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Desguace del Estado: ATE registró 2.305 despidos este fin de semana y realizarán protestas en todo el país

Desguace del Estado: ATE registró 2.305 despidos este fin de semana y realizarán protestas en todo el país

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

La reciente ola de despidos en el sector público, ejecutada a mansalva por el gobierno de Javier Milei, ha puesto en jaque la estabilidad laboral de miles de trabajadores. Además, según los datos de la Asociación de Trabajadores del Estado la cifra podría superar las 10 mil cesantías. Hoy hubo manifestaciones en todos los organismos públicos afectados.

En el marco de una segunda ola de despidos en el Estado, a manos del Gobierno Nacional liderado por Javier Milei, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) registró 2.305 cesantías en el sector público, lo cual ha desatado una crisis sin precedentes en la administración estatal. En este sentido, el gremio llevó a cabo una serie de protestas en todos los organismos públicos y ministerios afectados.

Con respecto a los despidos previstos para esta ocasión, de acuerdo con fuentes del gobierno ultraderechista de Javier Milei, superarían los 10 mil cesantes. Desde ATE confirmaron que “se dieron de a cientos y van en la lógica de vaciar el Estado”. Además de afectar a los ministerios con sede en la Ciudad de Buenos Aires, también hubo despidos en las delegaciones que el Estado nacional tiene en las provincias.

En este sentido, este 1 de julio “todos los cuerpos de delegados y delegadas garantizarán las condiciones para el ingreso de los trabajadores despedidos, porque para el funcionamiento del Estado la única salida es la reincorporación y la renovación masiva de todos los contratos”, señalaron desde la entidad gremial. 

En este contexto, desde ATE Capital le confirmaron a Trinchera que “este lunes hubo asambleas y protestas desde las 10 hs. en el INTI, Desarrollo Social, la Ex Esma, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en la Secretaría de DD.HH., Parques Nacionales y otros organismos que atraviesan la desarticulación de sus sectores de trabajo”.

Frente al accionar del gobierno nacional, el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano sostuvo: “Cada despido del Estado debilita las herramientas que tiene la ciudadanía para tener una vida digna. Se siente en cada derecho que debe garantizar el Gobierno. No despiden casta ni ñoquis, te quitan tus derechos. Nosotros vamos a seguir peleando”.

“Miles de estatales han perdido su trabajo y se suman a los de estos últimos 6 meses en el sector público y privado. A gran parte de nuestro pueblo se le está hundiendo en la pobreza y hasta se le quitan las prestaciones básicas que daba el Estado. Además, el sector privado no está dinamizado y absorbiendo empleos como dice el gobierno. La etapa que nos toca es de lucha y resistencia, para alumbrar un lugar mejor en nuestro futuro”, prosiguió Catalano.

A su vez, en diálogo con Radio Trinchera, el delegado de ATE de la Secretaría de DDHH de la Nación, Octavio Rampoldi, declaró: “Detrás de cada despido hay una familia, y es una tarea específica que se deja de hacer. Están dejando afuera a personas que tienen más de 20 años de trabajo y en caso de la no renovación esa gente no va a cobrar ni siquiera indemnización”.

En tanto, la secretaría de Comunicación de ATE Capital, Romina Piccirillo, informó que los despidos “dejan descubiertas muchas políticas públicas. No sabemos, por ejemplo, cómo van a seguir dando sus servicios los programas de atención a las mujeres víctimas de violencia, ni cómo van a funcionar los sitios de la memoria”.

Con respecto a la manera en que se dieron los despidos, Piccirillo declaró: “Hay una reducción y vaciamiento que se está haciendo de manera masiva y arbitraria, porque no hubo una lógica de evaluación de desempeño, de control de presentismo o de antigüedad. Fueron despedidos compañeros y compañeras con muchísima trayectoria, formación y capacidades. Son despidos que responden sólo a reducir el gasto y hacer que áreas enteras del Estado dejen de funcionar”.

El viernes pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni había calificado a estos nuevos despidos como un operativo de “barrido y limpieza”, abonando al discurso sobre que los despedidos son ñoquis, que coexiste con el gran argumento libertario sobre las “ventajas” de hacer desaparecer al Estado. Incluso fuentes del gobierno dijeron que “cada ministerio se encargó de revelar quiénes son los que trabajan y quiénes no”.

También mencionaron que la sanción de la Ley Bases, que delegó facultades legislativas en el presidente, será una herramienta más para avanzar en la reducción, ya que permitirá hacer cambios en las dotaciones de los organismos y empresas estatales que quedaron exceptuadas de ser privatizadas.

