Alimentos: estallan las acusaciones por desvíos de fondos entre Pettovello y De La Torre tras los allanamientos

Alimentos: estallan las acusaciones por desvíos de fondos entre Pettovello y De La Torre tras los allanamientos

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Lo que a esta altura ya es titulado como el “Capital Humano gate” suma nuevas controversias tras las requisas policiales en Tafí Viejo y Villa Martelli. En las últimas horas, la titular de la cartera denunció que su ex funcionario desvió fondos a través de convenios firmados para financiar la compra de nuevos alimentos.

Por si la radiografía de dos allanamientos en simultáneo a galpones de Capital Humano no bastaran para detonar el escándalo de una administración que no reparte alimentos desde que asumió hace seis meses, ahora, desde esa cartera, denuncian que el funcionario despedido y acusado como “origen de todos los males”, el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, Pablo De la Torre, cometió irregularidades con fondos pedidos desde esa dirección a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Existen por lo menos dos curiosidades dentro del escándalo que terminó de estallar tras la decisión inquebrantable del Gobierno nacional de no repartir alimentos a ningún comedor desde su asunción con la excusa de que desde allí se “cometen irregularidades”. La primera es que, pese a no hacerlo, la misma cartera denuncia hoy irregularidades de sus propios funcionarios. La segunda es que, el principal señalado (De la Torre) señala estar orgulloso de haber trabajado con Pettovello (quien lo denuncia) frente a “la mafia kirchnerista”. Además del desvío de fondos, parece que otra habilidad dentro de la gestión libertaria es el desvío de culpas.

La rueda del escándalo que hoy envuelve a la cartera de Capital Humano comenzó con la decisión orgánica de no repartir alimentos con la excusa de preparar una nueva metodología que reemplace a la que se realizaba hasta el momento con la gestión gubernamental anterior. Como en todos los campos donde recortó el oficialismo, la entrega se desactivó y el nuevo plan jamás llegó. Como ello constituye una grave falta en el cumplimiento de las responsabilidades que el Poder Ejecutivo firma con el pueblo argentino al jurar ante la Constitución, las investigaciones y denuncias no tardarían en llegar. 

El primer intento de intervención llegó de parte de Marisa Graham, titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, quien tras relevar en 800 comedores en el mes de enero que no se habían recibido alimentos de parte de la gestión libertaria, presentó ante el juez contencioso Federal Esteban Furnari una medida de “prohibición de innovar”, que garantice la entrega de alimentos hasta en tanto y en cuanto exista el nuevo modelo prometido por la cartera social. Furnani inició el caso el 2 de febrero, pero inmediatamente se declaró incompetente y elevó el expediente a la Cámara de Seguridad Social quien lo rechazó y se lo devolvió. De esa manera esa investigación se “cajoneó”.

A esa causa, el propio De la Torre agregó la información que fue denunciada por el ministerio como “desvío de fondos”. Aseguró que habían llamado a una licitación de compra con la OEI, lo cual figura en la denuncia hecha por Pettovello. En ese marco, según fuentes cercanas al ministerio en cuestión, De la Torre habría querido renunciar en dos oportunidades previo a que la situación estallara. 

Estos datos que contrastan información con lo obtenido por el juez federal Sebastián Casanello, son lo que finalmente empujaron a que se realicen los allanamientos en los dos depósitos, ya que además en ambas causas existen diferencias entre los inventarios detallados, es decir, entre lo último detallado por Capital Humano, y entre lo que había declarado hace semanas De la Torre, aún en función. 

Casanello había decretado una orden con un plazo de 72 horas para que el ministerio entregue los alimentos guardados en ambos depósitos. Esta rama del caso surgió en paralelo al pedido de Graham, tras un pedido de información del periodista Ari Lijalad al gobierno, el cual no pudo ocultar dichos datos y tuvo que revelarlos. Tras esto, el dirigente social Juan Grabois realizó una denuncia que finalizó en este pedido de entrega. Al contrastarse ambas, lejos de atar cabos, se encontraron aún mas irregularidades que derivaron en los allanamientos de este domingo. 

Tras este cambalache de información y datos cruzados, Pettovello, en nombre de la cartera, asegura que la responsabilidad es de De la Torre, ya que bajo su gestión, el director general de la administración, Federico Fernández, diseñó el programa de licitación con la OEI, el cual requería la contratación de un personal que, según fue detallado a distintos medios por la subsecretaria legal del Ministerio, Leila Gian, funcionaban como factureros de “sobresueldos”. Todo esto lo hace pese a que este pedido de licitación llevó su firma.

Sin lugar a dudas, ante la inminente crisis política -y de presunta corrupción- que estalló dentro del ministerio de Capital Humano, el gobierno eligió estallar como fusil a De la Torre, quien, pese a que su ex jefa dentro de la cartera lo denuncie y lo haga cargo de estos crímenes, eligió mostrarse en unidad con la misma y sacar a lucir única carta que le quedó como manotazo de ahogado: culpar al “kirchnerismo”.  Así mismo aseguró que Gianni es una “infiltrada kirchnerista” que opera desde adentro del gobierno para realizar operaciones que lo debiliten.






La corrupción en el gobierno Lacalle suma escándalos y presiones a la justicia

La corrupción en el gobierno Lacalle suma escándalos y presiones a la justicia

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Un nuevo escándalo en el gobierno liderado por el derechista Luis Lacalle, se suma a una larga lista que ya es casi innumerable. Casos flagrantes de corrupción; una trama montada en el mismísimo edificio de Presidencia de pasaportes falsos, favores, espionaje y demás tareas non sanctas. Ahora se filtraron chats de Pablo Iturralde,  Presidente del Partido Nacional, del que forma parte Luis Lacalle, en el que conversaba con el exsenador y actual procesado Gustavo Penadés por más de 11 delitos, entre ellos pedofilia.

En los chats se buscaba defender al acusado y se hablaba de presiones a la justicia. Iturralde tuvo que renunciar a la presidencia del Partido Nacional la misma mañana que se publicaron los chats, pero lo hizo porque se filtraron los chats y no por lo filtrado. Ante los hechos no se mostró arrepentido, dijo que estaban sacados de contexto y que su renuncia era para no perjudicar a sus compañeros en medio de la campana electoral.

Lo sucedido

De renuncias y casos de corrupción se ha plagado este gobierno de Luis Lacalle y la coalición de derechas. Parece ser la continuidad del gobierno de su padre Luis Lacalle Herrera en los años 90. Ministros y funcionarios que renuncian y casi que como una regla, aparecen en otros puestos de gobierno.

