Comenzó el juicio “Acindar”: la complicidad civil y responsabilidad empresarial en la dictadura

Comenzó el juicio “Acindar”: la complicidad civil y responsabilidad empresarial en la dictadura

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Este lunes el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario comenzó a juzgar a 22 acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad santafesina de Villa Constitución en 1975. Se trata de uno de los múltiples casos de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos.

Luego de una larga espera y a casi 50 años de los hechos, este lunes comenzó el juicio “Acindar” en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario en el que se juzgará a 22 acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad santafesina de Villa Constitución en 1975. La causa cuenta con la participación de más de 400 testigos. Se trata de uno de los tantos casos de complicidad civil y responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos.

El inicio de este juicio histórico, que se demoró más de 10 años, juzgará la responsabilidad civil de estos crímenes. Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de la empresa siderúrgica Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por su responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios que tuvieron como víctimas a 67 personas a partir de 1975.

La causa abarca la represión ilegal desatada sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas de la localidad santafesina como respuesta a un creciente activismo político y sindical que vivía la zona. Todo ello desembocó en las protestas y los paros conocidos como el “Villazo” de 1974 y en la llegada de activistas sindicales combativos a la conducción de la UOM local.

Ante tales sucesos el gobierno nacional de facto denunció la supuesta existencia de un “complot subversivo” y desde el 20 de marzo de 1975 llevó adelante una ocupación por fuerzas represivas de la ciudad que apuntó sobre todo a los trabajadores metalúrgicos de Acindar y de las otras fábricas de Villa Constitución.

Según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas.

Además, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes, durante la investigación se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes. En este sentido, el ente confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios.

Asimismo, dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos y viviendas para las fuerzas represivas y abonó un sobresueldo a las fuerzas de seguridad.

Cristina Monterrubianesi era maestra y alfabetizadora, militó en la Juventud Peronista desde donde apoyó la lucha de los trabajadores de Acindar y de la UOM local. En diálogo con Tiempo sostuvo: “Fui detenida el mismo 20 de marzo del 75 junto con los compañeros de la UOM y algunos militantes de algunas organizaciones políticas”.

“Nos llevaron a la policía de Villa Constitución, de ahí parte una caravana a la delegación Rosario de la Policía Federal, donde estuve hasta septiembre de 1975. De ahí nos llevaron a la jefatura de la policía provincial, al subsuelo, y a fines de 1975 a la Cárcel de Devoto”, reconstruyó la sobreviviente que recuperó la libertad a fines de 1978.

Por su parte, Jorge Martín que trabajó en la mutual de la Unión Ferroviaria y militó junto a su hermana, un año menor, en la Federación Juvenil Comunista fue secuestrado en su casa el 20 de junio de 1975. “Mi hermana venía de la facultad con otros compañeros, la detiene un piquete en la puerta de Acindar, revisan el auto y encontraron documentación de los fondos y mercancía que juntábamos para los presos. Los detuvieron y luego fueron a allanar mi casa y me detuvieron también. Nos llevaron a los dos a Acindar, nos torturaron y sufrimos simulacros de fusilamiento”, recordó Jorge. Además reconoció entre sus captores a Aníbal Gordon miembro de la SIDE, quien ordenó que los blanquearan.

Luego de unos días en el “Albergue de Solteros”, fue trasladado a la sede de Prefectura de Rosario, donde permaneció en una celda solo durante más de un año y medio. Martin destacó: “Tuvimos la suerte de salir vivos, pero cuántos han muerto o desaparecido”.

Monterrubianesi y Martin son querellantes en el juicio y ambos cuestionan que la causa haya demorado tantos años en llegar a debate, lo que implicó la muerte de víctimas y victimarios. “Tengo muchos sentimientos encontrados porque después de tantos años sufrimos la pérdida de muchos que no van a estar presentes”, destacó Martín, cuya hermana murió en 2013, y agregó: “Sólo nos quedan dos imputados de Acindar y tienen edad muy avanzada. Esperemos que sobrevivan para que puedan recibir la condena que se merecen”.

“No está en nuestro ánimo la venganza sino la memoria que tuvimos durante casi 50 años”, manifestó Cristina, que también lamentó las ausencias “porque no van a poder ver que hemos llegado al lugar por el que siempre luchamos”.

Cabe recordar que hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, que luego fue designado ministro de Economía por la dictadura, y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.

Los dos imputados civiles, Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo, empleado jerárquico, son los únicos responsables empresariales que llegaron a juicio oral. Muchos han sido los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Si bien hubieron otros posibles imputados civiles, estos fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, esto sin dudas demuestra la resistencia que tiene el poder judicial a investigar estos casos.

En tanto el resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas; y ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior.

El avance de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. Principalmente al tratarse de actores civiles y económicos, ya que son los que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y los que más demoras registran. Es por ello que se les dio un fuerte impulso en todo el país para evitar que haya impunidad y para que las víctimas puedan conocer la verdad, puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable.

Finalmente se dio a conocer que la audiencia se realizará de manera presencial en la sala del TOF 1, en el primer piso de Oroño 940, y se podrá seguir en vivo mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JZBvrp1tpNQ. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por su participación en el terrorismo de Estado 1200 genocidas. Para más información, podes ingresar a juiciosdelesahumanidad.ar.

Mosaico de un intelectual estético, de barro y biblioteca

Mosaico de un intelectual estético, de barro y biblioteca

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Gustavo Legardón murió en mayo de 2005 a sus 43 años, producto de un cáncer derivado de su enfermedad de base VIH-Sida. Licenciado en Trabajo Social, intelectual, docente y revolucionario en su concepción del VIH como epidemia de la desigualdad, su vida transcurrió a gran velocidad. Amigos, colegas y compañeros reconstruyen en esta nota, vida y legado de un ícono de lxs trabajadores sociales.

Con los ojos abiertos palpitando su agonía, Gustavo Sergio “Yogui” Legardón murió en el silencio de la habitación hospitalaria del Sudamericano. Sonaba en su mente la frase “Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable… interminable” de la canción “Palabras para Julia”, predilecta en sus clases como docente de la Facultad de Trabajo Social. 

Recordado por su incomodidad y su presencia disruptiva, pensador a la altura de los grandes pero embarrado hasta las rodillas. El concepto de intelectual orgánico hecho carne. Amado y odiado al mismo tiempo. Muy amigo de sus amigos y apegado a su madre hasta el extremo. Ícono de la etapa fundacional de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Luchador por la justicia social y los despojados de la sociedad. Enfermo de sida y entregado a cambiarle la vida a sus hermanos de sangre.