“Cuando ahora se cumplan 3 meses (por el 1ro de julio) se va a ir una cantidad de gente, el próximo trimestre otra cantidad de gente y así hasta que lleguemos a la meta. Con la ley tenemos herramientas para que el proceso de despido no sea tan engorroso” detallaron las fuentes gubernamentales.

En tanto, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se regodeó con la noticia y confirmó: “Hemos despedido al 85% de los empleados del ex Ministerio de la Mujer. Los restantes pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”. El “TODOS” alude a las políticas que buscaban reducir la violencia contra las mujeres y diversidades, que ahora quedaron totalmente desmanteladas.

Incluso, Milei se regocijó con tal liviandad al repostear a uno de los voceros de La Derecha Diario, que comentó sobre los despidos: “Javier Milei mantiene altos niveles de aprobación porque todo lo que prometió lo está cumpliendo”.

Relevamiento de despidos y políticas más afectadas

Tras las políticas de cesantías que el Gobierno impulsó desde el inicio de su gestión, ATE creó un Monitor de Despidos para contabilizar el impacto de estas medidas en todos los organismos estatales. El relevamiento se conformó mediante las comunicaciones fehacientes a través de telegramas de despidos, comunicaciones vía mail o whatsapp, e incluso comunicaciones verbales de instancias jerárquicas superiores.

El vaciamiento de distintas áreas de la Secretaría de Derechos Humanos afecta, por ejemplo, a los espacios y sitios de Memoria, donde no se renovaron 27 de las 42 contrataciones que vencían el 1 de julio. Además, hubo 700 despedidos en la Secretaría de Derechos Humanos.

El ex Ministerio de Desarrollo Social tuvo 370 despidos (tanto en sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en los Centros de Referencia en todas las provincias del país). En paralelo, el área de Parques Nacionales contabilizó 79 despidos y el INCAA sumó 20 despidos. En el INTI, la no renovación de 285 contratados mediante el monotributo fue acompañada del cierre de varias sedes del organismo en el interior del país.

En este sentido, una de las trabajadoras, señaló la gravedad de la quita de recursos y sostuvo: “En los centros de la Memoria somos alrededor de 65 trabajadores entre los ex centros de detención Olimpo, Orletti, Virrey Ceballos, Atlético, El Faro, la Escuelita de Famaillá y el Regimiento de Corrientes”.

El Ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo 450 despidos (se trata del 85% del personal). De esta manera, la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género, quedó desmantelada y otras áreas fueron muy afectadas, por ejemplo, la Línea 144 de asistencia a las mujeres víctimas de violencia, así como los hogares y programas que protegen a las diversidades, mujeres y niños que huyen de entornos violentos, y el equipo que debía aplicar la Ley Micaela destinada a formaciones contra la violencia de género.

Por el momento ya se registraron 2.305 despidos en todo el país desde el viernes 28 de junio. Aún falta reunir información de algunas provincias y organismos, además de las notificaciones que podrían llegar durante este lunes, por lo que el número podría aumentar en las próximas horas.

La agenda de protestas continuará el martes, a las 11 hs, con una asamblea frente al Ministerio de Justicia Sarmiento 329, mientras que el miércoles los delegados generales de ATE realizarán un plenario.

Sin dudas, esta nueva tanda se asienta sobre las históricas condiciones de precariedad de los trabajadores del Estado. Los cesanteados son parte de los 50 mil trabajadores con contratos a los que el gobierno de Milei prorrogó su duración por tres meses en marzo, cuando tuvo lugar la ola de despidos más grande de la gestión libertaria (unos 15 mil). En aquel momento el gobierno anunció que habría una “auditoría permanente”, un eufemismo para hacer saber que cada trimestre realizará estas olas de despidos.

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Fuerte operativo de seguridad en dependencias del Estado tras la ola de despidos

Fuerte operativo de seguridad en dependencias del Estado tras la ola de despidos

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

La semana pasada el Gobierno nacional realizó, al azar, miles de despidos en todos los organismos, secretarías y ministerios. Al respecto, ATE advirtió que realizarán ingresos masivos y pacíficos a los puestos de trabajo. La respuesta del Gobierno fue militarizar los edificios.

Luego de que el Gobierno de Javier Milei despidiera a más de una decena de miles de trabajadores en todas las áreas del Estado, la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE) publicó la semana pasada diferentes comunicados en los que detalló que iban a ingresar de forma masiva y pacífica a los puestos laborales. La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional (SNM), Ana Saralegui, denunció la intromisión de efectivos de la Policía, Prefectura y Gendarmería en distintos ministerios y organismos del Estado.