Intendentes denunciados por casos de nepotismo, clientelismo, de abuso sexual. (Carlos Moreira en Colonia, Pablo Caram y Valentina De los Santos en Artigas). Se han beneficiado fundaciones y empresas amigas con políticas del gobierno. (Fundación A Ganar, Salto Grande, Montepaz)

La lista sigue y sigue. El tendal que ha dejado el gobierno de Lacalle y lo que aún no sabemos (y lo que queda de gobierno) es ya para calificarlo de endémico y sistémico en su partido. Y Lacalle sigue sin saber nada. Como los famosos monitos ilustrados, no ve y no escucha, pero sí que habla, y cuando lo hace es para echar culpas a sus adversarios políticos o para salir a defender a sus amigotes. Tarde o temprano terminan siendo culpables.

Imagen positiva, a pesar de todo

Lo llamativo es que su imágen pública sigue siendo altamente positiva y parece que está blindado ante los casos de corrupción o que la población separa a Lacalle Presidente de lo que sucede a su alrededor.

Días antes el ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública Ricardo GIl Iribarne había dicho en una charla pública sobre este gobierno  “No sé si hay alguien que pueda negar que este gobierno es corrupto”. Le llovieron las críticas. Ahora, ¿quién podrá contradecirlo?

Soltándole la mano “al amigo”: Qué decían sobre el caso Penadés los principales dirigentes blancos, y qué dicen ahora Penadés y Lacalle

La impunidad discursiva y política con la que se ha manejado Lacalle Pou es más que llamativa. Su leit motiv “conmigo duerman sin frazada”, en una especie de rapto criollo de hacerse el pueblerino y despegarse de su alcurnia, como para decir: “confíen en mi” ha quedado más que devaluado.

El gobierno de Lacalle en su comunicación – llevada adelante por Roberto Lafluf, renunciado por el escándalo del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y que recaló en el equipo de campaña de Álvaro Delgado como precandidato del Partido Nacional- ha utilizado una vieja táctica, la del “lobo solitario”, la “del caso aislado”.

Es curioso, ya que las intendencias con mayores ingresos directos son de tiendas de Lacalle, uno de las senadores con más años en el Parlamento y articulador con la oposición resultó detenido por casos de pedofilia y a su vez armó toda una trama para perseguir y acosar a las víctimas para que no declaren.

A una semana de asumir, el extinto Ministro del Interior Jorge Larrañaga, no tenía decidido quienes iban a ocupar el cargo de jefe de policía de los 19 departamentos. Se han constatado decenas de casos de corrupción, de acoso, de abuso de funciones, de persecución dentro de la policía, de contrabando, de narcotráfico.

Es que este gobierno trajo a la vieja escuela de nuevo a escena y con ella sus viejas prácticas. Lacalle y sus adláteres no han hecho más que tratar de erosionar a Fiscalía desde cuando eran oposición. El ex fiscal de Corte Jorge Díaz y el actual . Juan Gomez, han sido objetivos predilectos. Han sumado a sus filas para esta campaña a la fiscal que tuvo que investigar la corrupción del excustodio de Lacalle y a Lacalle mismo.

Foto: Federico Gutiérrez
Fiscales Juan Gómez y Jorge Díaz

La culpa la tiene el otro

En este caso, que dio puntapié a este nota, el de las filtraciones de chats del ex Presidente del Partido Nacional, desató una ola de ataques a Fiscalía y al periodismo. Queriendo revelar fuentes, atacando sistemáticamente a la justicia. ¿Resultado?

Parece que las filtraciones vinieron desde el Ministerio del Interior y por doble ataque. Es decir, la fiscal Alicia Ghione a cargo de este caso, nunca accedió a estos chats y audios, ya que la propia policía los había encriptado. Esta filtración a la que accedió el Semanario Búsqueda parece venir del propio Ministerio del Interior.

Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de la policía, del Ministerio del Interior, de la justicia, ante toda esta situación? Sumémosle la cantidad de homicidios, el narcotráfico creciente, la inseguridad en auge. No es una cuestión de agorero del mal, sino que es, como reza el refrán popular, muy difícil construir y tan fácil destruir. Estos platos rotos lo sigue pagando y sufriendo el ciudadano de a pie. A ese que van a ir a visitar barrio por barrio los candidatos en plena campaña electoral.

Delgado va por la “reelección” del gobierno: “tuvimos una política social como pocas veces se había visto en la historia del Uruguay” – M24 · La radio que nos mueve

El candidato con mayores preferencias dentro del Partido Nacional es el delfin de Lacalle, Álvaro Delgado. Una persona de su confianza, que fue Prosecretario de Presidencia, donde una sombra se cierne sobre él y el caso de los pasaportes falsos a ciudadanos rusos y otros casos. Pero como con Lacalle, no sabe, no estuvo, todo le pasa por el costado, aunque siempre la sospecha lo persigue. De ganar, serán cinco años más de corrupción, escándalos y gobierno para unos pocos.

¿Lacalle? Lacalle acaba de pedir una semana de licencia en medio de otro escándalo político, lo que ya parece costumbre.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio». La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Uruguay: la corrupción nuestra de cada día

Uruguay: la corrupción nuestra de cada día

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“La corrupción es una tragedia personal, una vergüenza familiar y un golpe a la confianza institucional, todo a la vez”

Julio Guarteche

Un nuevo escándalo y otro nuevo caso de corrupción en el gobierno son noticia en Uruguay y más que una excepción, viene siendo la regla. Abuso y explotación de menores por parte de un senador, la policía amedrentando a las víctimas, el ministro del Interior montando una investigación paralela para entorpecer a la justicia y un Presidente que miente para proteger a sus amigos.

Se trata esta vez de Gustavo Penadés, senador del Partido Nacional y amigo personal del presidente Luis Lacalle, armador y líder de la lista 71, lista ícono del herrerismo, la línea política que lleva adelante el mandatario y su familia (Luis Alberto de Herrera fue su abuelo).

La fiscal de Delitos Sexuales de 6° Turno, Alicia Ghione imputó a Penadés por once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres de abuso sexual agravado y un delito de violación. También se lo acusó por los delitos de desacato, de corrupción de menores y de atentado violento al pudor, todos en régimen de reiteración real y en calidad de autor. Irá a prisión preventiva por 180 días.

Penadés resultó expulsado del Senado de la República por unanimidad y a través del mecanismo que avala el artículo 115 de la Constitución.