Su vida se apagó en mayo de 2005 a sus 43 años. El legado de Yogui vive en la facultad, en la amplia biblioteca que lo formó, en la remera de la Agrupación Gustavo Legardón, en el recuerdo intacto de todos aquellos que lo cruzaron y no podrían olvidarlo aunque quisieran. No murió solo en el hospital. Lo acompañaban sus amigos que se despertaron a la madrugada en la hora final, los que pelearon con los médicos porque no se permitían acompañantes, los que se enteraron al día siguiente. Abrazado por su familia que nunca lo dejó de llorar. Y vive en el reconocimiento académico, dónde siempre cuesta reconocer en vida a sus hijos pródigos. 

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En una de las inmensas aulas anfiteatradas de la Facultad de Medicina donde cursaban los ingresantes de la Escuela de Trabajo Social en 1984. Una voz ronca le espetó a Claudio Ríos: ¿Qué opinas de la “Comunidad Organizada”?

La pregunta cortó el aire del joven peronista de izquierda que había logrado el ingreso irrestricto de los estudiantes días atrás. 

La curiosidad venía de un jóven que había vivido su primera experiencia militante en el peronismo ortodoxo, en la agrupación Unidad, solidaridad y organización de Tandil. Quizás allí radique la esencia ideológica de lo que sería su trayectoria de vida y el compromiso por la igualdad. 

Ese fue el punto de partida de una larga amistad entre dos militantes entregados a la construcción de su carrera. Ese año, junto a un grupo de compañeros, comenzaron a construir el Centro de Estudiantes de Trabajo Social, armaron el cuerpo de delegados por curso y llamaron a elecciones para octubre. El grupo se dividió por una gran diferencia política: la vinculación de un sector con los nacientes organismos de Derechos Humanos y su intención de participar de las marchas con la bandera “Aparición con vida” de los desaparecidos de la reciente dictadura militar. Esa fragmentación dio origen a la primera agrupación de la Escuela de Trabajo Social. Con la idea de reivindicar el trabajo social latinoamericanista, Yogui, como uno de sus líderes, propuso el nombre “Tupac Amaru” y convenció a todos. Esta agrupación, formada por un componente peronista, trotskista y comunista, se presentó en las elecciones y perdió contra los radicales.

La Escuela de Trabajo Social se convirtió en su lugar en el mundo, en su refugio y su lugar de construcción política. El grupo de compañeros dio pasos fundamentales para que la Escuela Superior de Trabajo Social logre autonomía, reforme su plan de estudios, se normalice y, 10 años después, se convierta en facultad. Yogui no lo llegó a ver pero su participación fue clave para alcanzar ese logro.

“Si había alguien con ideas en esta facultad era él, muchas veces eran ideas muy locas que costaban. Pero fue el primero que trajo en los 90 los movimientos de desocupados, de diversidad, de VIH, siempre fue el que conectó con el afuera de la facultad. Yogui fue fundamental en la construcción de esta facultad”, recuerda Claudio Ríos, docente de la Facultad de Trabajo Social de la UNLP.

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A caballo de los estragos que provocaba el neoliberalismo a principios de siglo, embanderados en el sexo, las drogas y el rock and roll, Gustavo Legardón y Gaston Melio comienzan a pensar una organización que le da voz a los enfermos de VIH-Sida, a los marginales de lo marginal. 

Así nace A.D.D.H.E.S: Autoconvocados en Defensa de los Derechos Humanos de las personas con VIH-Sida. Empezó siendo un grupo reducido con un sistema de organización asambleario que no dependía de ningún partido político, a tono con el descreimiento en la política institucional de la época. Rápidamente se arman grupos en los barrios platenses que se enteran de boca en boca y se suma gente de otras ciudades. La idea: trabajar el VIH donde lastima con más fiereza, en la pobreza.

Yogui se encargaba del trabajo intelectual en articulación con la Facultad de Trabajo Social. Y Melio organizaba el territorio. Hacían una dupla explosiva. Organizaban seminarios, charlas, piquetes; pateaban puertas de oficinas de cualquier funcionario en pos de conseguir el acceso a los derechos; entregaban mercadería y hacían asambleas todas las semanas para ver cuál era la próxima demanda. 

“No puede ser que se estén peleando por las mandarinas, yo quiero que ustedes sean dirigentes”, les decía Yogui a los compañeros que integraban A.D.D.H.E.S. Él quería que abandonaran el lugar de excluidos, que decidieran sobre la realidad social y política que les había tocado.

En la facultad había un espacio abandonado perteneciente al viejo batallón militar. Un día Gastón lo vió y le comentó a Yogui la idea de transformarlo en el cuarto de A.D.D.H.E.S, una especie de unidad básica para evitar los encuentros a bajas temperaturas que hasta entonces eran en la calle o en el patio de la Facultad. Yogui dijo: ¿Por qué no?, y se puso en marcha la construcción de ese espacio. “A mi se me ocurría una idea y él la potenciaba. Eso era él, no arrugaba a los desafíos.”

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Año 1996: Yogui dirige los cursos de ingreso de la Facultad de Trabajo Social. Se para ante un aula llena de ingresantes y saca un ovillo de lana y se lo da a un estudiante.

Tomá, hablá. Después se lo tenés que pasar a tu compañero.

No reparaba en la vergüenza de un estudiante recién llegado a la Universidad. Incomodaba con sus preguntas, quería que sus estudiantes piensen críticamente. “Te sacaba a la cancha como profesional en formación”, recuerda Elina Contreras, alumna de Gustavo Legardón y actual docente de la Facultad.

Su experiencia como profesor comenzó cuando cursaba tercer año de la carrera en la cátedra III de Trabajo Social, a título de “ayudante estudiante”. A principios de los 90 se graduó como Licenciado en Trabajo Social y comenzó a trabajar en residencias en el centro de salud del barrio Hernández. Ahí se destacó por su trabajo interdisciplinario con la gente, generaba organización, se embanderaba de las luchas que tenían en ese entonces por la falta de agua y se la jugaba todo el tiempo con ellos por el acceso a los derechos. 

En el año 92 volvió a la Facultad para ser docente en la misma cátedra donde había comenzado como ayudante. 

“Cuando lo conocí lo primero que me maravilló fue su trabajo comunitario como referente de prácticas en el barrio Hernández, y lo segundo fue su trabajo como docente”, cuenta Analía Chilemi, compañera, amiga y trabajadora social. “Y yo que estaba en crisis con la carrera fue muy significativo el aporte de él porque me empecé a ver desde otro lugar como futura profesional”, agrega. 

Era una persona muy formada y rigurosa con su lectura y escritura. Y también en su clases proponía la interpelación constante a sus estudiantes, buscaba que no pasen por su aula como una materia más sino que salgan interpelados por cúal iba a ser el rol de cada uno dentro de la carrera. Para él, saber utilizar el conocimiento en la acción profesional era decisivo para no cometer prejuicios e injusticias predeterminados por el sistema. Para eso usaba una multiplicidad de recursos: llevaba películas, letras de canciones, lecturas sobre mitología, trabajaba desde lo artístico pero leyéndolo política y disciplinariamente, algo muy disruptivo en la academia para los años 90. 