La semana pasada, por decisión del Gobierno nacional, el SNM tuvo 48 despidos. Al respecto, Saralegui planteó: “A lo mejor ahora no se nota, pero sacaron 15 observadores. Para preparar a un observador primero lo preparas en el Servicio un año o dos, depende la carga que haya hecho y después, mínimo está seis meses entrenando con otro observador para poder trabajar solo. A este personal lo han sacado con la excusa de que hay mucha gente pero no prevén que las estaciones se estaban preparando porque hay gente que se jubila y no es que sacas a uno y ponés a otro instantáneamente, así que cuando esa gente se jubile no sabemos qué va a pasar”.

Pese a las advertencias y las diferentes voces, la respuesta del Gobierno nacional volvió a ser la misma: intentar instalar el temor mediante la presencia de fuerzas de seguridad y, en el peor de los casos, reprimir toda protesta laboral y social como ya lo ha hecho desde que asumió. Saralegui ironizó: “El director (del SNM) se había comprometido a que no vendría nadie de seguridad y sin embargo, acá estamos. Se ve que somos todos muy peligrosos”. “Los despedidos podrían ingresar a retirar sus cosas y que no iban a militarizar el Servicio. El director no cumplió con su palabra”, enfatizó la trabajadora del SNM.

Además, la delegada relató que al llegar se encontraron “con gendarmes que entraron al SNM, les dieron un aula para que estén cómodos, que no se mojen y bueno, estaban esperando a que hagamos la asamblea, la verdad que no entendemos, no creemos que seamos tan peligrosos como para merecer que diez gendarmes estén cuidándonos a nosotros y no que estén en otro lugar”.

El secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, en comunicación con Radio Trinchera, declaró: “Estamos en un escenario complicado porque se nos está imposibilitando el derecho a hacer una asamblea pacífica, a un laburante que está acá hace 15 años se le complica que recursos humanos lo notifique, que pueda entrar a buscar sus cosas. Que impida el acceso a la Secretaría de la Niñez y la Familia es una salvajada y demuestra una irresponsabilidad. En términos jurídicos veremos más adelante como estamos, ahora hay que ver de llevar adelante las asambleas”.

En dialogo con Revista Trinchera la secretaria general de ATE CONICET-CABA, Nuria Giniger, sostuvo: “Hoy amanecimos con el CONICET militarizado, el hall de entrada del CONICET con la Policía Federal, con la Infantería, amedrentando a los trabajadores y trabajadoras que como todos los días vienen a cumplir sus labores acá a los edificios del Polo Científico”.

“Es un acto de disciplinamiento y de una voluntad de aterrorizar porque los despidos ya fueron notificados, estamos haciendo desde ATE CONICET y desde ATE en general, acciones de protesta, lógicamente tenemos casi 15 mil trabajadores sin empleo con un gobierno decidido a destruir el Estado Nacional y también a destruir la soberanía científico-tecnológica, despedir a los trabajadores que cumplen las funciones de sostener el CONICET en su cotidianeidad todos los días haciendo tareas administrativas científico-técnicas, implica la parálisis del CONICET y evidentemente el Gobierno no tiene ningún pudor en destruir líneas de trabajo tanto en ciencia y tecnología como en el resto de las áreas del Estado que impactan directamente sobre el bienestar de nuestra sociedad”, alegó Giniger.

Con respecto a la protesta, Saralegui concluyó: “Estamos sin palabras, esperamos poder hacer la asamblea planificada y que no haya ningún lastimado. La verdad es esa porque si hay alguien lastimado acá va a ser culpa de (Luis) Petri, que es nuestro ministro”, indicó. “Trabajamos con los aviones, todo va a empezar a decaer. El servicio estaba bajo el plano mínimo de personal. En los aeropuertos la gente trabaja por turnos. Si se empiezan a enfermar, por ejemplo, no tenés con qué reemplazarlos y tenés que tener gente con todas las luces prendidas, hacen turnos de doce horas y no podés tenerlos todos los días trabajando en esos turnos. Realmente no se dan cuenta de lo que están haciendo. No se dan cuenta o les importa un pito”, concluyó Saralegui.

En consonancia, Nuria Giniger concluyó: “El viernes iremos a una gran movilización de estatales donde esperamos que todos y todas nos acompañen, el momento de defender el CONICET llegó. Así que les esperamos a todos el viernes acompañándonos en la movilización por la reincorporación de los casi 15 mil compañeros y compañeras despedidas”.

Ola de despidos en ANSES

Ola de despidos en ANSES

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Desde la SECASFPI manifestaron que hubo más de 300 “despidos arbitrarios” y que “se echó gente más allá del último año anunciado” en el ente estatal. Además, ATE denunció que desde la asunción del actual presidente Javier Milei ya se produjeron más de 7.500 despidos en la administración pública al no renovarse contratos.

El Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI) denunció el martes que el Ministerio de Capital Humano envió telegramas de despido a 320 trabajadores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de planta permanente que ingresaron al organismo entre 2020 y 2023.