Además de lo aberrante del caso y sus implicancias, el ex senador tenía un modus operandi perverso. Abusó de más de una decena de menores vulnerados, muchas veces en extrema pobreza, con retribución de unos pocos pesos. Tenía sus colaboradores y un sistema aceitado de captación de las víctimas. La investigación destapó otro escándalo más de corrupción que implica directamente al Ministerio del Interior y al propio Presidente de la República.

defendieron la LUC en un acto en Maldonado | la diaria |  Uruguay
Lacalle, Heber y Penadés

En primera instancia, apenas se hicieron públicas las denuncias sobre este caso, el ministro del Interior Luis Alberto Heber (íntimo del reo Penadés y del presidente Luis Lacalle) declaró que las denuncias eran difamación y brindó su apoyo al acusado. Lacalle por su parte declaró: “le creo a él…hace 30 años que lo conozco y me dijo `yo no hice nada’ . Sería un mal amigo si no le creo».

El cimbronazo político no solo es consecuencia de que Penadés es el primer senador expulsado en la historia uruguaya sino que se descubrió que la cúpula del Ministerio del Interior montó una investigación paralela para amedrentar a las víctimas y obstaculizar a la justicia.

Carlos Taroco, ex jerarca del Instituto Nacional de Rehabilitación, ordenó a policía reunirse con denunciante de Penadés para tener información y ahora será imputado junto con otros policías. También dispuso que se ingrese al Sistema de Gestión de Seguridad Pública para tener datos de las víctimas.

Sebastián Mauvezín, el profesor operador
El exprofesor de Historia del Liceo Militar Sebastián Mauvezín,, acusado de mediador entre Pendés y las víctimas

El periodista Eduardo Preve publicó audios donde se escucha a la secretaria de Álvaro Delgado, precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, solicitando datos de las víctimas e intentando ubicarlas.

El centroizquierdista Frente Amplio -en la oposición- pidió en la Cámara de Diputados- la renuncia de Heber y el oficialismo contestó que es “oportunismo” y parte de una “puesta en escena.” El presidente, en la misma tónica, declaró que “lamentablemente no le sorprende” y ratificó a Heber en su cargo.

La cuestión se bifurca en dos simples cuestiones: si Heber sabía de la investigación paralela, es un acto de corrupción gravísimo que reviste consecuencias penales. Si no sabía, es de una responsabilidad política mayúscula ya que en sus propias narices los policías hacen y deshacen sin que él se entere.

Como corolario, el presidente Lacalle mintió alegando que fue la policía la que descubrió la investigación paralela, cuestión que echó por tierra con celeridad la Fiscal Ghione.

Un collar de perlas opacas

El caso Penadés y la corrupción en el Ministerio del Interior de Heber se suman a una lista cuasi interminable de escándalos del gobierno de Lacalle. Someramente los repasaremos (y seguramente quede alguna afuera) porque de profundizar, habría que escribir más de un libro.

Podemos empezar por los escándalos que dieron vuelta al mundo.

El Caso Marset: La entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset cuando estaba preso en Dubai. Las mentiras de los ministros en el Parlamento y un caso que aún está abierto.

El Caso Katoen Natie: La concesión de la terminal portuaria de la Cuenca del Plata a la empresa belga Katoen Natie hasta el año 2081. Siendo la única terminal de contenedores especializada de Montevideo. El acuerdo fue a puertas cerradas, sin consulta al Parlamento ni a ninguna institución estatal.

El Caso Astesiano: su guardaespaldas ahora preso, que ofrecía un abanico de servicios non sanctos donde hay involucrados ciudadanos rusos, espionaje a legisladores de la oposición, seguimiento a particulares, etc, etc.

El Caso Caram: Intendente del departamento más al norte de Uruguay, limítrofe con Brasil, con casos de nepotismo escandalosos. Como para rematar, el Presidente Lacalle mostró su apoyo y fue a la fiesta de casamiento del Intendente.

El Caso Salto Grande: donde se acomodaron a 36 ediles de la lista 404 del riñon de Lacalle y se excusó como “un exceso del mecanismo de contratación”.

El Caso Carlos Moreira: Un intendente nacionalista que pedía favores sexuales a cambio de pasantías en la comuna.

El Caso Irene Moreira: La ex ministra de vivienda y esposa del líder del ultraderechista Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, entregaba viviendas “a dedo”. Caso que le costó el cargo.

El Caso Cardoso: El ex ministro de Turismo por el Partido Colorado que contrató una empresa fantasma de publicidad en plena pandemia y le costó el cargo.

El Caso Peña: El ex ministro de Medio Ambiente por el Partido Colorado, mintió con el título universitario que ostentaba.

El Caso UPM: Donde el gobierno modificó los niveles permitidos de contaminación y recientemente la multinacional extinguió un cauce de río y toda su flora y fauna.

El Caso Vertical Skies: Una empresa radicada en Estados Unidos de ex militares uruguayos que espió a través de Astesiano a los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. Lacalle en su momento también dijo que era una puesta en escena de la oposición.

El Caso Cikurel: La pareja del Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, acusada de formar parte del esquema de lavado de dinero en el Caso Odebrecht.

Podemos agregar el aumento de los homicidios, la violencia y otras “perlitas”, como:

-En tema narcotráfico, pasamos a ser de país de tránsito a país de acopio y hay indicios de un retorno de laboratorios para la producción de cocaína en el país. Barrios cada vez más manejados por los narcos.

-Sin embargo la policía se mete con estudiantes, profesores y sindicalistas que se posicionan en contra de la reforma educativa que ha sido impuesta y de espalda a los trabajadores de la educación.

-El aumento de la pobreza infantil, de las tarifas y el costo de vida.

-La errática política internacional, pendular con China y Estados Unidos, destructiva en el Mercosur.

-Los favores y exoneraciones a los grandes medios de comunicación para robustecer el cerco mediático.

-Facciones de la Coalición Multicolor gobernante que abonan a la teoría de los dos demonios que intentan equiparar el terrorismo de Estado a la guerrilla.

-El pésimo manejo de la sequía, dejando a medio país sin agua potable por dos meses.

-Casos de nepotismo y clientelismo a lo largo y ancho de todo el país.

Los mejores años de tu vida, decía la propaganda de la coalición derechista durante la campaña electoral. En realidad, creo que son los mejores cinco años de su vida.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

De Tiahuanaco a Melchor Romero, esta tierra no olvida

De Tiahuanaco a Melchor Romero, esta tierra no olvida

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Hija, hermana, compañera, primera generación universitaria, resistencia ancestral de los márgenes al cuadrado platense. Corrupción, desidia municipal y encubrimiento. Emilia Uscamayta Curi es mucho más que su muerte.

El olor a asado se cuela por encima de la medianera de ladrillo sin revocar. A los pies de un olmo una mesa improvisada con caballetes y un mantel de tela alberga tres o cuatro botellas de vino, alguna gaseosa y otras tantas fuentes con empanadas de carne. Alrededor hay unas doce o quince personas que tienen la punta de las orejas y la nariz rojizas por el frío. De fondo, al ritmo de la cumbia, una gallina bataraza escarba en la tierra buscando algo que comer, a cada picotazo mueve su cuello para no perder de vista al perro que la observa con las orejas levantadas a unos pocos metros.

