencia institucional contra jóvenes del barrio.

Imagen: CORREPI

La representación legal de la familia de Lucas pidió que se aparte de la causa al fiscal Juan Pablo Tahtagian por haber permitido aprietes y extorciones por parte del comisario responsable para desvirtuar y desligar de responsabilidad a los policías detenidos. La familia afirma que al amigo de Lucas -de 17 años- que iba con él en la moto al momento del hecho, “lo tuvieron detenido en la comisaría, igual que a un pariente suyo, para obligarlo a firmar una declaración en la que le hicieron decir que estaban escapando de los policías porque habían robado un celular”. El fiscal Tahtagian estaba presente en la comisaría y permitió esta conducta, cuyo objetivo era garantizar la impunidad.

La familia y amigos de Lucas concurrieron a la sede de la Fiscalía General en modo de protesta para reclamar justicia. Cuando se encontraban allí, denunciaron que fueron hostigados por parte de la policía que custodiaba el lugar. “Se burlaban, se reían de nosotros y nos hacían fuck you”, dijo Cinthia, una de las hermanas de Lucas. En consecuencia, se produjeron unos incidentes y la policía reprimió con algunos disparos de balas de goma. Un sector de los manifestantes se encargó de calmar a los más enojados por la provocación de los policías y remarcó: “Esto no nos representa, no es lo que vinimos a hacer, que es pedir justicia”.

“Lo llevaron a declarar -al amigo de Lucas- y le dijeron que diga que ellos fueron a robar, que fueron a robar a una señora que estaba en la parada de colectivo a la una de la mañana. Lo apretaron los policías de la comisaría. La única verdad es que lo fusilaron y lo dejaron tirado en el piso”.

Cinthia Verón, hermana de Lucas.

Imagen: Comisión Provincial por la Memoria

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -querellante en representación de la familia-, señaló que el joven fue “fusilado” por los policías. Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza expresó su repudio a un hecho en el cual los policías actuaron “de acuerdo a doctrinas propias de estados represores y no dentro del estado de derecho”. A su vez intervino de manera inmediata la agrupación HIJOS La Matanza, que hizo posible la identificación y detención de los dos policías responsables de lo sucedido. Los militantes de HIJOS se reunieron con la familia de la víctima y tomaron contacto con varios testigos. La primera medida tomada por la CPM fue evitar que la policía les tomara declaración a los testigos en la sede de la comisaría interviniente.

Otro caso que se conoció en los últimos días fue el de Raúl Dávila, un joven de 22 años que estaba detenido en una comisaría de la ciudad bonaerense de Chascomús acusado de resistencia contra la autoridad. Murió el viernes pasado luego de un incendio en el calabozo en el que se encontraba alojado por mala conducta. Según la autopsia que se llevó a cabo, Dávila falleció a raíz de las quemaduras que sufrió en más del 50% del cuerpo.

El delito por el que Raúl estaba en la comisaria se lo considera “delito leve” cuya sanción no puede superar las 48 horas de prisión. A pesar de eso, le dictaron prisión preventiva de manera injustificada. La CPM afirmó: “este hecho alerta una vez más sobre la detención de personas en comisarías por delitos leves y plazos extensos. En este caso fueron más de 14 días cuando no se pueden superar las 48 horas”.

Los efectivos de la comisaría indican que fue el propio joven el que generó el incendio, pero todavía queda por probar cómo fue que se inició el fuego y por qué las llamas llegaron a quemar el 50 por ciento del cuerpo de Dávila antes de ser apagadas por los propios agentes. El hecho fue denunciado por la CPM, que también aseguró que “la policía bonaerense y la justicia provincial deberán responder ante esta nueva muerte evitable”.

Raúl Dávila

El organismo pidió que “la justicia garantice una investigación transparente, independiente, eficaz y rápida, apartando a la fuerza policial de todo el proceso”, y remarcó que, tanto la muerte del joven como el asesinato de Lucas Nahuel Verón, se enmarcan “en un contexto marcado por la extrema gravedad que reviste la desaparición de Facundo Astudillo Castro hace poco más de 70 días, donde otra vez la policía bonaerense aparece como la responsable principal”.

Desde que comenzó la pandemia se ha producido un agravamiento en los casos de violencia institucional que se ha cobrado la vida de muchos jóvenes, en su mayoría pobres. Revista Sudestada publicó los nombres de las personas asesinadas en Argentina por partes de efectivos policiales desde que comenzó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En total, son 15: Luis Armando Espinoza, Lucas Verón, Raúl Dávila, Florencia Magalí Morales, Franco Maranguello, José Antonio Ávila, Facundo Escalso, Diego Arzamendia, Augusto Itaurralde, Lucas Barrios, Alan Maidana, Ruber Sarso, Gastón Mirabal, Walter Ceferino Nadal y Brandon Romero.