Mediante un comunicado el titular del SECASFPI, Carlos Ortega, denunció que hubo más de 300 “despidos arbitrarios” y sostuvo que “se echó gente más allá del último año anunciado” en la Anses y notificó que se enteraron al asistir “a cumplir sus tareas y fueron impedidos de ingresar al organismo”.

El sindicalista y ex diputado nacional peronista afirmó que los trabajadores ingresaron entre 2020 y 2023, que en su mayoría eran jefes de oficina en el organismo y que la decisión fue adoptada por el Ministerio de Capital Humano.

La decisión de los despidos estaría respaldada en una resolución del ente estatal que aún no fue publicada en el Boletín Oficial y que instruye a la Subdirección Ejecutiva de ANSES “a determinar el universo del personal de conducción superior, transitorio y sin estabilidad, cuya desvinculación, en función de los análisis respectivos que produzca dicha instancia, corresponde que opere en el marco de las Resoluciones D.E.-A. N° 002/2016, N° 56/2016, N° 76/2016, y N° RS-2019-110807285-ANSES-DGAYT#ANSES”. Además, en el artículo N°2 solicita “cursar las notificaciones correspondientes”, esto coincide textualmente con los telegramas de despido que recibieron los afectados.

Según el gremio, el Gobierno justificó en los telegramas de despido el hecho de que ese personal fue designado “sin previo proceso de selección” y se amparó en las Resoluciones 2/16, 56/16 y 76/16 de la gestión de Emilio Basavilbaso. Al respecto, Ortega declaró: “Los trabajadores no ingresaron a la planta permanente sin previo concurso. La resolución del ex funcionario macrista en la Anses no puede ser la variable para echar”. “Por ahora solo tenemos los telegramas de despido que están llegando, pero no tenemos ningún tipo de diálogo con Capital Humano”, agregó.

De esta manera, el sindicato del organismo previsional decidió estar en estado de alerta y movilización y reafirmó su “inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos laborales y la estabilidad del empleo”. En este sentido, le exigió a la Anses que “deje sin efecto de manera inmediata la decisión de producir esas cesantías, porque en el organismo no sobra nadie”. Hasta el momento, Ortega lleva adelante conversaciones con las nuevas autoridades del organismo y con el Ministerio de Capital Humano.

Tras la ola de despidos, el gremio adherido a la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a sus afiliados y a todos los trabajadores de la Anses a movilizarse en el marco del paro general y nacional convocado para el 24 de enero.

Por otra parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, confirmó, en diálogo con el diario Ámbito, que los más de 300 trabajadores recibieron el mismo telegrama y remarcó: “Desde ATE rechazamos los despidos. Se está violentando la estabilidad de los convenios colectivos de trabajo que tiene Anses”. También denunció que desde la asunción del Gobierno de Javier Milei ya se produjeron más de 7.500 despidos en la administración pública, al no renovarse tales contratos.

Además, el sindicato sostuvo que luego se sumaron 500 despidos en la Secretaría de Trabajo, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y los Ministerio de Justicia y Economía y el área de Cultura, por lo que el Frente Gremial que integran la ATE y ambas CTA se movilizaron “en rechazo del feroz ajuste en el Estado”.

En paralelo, los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) agrupados en la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), que lidera Andrés Rodríguez, repudiaron mediante una asamblea, “la decisión de las autoridades del organismo de eliminar las horas extras a los empleados de ingresos más bajos”.

Despidos en Clarín: Otra arremetida que apunta contra la organización

Despidos en Clarín: Otra arremetida que apunta contra la organización

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

A un día de cumplirse cuatro años de las 65 cesantías de 2019, integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires denunciaron los “despidos injustificados” de al menos 48 trabajadores de la empresa de Héctor Magneto.

A un día de cumplirse cuatro años de las 65 cesantías de 2019, Clarín avanzó nuevamente contra sus trabajadores. Así lo denunciaron integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) y notificaron los “despidos injustificados” de “al menos 48 trabajadores” del Grupo Clarín, que dejó sin mujeres al área de fotografía y achicó la redacción de las revistas.

A raíz de las cesantías, una asamblea de dirigentes y delegados sindicales de prensa, que se realizó en las puertas de Clarín, dispuso un paro general de actividades en reclamo de la reincorporación de esos trabajadores, pero la huelga quedó supeditada al cumplimiento de la conciliación por parte de la empresa. En este sentido, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, lo que implicó que la situación debe retrotraerse al momento previo a los despidos.

Al respecto, el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales de SiPreBa, Matías Cervilla, en declaraciones a Télam, aclaró: “Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no hayan más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado porque no los toma como trabajadores”.

