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El caso fue promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata con el objetivo de que se investiguen los tormentos (estaqueamientos y enterramientos) infligidos a soldados durante el conflicto en 1982.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata en el que solicitó que se declare la responsabilidad del Estado argentino por omitir investigar y juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que torturaron a los soldados.

El 20 de mayo del 2015, los integrantes del CECIM La Plata acudieron al ente internacional para que se investigara las torturas cometidas contra soldados por parte de ex militares de su propia tropa durante el conflicto bélico. Jóvenes desabrigados y hambrientos que eran estaqueados o enterrados durante horas, incluso fueron sometidos a simulacros de fusilamientos por sus superiores. Sin embargo, después de ocho largos años la CIDH examinará los pormenores del caso.

Así lo expresó el organismo internacional mediante la resolución que lleva la firma de Jorge Meza, el Secretario Ejecutivo Adjunto del Sistema de Peticiones y Casos de la CIDH. “Declarar admisible la presente petición en relación con artículos I, II, III y XVIII de la Declaración Americana; artículos 5, 8, y 25 de la Convención Americana, en concordancia con sus artículos 1.1 y 2; y artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, resalta el escrito.

En diálogo con Télam, el secretario de Derechos Humanos del CECIM, Ernesto Alonso, sostuvo: “Entendemos que a 41 años de finalizada la Guerra de Malvinas, el Estado no dio respuestas sobre las torturas sufridas por los soldados a manos de miembros de la Fuerzas Armadas”. Y agregó: “Ocho años después, recibimos con emoción la admisibilidad del caso. La Comisión Interamericana comprende que el Estado argentino debe ser evaluado y juzgado en instancias internacionales, contraponiendo toda la prueba que existe por torturas a soldados”.

En diálogo con Revista Trinchera, el presidente del CECIM La Plata, Rodolfo Carrizo sostuvo: “Este es un reclamo histórico de los excombatientes, en particular del CECIM, que tiene que ver con el haber observado, visto y vivido en carne propia lo que fue la experiencia de los militares en Malvinas. Sin duda que no en todos los casos fue igual, pero lo cierto es que todos y en distintas unidades militares se verificó de que hubieron malos tratos, con aquellos otros que tenían una mirada o una religión distinta a cómo es en el ejército argentino, que es la religión católica. Digo, con los compañeros que eran judíos, se verificaron”.

“Los casos de tortura fueron en principio los comentarios testimoniales que venían de los compañeros, de la observación, de lo que ellos habían visto y padecido, y que con el tiempo se fue transformando también en una denuncia más formal que tuvo que ver con lo jurídico. Eso significó que esto se transformara en una causa a partir del dolor de las víctimas, del dolor de los compañeros que habían tenido estos padecimientos”, agregó Carrizo .

Alonso precisó que “hay derechos humanos en juego, el derecho al acceso a la justicia para obtener una reparación integral, pero también hay otros derechos muy importantes en juego, como el de la integridad personal, no ser sometido a torturas, a poder desempeñar la vida sin ninguna degradación”. “Las torturas a soldados se cometieron en contexto de dictadura, con lo cual ahí hay un guiño a la historia que Cecim escribe desde hace cuatro décadas y que tiene que ver con entender que la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar”, cerró.

También sostuvo: “Fue un proceso muy largo, ya que acá se promueve el derecho a la verdad y en ese camino enjuiciar a los militares torturadores representaba un esfuerzo importante de los que habían padecido esto sin ningún tipo de protección del Estado. Cabe recordar que en las Malvinas nosotros tuvimos un año y medio más de dictadura militar. La denuncia no era un proceso sencillo, implicaba no solamente el valor sino también la organización que pudiera canalizar este dolor que habían padecido los compañeros en Malvinas”.

En tanto, el abogado del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, señaló en sus redes sociales que “ocho años de trámite ante la CIDH para llegar a este momento” y analizó que “en épocas en que la apología de la dictadura irrumpe en la escena, el Cecim vuelve a construir la pedagogía de paz y a reescribir una parte de la historia: la guerra de Malvinas fue un capítulo más de la dictadura cívico militar”. Expresó su solidaridad con “todas las víctimas, casi 200” y concluyó su emotivo mensaje “Memoria, Verdad, Justicia, Soberanía y Paz”.