De esta lista, casi la mitad -siete- fueron asesinados por la policía bonaerense, lo que evidencia una responsabilidad por parte del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Las políticas de seguridad de “mano dura” tienen resultados conocidos: persecución, hostigamiento y pibes pobres asesinados en manos de las fuerzas policiales. En un momento de gran tensión por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, es necesario un giro en las políticas de seguridad para que no siga habiendo muertes por gatillo fácil. Mientras tanto, Berni se pasea por los canales de televisión exhibiendo sus credenciales mientras la policía que tiene a su cargo acumula muertes y desapariciones.

Sobre la violencia policial en el mes de junio, la CPM precisó que la mayoría de las víctimas son “varones, jóvenes y pobres”. A su vez denunció que las cifras van “en consonancia con un despliegue de la fuerza policial en el territorio que ha profundizado sus prácticas habituales, y en tiempos de pandemia viene mostrando su cara más violenta, arbitraria y cruel”.

Desde Revista Trinchera exigimos justicia por Lucas y Raúl, y por todos los que murieron a manos de las fuerzas represivas.

¡Basta de pibes asesinados por la policía! ¡Basta de Gatillo Fácil!


Fuentes:
https://www.pagina12.com.ar/277884-mataron-a-un-joven-de-18-anos-en-la-matanza
https://www.pagina12.com.ar/278338-caso-lucas-veron-la-familia-pide-que-se-aparte-el-fiscal
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/07/13/un-joven-detenido-en-la-comisaria-de-chascomus-murio-tras-un-incendio-en-el-calabozo/

Juan Martín Palermo
Juan Martín Palermo

Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en
la montaña y soy hincha de Boca.

El Estado abandonó a Agustín

El Estado abandonó a Agustín

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

Agustín Nicolás Lara, un pibe de 17 años, fue encontrado muerto en el microcentro porteño. Estaba en situación de calle y mientras dormía, se le cayó una mampostería de un edificio en construcción. El acoso constante que sufría por parte de la policía de la Comisaría Nro. 48 de Villa Lugano -su barrio- y de distintas bandas que lo incitaban a consumir estupefacientes, hicieron que abandonara su casa.

La Gremial de Abogades interpuso un Habeas Corpus Preventivo en marzo de este año por la persecución que recibía por parte de dicha comisaría. El joven buscó alojarse en el CAINA (Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia) y en el Centro de Día y Noche “La Boquita”, ambos dependientes de la Dirección de Niñez, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le negaron el acceso aludiendo a los “grandes riesgos de contagio del Covid-19” y la sobrepoblación de estos lugares.

El hostigamiento por parte de la policía hacia Agustín venía siendo más recurrente desde el año pasado, pero en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio empezaron a recrudecer las persecuciones y agresiones. El último episodio fue cuando lo detuvieron por romper la cuarentena y la familia y las organizaciones que se encargan de hacer seguimiento a estos casos no lo encontraban en ninguna comisaría, ni en el Inchausti -instituto de menores al que lo llevaron muchas veces – y la preocupación empezó a crecer. Finalmente, la madre del joven, Julia Lara -incansable luchadora contra el gatillo fácil-, salió a buscarlo y lo encontró muy golpeado en el barrio Papa Francisco, al lado de Lugano.

Agustín, después de irse de su casa, empezó a dormir en Parque Lezama junto con otros jóvenes. Luego de varios días de estar en ese lugar, decidió ir a buscar otro espacio para pasar la noche y acudió al CAINA y a “La Boquita”, ambos centros estatales dependientes del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y que reciben a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones similares a las de Agustín. En ambos lugares le negaron el acceso y el joven no tenía a dónde ir, por lo que decidió dormir al lado de un edificio en construcción en el microcentro porteño. En ese lugar, mientras dormía, se le cayó una mampostería y murió por los fuertes impactos recibidos.

Les trabajadores del CAINA emitieron un comunicado en el que denuncian: “Lo repetiremos hasta que nos escuchen, las políticas públicas que el Gobierno de la Ciudad ofrece a nuestrxs pibxs son insuficientes, los dispositivos de atención y asistencia existentes se encuentran en situaciones de deterioro muy graves, y la falta de respuesta integral desde el Estado a la vulneración de los derechos de nuestrxs pibxs, lamentablemente culmina nuevamente en tragedia”.

Agustín Nicolás Lara

“Elaboramos una estrategia acorde, dando aviso al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNYA) a los fines de implementar de manera urgente una medida de protección, y gestionarle una vacante en un hogar, para, precisamente, correrlo del contexto de calle”, continua el comunicado haciendo referencia al caso de Agustín.