Es 20 de junio de 2023. En la celebración por el Día de la Bandera, Eugenia es cordial y está atenta a la gente que llega a su casa. Del horno de barro que hay a unos metros de la mesa saca más empanadas asegurándose que nunca falten. Al mismo tiempo se encarga de revolver una olla en la que el zapallo del locro se sigue cocinando. Eugenia tiene el pelo oscuro pero los mechones blancos son los que predominan en su cabeza; es bajita, lleva anteojos y tiene una mirada que delata más de cinco siglos en este continente. Sus manos son color tierra y parecen gastadas como los cerros en los que se crío de chica.

Eugenia nació en Bolivia, es madre de siete hijos y vive en Melchor Romero, Barrio Las Rosas. En ocho días, en la ciudad de La Plata arrancará el juicio por la muerte de la menor de sus hijas mujeres, Emilia Uscamayta Curi, ocurrida el 1 de enero de 2016 en la Fiesta la Frontera.

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Yesica Emilia Uscamayta Curi nació el 25 de mayo de 1987 en La Plata, es la sexta hija del matrimonio Uscamayta Curi.

Juan Uscamayta nació en la década del cuarenta en la capital de Bolivia, La Paz, y a sus 18 años se mudó a Mendoza, donde conoció a Eugenia Curi, con quien se fue a vivir a Tucumán, provincia en la que ella había pasado gran parte de su infancia. Tuvieron siete hijos: María, Erica, Siria, Cristian, Edgar, Emilia y Brian. Durante los años 80, junto a sus dos primeras hijas se mudaron a la provincia de Buenos Aires y se radicaron en La Plata. Por esos años, nacieron allí el resto de sus hijos.

Desde chicos, Emilia y todos sus hermanos trabajaron como quinteros en el cordón frutihortícola de la región, ayudando a su padre Juan. Al principio, la labor de la tierra era en relación de dependencia, pero luego de unos años, pudieron alquilar algunas hectáreas en la localidad de Gorina y pusieron un puesto propio en el Mercado Central de la ciudad. Las cosas parecían acomodarse de a poco para la familia, pero como si fuese un recuerdo de los tiempos neoliberales que se vivían en el país, la tormenta Santa Rosa arrasó con la producción de verduras de los Uscamayta a principios de los 2000. Les rompió todo. Hasta la casa les tiró abajo.

“Fue muy malo para la familia, nos quedamos en bolas. Entonces dejamos de trabajar la quinta, perdimos el puesto en el mercado y ahí nos vinimos para Romero”, cuenta Edgar, mientras de fondo se escuchan las charlas de la sobremesa.

Sin posibilidad de recuperar lo perdido, la familia se mudó al Barrio las Rosas, en Melchor Romero y puso un pequeño comercio. Juan Uscamayta comenzó a organizarse con el resto de los quinteros afectados por el temporal y la crisis económica. Tras largas asambleas, dieron nacimiento a la Asociación de Medieros y Afines (ASOMA). Muchas veces los hermanos acompañaban a su padre a las reuniones. También participaron de un gran Tractorazo que se llevó adelante en La Plata a mediados del 2001.

Emilia cursó la secundaria en la Escuela Media N° 22 y se egresó en el 2005. En vísperas de sus últimos meses en el colegio, viajó a Mar del Plata con una amiga para formar parte de las movilizaciones contra la IV Cuarta Cumbre de las Américas. La organización popular, los presidentes latinoamericanos alineados contra Estados Unidos y esa victoria histórica anti imperialista que fue el No al ALCA, terminó de convencerla para arrancar la carrera de Comunicación Social en 2006.

Se mudó de Melchor Romero y se fue a vivir a una zona cercana a la facultad. Para bancarse el alquiler, laburaba en una pizzería y hacía changas. Los fines de semana volvía para el barrio a trabajar en el negocio de su tía y darle una mano a sus padres. En esas idas y venidas siempre estaba acompañada de su gato Carbón.

“Emi era artesana: hacía pulseras, collares, sabía tejer y bordar. Tejía con macramé e hilo encerado. Sabía hacer un montón de cosas zarpadas, también hacía malabares con antorchas prendidas fuego. En ese sentido no se iba a morir de hambre porque se sabía defender”, comenta Edgar.

Edgar también cuenta que durante los primeros años de la carrera le dio rienda libre a su vida. Cuando podía, cargaba la mochila con lo que tenía encima y encaraba la ruta sin fecha de regreso. Así visitó el sur argentino, paró en el Bolsón y en Bariloche. Después trepó para el norte y en tierras brasileras conoció la militancia del MST (Movimiento de Trabajadores sin Tierra).

Las experiencias que vivió en sus viajes, sumado a la sangre quechua-aymara que corría por sus venas, la impulsaron a sumarse a la Asociación de Residentes Bolivianos en La Plata (A.R.B.O.L.), organización que había fundado su padre Juan, luego de las experiencias previas con los quinteros.

Por aquellos años cercanos al Bicentenario argentino, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social inauguró la primera parte del Edificio Néstor Carlos Kirchner, en calle 63 y diagonal 113. En esas nuevas aulas Emilia conoció a Cintia Mansilla y a Nube Huentun, dos compañeras de cursada e integrantes de la agrupación estudiantil Jorge Ricardo Masetti.

En el 2013, Emilia comenzó a hacer una columna radial los sábados a la tarde, en el programa Marcha de Gigantes, emitido por la AM de Radio Universidad. Dividía su fin de semana entre el periodismo y los talleres de pueblos originarios que daba con su padre Juan, en el CAI del Barrio La Loma, en la Escuela 122. El CAI en el que comenzaron a trabajar padre e hija fue el primer taller intercultural de la ciudad de La Plata.

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Acompañado por el rasgueo de un charango que avecina un carnavalito andino, se escucha a Hugo Chávez hablando del imperialismo norteamericano, luego una voz femenina de locutora corta en seco al presidente venezolano y recuerda que ya comienza la segunda hora de Marcha de Gigantes. En los viejos estudios de Plaza Rocha, con unos auriculares negros grandotes, Emilia Uscamayta Curi le da el último sorbo a un mate y se prepara para salir al aire.

 “Mi nombre es Emilia Uscamayta Curi, mi posición es hablar desde el pueblo aymara porque mi viejo es aymara, mi mamá viene de una raíz quechua, desde el norte de Bolivia. Yo nací acá en tierra querandí, entonces puedo considerarme querandí. Y bueno venía a plantear la postura desde los pueblos originarios, pero a partir de nuestra identidad como miembros de la comunidad querandí”, dice la introducción de una columna emitida a mediados de 2013.