Su madre era maestra de escuela, desde muy niño creció en aulas y la acompañó en sus proyectos educativos. Quizás por esa fuerte inspiración se tomó con gran compromiso la educación como arma de liberación.

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“Yo no soy gay, yo soy puto. En el barrio no hay gays, solo hay putos” recuerda su amigo y confidente Ninja Mazzucheli.

En el 85 se casó con Laura, estudiante de artes plásticas en la Facultad de Bellas Artes, y en menos de dos años se separó.

A principios de los 90 comenzó a manifestar su homosexualidad a personas cercanas, pero de sin conflicto, no era un problema para él. No lo asumía públicamente, tampoco lo negaba. Lo vivió como un gran proceso existencial pero no sufrido. Era su vida privada.

No sentía discriminación pero sabía que la había y a mediados de los 90 incorporó la lucha por la diversidad en su militancia política. Como fotógrafo, en el año 94 presentó su primera serie de fotografías a chicas trans en blanco y negro. En su lucha contra la discriminación a la personas enfermas de VIH y sida batalló contra el estigma hacia la comunidad gay. 

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Sus amigos lo definen como un artista en todas las facetas de su vida, una persona profundamente estética. Capaz de meterse en el caos, la oscuridad, la violencia y salir con algo de eso, escribirlo y trabajarlo.

En un contexto de reviente social, llevaba adelante una vida alocada con un gran problema de consumo de cocaína. No era un despreocupado, él necesitaba dejar de pensar, sentía las injusticias a flor de piel. “El conocer duele”, decía. Su confidente Ninja Mazzucheli explica: “Tal vez para muchas personas les cueste comprender su vida alocada, pero puedo asegurar que fue sumamente cuidadosa con los otros, tal vez no con él”.

Disfrutaba de los pequeños lujos, si quería un tapado era uno caro, si se compraba un perfume era importado. Nunca lo ibas a ver sin afeitar. Los fines de semana visitaba a su madre que le compraba ropa, se la lavaba y planchaba. Y como un niño con su juguete nuevo, la usaba de uniforme durante toda la semana, se metía en los barrios más humildes de la ciudad, en los bares, en el aula y hasta en la cama con la misma pilcha. “Tenía ropa divina, pero la hacía percha de andar siempre con lo mismo”, recuerda Analía. “Era muy cuidadoso de lo estetico, pero nunca le vi una cuota de discriminación por la forma de vestir de alguien”, dice. 

Tenía un gran registro del otro. Era un amante de las relaciones humanas, capaz de entrar en diálogo con cualquiera y maravillarlo. Pero si en esa conversación le decía algo injusto para con el otro era capaz de pasar de la charla a los gritos en un segundo. “Él era fuerte y quería que todos lo seamos”, asegura Ninja Mazzucheli

“Era muy solidario, no le importaba nada, se sacaba cosas de él para dártelas. Un día tenía la biblioteca llena y al otro día vacía”, cuenta Analía Chilemi

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El 29 de octubre de 2005 se realiza una asamblea de todos los claustros donde se anuncia el pase a Facultad de la Escuela Superior de Trabajo Social. Entre tantos oradores se acercan tres estudiantes con el nombre de Gustavo Legardón en representación del claustro estudiantil. A partir de ese momento nace la agrupación que lleva su nombre. 

“Elegimos ese nombre porque era la reivindicación de una línea del trabajo social que no estaba muy presente, era la reivindicación de un trabajo social militante de contenido ético y estético”, dice Federico Lopardo, fundador de la agrupación. 

Sofía Alberino, también fundadora, agrega: “En relación al ejercicio del trabajo social, entendíamos que quien mejor representaba cómo debía ejecutarse, era la experiencia de Yogui, porque era quién mejor articulaba con los movimientos sociales, pero no sólo desde una mirada militante, sino desde un perfil profesional. Eso era lo distintivo”.

18 años después la agrupación Gustavo Legardón sigue habitando los pasillos de la facultad. 

“La primera vez que escuché hablar de Yogui me generó mucha bronca no haberlo conocido. Pero también me condujo a una gran responsabilidad política, histórica y profesional de entender al trabajo social como un trabajo revolucionario que no sea mero reproductor de la miseria cotidiana, sino que apunte a transformar las condiciones de vida de la gente. Lo leemos, lo releemos y lo traemos todo el día a la facultad. Nos gustaría tener más escritos porque todo lo que leemos es una gran denuncia al mundo en el que vivimos y un gran compromiso por cambiarlo”, reflexiona Valentina Cabrera, estudiante y referenta de la agrupación.

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Acostado sobre la cama de su mamá Zelfa, casi a oscuras, como resistencia a su cansancio y fiel a su vitalidad, Yogui seguía proyectando ideas y sueños. Cuenta Analía que, en esa intimidad, anhelaba poder construir una casa gigante para los niños que habían quedado huérfanos porque sus padres habían muerto de Sida. Una casa que huela a chocolate y se llene de vida. 

En noviembre de 2004, mientras llevaba adelante su tratamiento, comenzó con un dolor en la espalda, fue al médico y le detectaron un cáncer terminal con pronóstico de un año. Con un shock muy fuerte leyó una y otra vez el papel, reza el tango dedicado a él de la banda Límon. 

A pocos meses, mientras dictaba el Seminario de Educación Popular, fue internado por complicaciones en su enfermedad. Pensó que serían pocos días y le pidió a Analía que lo cubra. Tarea difícil porque él mismo era la clase. Yogui se convirtió en ese momento en muchos Yoguis, como piezas que forman un mosaico. Se fragmentó entre los amigos que lo amaban, los alumnos entusiastas de sus clases, los pasillos de la facultad y su biblioteca, en A.D.D.H.E.S. y en las nuevas generaciones que llevan su nombre como bandera.

“Si no somos capaces de vivir nuestra profesión con el compromiso que su propia esencia interventiva nos impone, hagamos al menos lo imposible por no ser meros reproductores del mercado de la miseria y de la indiferencia o de la brutal hipocresía, de cara a gente que como certero antaño aseguro Marx, nos necesitan en acciones políticas directas, situadas y cooperadas para transformar aun cuando molecularmente, la realidad feroz de la opresión y dolor que se vive en la realidad social”.  

Gustavo Yogui Legardón.

 


Morena Lopardo

Platense, productora de radio y estudiante de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP.

Jujuy resiste: La paz no se construye con balas

Jujuy resiste: La paz no se construye con balas

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La reforma constitucional es un hecho. Las balas siguen al pie del cañón, al igual que la resistencia del pueblo jujeño.

El martes por la mañana, la legislatura provincial de Jujuy contó con la presencia de legisladores y del gobernador Gerardo Morales para ratificar y jurar la reforma constitucional parcial. De forma expeditiva y veloz, los constituyentes juraron al mismo tiempo, en vez de realizarlo de forma individual como dicta el protocolo ceremonial, y se adelantaron a la convocatoria original del acto que se había pactado para las seis de la tarde. De esta forma, el documento final de la reforma constitucional se aprobó en pocos minutos.