Los trabajadores que fueron despedidos, que pertenecen en su mayoría a la redacción que funciona en Tacuarí al 1800 del barrio porteño de Constitución, recibieron el domingo por la mañana un correo en sus casillas institucionales que los notificó sobre su desvinculación de la empresa. Pero inmediatamente después de ser leídos, les bloquearon el acceso sin que tuvieran tiempo para resguardar datos personales, contactos o la información propia del correo electrónico.

Tras conocer el recorte quirúrgico de Héctor Magnetto y compañía en nombre de la “reconversión digital”, la comisión interna pidió una reunión con las autoridades de la empresa, que se llevó a cabo a las nueve, para que el personal jerárquico “explique los motivos de los despidos”, y decidió posteriormente convocar a una asamblea en la que se decidió la huelga.

Por su parte, AGEA (parte de Clarín) envió también un correo electrónico con la firma del CEO de la empresa, Héctor Aranda, para comunicar al resto de los trabajadores sobre los “cambios” implementados para “crecer aún en medio de la crítica situación económica del país” y para “adaptar la organización interna a una nueva realidad de la industria, así como el perfil de su personal”. Asimismo, Aranda expuso en esa comunicación que “la transformación implica necesariamente una obligada renovación”.

Para Cervilla, sin embargo, se trata de una medida “cíclica”, ya que cada cierto tiempo el Grupo Clarín “intenta achicarse”, al exponer que al ser una “empresa superavitaria” no está en condiciones de “aducir pérdidas” pero sí de “maximizar la ganancia reduciendo el personal”.

El abogado y delegado despedido por la corporación mediática más grande del país hace más de 20 años, Pablo Llonto, fue uno de los tantos manifestantes. Al respecto, durante la asamblea recalcó: “Estos dueños odian las palabras sindicato y organización. Pero nosotros tenemos algo que ellos nunca van a tener: dignidad para defender nuestros derechos”.

En diálogo con Radio Trinchera, la secretaria de prensa de SiPreBa y ex trabajadora de Clarín, Clara Uranga, detalló: “La coincidencia es muy peculiar porque hoy lunes 17 de abril se cumplieron cuatro años que Clarín tuvo el mismo accionar violento y perverso para deshacerse de sus trabajadores, y hace cuatros años el SiPreBa estuvo acá en la puerta, luchamos y logramos reincorporaciones sin un Ministerio de Trabajo, y había una Secretaria de Trabajo en el Gobierno de Macri, que no intervino y tampoco llamo a la conciliación obligatoria después de 90 horas de paro. Ahora se da todo lo contrario, con un sindicato de posicionamiento político y público consolidado después de ocho años”.

“Es una respuesta de Clarín hacia el posicionamiento y crecimiento del SiPreBa, y la organización sindical en prensa, quiere cambiarnos la agenda y que dejemos de hablar de personería y de pensar en cómo mejorar los salarios o defender los puestos de trabajos”, contó la ex trabajadora de Clarín y agregó: “Esas discusiones las queremos dar con los compañeros y compañeras dentro de Clarín, y de todas las redacciones, sin ningún prurito de discutir los cambios tecnológicos, los impuestos a Facebook digamos, estamos hablando todo el tiempo sobre estos temas y lo queremos hablar con los patrones y las empresas”.

“Si miras los perfiles de los compañeros que fueron despedidos, no hay argumento que sea válido y lo mismo pasó hace cuatro años y por conclusión no es un detalle lo de la digitalización. En este caso están atacando la revista y desde la comisión interna de Clarín desde hace siete años que se plantea lo de reconvertir las revistas a formatos digitales, incluso nosotros como trabajadores de la empresa le hemos planteado diferentes formatos”, concluyó Uranga .

También se planteó que la empresa, el medio de comunicación más grande del país, intenta desconocer al gremio Sipreba en la negociación paritaria a pesar de que el Ministerio de Trabajo le otorgó a ese sindicato la personería jurídica por ser el más representativo en materia de afiliados cotizantes.

De la asamblea participaron trabajadores de Clarín, delegados sindicales y afiliados del gremio de prensa de diversos medios. Además, asistieron el abogado Pablo Llonto, el titular de ATE Capital Daniel Catalano, el diputado nacional del FDT Juan Marino, el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Economía Social (FeTraEs) y de la agrupación kirchnerista La Patria es el Otro, Eduardo “Negro” Montes; la exministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, y el dirigente del gremio docente UTE Eduardo López, que se pusieron a disposición de los trabajadores.

Asimismo hubo adhesiones y fuertes muestras de solidaridad: metro delegados, sindicato de trabajadores de reparto por aplicación, UTEP, Frente Patria Grande, Partido Obrero, AGD UBA y la Defensoría del Público, entre otras. Les oradores también se pusieron a disposición de lo que definieron desde la asamblea de Clarín. 