Nicolas Sampedro, conductor y productor de Marcha de Gigantes, guarda hasta hoy algunos fragmentos y discusiones que llevaba Emilia al programa.

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El 12 de octubre de 2014, Evo Morales ganó sus tercera elección con el 61 por ciento de los votos. Desde Argentina se festejó la victoria popular y en el Barrio las Rosas, A.R.B.O.L decidió viajar a la nueva asunción del presidente. A principios de 2015 Emilia cargó su mochila, sumó una cámara de fotos y junto a diez compañeros bolivianos encararon para la tierra de sus raíces, calculando su llegada unos días antes de la tercera asunción.

En Tiahuanaco, a Emilia le sacaron una foto que la familia Uscamayta recuerda mucho.

Se la puede ver con una whipala en su sombrero, anteojos para la vista de marco negro y una sonrisa grande mostrando los dientes que le adorna el rostro, sobre su pecho cuelga una cámara de fotos y un carnet de prensa. De fondo se puede ver a una señora con una Caja Chayera dándole ritmo a la celebración.

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Después de la derrota de Daniel Scioli en el ballotage de 2015, la agrupación Jorge Ricardo Masetti hizo un gran plenario junto al Movimiento Estudiantil Liberación de cara a los tiempos que se vendrían. Franco Carignano recuerda que después de muchas horas de discusión, la noche fue virando hacia los juegos de cartas y algunas cervezas. Emilia que estaba jugando al chancho en una mesa que se sumergía en la trampa y la mentira, no dudó mucho y rápidamente los mandó a todos a la mierda.

“Se re calentó, los re puteó a todos”, recuerda riéndose.

Actualmente Franco es profesor en Comunicación Social y conduce la primera mañana desde el estudio de radio Emilia Uscamayta Curi, en Radio Trinchera.

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La noche del 31 de diciembre de 2015 la familia Uscamayta estuvo trabajando hasta tarde. Braian, el menor de los hermanos se pasó el día yendo y viniendo del comercio que estaba en la entrada del terreno hasta el fondo del patio, para cuidar el asado de los perros que ya hacían fila pidiendo un huesito. Cristian, el mayor de los varones, tuvo la verdulería abierta hasta entrada la noche y Emilia llegó tarde, porque había ido a trabajar a una feria en Villa Celina.

Pasada la cena y el brindis por año nuevo, Edgar, Cristian y Emilia salieron a dar una vuelta para festejar.  Fueron a una fiesta por la zona del Estadio Único y después volvieron para el barrio.

Edgar se acostó a dormir. Cristian y Emilia fueron a la fiesta La Frontera, a unas pocas cuadras de distancia, una quinta en 520 y 159. Se rumoreaba que duraría dos días y que el municipio no la iba a clausurar, porque ya había aceptado coimas por más de 20 mil pesos.

Esa madrugada Emilia murió ahogada en la pileta de la quinta. Tenía 27 años y le quedaban las últimas materias para recibirse de la licenciatura en Comunicación Social.

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Gracias a la persistencia de su familia, amigos y compañeros de militancia, el 28 de junio de 2023, siete años y medio después de su muerte, comienza el juicio de Emilia. En la causa están imputados cuatro empresarios de la noche platense por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Los cuatro fueron sobreseídos del delito de desobediencia el pasado 12 de junio por el Tribunal Oral Criminal N° 3. 

Los imputados son Raúl “el Peque” García, de estrechos vínculos con altos dirigentes de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y el intendente platense Julio Garro; Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

El ex Secretario de Seguridad municipal, Daniel Piqué, estaba imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero tendrá un juicio en otra instancia. Hay otros funcionarios mencionados en la causa que aún no han sido imputados por la muerte de Emilia y que deben dar respuestas. 

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“La palabra Ayni es una palabra de origen quechua, es como juntar a todos los hermanos de diferentes naciones y unirse por un motivo.” Así termina Emilia su columna de Marcha de Gigantes del año 2013.

En vísperas del inicio del juicio por su muerte, unirse por un mismo motivo: el pedido de justicia y el castigo a los culpables.


Felipe Bertola

Cuando estaba en la panza, mi vieja me cantaba “Significado de Patria” para tranquilizarme. En la comunicación y organización popular encontré la clave para poder “ser la revancha de todxs aquellxs”. Como todo buen platense, sé lo que es ganar una Copa Libertadores.

Corrupción en Uruguay: superar el laberinto Astesiano

Corrupción en Uruguay: superar el laberinto Astesiano

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A pesar de que la Fiscal Gabriela Fossati quiso ponerle una tapa al Caso Astesiano, dando una sentencia de apenas cuatro años y 6 meses por juicio abreviado y además de haber justificando en programas televisivos de haber optado por no hacer el juicio oral y público para no “cosificar” al exjefe de la custodia presidencial, el tema indefectiblemente sigue dando que hablar y da cuenta de que las cloacas del Estado uruguayo siguen activas.

El gobierno respira con alivio ante la evidente liquidación judicial del caso Astesiano, un caso de corrupción sin precedentes en la historia uruguaya reciente, que concluye, en la práctica, con un acuerdo abreviado con el exjefe de la seguridad del presidente, y sin ningún político de este gobierno indagado, pese a la abundante evidencia que habría permitido investigar a la plana mayor del Poder Ejecutivo.

Eppur si muove

El viernes 3 de marzo el conductor del periodístico Legítima Defensa, Leandro Grille, en su cuenta de Twitter publicó que la fiscal Gabriela Fossati había denunciado a Carlos Peláez por “difamación e injurias”. Leandro Grille, quien señaló que “lo que estamos presenciando es el funcionamiento aceitado de un dispositivo de poder dirigido a rescatar el proyecto gubernamental de la derecha en el seno de la opinión pública”, es hijo del director de Caras y Caretas, Alberto Grille, también denunciado por la fiscal.

Ésta se suma a una andanada de denuncias que la fiscal hizo al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a tres usuarios de Twitter y a la abogada Mayra Álvarez que había sido acusada de ofrecerle un mejor trato a Alejandro Astesiano, invocando una presunta amistad con la fiscal Gabriela Fossati. Esto último fue desestimado por la fiscal Cecilia Bonsignore, que archivó la denuncia.

Nuevo audio de Astesiano revela que pide favores.

Carlos Pelaez divulgó esta semana, audios de la Fiscal Fossati donde deja frases para enmarcar. «Es una bomba de tiempo» y que «la justicia no le importa a nadie». «Quieren tapar todo», destaca. “Me quiere clavar a mí con los malos resultados de una investigación que no va a poder llegar a su fin porque las piedras son permanentes, las filtraciones de información son de todos los ministerios, de Presidencia, de Fiscalía”, indica Fossati. «No estoy para inmolarme a esta altura de mi vida», concluye.