Afuera del edificio, un operativo policial recibió a miles de manifestantes con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos: se disparó a distancias cortas apuntando a los ojos y cabezas para generar el mayor daño posible con este tipo de proyectiles. Un modus operandi de las fuerzas de seguridad que, si hacemos un paralelismo, resultan muy similar con los realizados por carabineros en Chile o los uniformados de peruanos.

La lista de detenidos y detenidas se difundió recién por la noche, con el saldo de 68 personas privadas de su libertad. Durante el día, los números de detenciones crecieron rápidamente con denuncias de personas que vieron cómo detenían a sus familiares, no solo en las inmediaciones de la legislatura, sino incluso, en distintos barrios de la ciudad con vehículos no identificados y sin órdenes de detención

La cacería fue tal que hasta la referenta de la organización Tupac Amaru, militante y presa política desde hace más de siete años, Milagro Sala, recibió la visita en su domicilio de los jueces Fernández y Cattan, y del fiscal Rondón, que le exigieron que entregue su celular para su revisión sin una orden judicial. Fue un “allanamiento implícito“, según denunció la abogada, ex representante legal de Sala y ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gomez Alcorta.

Pero ¿cómo se llegó a este escenario?

Reforma (in)constitucional

El 22 de mayo comenzó a sesionar la Convención Constituyente y a la par, se organizaron las primeras protestas en distintas partes de la provincia. En un primer momento convocadas por comunidades indígenas y sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación. El 15 de junio, el oficialismo de Juntos por el Cambio y el Frente Justicialista, aprobaron la reforma, lo cual generó más movilizaciones y que gran parte de la población adhiriera a la resistencia al proyecto.

Los pueblos originarios, comenzaron una caminata a San Salvador de Jujuy en lo que llamaron el “Tercer Malón de la Paz”, haciendo referencia al histórico Malón de la Paz de 1946 cuando caminaron hasta Capital Federal para exigir la titularización de territorios. La consigna que llevaban -y llevan- fue el rechazo a la reforma “inconstitucional” además de rechazar la exploración y la explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

Al mismo tiempo, los docentes jujeños reclamaban por sus salarios y reafirmaban su disconformidad con la reforma. Es así que las protestas se entrecruzaron ya que “en Jujuy el 60% de la población es indígena” y “también son parte de la docencia que exige mejoras salariales”, según declaró la mburuvicha Gabriela Situé a la agencia Presentes.

¿Qué puntos de la reforma fueron denunciados por el reclamo popular? El artículo 67 sobre el “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica” es el más mencionado ya que pone límites a la protesta social, prohíbe los cortes de calles y de rutas, y establece que serán penados como contravenciones graves. Por otro lado, un artículo propone eliminar las elecciones de medio término y que “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura”, acrecentando de esta forma, el alcance político de Morales -y de Juntos por el Cambio- en los tres poderes. También se denuncian los artículos 74 y 75 referidos a la problemática de las tierras fiscales, el artículo 68 sobre los recursos naturales y el artículo 95 sobre el agua.

Los dos artículos más resistidos fueron los 36 y 50, por lo que Morales decidió dar marcha atrás. El primero trataba sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas” el cual supuestamente iba “a reconocer las personerías jurídicas de las comunidades y la entrega de la posesión y la propiedad de las tierras comunitarias que realmente ocupan las comunidades”. Y si bien suena consensual, sin embargo, estaba rodeado de inconstitucionalidades que no permitirían su plena implementación, además de ser poco específico y dejar grises importantes.

El segundo artículo correspondía al “derecho a la propiedad privada” el cual establecía “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular“, y agregaba que sería considerado como una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida” y habilitaba el desalojo del territorio. De esta forma, los titulares registrales de los terrenos tendrían condiciones favorables en las disputas con comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.

El día lunes, el gobernador Morales dio una conferencia de prensa donde anunció que se volvería atrás con los artículos 36 y 50 por la disconformidad de las comunidades, pero ratificó que mantendría en pie el artículo 67 junto con el resto de modificaciones. En esa misma exposición calificó a la reforma de “moderna y progresista” y mencionó que su consigna es “la paz”. A su termino responsabilizó del conflicto al gobierno nacional y reiteró su pre-candidatura a presidente de la Nación. En paralelo, comunidades indígenas seguían planteando su disconformidad transversal con el resto de los artículos y denunciaban la inconstitucionalidad de la reforma.

Pedimos la renuncia del gobernador de la provincia, la nulidad de la reforma inconstitucional, por lo que también llevaremos adelante la denuncia al Estado provincial por la violación sistemática del convenio 169 de la OIT”, declaró para Revista Trinchera, Nestor Jerez, referente de Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste de Argentina (OPINOA). El convenio 169 estipula que debe existir una apropiada “consulta previa, libre e informada” para estos procesos y que según denuncian desde la Asamblea Abierta del Tercer Malón de la Paz, nunca existió. Si bien el gobierno provincial declaró que se abrió un espacio de diálogo, la contraparte denuncia que existió una reunión pero solo con “facilitadores interculturales de salud indígena todo para querer justificar una falsa consulta“.

¿Quién gana y quién pierde?

El martes, luego de la jura precoz de la reforma constitucional, representantes de Juntos por el Cambio a nivel nacional realizaron una conferencia de prensa en apoyo a Morales. Una foto en unidad de la diversidad que compone al partido que se responsabilizó al oficialismo nacional -al Frente de Todos o Unión por la Patria- de generar el caos social.

¿Quién gana? El que nacionaliza el conflicto y se lo adjudica, en favor o en contra de los acontecimientos, pero en fin, muestra un resumen de su plataforma electoral: Juntos por el Cambio confirmó que lo vivido en estos días en Jujuy es una muestra de su plan ideal de gobierno. El oficialismo nacional no logró esa foto de unidad para repudiar la situación y hacerse carne de un proyecto de país que se encuentre del otro lado de la vereda, junto al pueblo.

No obstante, no solo se trata de una batalla electoral, sino también, de las consecuencias del avance de un modelo extractivista que se alienta desde las multinacionales extranjeras en alianza con los sectores de poder del país, en pos del saqueo de los bienes comunes estratégicos, en el caso de Jujuy, especialmente del litio.

No es azarosa la comparación previamente hecha sobre los mecanismos de represión de las fuerzas de seguridad argentinas con los de países de la región. Conflictos similares ya han aconteciendo en toda Nuestra América y seguirán sucediendo mientras se pretenda imponer modelos que no tienen en cuenta las opiniones de los pueblos que padecen esas formas extractivas. De igual modo, es necesario discutir y consensuar proyectos de país y de región donde se reconozca la importancia estratégica de los bienes comunes para ejercer nuestra plena soberanía como Estados. La entrega de esos territorios ricos en bienes estratégicos que atraen a las multinacionales saqueadoras extranjeras y su necesario disciplinamiento de la población para evitar su resistencia, no son una opción viable.

