El delito de ser joven y pobre

La Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe que muestra, entre los años 2018 y 2019, la gravedad de la violencia institucional perpetrada contra niños, niñas y adolescentes.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe que muestra, entre los años 2018 y 2019, la gravedad de la violencia institucional perpetrada contra niños, niñas y adolescentes.

El informe, realizado en el partido de La Matanza, pero que se aplica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuenta con una cantidad de datos alarmantes que dejan al descubierto la violencia ejercida por los efectivos policiales hacia niñes y adolescentes, principalmente en barrios populares, en un contexto de políticas neoliberales, cuyo objetivo no era la prevención del delito, sino la persecución y el hostigamiento.

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público, autónomo y autárquico, que cumple un rol fundamental, implementando políticas públicas de memoria y derechos humanos. No sólo tiene un compromiso insoslayable con la memoria del terrorismo de Estado, sino que promueve y lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en democracia. A su vez, ha generado instancias de encuentro entre el Estado y la sociedad civil; partiendo de la premisa de considerar a la memoria como “un campo plural en permanente conflicto y que brega por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que ilumine la lucha por los derechos humanos en el presente”, tal como postula el informe.

El período 2015-2019 se caracterizó -en cuestiones que tienen que ver con la seguridad- por la persecución a los sectores más vulnerables. Se promovió un discurso punitivo y demagógico, que se basaba en encerrar a personas por delitos menores, perseguir a niñes y adolescentes y abusar de las prisiones preventivas. Esto generó que las cárceles de la provincia de Buenos Aires estén colapsadas y las condiciones de hacinamiento en que hoy se encuentran, parece ser un problema de difícil solución.

La violencia institucional llevada cabo, se organiza de forma sistemática y es un problema transversal en todo el país. Esto quiere decir que se utilizan prácticas que van desde la detención por averiguación de antecedentes, pasando por violencia física y psicológica, abuso de autoridad, causas armadas, hasta situaciones de mayor gravedad como torturas y muertes.

“Generalmente los gendarmes te paran, te amenazan, te revisan y si tenés droga te golpean entre todos, esposan a los jóvenes, les pegan patadas o le dan picanazos. Si te encuentan marihuana, Gendarmería te obliga a que lo mastiques o te la comas”.

Declaración anónima de un joven a la Comisión Provincial de la Memoria

Estas prácticas, que siempre estuvieron presentes en la lógica policial, se acrecentaron en un contexto social, económico y político que se inclinó definitivamente hacia una ideología más reaccionaria y que a su vez, contaba con el aval del gobierno provincial y nacional para que los efectivos policiales repriman, persigan y hostiguen a niñes y adolescentes en los barrios populares. El objetivo era en clave de control ciudadano y no de prevención del delito. Los sectores más golpeados en esta lógica -como siempre- eran las poblaciones de menores recursos.

El informe revela que respecto a las muertes de niñes, adolescentes y jóvenes en manos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos años, se observó que 69 de las 150 personas entrevistadas identifican al menos una muerte en su barrio. Los motivos mencionados por les entrevistades son: enfrentamientos, enfrentamientos y persecución policial seguidos de muerte colateral, gatillo fácil ante supuesto delito, gatillo fácil por desobediencia y muerte a golpes en momento de aprehensión. A su vez, 25 de los 150 informantes refieren como motivo de muerte “gatillo fácil ante situaciones de supuesto delito”.

Según las mediciones, la gran mayoría de estos casos no son denunciados. Muches entienden que dichas prácticas policiales son correctas, lo que denota que hay una naturalización de la violencia policial.

Motivos por los cuales no se denuncia los casos de violencia policial, según el informe publicado

Según les entrevistades, las prácticas que más utilizan las fuerzas de seguridad hacia niñes, adolescentes y jóvenes son maltrato verbal, requisas, control de identidad, entre otras.

A continuación, un gráfico que muestra las prácticas más comunes de los efectivos policiales

Durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la Provincia hubo un gran retroceso en términos de derechos humanos que incluyeron una incremento en la cantidad de casos de gatillo fácil, un ejercicio periódico de violencia institucional, entre otras cuestiones que caracterizaron una regresión en derechos. Dichas políticas llevadas a cabo tenían un denominador común: los más perjudicados eran los sectores populares. Esto se llevaba adelante mediante la criminalización de la pobreza, reforzada por un discurso mediático hegemónico y dominante, que constaba de un mensaje punitivo para seguir profundizando la brecha histórica de desigualdad en nuestro país.  A su vez, los déficits estructurales en la implementación de las políticas promoción y protección de la niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires también se vieron agravados.

“El joven ingresa a la comisaría a las 18:30 hs. y es golpeado con puños sobre las costillas encima de la ropa, durante una hora y media. Cuando cae al suelo, le pisaron los dedos de la mano, le estiraron las orejas y le pegaron cachetazos. Luego, lo golpearon contra la pared hasta que por un impacto de su cabeza contra esta, se desmaya. Se despierta con el sonido de una picana, con la que lo amenazaron de aplicarle electrochoques. Los golpes se efectuaban mientras le mostraban con el celular fotos de otros jóvenes para que los delate”.

Relato de un joven detenido en comisaría.

Visibilizar la violencia institucional llevada a cabo hacia determinados sectores de la población, y hacia niños, niñas y adolescentes, es también disputar la construcción de sentidos. Es insostenible el argumento de que se trata de casos aislados; estamos frente a un problema estructural y sistemático. El aparato policial reproduce y lleva a cabo un discurso de odio, cuyas consecuencias son los casos de pibes y pibas que la policía asesina en los barrios.

Esta estructura se agrava cuando desde el gobierno nacional y provincial reproducen el mismo discurso fomentando dichas prácticas. Los grandes medios hegemónicos, que sólo pisan las villas cuando hay casos de violencia o narcotráfico, también construyen sentido desde ese lugar. Les que militamos por un mundo más justo, luchamos para que cese la impunidad de la violencia policial y para que no tengamos nunca más un pibe o una piba menos en nuestros barrios.


* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las 
tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y
luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en
la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuente:
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/informes/informes-especiales/informeninez.pdf

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