La familia de Agustín y la Gremial de Abogades, quienes se presentaron como querellantes de la causa, ven como responsables del abandono a las instituciones que le negaron un lugar donde dormir. Es evidente que les trabajadores de estos espacios tienen un compromiso con la situación vulnerable que viven niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, y que probablemente la orden de negarle el acceso venga de parte un sector jerárquico más elevado. Pero siguen siendo un aparato estatal que debe cuidar y amparar todos los casos que reciben y, negándoles el acceso, son responsables como institución perteneciente al Estado.

Si no son los diferentes aparatos estatales, en este caso el CAINA, entonces ¿quién les da respuestas a los pibes en situación de calle y vulnerabilidad que piden ayuda a gritos? Agustín dormía en parque Lezama con otros pibes más, por lo que ¿vamos a permitir que haya otro caso igual? Desde la defensa de la familia de Agustín se va a ir en contra del que sea responsable, de les trabajadores del CAINA o directamente contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Gremial de Abogades fue contundente: “Esto que ocurrió con Agustín es un delito de Estado. La mampostería es secundaria. El responsable es el Estado que le impidió el ingreso a una Institución estatal y lo dejo al niño a la intemperie y librado a su suerte”.

Debido a la vida difícil que le tocó llevar, Agustín estaba en situación de consumo problemático desde los 12 años. Tuvo una internación en una institución que no cumplió con las expectativas ni de él, ni de su familia y finalmente se escapó. No es muy frecuente que pibes de 17 años tengan la intención de salir de la situación de adicción, pero Agustín estaba convencido de eso y quería internarse para poder llevar una vida mejor. Las condiciones que ponía para llevar adelante la internación eran básicas: ingresar con su amigo que estaba en una situación similar, que no sea lejos de su familia para que puedan visitarlo y que no lo traten mal. Resulta increíble que un joven que quiere salir adelante de una adicción tenga que reclamar por estas condiciones, que deberían estar garantizadas desde el primer momento.

Un hecho alarmante es que cuando Julia Lara contactó a los amigos de Agustín que dormían con él en parque Lezama para que sean testigos de cuando le negaron la entrada al CAINA y “La Boquita”, ellos le dijeron que la policía los había amenazado para que no dijeran nada de lo que le había sucedido a Agustín. Esto causó preocupación ya que podría no tratarse de un accidente sino de algo causado intencionalmente. Ante esta situación, la Gremial de Abogades está a la espera de la prueba principal, que es una de las filmaciones de las cámaras de seguridad que apuntaban hacia donde murió el joven.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el responsable de que Agustín Lara haya muerto. Por un lado, el hostigamiento y persecución que sufría por parte de la Policía de la Ciudad en su barrio hicieron que abandonara su casa. Por otra parte, negarle el acceso a dos centros estatales cuya función es resguardar a pibes y pibas en situación de calle hizo que se vea obligado a buscar otro lugar donde dormir. En la ciudad más rica del país, el presupuesto para pibes como Agustín no alcanzó, las políticas públicas mucho menos, y el abandono estatal hizo que tengamos otro pibe menos en la Ciudad. Apoyamos la lucha de Julia Lara en la búsqueda de justicia y que paguen los responsables por no amparar y cuidar a les pibes que lo necesitan.


* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que 
las  tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de
la
opresión y
luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama
tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

El delito de ser joven y pobre

El delito de ser joven y pobre

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe que muestra, entre los años 2018 y 2019, la gravedad de la violencia institucional perpetrada contra niños, niñas y adolescentes.

El informe, realizado en el partido de La Matanza, pero que se aplica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuenta con una cantidad de datos alarmantes que dejan al descubierto la violencia ejercida por los efectivos policiales hacia niñes y adolescentes, principalmente en barrios populares, en un contexto de políticas neoliberales, cuyo objetivo no era la prevención del delito, sino la persecución y el hostigamiento.

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público, autónomo y autárquico, que cumple un rol fundamental, implementando políticas públicas de memoria y derechos humanos. No sólo tiene un compromiso insoslayable con la memoria del terrorismo de Estado, sino que promueve y lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en democracia. A su vez, ha generado instancias de encuentro entre el Estado y la sociedad civil; partiendo de la premisa de considerar a la memoria como “un campo plural en permanente conflicto y que brega por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que ilumine la lucha por los derechos humanos en el presente”, tal como postula el informe.

El período 2015-2019 se caracterizó -en cuestiones que tienen que ver con la seguridad- por la persecución a los sectores más vulnerables. Se promovió un discurso punitivo y demagógico, que se basaba en encerrar a personas por delitos menores, perseguir a niñes y adolescentes y abusar de las prisiones preventivas. Esto generó que las cárceles de la provincia de Buenos Aires estén colapsadas y las condiciones de hacinamiento en que hoy se encuentran, parece ser un problema de difícil solución.