El plan sistemático de avanzada sobre los territorios del sur global debe ser entendido como una problemática interseccional e integral. De no ser así, los dueños del país seguirán siendo aquellos con vocación de colonia. Las organizaciones sociales, gremiales y políticas, no sólo de Jujuy, sino de todo el país, proyectan una agenda de lucha para los siguientes días ¿Qué seguirá en el plan de Morales?


Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también

Miguel Bru: a 29 años de su desaparición

Miguel Bru: a 29 años de su desaparición

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Familiares, amigos y organizaciones sociales realizarán este miércoles la tradicional vigilia frente a la Comisaría Novena de La Plata, al cumplirse 29 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru.

A 29 años de la muerte bajo tortura policial y desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru familiares, amigos y organizaciones sociales realizarán este miércoles 17 de agosto la tradicional vigilia que comenzará a las 19 frente a la sede policial, ubicada en las calles 5 y 59 de La Plata. Según detalló la Asociación Miguel Bru, el homenaje será hasta las 2 de la madrugada, y se instalará una radio abierta, bandas de música y proyecciones.

Tras 39 búsquedas y rastrillajes sin resultado positivo por la periferia de La Plata, y las ciudades de Berisso y Ensenada, como todos los años el homenaje se realizará bajo la pregunta que todxs nos hacemos hace casu tres décadas: “¿Dónde está Miguel?”. En este sentido, Rosa Bru, mamá de Miguel, en comunicación con el programa “526 al Fondo” de Radio Trinchera, señaló: “Hoy una vez más vamos a ir a reclamar a la Novena y les queremos decir que no vamos a dejar de ir hasta que sepamos dónde está Miguel; ese día prometo no ir más a ese maldito lugar que cada 17 nos trae tantos malos recuerdos”.

Con respecto al homenaje, Rosa explicó: “Hoy la vigilia va a ser distinta, si bien como siempre es una instancia de mucho dolor, esta vez vamos a tener música, eso que tanto le gustaba a Miguel”. Por su parte, Jorge Jaunarena, miembro de la Asociación Miguel Bru y secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata (UNLP), sostuvo: “La vigilia es un hecho político que estamos haciendo desde el año 1999, luego del juicio que condenó a los policías asesinos, pero que no obtuvo ningún dato para encontrarlo. Es una forma de manifestar y decir ¿Dónde está Miguel? Esa es la razón de ser de esta vigilia”.

Además, la instancia contará con una radio abierta y la presencia de diferentes bandas y músicos como Mala Fama, La Negra Buggiani y Sucre. Es una fecha de relevancia en la Ciudad, en la que siempre pasan referentes del ámbito político, de derechos humanos y organizaciones gremiales para acompañar la lucha. Incluso, el 17 de agosto de 2021, la Comisaría Novena fue marchada en el marco del Plan de Señalización Contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y por eso, el titular de esa dependencia, Horacio Pietragalla acompañó a Rosa Bru en el acto.

La Asociación Miguel Bru, que se ocupa de luchar contra la violencia institucional y tiene como padrino a Leon Gieco, está cumpliendo 20 años. Al respecto, Jaunarena indicó: “Tratamos de institucionalizar esta lucha y acompañar ese proceso de búsqueda de justicia, no sólo por Miguel, si no también por otros casos parecidos de violencia institucional”. 

Miguel fue un estudiante de Periodismo de la Universidad Pública, y desde estas instituciones y las diferentes agrupaciones estudiantiles allí contenidas, siempre existió el compromiso de acompañar la causa. “Fue algo trascendental en la búsqueda de justicia por Miguel, la capacidad de movilización y compromiso de toda la comunidad de la universidad pública. Lxs jóvenes nos acompañan de una forma tremenda. Incluso hoy, teniendo en cuenta que muchos de ellxs que no habían nacido en aquel entonces, nos acompañan y demuestran su afecto permanente a Rosa”, señaló el secretario de DDHH de la Facultad.

“Siempre voy a agradecer a Dios que Miguel haya dirigido sus pasos hacia la Escuela de Periodismo y tenga los amigos que tiene. Ellos fueron los primeros que salieron a la calle, empezaron a movilizarse y los que nunca nos dejaron solos. En esa época no había teléfono, ni email y ellos venían con una palabra mágica. ‘Tenes que ir acá, tenes que ir allá, buscar, pero vos tenes que hacer’. Ellos nos incentivaron a hacer y buscar abogados y avanzar”, sostuvo Rosa.

Desde la Asociación Miguel Bru informaron hoy que, a través de la Dirección de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires incrementó a 5 millones de pesos la recompensa a quienes contribuyan con información fehaciente para encontrar el cuerpo de Miguel. “Con reserva de identidad pueden decir, sin miedos y revancha, dónde está Miguel. Siempre estamos esperando el último dato de verdad, que nos digan que Miguel Bru está acá”.

La desaparición de Miguel Bru:

En agosto de 1993 Miguel Bru, un estudiante de la escuela de periodismo de 23 años, denunció a efectivos de la Comisaría Novena de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia. Según consta en los expedientes, fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993. Las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia, permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, entre las 19 y las 20 horas. Allí fue visto por última vez mientras era torturado.

En 1999, en el juicio oral y público se condenó a cadena perpetua al ex subcomisario Walter Abrigo, quien murió en la cárcel, y al sargento Justo López, por el homicidio y la desaparición de Miguel. Además, por encubrimiento, fueron sentenciados el ex comisario Domingo Ojeda y el ex oficial Ramón Ceressetto.

Toda persona que tenga información sobre el cuerpo de Miguel puede hacerlo con reserva de su identidad, presentándose ante el fiscal Marcelo Martini, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) 3 de La Plata; los Fiscales Generales de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

¡Con la democracia no se jode!

¡Con la democracia no se jode!

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Mediante un discurso difundido en redes sociales, el ex carapintada, Aldo Rico, convocó a que militares -retirados y en actividad- de las Fuerzas Armadas se levanten contra el Gobierno. Sin embargo, cosechó el repudio de ex combatientes y entes de Derechos Humanos.

El ex carapintada, Aldo Rico, quien reivindicó en reiteradas oportunidades a la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y que participó junto a genocidas en desfiles militares durante el Gobierno de Mauricio Macri, llamó a que militares retirados y miembros de las actuales de las Fuerzas Armadas a levantarse contra el Gobierno. Sin embargo, su cosecha fue el repudio generalizado desde distintos centros de ex combatientes de la guerra de Malvinas y organismos de Derechos Humanos. Por su parte la la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió investigarlo ante la “posible comisión del delito de amenaza pública contra las autoridades democráticamente electas”.