En este sentido, la secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Carla Gaudensi, alentó a que “nadie se desmoralice, esto lo vamos a revertir con apoyo nacional y vamos a luchar hasta que cada persona vuelva a su puesto de trabajo”. Además confirmó que el martes llevará adelante un paro nacional por la recomposición urgente de los ingresos.

Justicia falla en contra de Lácteos Vidal

Justicia falla en contra de Lácteos Vidal

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Desde 2014, trabajadores de la empresa ubicada en el pueblo de Moctezuma, advierten que no se cumple con las leyes laborales en términos de higiene, salud y contrataciones. Por lo mismo, en conjunto con el gremio ATILRA, decidieron comenzar una huelga que abrió varios episodios judiciales.

La Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo aprobó la medida cautelar ordenada por el Juzgado de Primera Instancia N°69, la cual prohíbe a la empresa Lácteos Vidal despedir trabajadores durante el desarrollo del conflicto sindical que actualmente está activo, en el pueblo de Moctezuma, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires.

Encolumnades a través de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), les trabajadores realizaron una huelga que constó de una ocupación temporaria de un terreno baldío. La empresa de la familia Bada Vazquez lo denunció como “usurpación del espacio de la fábrica” y agregaron que sufrieron supuestas amenazas por parte de les huelguistas. No obstante, el trabajo de la Fiscalía a cargo determinó que las denuncias eran incongruentes, luego de constatar en el lugar del hecho que no existía tal bloqueo del espacio de trabajo, además de asegurar que no existió ningún tipo de apriete por parte del gremio para que les trabajadores realizen la huelga, ni ningún tipo de amenaza hacia la familia de la empresa.

El conflicto de fondo data del año 2014, a raíz del incumplimiento de la legislación laboral por parte de la empresa en varios aspectos: tanto en el área de seguridad e higiene, como en los contratos de les trabajadores (mal encuadrados, fuera de convenio, informales, etc.) Desde aquel momento, empleades comenzaron huelgas junto con ATILRA y que luego, tuvo el saldo de despidos por lo que se elevó la medida cautelar. Al haber sido aprobada la misma el lunes 27 de febrero por un fallo de los jueces Roberto Pompa y Álvaro Balestrini, la empresa tiene la obligación de reincorporar a les damnificades, al mismo tiempo que prohíbe otros despidos mientras la huelga se mantenga.

“Un ejemplo de las condiciones por las cuales protestan les trabajadores es la caldera, que no cuenta con la prueba hidráulica, lo cual pone en riesgo la vida del conjunto de las personas que trabajan en la planta, pero también de la comunidad de Moctezuma”, relató en diálogo con Revista Trinchera, Lorena Staffieri, prensa del Secretario Gremial de ATILRA, Heber Ríos. En el mismo sentido, enfatizó: “Lo que nosotros planteamos es que con este caso se está poniendo en riesgo el derecho constitucional a huelga, y con él, todos los demás derechos, y si gana la patronal de ahora, el mensaje va a ser que hay que trabajar sin reclamar absolutamente nada o te echan”.

En esa línea, el Secretario Gremial, aseguró que el fallo no resuelve el conflicto de fondo, pero de igual manera lo ocurrido es “un paso importantísimo, que, sumado al archivo de las causas penales que la patronal había hecho por amenazas y bloqueo, sirven para exigirle a la familia Bada Vázquez que ajuste su comportamiento a derecho”.

La medida lleva actualmente 7 meses, donde fueron despedidos 29 trabajadores que deberían ser reincorporades en los próximos días.

Denuncian despidos masivos en salud en CABA

Denuncian despidos masivos en salud en CABA

Redaccion Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

Les despides conforman que son 35 profesionales les que perdieron su fuente laboral. Sumades a les  anteriores la cifra se acerca a 100.

La conducción de la Agrupación de Trabajadores de los Hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, reclamó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, una “mesa de diálogo urgente” para solucionar el despido masivo de trabajadores de la salud.

La organización sindical explicó que son 35 los nuevos despidos de profesionales de la salud y que sumado a los anteriores con alrededor de 100 trabajadores, entre les cuales “muchas son mujeres, que son el único sostén de familia“.

“Las y los trabajadores del Hospital Ramos Mejía denunciamos los nuevos despidos y la falta de personal de enfermería para la atención de pacientes en los servicios del nosocomio“, declaró Luis Ledesma, miembro de la organización.

“Fueron todos compañeros y compañeras imprescindibles frente a la pandemia y hoy el gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta les paga con esta moneda y los deja en la calle, sin trabajo,  con decisiones políticas que forman parte de sus caprichos“, agregó Ledesma, a lo cual sentenció qué “no le interesa tener un mejor sistema de salud“.