Someramente se puede extraer de los dichos de la fiscal, que no estaba comprometida a ir hasta el fondo y llegar hasta las últimas consecuencias del caso de corrupción más importante de las últimas décadas. Lo llamativo es que la fiscal sí puede denunciar a líderes de la oposición y periodistas, pero decide no embarrarse con el poder de turno y con el sottogoverno.

Escuchar de la boca de la propia fiscal que “no se quiere inmolar” solo deja lugar a la desconfianza y el descreimiento en la justicia, una especie de lawfare por abandono o la inversa, sin dudas que por presiones ejercidas sobre su persona.

Chats de Astesiano: le ofrecieron datos sobre Layera y él contestó en nombre de “Luis”

A su vez en la prensa siguen apareciendo audios y chats filtrados. donde Astesiano -una especie de corrupto omnipresente-, aparece en distintos lugares haciendo negocios a diestra y siniestra; con empresarios, con funcionarios públicos, con la cúpula policial y más.

Saltar la trampa

El Caso Astesiano es mediáticamente atractivo. Periodísticamente muy jugoso y a nivel sociedad,  preocupante. Parece que se llegó a un callejón sin salida, las responsabilidades ético-políticas siguen sin saldarse. ¿Es que el Caso Astesiano terminará siendo un Watergate criollo o simplemente el de un funcionario corrupto que aprovechó su lugar de poder e influencias?

Más allá del desenlace, lo que está claro en esta trama es que la conjunción público-privado: las cloacas del Estado siguen supurando y emanando su olor fétido y simplemente hemos tomado una bocanada de ese hedor.

Es cierto que el plan de ajuste de este gobierno es primo-hermano de la forma que Astesiano desarrollaba sus negocios y vínculos. No es una persona, una conducta o un hecho aislado. Basta con repasar los casos de corrupción del anterior gobierno herrerista a principios de los 90, en manos del padre del actual mandatario, para encontrar puntos en común. Una murga en carnaval cantaba: “el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con un gobierno de la misma familia.”

En la mira

Uruguay es ponderado en los rankings globales como una de las democracias más robustas de la región, de los países más transparentes y por ende menos corruptos. Más allá de entrar en debate con los propios rankings y mediciones, no es menor destacar que en los últimos tiempos se han destapado varios casos que contrastan un poco con esa concepción de la “Suiza de América” y ese pueblo tranquilo, donde no pasa nada en el paisito de la esquina sur del continente americano.

Podemos repasar el caso del narcotraficante Sebastián Marset por el que cayó una vicecanciller y funcionarios de tercera y cuarta línea, nada más. Mientras tanto en Paraguay se sigue investigando la trama de narcotráfico más grande de su historia donde Marset está señalado como uno de sus cabecillas.

También tuvimos la megacausa “Operación Océano”, donde el aparato burocrático-judicial desató todo su andamiaje para trancar, dilatar y por vericuetos técnico-legales, la investigación de una red de explotación sexual donde hombres poderosos ejercían todo tipo de abusos.

Uruguay y Venezuela en los extremos de la lucha contra la corrupción en Latinoamérica | Minuto Neuquen

No olvidemos del espionaje en democracia: se encontró un voluminoso archivo (65 cajas de papel, 500 disquetes y más de 100 CDs) que reúne documentos oficiales, registros de seguimientos y notas que llegan hasta 2015. Es decir que los aparatos de inteligencia militar continuaron operando más de 30 años luego del retorno democrático.

Pero acá no pasa nada, parece decir la sociedad uruguaya. Nadie acusa recibo y la impunidad con todos sus rostros, sigue campeando a sus anchas. Por eso hay que saltar el laberinto Astesiano. Es llamador, es hipnótico pero por sobre todas las cosas es super necesario que se aclare y se investigue a fondo. Y si la justicia abdica, allí seguirá el periodismo.

Pero también el narcotráfico, los servicios secretos, el Estado paralelo, las redes de tratas, los poderes enquistados en el Estado que trascienden gobiernos, el lavado de dinero, el fútbol y su corrupción, el clientelismo y más. En la aldea uruguaya –del no pasa nada-, sí que pasan cosas.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Un espacio para la memoria, la convicción de los sobrevivientes

Un espacio para la memoria, la convicción de los sobrevivientes

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Tras 18 años de lucha, familiares y sobrevivientes de la tragedia de Cromañon lograron que el complejo de Balvanera sea expropiado para la construcción de un Espacio de Memoria. “Que nadie más tenga que llorar un amigo, una amiga, un hijo, ni que tenga que dormir años con la luz prendida”.

Con 60 votos a favor, y uno en contra, se aprobó la expropiación del local bailable de Balvanera situado en Bartolomé Mitre al 3038/78, ex complejo donde funcionaba el boliche “Cromañón” en el que murieron 194 personas a raíz de un incendio. La tragedia se dio en el marco de un recital de la banda Callejeros, el 30 de diciembre de 2004.

La iniciativa convertida en ley, tiene como propósito convertir el espacio en un lugar para la memoria, que recuerde la serie de infracciones que se cometieron en la habilitación del lugar y que permitieron que la masacre suceda, y que invita a la comunidad a la reflexión.

La tragedia inició tan solo a unos minutos de comenzado el espectáculo de la banda de rock porteña, a raíz del humo de bengalas que encendieron material inflamable (ilícito) con el que estaba hecho el techo (espuma de poliuretano), que al entrar en combustión genera cianuro de hidrógeno. A su vez, una media sombra recubría las placas de poliuretano, la cual originó dióxido y monóxido de carbono, toxinas que generan humo e imposibilitan respirar, sobre todo en un lugar cerrado. Se estima que la temperatura interna llegó a los 400 grados, mientras que la combustión finalizo una vez consumido todo el material, lo cual supuso una trampa mortal para muchos de los que se encontraban en el lugar.

En cuanto a las irregularidades del lugar, se estima que la concurrencia fue de unas 4500 personas, pese a las 3500 entradas vendidas, sumado a un grupo que habría entrado sin ellas. La situación es más alarmante si se tiene en consideración que la capacidad total del lugar era de 1031 personas.

Si el solo hecho de superar ampliamente la cantidad de personas asistentes al lugar era motivo para una catástrofe, las condiciones en las que se encontraba el lugar acrecentaban aún mas el peligro: 4 de las 6 salidas de emergencia se encontraban obstaculizadas y cerradas; los portones que daban a la calle abrían hacia adentro y estaban cerrados para evitar que ingresen más personas; la puerta principal señalizada con un cartel estaba cerrada con un candado; en el piso de arriba, la única puerta de acceso estaba cerrada, y fue abierta por bomberos con un boquete; y las escaleras que llevaban a ese primer piso se encontraban en el medio del predio por lo cual obstaculizaba el paso en un lugar repleto de humo, sin aire y sin luz.