A través de un video publicado en redes sociales, Rico hizo una “llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas”. El ex carapitada, sostuvo: “Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Las circunstancias de violencia se van a profundizar”. Al respecto, múltiples organismos de Derechos Humanos repudiaron la convocatoria a militares y denunciaron que tiene el objetivo de “erosionar el sistema democrático”.

A los comunicados de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) bonaerense y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, se sumó una denuncias penales de la Secretaría de DDHH Nacional y del procurador fiscal ante la Corte Suprema.

Al respecto y en diálogo con Revista Trinchera, el ex combatiente y presidente del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), Carrizo Rodolfo, resaltó que “es fundamental que la sociedad democrática en su conjunto desde lo político, lo gremial, lo estudiantil y las ONG, repudien y condenen estos actos irresponsables de militares que siempre han tenido en su cabeza una matriz golpista”.

Además, Carrizo sostuvo que la sociedad no debe olvidar, porque “podemos llegar a cometer los mismo errores, que son muy caros para la vida de un pueblo. No nos olvidemos que la última dictadura trajo 30 mil desaparecidos, persecuciones políticas, endeudamiento externo y obviamente la guerra en Malvinas por eso es importante que hayan estas condenas públicas”.

En este sentido, la secretaria general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, Josefina Rodrigo, comentó a Revista Trinchera que “es importante que no se dejen pasar estos hechos o comentarios por el carácter que tienen, por el impacto, por el oportunismo en un momento de tanta sensibilidad, y de cierta angustia o desazón que transitamos por las cuestiones que atraviesa el país“, a lo cual agregó: “Cuando hay sensibilidad en ese aspecto no son inocentes los comentarios”.

Aldo Rico en varias ocasiones supo mostrar en sintonía con la oposición política al Frente de Todos e incluso participó en desfiles militares durante el Gobierno de Mauricio Macri. Ante esta circunstancia el presidente del CECIM señaló que “estos comentarios no lo dice de manera atemporal, lo dice en un momento de crisis del país, por el golpe que recibió el sistema financiero, donde ciertos poderes concentrados especulan y juegan con el dólar”. 

En la misma línea, Carrizo resaltó que aquellos que piensan o acompañan el pensamiento de Rico “creen que hay una situación de desgobierno y por eso aparecen con esta proclamas y siempre tratan de trabajar en la desestabilización del Gobierno”, a lo cual agregó: “entienden que la vida es la mano dura y que la gente aprende a los palos, pero en definitiva siempre favorecen a los sectores más concentrados de poder”.

Por su parte, la secretaria general de APDH remarcó: “Su posicionamiento es claro, desestabilizador y golpista, y muy grave que se tenga esa consideración luego de la experiencia que tenemos”. En este sentido agregó: “El sistema democrático permite distintas maneras de sortear el desacuerdo que se puede tener con determinadas decisiones políticas y ese debe ser el camino, el que ordena la Constitución Nacional, no ningún intento desestabilizador”.

Esta semana se conocieron los nombres de los dos jueces federales que fueron sorteados para intervenir en las denuncias presentadas contra Rico por “amenaza de rebelión”. El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la denuncia que presentó el procurador fiscal ante la Corte Suprema, Víctor Abramovich. En tanto que su par Sebastián Casanello resultó sorteado para llevar adelante la presentación que hizo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, según informaron fuentes judiciales.

Al respecto Carrizo remarcó que “la justicia debe tener un rol independiente y actuar de manera firme. Es importante que haya una instancia judicial, ya que la justicia puede de esta manera interpelar al pueblo y defender la sociedad democrática”, ya que “le da seguridad jurídica a un pueblo”.

Por su parte, Rodrigo aclaró: “Es una lucha de los entes de DDHH ver si la justicia está a la altura de la circunstancias, a veces cuando no lo ha estado” y la lucha de estos sectores, contra la mirada negacionista “supo demostrar que ya no hay vuelta atrás”. Además, la secretaria general del a APDH La Plata remarcó: “me parece que una sanción en ese sentido, puede poner un límite y un reconocimiento a los acuerdos que hemos sostenido durante muchos años sobre lo que ya no es posible”.

Ante estas brabuconadas, es importante -en términos históricos- mantener las banderas de Memoria, Verdad, Soberanía y Paz, y es la justicia la debe pronunciarse en tal sentido, dada la construcción de consenso que el pueblo argentino supo conseguir. Sobre todo porque en estas expresiones son profundamente ofensivas y antidemocráticas y se dan en el marco del 40 aniversario de una dolorosa guerra como la de Malvinas, una fecha dolorosa y muy presente para nuestro pueblo.

Aceleran procesos de búsqueda de desaparecides

Aceleran procesos de búsqueda de desaparecides

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La justicia podrá acceder libremente a la base de datos de las actas de nacimiento, matrimonios y otras defunciones emitidas en la provincia durante el último golpe de Estado.

Autoridades nacionales y bonaerenses, firmaron este jueves un acuerdo para que el Registro de las Personas pueda ser utilizado para recabar datos que aceleren la búsqueda e identificación de las personas que continúan desparecidas desde la última dictadura cívico militar.

Entre los firmantes se encontraron la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; la titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), Claudia Carlotto; el secretario ejecutivo de la Conadi, Manuel Gonçalves Granada; el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y el director provincial del Registro de las Personas, Mariano Ríos Ordoñez.

De esta manera, la justicia podrá acceder libremente a la base de datos de las actas de nacimiento, matrimonios y otras defunciones emitidas en la provincia durante el último golpe de Estado.

“Es muy importante que desde el Estado provincial seamos capaces de agilizar estos trámites y que cada familia pueda encontrar lo que busca para reconstruir su identidad. Este convenio se enmarca en el compromiso que hemos tomado junto al gobernador Axel Kicillof de agilizar y mejorar la prestación y el servicio del derecho a la identidad”, expresó Álvarez Rodríguez.

“El espíritu de este convenio tiene que ver con dar celeridad al trámite de cada uno de los hombres y mujeres que se acercan a la Conadi a averiguar su identidad. Tener un acceso al Registro de las Personas asegurando la confidencialidad de datos tan sensibles, permite romper con la burocracia y acelerar los procesos y tiempos de respuesta”, manifestó por su parte Pietragalla Corti.

En otras declaraciones, Gonçalves Granada afirmó que “este convenio formaliza un trabajo que venimos haciendo diariamente con el Registro de las Personas, algo fundamental para nuestra búsqueda porque la mitad de las personas desaparecidas durante el período de la dictadura están inscriptas en la provincia de Buenos Aires”.

Además, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Moreno, aseguró que desde que asumió la gestión de Alberto Fernández se avanzó fehacientemente en la ejecución de políticas que responden a su cartera: “A partir del 10 de diciembre de 2019, volvimos a reimpulsar políticas de derechos humanos que nos ubican de ejemplo a nivel internacional sobre cómo tramitar nuestro pasado traumático reciente, en la lógica de la memoria, la verdad y la justicia, la garantía de no repetición y la reparación”, precisó.