Además, el también delegado del hospital Ramos Mejía, detalló que los despidos fueron 65 en el (Hospital) Durand, 35 en el Ramos Mejía, 8 en el Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze, 11 en el IREP (Instituto Rehabilitación Psicofisíca), y 4 en el Rivadavia.

“Lamentablemente esos compañeros están quedando fuera del sistema laboral, más trabajadores que pasan a integrar la franja de la pobreza, gente que se quedará sin una obra social y una cobertura. El jefe de gobierno (Horacio) Rodríguez Larreta solo le interesan los negocios inmobiliarios y postularse a presidente, pero los dramas de la Caba no los soluciona“, enfatizó.

Por otro lado, el enfermero y delegado de ATE en el Hospital Durand/Elizalde, Hector Ortiz, había denunciado que la semana pasada se despidieron masivamente a 65 trabajadores del sector y aseguró que la indignación crece de manera acelerada.

“Vivimos una pesadilla. Al jefe de gobierno porteño (Horacio Rodríguez Larreta) nada le duele ni lo conmueve. Ahora fueron por más de 65 trabajadores y trabajadoras de la salud y los han despedidos como lo peor. Fueron estos trabajadores y trabajadoras los que dejaron sus vidas en la pelea frente a la pandemia de coronavirus“, destacó Ortiz.

Luego de la escandalosa censura del lenguaje inclusivo, que recordó los recortes en educación, el jefe de Gobierno porteño continúa avasallando derechos en les trabajadores de los sectores más sensibles de la sociedad: salud y educación. La poca importancia que demuestra Rodríguez Larreta a la hora de mejorar y ampliar la cobertura de estas áreas tan importantes para el pueblo de la ciudad, sigue en la línea habitual de Cambiemos, que ya no se esfuerza demasiado por ocultar su manera de gobernar de cara a las elecciones 2023.

La marcha por los 500 desocupados

La marcha por los 500 desocupados

Juan Simón
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

POR JUAN SIMÓN*

Para un liberal los pobres son una variable de ajuste, para un clasista (reaccionario) son es eslabón más débil de la cadena y un grupo a castigar si no es sumiso. Para infortunio de los habitantes de La Plata, el intendente Julio Garro es la amalgama perfecta del liberal-clasista.

En el Gran La Plata el desempleo es del 10.5% y el intendente acaba de dejar a más de 500 cooperativistas sin trabajo. Dejaron en la calle a los hombres y mujeres que hacen el trabajo que nadie quiere hacer por 6300 pesos: limpiar las calles y mantener la estética de una ciudad mesocrática con pretensiones aristocráticas.

Para el funcionario liberal-clasista es un asunto estadístico, por eso los despidos. Para los cooperativistas se trata de tener la posibilidad de llevar un poco de comida a una casa, es un poco de dignidad, por eso la movilización por el centro de La Plata hasta la municipalidad. 

* Comunicador social, fotoperiodista y responsable del área fotográfica de Revista Trinchera. Especialista en el conflicto colombiano.
Javier Álvarez: “La empresa tiene que funcionar con todos los compañeros adentro para que esto se solucione”

Javier Álvarez: “La empresa tiene que funcionar con todos los compañeros adentro para que esto se solucione”

Revista Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.
Javier Álvarez, Secretario General de Químicos y Petroquímicos de Tierra del Fuego

Dialogamos con el Secretario General de Químicos y Petroquímicos de Tierra del Fuego, Javier Álvarez, con quien analizamos el conflicto que tienen abierto con la empresa Tecnomyl S.A. y el paro de actividades que ya lleva más de un mes.

¿Cómo vienen llevando la situación del conflicto abierto con Tecnomyl S.A.?

En el rubro en que hoy tenemos un conflicto es el Químico. Nosotros en esta planta trabajamos haciendo herbicidas, insecticidas y todo lo que sea para el campo del mercado local. Están ligados a los alimentos y es la última industria que cae cuando hay este tipo de crisis. En todo el ámbito de Tierra del Fuego que se sostiene por la industria electrónica.

Entendemos que hay una realidad causada por estas políticas, de dejar de ser competitivos ante los productos que entran desde otros países. Es así como se van perdiendo muchos puestos de trabajo.

En el caso nuestro, que es una empresa que está en pleno crecimiento, que tiene nuevos proyectos para ingresar de a 50 personas cada seis meses para ir agrandando, evidentemente estamos hablando de una flexibilización; estamos hablando de empresarios que tienen la derecha de este gobierno para realizar cualquier tipo de medidas sobre los recibos de sueldo de los compañeros y es donde nosotros hoy nos plantamos y por ese tipo de reclamos es que estamos ante despidos extorsivos porque son compañeros que tienen un legajo intachable y la empresa los ha despedido en plena conciliación obligatoria y ni desde el Ministerio de Trabajo ni desde la justicia se han hecho responsables de este tipo de cuestiones.