Los distintos hechos de corrupción e irregularidades que rodeaban al complejo, derivaron en una de las peores masacres en la historia Argentina: dejó un saldo de 194 muertos, junto a una incalculable cantidad de sobrevivientes, familiares y amigos que cargan hasta el día de hoy con los fantasmas que aquel traumático acontecimiento.

El dolor y la convicción de reparación por parte del Estado y de la sociedad hacia los familiares y sobrevivientes, fueron el motor militante para que esta ley sea una realidad luego 18 años de lucha. Revista Trinchera dialogó con Gonzalo Zamudio, sobreviviente de la masacre de Cromañon, quien narró las complejidades que atravesó junto con sus compañeros de lucha para conseguir la aprobación de esta ley: “Tenía casi 15 años cuando estuve en Cromañon, milite en muchos espacios desde aquél momento, pero nunca la causa de expropiación, hasta hace un par de meses que me metí de lleno y surgió a partir de que el Tribunal Oral Correccional 24 le devolvió a Nueva Zarelux S.A. (sociedad offshore creada en Uruguay y dueña formal de Cromañon) el boliche, luego de que Rafael Levy, quien se demostró que estaba atrás de todo esto, cumpliera su condena de 4 años y medio“.

A partir de ese momento distintas agrupaciones empezaron a empujar un proyecto de expropiación que se presentó primero en la legislatura porteña en 2019, que no solo no avanzó sino que perdió estado parlamentario, y a raíz de eso se volvió a presentar en 2021 junto a otro proyecto de patrimonialización para evitar un posible uso comercial del boliche, también sin éxito“, explicó Zamudio.

Los militantes de la causa iniciaron en 2020 conversaciones con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, con el objetivo de recibir su acompañamiento. Zamudio aseguró que la Diputada Nacional por el Frente De Todos, Paula Penacca, los recibió en el marco de un encuentro para brindarles apoyo y diagramar el futuro proyecto de ley, situación que “motivó a las organizaciones y les dio fuerza para generar una unidad que no se dio tantas veces a lo largo de la historia“.

La militancia desde la angustia es compleja, por lo tanto consensuar lo es aún más, pero la verdad es que encontramos una unidad y construcción gigante, que creo que fue fundamental para traccionar todo lo que vino después. La verdad es que, si bien el proyecto se terminó aprobando el jueves con un solo voto en contra en las dos cámaras, el trayecto hacia esa victoria fue hecho a pulmón. Fuimos a buscar el apoyo de la oposición y de todos los bloques, prácticamente hablamos en personas con los jefes y no jefes de todos los bloques“, narró Zamudio, quien además resaltó lo que significa este resultado: “La verdad que el día de ayer para nosotros es un punto de inflexión, un punto de partida, la primera vez que el Estadio nacional se hace cargo y toma responsabilidad por la masacre. Para nosotros escuchar a los senadores el jueves pedir disculpas en nombre del Estado tiene un valor gigante“.

Para la militancia por la memoria de Cromañón, la lucha es un derecho, pero también una responsabilidad: “Nosotros tenemos una responsabilidad que elegimos. No solo la tenemos porque sí, es poder relatar en primera persona lo que pasó en Cromañon, y por eso estamos convencidos de que tenemos que depositar en este futuro espacio de memoria nuestra visión, nuestra mirada, lo que creemos y vivimos, nuestra verdad, para contrarrestar todos los mitos que tuvimos que vivir por parte de los medios y para poder acercarles la verdad a todos los pibes que hoy militan por una causa y no saben lo que paso aquel 30 de diciembre de 2004”.

Zamudio hizo referencia a los entramados que se han generado desde los medios de comunicación durante estos años en favor de los intereses de ciertos sectores comerciales y que instalaron discursos falsos en la opinión púbica: “Tuvimos que lidiar con versiones disparatadas como la guardería de bebes, o el estigma de que somos todos drogadictos o alcohólicos. No sólo discriminándonos en el caso de que eso fuese verdad, sino también haciéndonos responsables de la masacre. Son un montón de cosas que se han removido en estos años y en este proceso, y haber llegado en unidad con las organizaciones y haber encontrado consenso desde el dolor, fue un montón; desde el jueves a la noche siento que peso 50 kilos menos“.

El contenido a desplegar en el espacio de memoria aún es una discusión que les militantes tienen pendiente ya que tuvieron que hacer énfasis en que primero se apruebe el proyecto, por lo que su confección será un tema a discutir a partir de ahora. “Sobre una base clara que es crear un espacio de memoria que refleje lo que paso esa noche, que refleje la identidad que los pibes y las pibas que estuvimos esa noche y que tuvimos la suerte de salir, junto con la unidad que nos trajo hasta acá“, aseguró Zamudio. “Que sirva para contar lo que pasó, que les lleguemos a las generaciones que no vivieron Cromañon, y que no se repita; que nadie más tenga que llorar un amigo, una amiga, un hijo, ni que tenga que dormir años con la luz prendida, entre otras tristimas historias que vivieron sobrevivientes y familiares”, añadió.

Justicia por Emilia Uscamayta Curi: la corrupción mata

Justicia por Emilia Uscamayta Curi: la corrupción mata

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

A seis años y siete meses de su muerte, se realizó una radio abierta para denunciar y pedir justicia por el acto de corrupción municipal que terminó con la vida de Emilia.

El pasado primero de agosto, se realizó un nuevo pedido de justicia por Emilia Uscamayta Curi en una radio abierta en la Plaza San Martín organizada por la Asamblea Justicia Por Emilia Uscamayta Curi. La manifestación fue encabezada por la familia quienes recordaron a Emilia en un día especial para su identidad indígena, el día de la Pachamama.

También participó uno de los abogados de la causa, Adrián Rodriguez Antinao, quien expuso los últimos avances de la causa y recordó que en menos de tres meses se realizará la primera audiencia del juicio. Además, participó la ministra de mujeres, políticas de género y diversidad sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; el cuerpo de concejales del Frente de Todos de La Plata; representantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social; y organizaciones políticas y sociales.

Emilia murió ahogada en una fiesta ilegal realizada el primero de enero de 2016 en la quinta “San Cayetano” (avenida 520 entre 159 y 160) en la localidad de Melchor Romero. El evento no contaba con guardavidas ni personal de seguridad en la pileta, ni con ambulancias y servicio de emergencias, que podrían haber evitado su muerte. Emilia fue auxiliada por algunas personas pero ninguna contaba con las herramientas para salvar su vida. Los organizadores del evento ignoraron la situación y siguieron con la realización de la fiesta durante toda la noche.

