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Etiqueta: #Comunidades Originarias

El Genocidio Indígena

El Genocidio Indígena

Agustina Flores
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

La llamada “historia oficial” de los pueblos nos acostumbró a escuchar un relato que dice buscar la integralidad, pero que, por el contrario, está inundado de eslabones perdidos. La porción de la historia de los vencedores es la que solemos conocer en más profundidad, pero como todo recorte, tiene un propósito, en este caso uno político.

Hay una razón detrás del porqué las avenidas principales de la mayoría de las ciudades del país llevan el nombre de Julio Argentino Roca, hay una razón detrás del porqué vemos en los billetes de 100 pesos una imagen de la mal llamada -porque de desierto no tenía nada- “Conquista del Desierto”. Hay una razón política y es el ocultamiento de las violaciones a las vidas y derechos de las comunidades indígenas para avalar las atrocidades que el Estado hizo a cambio de poder, poder sobre el territorio, poder sobre los cuerpos, poder sobre el conocimiento. Genocidio indígena son las palabras que se deben emplear para hablar de estos hechos, y que fue, ni más ni menos, que el primer genocidio perpetuado por el Estado argentino.

“Hubo campos de concentración, cambios de identidad, torturas, secuestros de niños y mujeres, se los esclavizó, a otros se los mató o se los encarceló. Eso configura un genocidio y ese genocidio no ha tenido reparación, no ha sido reconocido socialmente, porque implica también reconocer que la mayor parte de la sociedad de Argentina es indígena”, nos comentó Orlando Carriqueo, Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro, trayendo la discusión a la luz y sacándola de la oscuridad que los condenó a vivir en la marginalidad durante tantos años.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió al término genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en 1946, y como mencionó Carriqueo, el Genocidio Indígena se encuentra reflejado en esta definición: “Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo”.

El Genocidio

Cacique Villamain (buitre de oro) con su familia y mujeres de la tribu en sus tolderías e inmediaciones de Ñorquín. Diciembre de 1882.

Durante la “Conquista del Desierto” y otras campañas a lo largo y ancho del país, vimos cómo los actos previamente mencionados se perpetuaron en manos del Estado.

Los asesinatos fueron muchos y en algunos casos quedaron registros de ellos. Un ejemplo fue el de la “matanza de Pozo del Cuadril” en noviembre de 1878, en donde un grupo de familias se acercaron a Villa Mercedes (San Luis), para cobrar lo que se les debía por un tratado de paz con el gobierno federal, en el que se les ofrecieron recursos a cambio de la reducción de espacios de cacería, pastoreo y siembra de las comunidades. Sin embargo, el encuentro se dio de forma violenta e inesperada, las mujeres y niñeces fueron esclavizades y llevades hasta Tucumán, y los 70 varones restantes fueron fusilados.

Las comunidades no solo tuvieron que sufrir asesinatos a sangre fría, sino que las huidas para evitar ese final eran extremadamente difíciles de soportar por la limitada resistencia de los cuerpos. Al mismo tiempo, las huidas representaron el abandono forzoso de sus territorios y, por lo tanto, de sus identidades, perdiendo así el rastro de sus raíces.

Otro hecho muy recurrente era el de someter a las comunidades a travesías a pie de cientos de kilómetros, para trasladarles de sus tierras a las ciudades para su concentración y distribución a pedido de empresarios para el trabajo en cultivos, obras públicas, obrajes, entre otras.

Recorte del diario La Nación. Octubre 1878.

Los esfuerzos físicos y mentales que sufrían al trabajar como esclaves y al caminar incontables kilómetros sin descanso, no fueron las únicas causas de la muerte de la mayoría de ellos. La “civilización” traía con ella enfermedades que contagiaron a indígenas condenándoles a la muerte. Un caso registrado es el de les indígenas trasladades a la isla Martin García, donde el libro de defunciones de la parroquia indica que en cinco meses fallecieron 234 a causa de la viruela.