 

 

Busso: “La policía mata cuando esta fuera de servicio”

Busso: “La policía mata cuando esta fuera de servicio”

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El abogado y ex presidente de la Asociación Contra la Violencia Institucional, Matías Busso, dialogó con el programa Doblan Las Campanas y analizó hechos de violencia institucional, el gatillo fácil, el abuso policial y el rol del Estado en estos casos. 

Busso comentó que su trabajo en organizaciones de Derechos Humanos es el acompañamiento de las causas de gatillo fácil y violencia policial, además de dar asesoría jurídica a personas trans en ‘Casa Roja Trabajadoras Sexuales’ del barrio de Constitución, que sufren el hostigamiento policial. “También estamos iniciando una capacitación y asesoría jurídica a trabajadores de la vía publica y hacemos trabajos de investigación“, añadió. 

A raíz de los trabajos de investigación que realizan destacó el Informe titulado La policía de la ciudad mata en la provincia de Buenos Aires. Sobre este indicó que “surgió a partir del caso Lucas Gonzáles cuando se puso en el centro de la escena la violencia institucional, principalmente en las maniobras que desarrolló la policía de la ciudad tanto en el hecho como en el encubrimiento“.

En ese sentido, agregó que “hicimos un pedido de informe a la Ciudad sobre cómo actúa la policía -desde 2016 con la ley que la crea, tienen la obligación de brindar datos- cuando usa el arma reglamentaria. Nos contestaron con los datos de 2019-2020“.

El abogado confirmó que a partir del informe, pudieron evidenciar algo que para la institución ya estaba claro: “la policía mata cuando esta fuera de servicio“. Además afirmó que “la mayoría de las veces mata cuando esta fuera de servicio y jurisdicción. Ellos actúan con arma de fuego en su tiempo de descanso, cuando van a sus casas” .

Por último remarcó que hay abuso del uso de arma de fuego fuera de servicio y que la solución para terminar con esta actitud es la formación. Según analizó esta es fundamental para proteger la vida de los civiles, ya que quedó demostrado que “en la mayoría de las veces que actúa la policía no hay enfrentamiento. Uno de los datos que tenemos es que murió un policía y 25 particulares“.

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Empresas en tiempos de dictadura: ¿cómplices o artífices?

Empresas en tiempos de dictadura: ¿cómplices o artífices?

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El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un hito en materia de derechos humanos: la condena de Pedro Müller y Hector Francisco Jesús Sibilla, ex directivo y jefe de seguridad de la empresa multinacional Ford Motors en Argentina durante el periodo 1974 -1978, y acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa en la planta de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron privados de su libertad en la misma fábrica, mientras que otros fueron trasladados a un quincho que también funcionaba como centro clandestino de detención.

Este hecho no solo demuestra la complicidad de muchas empresas con los regímenes dictatoriales, sino también su accionar fundamental para facilitar y llevar a cabo estos. Desde la utilización del “Falcon verde” hasta la persecución a sus mismos trabajadores, con el fin de deshacerse de los sectores gremiales. La ecuación es sencilla: a menos conflictos sindicales, más beneficios para las cúpulas empresariales, introduciendo a la fuerza un modelo económico en el que las corporaciones lucraban sin importar la vida de quienes exigen que respeten sus derechos laborales. 

Fuente: AFP

Los gremialistas fueron secuestrados “en sus puestos de trabajo y llevados a un centro de detención dentro de la fábrica y desaparecidos durante un mes” (Tomás Ojea Quintana, abogado querellante), mientras tanto, la empresa los despedía por no asistir a sus puestos de trabajo. Según los testimonios de los sobrevivientes apartados de los demás, fueron trasladados en el baúl de una camioneta y llevados al salón de deportes, donde los torturaron por más de 11 horas seguidas. Luego este grupo fue trasladado a cárceles comunes de la Provincia de Buenos Aires.

“Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas. A algunos se les aplicó la picana eléctrica, otros fueron obligados a orinar y a defecar en los zapatos”, declaró una de las víctimas presentes en “El Quincho”.

Para el comienzo de la dictadura, en la empresa Ford Motors Argentina trabajaban 5000 obreros y 2500 empleados administrativos, alrededor de 100 de todos ellos fueron delatados por Müller y Sibilia por activistas o sindicalistas para su secuestro. Sibilia, no conforme, hasta participó en las sesiones de torturas de sus propios trabajadores, según la querella denunciante. Luego, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, el quincho utilizado obtuvo un cartel en el cual se especificaba que ese lugar había funcionado como centro clandestino de detención. 

A partir del juicio de estos partícipes directos de crímenes de lesa humanidad, Hector Sibilia recibió 12 años de condena mientras que Pedro Müller 10, ambos en cárcel común. Sin embargo, la investigación se dedicó únicamente a determinar la responsabilidad de los dos directivos, sin involucrar a la empresa multinacional, aunque fue cómplice de los delitos de lesa humanidad allí producidos.

Pedro Müller. Fuente: AFP

Ford no es la única

Claramente Ford Motors no es la única empresa que ocupó un rol fundamental en el desarrollo de la dictadura cívico-militar del ’76, un caso similar al anterior mencionado es, sin duda, el de Mercedes Benz. Esta contaba con un alto nivel de información sobre las desapariciones, y facilitó el secuestro de gremialistas aportando datos precisos sobre las víctimas posteriormente secuestradas.  

La planta del frigorífico Swift, donde se encontraba una gran militancia sindical y política de la región bonaerense, fue escenario de la represión de 41 personas, 15 de ellas desaparecidas y 5 muertas. Los retenidos ilegalmente fueron sometidos a torturas, donde la planta redefinió su propósito, formando parte de la logística, seguridad o de los secuestros e interrogatorios vinculados a los gremios del rubro. 

En la misma sintonía, una considerable cantidad de testimonios y documentos advierten que Ingenio Ledesma no solo fue partícipe activo en los hechos represivos, sino que, a su vez, se involucró en la planificación de los mismos, la entrega y el secuestro de los trabajadores de su propia fábrica. Dichos actos represivos cuentan con, por lo menos, 60 personas afectadas y, hoy día, más de 30 desaparecidas.

Al día de la fecha se sabe, gracias a documentos publicados por el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que por lo menos 25 empresas grandes fueron partícipes del proceso represivo y sistemático, donde “se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de veinticinco firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión”.

Estrategias para acelerar los juicios

Debido al paso del tiempo, los genocidas aún libres quedan sin condena o sentencia firme, ya que muchos mueren impunes, y las víctimas y familiares sin la reparación histórica que los procesos judiciales deberían garantizar. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confeccionó un Plan Estratégico para contribuir en el avance del proceso de juzgamiento, lo que implica el seguimiento y denuncia en los casos de demoras judiciales. 