Desarrollo de la causa

En 2007 un ex conscripto presentó la primera denuncia por los tormentos que sufrió durante la guerra de 1982 y allí el juzgado de Río Grande comenzó a investigar. Sin embargo, dos años después, el militar retirado Jorge Taranto pidió que se declare que los posibles delitos habían prescripto por el paso del tiempo. Ni el juzgado ni la Cámara de Comodoro Rivadavia consintieron el pedido de Taranto.

Luego, en 2009 el máximo Tribunal penal de Argentina le dio la razón a Taranto, ya que no consideró que los padecimientos de los soldados pudieran ser contemplados como delitos de lesa humanidad (como sucede con los crímenes que se cometieron durante la dictadura). De esta manera, se negó la posibilidad de perseguir a sus responsables por el paso del tiempo.

El 19 de febrero de 2015, la Corte Suprema rechazó los planteos contra la decisión de la Casación. Dos semanas después, ese rechazo fue uno de los puntos que tomó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner para demostrar que el máximo Tribunal estaba más dedicado a la pulseada política que a la búsqueda de justicia.

En este sentido, CFK en su último discurso de apertura del año electoral ratificó: “No podemos pasar por alto las torturas y los vejámenes que sufrieron nuestros combatientes en Malvinas cuando fueron a dar la vida por la patria, por todos nosotros”. Además, les aconsejó desde la Asamblea Legislativa: “Creo que tienen que ir a la CIDH para reclamar por las torturas y vejámenes. No pueden quedar impunes”.

Dos meses y medio después del discurso de Cristina, el CECIM hizo la presentación oficial al ente internacional. Los peticionarios consideraron que el Estado argentino violó los derechos humanos de los excombatientes y de sus familiares, primero con las torturas y después con la demora injustificada en las investigaciones. El Centro de Ex Combatientes destacó que el plan de encubrimiento de quienes agredieron a su propia tropa fue parte del dispositivo que puso en marcha la dictadura tras la derrota frente al Reino Unido. 

Según los documentos que ordenó desclasificar Cristina, tras cumplirse 30 años de la guerra, los militares realizaron tareas de “contrainteligencia” sobre sus propios soldados con el objetivo de que no se sepa lo que sucedió en el sur y, de esa forma, imponer la disciplina del secreto.

Recién en febrero de 2019, el Estado argentino respondió al traslado de la CIDH, es decir, en plena gestión de Mauricio Macri. La respuesta detalla que la petición no debía ser admitida por dos argumentos. En primer lugar porque las torturas fueron en 1982 y, para entonces, la Argentina no había ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptado la competencia de la CIDH. En segundo lugar, sostuvo que hubo investigaciones que estaban en marcha por torturas en Malvinas. De hecho, en 2022, la Casación volvió a decir que las torturas no podían investigarse por estar prescriptas. El tema aguarda nuevamente un pronunciamiento de la Corte Suprema después de que recurrieron las querellas y el fiscal Javier De Luca.

Finalmente, en línea contraria con esa postura estatal, el ente internacional consideró que el planteo del CECIM merecía ser analizado. En el informe de admisibilidad, los comisionados recordaron que las torturas a los conscriptos se dieron en un contexto de dictadura militar. “Durante ese período se han cometido aberrantes hechos por parte de las Fuerzas Armadas argentinas que han avasallado derechos humanos, se han producido asesinatos y desapariciones de miles de personas”, señalaron desde la CIDH.

En este sentido, Carrizo concluyó: “Trabajamos mucho para que este proceso fuera obviamente lo más claro posible con argumentos muy contundentes, con más de 120 testimonios a la fecha, con compañeros que son de distintas provincias y que obviamente constituyen la base fundamental de que hubo un plan donde el proceso de impunidad fue la intención de que con Malvinas se podía hacer eso y trabajamos fuertemente hasta lograr esta admisibilidad de parte de la Corte Interamericana de Justicia”.

De esta manera, el CECIM tendrá cuatro meses para aportar nueva información a la CIDH y ese plazo tendrá una prórroga de dos meses más. Lo mismo sucederá con el gobierno de Milei y Victoria Villarruel (cuyo padre fue uno de los combatientes de la Guerra de Malvinas). Después de eso, la CIDH analizará el fondo de la cuestión y emitirá un pronunciamiento.