La familia junto a amigues, compañeres de militancia, la Asamblea Justicia por Emilia Uscmayta Curi y distintas organizaciones políticas comenzaron en esos primeros meses de 2016 con el pedido de justicia y pusieron el foco en los culpables efectivos y políticos del hecho para enmarcar a este crimen como un caso de corrupción. 

Emilia tenía 26 años y estudiaba en la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, donde también militaba en la agrupación Jorge Ricardo Masetti levantando las banderas de los pueblos originarios y de los feminismos. Ella tenía una fuerte identidad indígena heredada por su familia y sus raíces aymara y quechua. Nació en territorio querandí, por lo que también se posicionaba desde esa comunidad.

El juicio y los imputados

El próximo 25 de octubre es la primera audiencia del juicio donde hay cuatro organizadores de la fiesta imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual y dos hechos de desobediencia: Raúl “el Peque” García, Carlos Bellone, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Mientras que, el ex funcionario municipal Daniel Piqué, está imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el momento del hecho, Haramboure contaba con el beneficio de prisión domiciliaria y salidas laborales, luego de haber sido condenado a más de 10 años de prisión por el crimen de Juan Maldonado en el boliche Alcatraz de Berisso en 2009. Piedrabuena tenía una condena de cuatro años por tenencia de armas y una causa abierta por desobediencia por violar una clausura en un boliche de su propiedad. Bellone es el dueño de la quinta donde sucedió la fiesta.

Todos los imputados tienen estrechos vínculos con dirigentes de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal, Mauricio Macri y principalmente con el partido a nivel local con el intendente Julio Garro a la cabeza. Pero el más cercano a ellos es Raúl “el peque” García, empresario que en enero de 2019 fue detenido en San Bernardo en el marco de una causa por trata de personas para explotación sexual.

El último imputado es Piqué, quien era secretario de Seguridad. Desde ese área municipal se habría cobrado un canon ilegal para permitir la realización de la fiesta a pesar de no contar con habilitación municipal y que hizo desaparecer toda presencia policial o de Control Urbano a partir de las diez de la noche.

Justicia por Emilia Uscamayta Curi

De cara al juicio, el pedido de justicia se está extendiendo a todos los espacios públicos de la ciudad para que el caso cobre relevancia entre la población platense y de esa forma, presionar a los jueces para que cumplan con su labor. “Le pasó a Emilia, pero le podría haber pasado a cualquiera”, declaró Juan Uscamayta, padre de Emilia, en la radio abierta. El reclamo es por Emilia, pero también es por los miles de jóvenes de la ciudad que se encuentran desprotegidos por un municipio que no solo desampara por inacción, sino que también permite las condiciones para que se den hechos como este.

La corrupción mata.


Agustina Flores
Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Espionaje carcelario: investigan al juez José Baric

Espionaje carcelario: investigan al juez José Baric

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

Avanza la investigación contra un ex funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal por supuestas maniobras de espionaje ilegal. 

En el marco de la causa que investiga supuestas maniobras de espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas tendientes a esclarecer el rol de un ex funcionario bonaerense en el cableado de un penal ante la eventual detención de Hugo y Pablo Moyano en 2018. 

Juan José Baric, quien actualmente cumple funciones como juez de Federal de la Pampa, se desempeñó como Subsecretario de Políticas Penitenciarias durante el mandato de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. 

La acción del juez surgió ante una serie de averiguaciones y presuntas medidas que Baric habría dispuesto ante la posible detención en 2018 de los sindicalistas opositores al gobierno de Cambiemos.

En ese sentido, el Fiscal Franco Picardi solicitó al juez Martínez de Giorgi que establezca medidas para dilucidar cuáles fueron las maniobras detrás del cableado de la Unidad penal de Melchor Romero para espiar a los gremialistas Hugo y Pablo Moyano. 

Martínez de Giorgi requirió a las empresas prestatarias del servicio de telefonía celular y al Ministerio de Justicia bonaerense información sobre los teléfonos que figuran a nombre de Baric y de otras personas señaladas en la causa que investiga estas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos y periodistas, como también en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires. 

También ordenó identificar las líneas de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.

El 6 de agosto de 2018 el actual juez federal de la Pampa visitó en despacho de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia. Dos días después del encuentro un grupo de agentes de la misma institución colocaron el cableado en las celdas de un pabellón, locutorios y baños de la Alcaldía 3 de Melchor Romero.

En el expediente hay pruebas de que Baric se habría encargado personalmente de que se concrete la instalación de las cámaras y los micrófonos en el penal. De la investigación se desprende que habría llamado a la directora de la unidad carcelaria para notificarle que las ordenes venían de “arriba”.

Causa Correo: investigan a funcionarios macristas

Causa Correo: investigan a funcionarios macristas

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El procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zaninni, ordenó la reapertura del sumario administrativo de la causa del Correo Argentino con el objetivo de investigar si hubo irregularidades de los funcionarios de Cambiemos. 

La Procuración del Tesoro Nacional, reabrió un sumario administrativo para revisar la Causa del Correo a pedido de su máxima autoridad, Carlos Zaninni. La medida busca esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de funcionarios de la administración pública que intervinieron en el acuerdo por el pago de la deuda de parte del Correo Argentino -del que la familia Macri era accionista-, al Estado en el trámite de la quiebra de dicha empresa.

La medida impulsada por Zaninni revocó una resolución del 3 de mayo de 2018 que llevó a cabo la gestión del organismo durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Funcionarios del ente lo habían clausurado porque concluyeron que no hubo irregularidades imputables de ningún funcionario de la entidad.

La reapertura del sumario se consolidó luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssialis dictara un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativa que denunció que ante el cierre del mismo en 2018, se encontró vulnerado su derecho a aportar pruebas a la investigación.

De este modo, Cayssialis determinó que se reabra la investigación contra los funcionarios del gobierno de Cambiemos que aceptaron la oferta de pago por la deuda que Correo Argentino SA mantiene con el Estado y que significaba la quita de más de $70.000 millones de pesos.

En ese sentido, desde la Procuración del Tesoro se subrayó que el organismo coincide con lo señalado en la sentencia. Asimismo, se sostiene que dicho respaldo responda a que “los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva”.

Durante la administración de Cambiemos el sumario administrativo fue cerrado por la entonces vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, dado que la familia Macri era accionista de la empresa. En ese sentido, el ex presidente debió delegar su firma al existir un conflicto de intereses.

En ese entonces, el Estado aceptó la oferta del grupo Socma para abonar la deuda en 15 cuotas. Sin embargo, ante la objeción de la fiscal Gabriela Boquín, el pago no prosperó producto de una orden judicial que lo dejo sin efecto por considerarlo ruinoso para el Estado.

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