Ustedes hacen productos para la producción agrícola que es uno de los sectores beneficiados por las políticas del gobierno nacional ¿Por qué creen que la empresa está entrando en estas situaciones?

La empresa en ninguna de las instancias donde fue creciendo este conflicto pudo justificar un problema económico. Para cualquier sindicato donde las empresas presentan balances negativos o algún preventivo de crisis, entre las dos partes se busca la situación para poder mantener los puestos de trabajo y ver cuáles son las alternativas en ese proceso de crisis económica, para poder salir adelante. En este caso la empresa no tiene ningún justificativo económico porque está creciendo.

En Tierra del Fuego, somos la única empresa que trabaja con productos cancerígenos como es el glifosato, hidróxidos, ácidos. Desde hace 8 años, cuando se empezó la producción, hemos mejorado los básicos (salarial) justamente por la complejidad que tenemos en la industria. Esas mejoras firmadas entre la empresa y el sindicato es lo que quieren sacarnos. Ese básico de convenio a nivel país, nosotros lo hemos mejorado y esa mejora sin ningún tipo de arbitraje o reunión, la empresa decidió pasarlo a una suma no remunerativa, dejando de ser base de cálculo para todos los ítems en el recibo y obviamente no pagando los aportes previsionales ni de obra social como corresponde.

Con eso nos bajaron a la mitad el poder adquisitivo, impactando también en las paritarias, con lo cual vemos como las empresas, simplemente, cuando no ganan lo que quisieran ganar, el hilo más fino son los trabajadores.

¿De cuántos trabajadores estamos hablando?

En Tecnomyl estamos hablando de aproximadamente 200 trabajadores, de los cuales 140 estamos en Río Grande. La parte administrativa y de laboratorio están en Córdoba.

Hoy por hoy nosotros hemos liberado el paso para hacer el trabajo porque no coartamos la libertad de nadie a trabajar como dice la Constitución Nacional, pero sí entendemos que al liberar el paso, la empresa comenzó a contratar personal para reemplazar a los que estamos haciendo uso de nuestro derecho a huelga, que también es constitucional.

También entendemos que la justicia nos pida que liberemos el espacio, también esperamos que la justicia ponga en vereda a la empresa por hacer este tipo de maniobras que entendemos que son cien por ciento desleales.

Podemos estar 5 años parados debajo de la planta. Si estamos 100 personas afuera de la planta y contratan 100 esto no va a tener ningún efecto. Entonces estamos pidiendo al ministerio de trabajo que actúe en consecuencia.

¿Cómo está la situación laboral en la provincia en general?

Dificilísima. La verdad es que ha sido una provincia próspera en términos de industria. Acá se sostiene sobre todo por la industria electrónica y desde allí se produjo el crecimiento de la isla. Nosotros estamos adheridos al sub régimen que hace que las empresas vengan a instalarse acá y también entendemos que es así como mucha gente a emigrado a la isla y ha sido muy próspero.

En este tiempo, con los lineamientos políticos desde más arriba la isla ha decaídos y realmente para poner un ejemplo, una de las fábricas de electrónica más grandes que estaba trabajando con 4 mil personas, hoy está trabajando con 800. Es decir que reinsertarse en el mercado laboral, con las condiciones climáticas que tenemos, con los precios de la canasta familiar, se hace muy difícil. Por eso siempre velamos para no perder los puestos de trabajo, pero tampoco vamos a dejar que las empresas impongan cualquier tipo de medidas para que la gente siga trabajando con la mitad del sueldo.

¿Cuáles son las medidas a seguir? ¿Qué están planteando desde el gremio?

Lo que le planteamos a la empresa en todo momento es que esto se soluciona (como en cualquier conflicto) sentados en una mesa de negociación. Alternativas de cómo volver a incorporar a quienes se sacó en su momento de manera arbitraria, hay muchísimas: hay que ver si se puede hacer en porcentajes, si puede ser progresivo, si más adelante se puede llegar a reevaluar (dentro de un año) la situación en la que esté la empresa.

Siempre hay alternativas porque nosotros no somos un gremio terco. Lo que sí notamos por parte de la empresa es que se ha plantado en un lugar donde no quiere negociar, fundamentalmente por los despidos. Los despidos son parte fundamental de esta negociación, donde queremos los compañeros adentro. La empresa tiene que funcionar con todos los compañeros adentro para que esto se solucione. Ese es el objetivo y por eso es que hoy estamos tomando este tipo de medidas.

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