Espionaje ilegal: familiares de víctimas del ARA San Juan piden la intervención de la CIDH

Espionaje ilegal: familiares de víctimas del ARA San Juan piden la intervención de la CIDH

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Así lo confirmó Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas de les submarinistas del ARA San Juan. Aseguró que se pedirá el juicio político de los tres jueces de la causa.

La querella mayoritaria de les familiares de las víctimas de les submarinistas del ARA San Juan solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y otres funcionaries de la causa por espionaje ilegal.

En este sentido, un reciente comunicado realizado por la querella señala: “Hemos realizado una presentación al relator pidiendo su intervención”. También se destaca que se hizo “en base a la excepción prevista por dicho organismo internacional, que permite articular el pedido de justicia sin agotar la vía judicial en la Argentina”.

Luis Tagliapietra, abogado querellante de familiares de víctimas de les submarinistas del ARA San Juan y padre de Alejandro (uno de los tripulantes del submarino) dialogó con Revista Trinchera sobre el fallo de la Cámara Federal que encabeza el doctor Pablo Bertuzzi y resaltó: “Lo que planteamos por un lado es un recurso de casación en el trámite interno en el que pedimos el juicio político de los tres jueces con las denuncias penales que corresponden”.

Por otro lado, Tagliapietra sostuvo que se planteó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “la materia de gravedad institucional que significa este fallo, respecto de legalizar actividades de espionaje que claramente son ilegales, pese a que todo sistema internacional de este tipo requiere que se agote la vía interna. Por lo tanto nos falta no solo la casación sino incluso la corte”.

Asimismo, el abogado querellante señaló que “tanto la Ley de Inteligencia como la de Seguridad Interior establecen claramente las pautas en donde se permiten o se autorizan las actividades de inteligencia, ni hablar de lo estipulado en el Artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional”. Además, ante la gravedad institucional del caso Tagliapietra remarcó: “Pedimos carácter excepcional y la intervención especial de la ONU, y su comisionado que está vinculado al tratado de declaración universal de derechos humanos asignada ante este organismo, sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados”.

Según se supo la próxima semana se tendrán una respuesta preliminar, ya que formalmente las presentaciones ante la Cámara de Casación se hacen el día lunes y ahora en feria no corresponden, como el pedido de juicio político. Al respecto el abogado resaltó: “Se debe entender que estos trámites son lentos, por lo que solo queda esperar y ver qué respuestas nos darán”.

Respecto a los trámites del proceso judicial en el Sistema Interamericano e Internacional de Derechos Humanos, la querella entiende que son muchísimo más largos que los internos. En este sentido, el padre del submarinista Alejandro Tagliapietra sentenció: “Tenemos cuantiosas jurisprudencias que por ahí tardan más de 15 años en resolver alguna cuestión. Muchas expectativas no hay, pero siempre son formas de visibilizar y presionar para ver si de algún modo las cosas se terminan acomodando”.

Cabe destacar que Mauricio Macri fue sobreseído el 15 de julio en la causa que investigaba las escuchas ilegales a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 víctimas fatales luego de hundirse en aguas del océano Atlántico el 15 de noviembre de 2017. Era la única causa que avanzó en contra del ex mandatario, con acciones de indagatoria y procesamiento, desde que dejó la Casa Rosada en diciembre de 2019. 

Según aseguraron desde la querella el espionaje habría sido realizado a través de fotos, búsquedas en redes sociales, y seguimientos e infiltraciones en marchas en momentos en que el grupo de familiares pedía ayuda para encontrar a les tripulantes perdides en el fondo del mar. Entre los hechos que se le imputaban figura la infiltración de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la misa celebrada en el aniversario del segundo mes de la desaparición del submarino ARA San Juan, en enero de 2018, en la que fotografiaron a familiares de los tripulantes.

CABA: Espionaje ilegal con reconocimiento facial

CABA: Espionaje ilegal con reconocimiento facial

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

La Justicia suspendió el uso del sistema luego de que el Ministerio de Seguridad porteño accediera a los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados están Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces y otros.

La Justicia porteña suspendió el uso del sistema de reconocimiento facial luego de que el Ministerio de Seguridad porteño utilizara ilegalmente los datos biométricos de millones de personas y realizara más de nueve millones de búsquedas. Entre los afectados por el espionaje están el presidente de la Nación, Alberto Fernández; la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de Derechos Humanos, jueces, periodistas y otros políticos oficialistas y opositores.

El Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) fue permitido por una resolución, que aprobada en la Legislatura porteña, con el objetivo de ayudar a detectar a quienes eran buscados por la Justicia. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nació para acceder a una base de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) que supuestamente no superaba las 50 mil personas. 

La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Roberto Gallardo, quien además detectó que la Ciudad también selló un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y realizó una búsqueda infinitamente superior (casi 10 millones) al de las personas requeridas por los tribunales. El organismo dependiente del Ministerio del Interior informó al juzgado que la Ciudad entre abril de 2019 y marzo de 2022, realizó un total de 9.900.282 extracciones de información de sus bases de dato.

Gallardo argumentó que “no resulta necesaria demasiada perspicacia para advertir que las personas consignadas resultan ajenas al sistema penal, no se encuentran prófugas o con pedido de captura”.

Cabe destacar que el espionaje no solo fue a opositores del gobierno de Cambiemos sino que también se buscó en los datos de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni (uno de los seleccionados por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para confrontar por las protestas callejeras) a Juan Grabois o a la diputada del PTS-FIT, Myriam Bregman.