“No podemos seguir teniendo un ritmo tan bajo de audiencias. No es justo para las víctimas, para los familiares y para la sociedad toda”, expresó el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien tiene como prioridad la aceleración de los procesos judiciales de memoria. El plan a su vez incluye el anexo de un cuerpo de peritos, con el fin de controlar los pedidos de prisiones domiciliarias, excarcelaciones y libertades condicionales.

También hubo un aumento de profesionales que ayudó al acrecentamiento del número de las causas en las que dicha Secretaría es querellante, presentándose 36 nuevas defensas, habiendo 258 activas. Además, se conformó, mediante la Asociación Federal de Inteligencia (AFI), una “Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos”  que servirá para acceder y desentrañar los datos obtenidos sobre la última dictadura cívico-militar.

Publicidad de Ford. Archivo histórico.

Sin duda es necesario un plan estratégico para la aceleración de los juicios por la memoria, presentando políticas concretas para que el Estado tome las riendas para garantizar Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, no hay que olvidar la complicidad (y autoría) de las grandes empresas, que activamente participaron en la sistemática persecución y violación de los derechos humanos en la República Argentina.

“Los hechos que se investigan en estas causas no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos” (CELS).

Referencias

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46532725

http://www.cels.org.ar/especiales/empresas-y-dictadura/#conclusion-algunos-desafios-juridico


Nicolás Van der Wedden
Nicolás Van der Wedden

Políticamente correcto, con excepciones. No solo soy del interior, sino que mis vecinos son vacas. Rompo la norma del estudiante de ciencia política vueltero e inentendible. Mis convicciones son fuertes: la patria es el otro.

Reflexiones en el Día Mundial del Ambiente

Reflexiones en el Día Mundial del Ambiente

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Las Naciones Unidas designaron el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente con el objetivo de comenzar a discutir sobre la protección y la salud del medio ambiente, que “afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico en todo el mundo”. Al mismo tiempo, propusieron a los “gobiernos y a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que emprendan todos los años, ese día, “actividades de alcance mundial en las que se reafirme su preocupación por la preservación y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a profundizar la conciencia ecológica”.

De hecho, por esta fecha, todo el mes de junio fue establecido como el “Mes del Ambiente” o “medio ambiente” como se ha llamado por tantos años. Un concepto incorrecto y mal utilizado que carece de profundidad y análisis de los distintos modos de entender, discutir y luchar por el ambiente. La comprensión de los territorios debe ir mucho más allá de lo puramente “ecológico”.

Distintas organizaciones de comunidades indígenas han puesto en discusión nuestras formas de conceptualizar y presentaron un término que responde a una mirada integral de las problemáticas relacionadas al ambiente: el terricidio. Como expresaron las Mujeres Indígenas por el Buen Vivir en su caminata de 1900 kilómetros por el país, terricidio engloba los conceptos de genocidio, epistemicidio, ecocidio y femicidios, transfemicidios y travesticidios.

La primera discusión radica en el cómo se analiza o se nombra al ambiente, la segundo podría ser cómo generar un cambio para detener el constante daño que la Madre Tierra sufre.

La lucha debe ser colectiva

Existe algo llamado “psicología ambiental” que -entre otros fenómenos- estudia la “metáfora del granito de arena”: el discurso que oculta el hecho de que las pequeñas acciones de unos tienen pequeños impactos, mientras que las de otros tienen grandes. Es un hecho que sectores de alto nivel jerárquico producen más daño que sectores marginados de las clases bajas, el 49% de las emisiones de carbono provienen del 10% más rico de la población, según indica un estudio de Oxfam. Para discutir sobre ambiente hay que reconocer las particularidades de cada territorio, por lo tanto, también, las características de cada población que los habita.

Caer en reduccionismos de activismos ecologistas individuales no hace más que contribuir a un discurso que limita la discusión a lo que cada une hace o deja de hacer, mientras que los grandes sectores de poder siguen aportando al daño ambiental global. Analizar nuestras acciones de forma individual y aislada remite a un consumo del “marketing verde” que descontextualiza las luchas y los efectos que cada territorio sufre: tampoco es lo mismo la lucha ambiental en Estados Unidos y Europa que en América Latina.

¿Cómo podemos hacer frente a estos discursos? Con educación ambiental y una comunicación responsable. Comprender las disputas políticas de los territorios resulta fundamental para un proceso de concientización y disputa ante los cambios climáticos que nos afectan a todes, pero en diferente medida.

Cambio climático

Nuestro país -y el resto de latinoamérica- se encuentra en una posición muy diferente con respecto a países más “desarrollados”: mientras que Estados Unidos se posiciona como uno de los países que más gases de efecto invernadero produce, la Argentina sólo genera el 0,6% del total mundial. Las lógicas consumistas del llamado “Primer Mundo” son de hecho las que peor afectan al planeta. Desde un mismo sector liberal se pone en un pedestal a estos países, mientras venden que el cambio está en cada une dejando de usar bombillas de plástico y separando la basura: el verdadero cambio lo deben hacer los del poder, pero sería contraproducente para los beneficios que obtienen. ¿Qué sentido tiene separar la basura en nuestras casas si después no sabemos que va a suceder con ella en manos de empresas que ni siquiera conocemos? Por dar un solo ejemplo.

Al mismo tiempo, como no todes generamos el mismo daño, no todes sufrimos las mismas consecuencias, el cambio climático no afecta de la misma forma a todo el mundo. El aumento de precipitaciones y sequías pueden afectar a muchas cosechas. Las familias productoras deberán estar preparadas para escenarios de este tipo, es por eso que una Ley de Acceso a la Tierra resulta urgente. Cada productore debe tener su pedazo de tierra para no ser desplazado por alquileres imposibles de pagar y que pueden finalizar por la pérdida de las cosechas. También, las precipitaciones generan inundaciones, la mala planificación urbana podría aumentar las consecuencias. Es necesario que se priorice la construcción de una infraestructura adecuada para estos impactos en barrios populares donde las pérdidas pueden ser sumamente graves.

Justicia ambiental

La justicia ambiental es un factor fundamental para poder modificar las bases de un sistema que no da respuestas a las demandas de los pueblos y sus territorios. Hablar de terricidio es también hablar de terricidas, que se institucionalice el término podría ser un primer paso para que efectivamente los responsables de incendios, mal tratamientos químicos en empresas y la instalación de proyectos extractivistas inviables sean juzgados y tengan consecuencias.

La inclusión en la discusión de grupos históricamente marginados como las comunidades indígenas y campesinas, las mujeres y las diversidades, y las clases trabajadoras debe ser prioridad para derrumbar y reconstruir un sistema que permita el acceso de estos sectores a la participación y toma de decisiones sobre los territorios que habitan.

El cambio es ahora, el cambio es colectivo. Mientras tanto, las riquezas del mundo seguirán marginando a los pueblos y destruyendo sus territorios. El planeta es uno, no pueden comprar otro.


Agustina Flores
Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la
liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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