Este lunes el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario comenzó a juzgar a 22 acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad santafesina de Villa Constitución en 1975. Se trata de uno de los múltiples casos de responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos.
Luego de una larga espera y a casi 50 años de los hechos, este lunes comenzó el juicio “Acindar” en el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario en el que se juzgará a 22 acusados por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la localidad santafesina de Villa Constitución en 1975. La causa cuenta con la participación de más de 400 testigos. Se trata de uno de los tantos casos de complicidad civil y responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad cometidos.
El inicio de este juicio histórico, que se demoró más de 10 años, juzgará la responsabilidad civil de estos crímenes. Entre los imputados se encuentran Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, ex directivos de la empresa siderúrgica Acindar, junto a ex miembros del Ejército, de la Policía Federal y provincial y de Prefectura Naval por su responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios que tuvieron como víctimas a 67 personas a partir de 1975.
La causa abarca la represión ilegal desatada sobre un amplio arco de trabajadores y trabajadoras, militantes políticos y sindicalistas de la localidad santafesina como respuesta a un creciente activismo político y sindical que vivía la zona. Todo ello desembocó en las protestas y los paros conocidos como el “Villazo” de 1974 y en la llegada de activistas sindicales combativos a la conducción de la UOM local.
Ante tales sucesos el gobierno nacional de facto denunció la supuesta existencia de un “complot subversivo” y desde el 20 de marzo de 1975 llevó adelante una ocupación por fuerzas represivas de la ciudad que apuntó sobre todo a los trabajadores metalúrgicos de Acindar y de las otras fábricas de Villa Constitución.
Según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” que realizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO, al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas.
Además, con el aporte imprescindible de las y los sobrevivientes, durante la investigación se logró probar el rol central que tuvo la empresa en esos crímenes. En este sentido, el ente confeccionó listas de personas a detener, permitió el ingreso de los grupos de tareas a la fábrica para realizar secuestros y aportó información para identificar y ubicar a las víctimas en sus domicilios.
Asimismo, dispuso espacios físicos de la planta para el funcionamiento de un centro clandestino de detención, en el denominado Albergue de Solteros, cedió vehículos y viviendas para las fuerzas represivas y abonó un sobresueldo a las fuerzas de seguridad.
Cristina Monterrubianesi era maestra y alfabetizadora, militó en la Juventud Peronista desde donde apoyó la lucha de los trabajadores de Acindar y de la UOM local. En diálogo con Tiempo sostuvo: “Fui detenida el mismo 20 de marzo del 75 junto con los compañeros de la UOM y algunos militantes de algunas organizaciones políticas”.
“Nos llevaron a la policía de Villa Constitución, de ahí parte una caravana a la delegación Rosario de la Policía Federal, donde estuve hasta septiembre de 1975. De ahí nos llevaron a la jefatura de la policía provincial, al subsuelo, y a fines de 1975 a la Cárcel de Devoto”, reconstruyó la sobreviviente que recuperó la libertad a fines de 1978.
Por su parte, Jorge Martín que trabajó en la mutual de la Unión Ferroviaria y militó junto a su hermana, un año menor, en la Federación Juvenil Comunista fue secuestrado en su casa el 20 de junio de 1975. “Mi hermana venía de la facultad con otros compañeros, la detiene un piquete en la puerta de Acindar, revisan el auto y encontraron documentación de los fondos y mercancía que juntábamos para los presos. Los detuvieron y luego fueron a allanar mi casa y me detuvieron también. Nos llevaron a los dos a Acindar, nos torturaron y sufrimos simulacros de fusilamiento”, recordó Jorge. Además reconoció entre sus captores a Aníbal Gordon miembro de la SIDE, quien ordenó que los blanquearan.
Luego de unos días en el “Albergue de Solteros”, fue trasladado a la sede de Prefectura de Rosario, donde permaneció en una celda solo durante más de un año y medio. Martin destacó: “Tuvimos la suerte de salir vivos, pero cuántos han muerto o desaparecido”.
Monterrubianesi y Martin son querellantes en el juicio y ambos cuestionan que la causa haya demorado tantos años en llegar a debate, lo que implicó la muerte de víctimas y victimarios. “Tengo muchos sentimientos encontrados porque después de tantos años sufrimos la pérdida de muchos que no van a estar presentes”, destacó Martín, cuya hermana murió en 2013, y agregó: “Sólo nos quedan dos imputados de Acindar y tienen edad muy avanzada. Esperemos que sobrevivan para que puedan recibir la condena que se merecen”.
“No está en nuestro ánimo la venganza sino la memoria que tuvimos durante casi 50 años”, manifestó Cristina, que también lamentó las ausencias “porque no van a poder ver que hemos llegado al lugar por el que siempre luchamos”.
Cabe recordar que hasta 1976, la siderúrgica estuvo presidida por José Alfredo Martínez de Hoz, que luego fue designado ministro de Economía por la dictadura, y su lugar en el directorio fue ocupado por el general Alcides López Aufranc.
Los dos imputados civiles, Pellegrini, ex jefe de relaciones laborales de la siderúrgica, y Torralvo, empleado jerárquico, son los únicos responsables empresariales que llegaron a juicio oral. Muchos han sido los testimonios que los mencionan como los nexos directos entre la empresa y las fuerzas represivas. Si bien hubieron otros posibles imputados civiles, estos fallecieron antes de que el proceso judicial avance respecto a su responsabilidad o fueron apartados por problemas de salud, esto sin dudas demuestra la resistencia que tiene el poder judicial a investigar estos casos.
En tanto el resto de los acusados son ex militares del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás, sede del Área Militar 132; ex integrantes de la Prefectura Naval de Rosario y de Villa Constitución y ex policías de la Provincia de Santa Fe y de la Guardia Rural Los Pumas; y ex miembros de la Policía Federal de la Delegación Rosario y de la Dirección General del Interior.
El avance de las causas por responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad son una prioridad para la Secretaría de Derechos Humanos. Principalmente al tratarse de actores civiles y económicos, ya que son los que mayor resistencia generan en el Poder Judicial y los que más demoras registran. Es por ello que se les dio un fuerte impulso en todo el país para evitar que haya impunidad y para que las víctimas puedan conocer la verdad, puedan acceder a la justicia y reparación en un plazo razonable.
Finalmente se dio a conocer que la audiencia se realizará de manera presencial en la sala del TOF 1, en el primer piso de Oroño 940, y se podrá seguir en vivo mediante el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JZBvrp1tpNQ. Desde la vuelta de la democracia, ya fueron condenados por su participación en el terrorismo de Estado 1200 genocidas. Para más información, podes ingresar a juiciosdelesahumanidad.ar.