Asimismo entre los espiados están miembros del poder judicial como Gabriela Boquin, fiscal que denunció el acuerdo ruinoso al que el gobierno de Macri quería llegar por la deuda del Correo Argentino; a la ex procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, forzada a renunciar por el macrismo. Tampoco estuvo exenta la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, rival del jefe de gobierno porteño en la interna de Juntos por el Cambio.

Directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, detalló que “la Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados“. Además resaltó que el hecho confirma “que el software tiene capacidad de hacer vigilancia sobre una gran parte de la población y es parte de uno de los debates de derechos humanos más actuales acerca de cómo el Estado obtiene información“.

Asimismo, el juez Gallardo ordenó allanar el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Centro de Monitoreo Urbano, que es el organismo que aplica el sistema. Por el momento, el mecanismo que se describió sobre el acceso a bases de datos del Estado es bastante parecido al que se investiga en la causa sobre el uso de la información de la Dirección Nacional de Migraciones durante el macrismo. Es una causa tan compleja que todos los jueces de Comodoro Py se excusaron porque sus movimientos habían sido revisados.

Mariano Macri declara por la causa de espionaje ilegal

Mariano Macri declara por la causa de espionaje ilegal

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El hermano del ex presidente declarará en la causa en la que investiga maniobras de espionaje ilegal, contra dirigentes gremiales, sociales, políticos, periodistas y personas privadas de su libertad, durante el gobierno de Cambiemos.

Mariano Macri dará testimonio este lunes en el marco de la causa en la que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal, contra dirigentes políticos, gremiales, sociales, periodistas y personas privadas de su libertad, durante el gobierno de Cambiemos. El hermano del ex presidente aseguró en un libro publicado recientemente, que a su hermano “le gustó el juguete”, en referencia al entramado de espionaje ilegal.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi lo citó para las 15 horas y está previsto que la declaración (ya postergada una vez por cuestiones de salud) se lleve a cabo a través de la plataforma virtual Zoom. El juez también dispuso recibir a los testimonios de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y del diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli, que declararán por escrito. 

El testimonio de Mariano Macri fue solicitado por diferentes querellantes luego de que se publicara el libro “Hermano“, del periodista Santiago O’Donnell. En este Mariano Macri afirma que su familia incurrió en maniobras de espionaje ilegal y que el expresidente Mauricio Macri lo tomo como un hábito. 

En uno de los pasajes del libro, Mariano Macri señala que su hermano “empezó con el viejo (Franco Macri) preocupado por el marido de Sandra (hermana del expresidente), pero después parece que a Mauricio le gustó el juguete, porque tuvieron el problema de las escuchas“, en alusión a la causa de escuchas durante su gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

En otro pasaje queda claro que Mariano Macri fue el encargado de contarle a Mauricio que su padre desconfiaba de Néstor Leonardo -en aquel entonces pareja de Sandra Macri-, por lo que habría incurrido en escuchas ilegales. Además relata que “el que usaba el juguete era Mauricio, queda claro por los quilombos que surgieron después. Para mi viejo, la única puerta de entrada a ese mundo esotérico del espionaje arrancó en el secuestro de Mauricio, pero ahí quedó“.

El hermano del ex presidente afirma en otro pasaje del mencionado libro que “de un hermano presidente yo hubiera esperado que suprimiera los servicios de inteligencia, que solo causan daño, que no tienen nada bueno que aportar a la sociedad. Y que empezará un camino institucional transparente. Y bueno, no“.

Cabe destacar que estos llamados a indagatoria tienen más de 40 medidas de prueba dispuestas por el magistrado a cargo de la investigación, tras el pase de la causa del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

La causa tuvo como procesados a los ex responsables de la AFI durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros ex jefes y ex agentes del organismo de inteligencia. Sin embargo, cuando la causa pasó a Comodoro Py, por pedido de las defensas de los acusados, la Cámara Federal porteña revocó la resolución de Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías.

Espionaje carcelario: investigan al juez José Baric

Espionaje carcelario: investigan al juez José Baric

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

Avanza la investigación contra un ex funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal por supuestas maniobras de espionaje ilegal. 

En el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el rol de un ex funcionario bonaerense en el cableado de un penal ante la eventual detención de Hugo y Pablo Moyano en 2018. 

Juan José Baric, quien actualmente cumple funciones como juez de Federal de la Pampa, se desempeñó como Subsecretario de Políticas Penitenciarias durante el mandato de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. 

La acción del juez surgió ante una serie de averiguaciones y presuntas medidas que Baric habría dispuesto ante la posible detención en 2018 de los sindicalistas opositores al gobierno de Cambiemos.

En ese sentido, el Fiscal Franco Picardi solicitó al juez Martínez de Giorgi que establezca medidas para dilucidar cuáles fueron las maniobras detrás del cableado de la Unidad penal de Melchor Romero para espiar a los gremialistas Hugo y Pablo Moyano. 

Martínez de Giorgi requirió a las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular y al Ministerio de Justicia bonaerense información sobre los teléfonos que figuran a nombre de Baric y de otras personas señaladas en la causa que investiga estas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos y periodistas, como también en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires. 

También ordenó identificar las líneas de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.

El 6 de agosto de 2018 el actual juez federal de la Pampa visitó en despacho de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. Dos días después del encuentro un grupo de agentes de la misma institución colocaron el cableado en las celdas de un pabellón, locutorios y baños de la Alcaldía 3 de Melchor Romero.

En el expediente hay pruebas de que Baric se habría encargado personalmente de que se concrete la instalación de las cámaras y los micrófonos en el penal. De la investigación se desprende que habría llamado a la directora de la unidad carcelaria para notificarle que las ordenes venían de “arriba”.

1