La violencia institucional llevada cabo, se organiza de forma sistemática y es un problema transversal en todo el país. Esto quiere decir que se utilizan prácticas que van desde la detención por averiguación de antecedentes, pasando por violencia física y psicológica, abuso de autoridad, causas armadas, hasta situaciones de mayor gravedad como torturas y muertes.

“Generalmente los gendarmes te paran, te amenazan, te revisan y si tenés droga te golpean entre todos, esposan a los jóvenes, les pegan patadas o le dan picanazos. Si te encuentan marihuana, Gendarmería te obliga a que lo mastiques o te la comas”.

Declaración anónima de un joven a la Comisión Provincial de la Memoria

Estas prácticas, que siempre estuvieron presentes en la lógica policial, se acrecentaron en un contexto social, económico y político que se inclinó definitivamente hacia una ideología más reaccionaria y que a su vez, contaba con el aval del gobierno provincial y nacional para que los efectivos policiales repriman, persigan y hostiguen a niñes y adolescentes en los barrios populares. El objetivo era en clave de control ciudadano y no de prevención del delito. Los sectores más golpeados en esta lógica -como siempre- eran las poblaciones de menores recursos.

El informe revela que respecto a las muertes de niñes, adolescentes y jóvenes en manos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos años, se observó que 69 de las 150 personas entrevistadas identifican al menos una muerte en su barrio. Los motivos mencionados por les entrevistades son: enfrentamientos, enfrentamientos y persecución policial seguidos de muerte colateral, gatillo fácil ante supuesto delito, gatillo fácil por desobediencia y muerte a golpes en momento de aprehensión. A su vez, 25 de los 150 informantes refieren como motivo de muerte “gatillo fácil ante situaciones de supuesto delito”.

Según las mediciones, la gran mayoría de estos casos no son denunciados. Muches entienden que dichas prácticas policiales son correctas, lo que denota que hay una naturalización de la violencia policial.

Motivos por los cuales no se denuncia los casos de violencia policial, según el informe publicado

Según les entrevistades, las prácticas que más utilizan las fuerzas de seguridad hacia niñes, adolescentes y jóvenes son maltrato verbal, requisas, control de identidad, entre otras.

A continuación, un gráfico que muestra las prácticas más comunes de los efectivos policiales

Durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la Provincia hubo un gran retroceso en términos de derechos humanos que incluyeron una incremento en la cantidad de casos de gatillo fácil, un ejercicio periódico de violencia institucional, entre otras cuestiones que caracterizaron una regresión en derechos. Dichas políticas llevadas a cabo tenían un denominador común: los más perjudicados eran los sectores populares. Esto se llevaba adelante mediante la criminalización de la pobreza, reforzada por un discurso mediático hegemónico y dominante, que constaba de un mensaje punitivo para seguir profundizando la brecha histórica de desigualdad en nuestro país.  A su vez, los déficits estructurales en la implementación de las políticas promoción y protección de la niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires también se vieron agravados.

“El joven ingresa a la comisaría a las 18:30 hs. y es golpeado con puños sobre las costillas encima de la ropa, durante una hora y media. Cuando cae al suelo, le pisaron los dedos de la mano, le estiraron las orejas y le pegaron cachetazos. Luego, lo golpearon contra la pared hasta que por un impacto de su cabeza contra esta, se desmaya. Se despierta con el sonido de una picana, con la que lo amenazaron de aplicarle electrochoques. Los golpes se efectuaban mientras le mostraban con el celular fotos de otros jóvenes para que los delate”.

Relato de un joven detenido en comisaría.

Visibilizar la violencia institucional llevada a cabo hacia determinados sectores de la población, y hacia niños, niñas y adolescentes, es también disputar la construcción de sentidos. Es insostenible el argumento de que se trata de casos aislados; estamos frente a un problema estructural y sistemático. El aparato policial reproduce y lleva a cabo un discurso de odio, cuyas consecuencias son los casos de pibes y pibas que la policía asesina en los barrios.

Esta estructura se agrava cuando desde el gobierno nacional y provincial reproducen el mismo discurso fomentando dichas prácticas. Los grandes medios hegemónicos, que sólo pisan las villas cuando hay casos de violencia o narcotráfico, también construyen sentido desde ese lugar. Les que militamos por un mundo más justo, luchamos para que cese la impunidad de la violencia policial y para que no tengamos nunca más un pibe o una piba menos en nuestros barrios.


* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las 
tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y
luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en
la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuente:
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/informes/informes-especiales/informeninez.pdf

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