El distanciamiento entre miembros de una misma familia y/o comunidad no se daba arbitrariamente. Se buscó impedir la reproducción de las comunidades indígenas para que sus identidades queden en el olvido. “Lo que debemos hacer es llevar gente que establezca el cruzamiento con los indígenas para que se pierda por completo la raza primitiva […] El resultado que nosotros queremos [es] suprimir la gente salvaje de una generación a la otra”, declaró el diputado nacional Manuel Cabral en el 1900.

El secuestro de niñes y bebés se suma a la propuesta del diputado Cabral. Bajo el discurso de salvar a les niñes, estos eran distribuides en familias para ser futuros “criados”, se les borraban sus nombres nativos y se los reemplazaba por uno “cristiano”. Al ocultar su identidad, su restitución fue y es prácticamente imposible.

La lucha indígena en la actualidad

Hoy nos encontramos con un escenario diferente pero que sigue dejando mucho que desear. Si bien se avanzó en materia de derechos en relación a las comunidades indígenas, vemos como los dueños del poder siguen atentando contra sus territorios para utilizarlos bajo su beneficio. Benetton es un claro ejemplo de esa situación, el gran empresario italiano ocupa ilegalmente territorio ancestral de comunidades y nunca se le reclamó nada. De hecho, tiene aprisionado al Lago Escondido y dificulta la supervivencia de comunidades aledañas por los difíciles accesos para conseguir recursos.

También encontramos a personajes políticos guiados por lógicas neoliberales que siguen respondiendo al recorte de la historia oficial y, por ejemplo, asesinan a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado por la espalda. Y para acompañar estos hechos, siguen fomentando la imagen del indígena como violento, perpetúan discursos discriminadores que los medios de comunicación venden como moneda corriente.

La deuda del Estado para con las comunidades indígenas está lejos de ser saldada. Sin menospreciar leyes como la 23.302 que busca garantizar los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades, todos los conflictos llevan a la misma situación. Hasta que no se reconozca al genocidio indígena como genocidio y como el primero de Argentina, no es posible una reparación de sus identidades e historias.

“A partir de un reconocimiento del genocidio y de la construcción social de la Argentina, se pueden dar pasos para empezar a reparar y que estos discursos de odio no tengan tanto sostén como lo están teniendo”, finalizó Carriqueo.

Fuentes:
https://www.revistamaiz.com.ar/2019/01/por-que-hablar-de-genocidio-indigena.html
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/indigenas
Comunicado de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro

Agustina Flores
Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la
liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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La tierra olvidada de El Trementinal

La tierra olvidada de El Trementinal

Agustina Flores
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Un solo río y dos países. Un solo bote y centenas de familias aisladas por barreras demográficas que demarcan un final y un comienzo. El terreno ancestral perteneciente a la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui es asaltado con total impunidad. Por la crueldad y el acto descarado de saqueo y las condiciones de abandono en la que viven, se podría confundir el 2020 con los años colonizadores que atentaron contra las vidas de las comunidades.

La comunidad

La línea imaginaria que establece el fin del Estado argentino y el comienzo del Estado Plurinacional de Bolivia no entiende de derechos, o por lo menos no los del pueblo originario Ava Guaraní Tape Iguapegui. Las familias que lo conforman se encuentran en trece parajes extendidos a lo largo de 100 kilómetros, al costado argentino del Río Grande de Tarija, que demarca la frontera. Esta vez, el conflicto se dio en el paraje El Trementinal.

Históricamente, las barreras geográficas políticas chocan con las barreras naturales, lo que se presenta un primer obstáculo. A pesar de que este paraje pertenezca al municipio de General Mosconi -provincia de Salta- solo se llega a él cruzando al país vecino y volviendo a Argentina por el otro lado, no hay caminos directos por suelo argentino: para acercarse a alguna localidad argentina deben cruzar el río hasta el territorio boliviano y siguen por la ruta nacional 33 hasta la ciudad de Bermejo, allí retornan a Argentina y llegan a Aguas Blancas. Por lo tanto, quedan aislades y marginades de las ciudades y otras poblaciones todo el tiempo.

Son más de 100 familias que no tienen ni la más mínima cobertura de servicios básicos como luz y agua; la mayoría tampoco cuenta con DNI, obra social, jubilación, ni ningún plan de inclusión y/o protección. Situación muy diferente a la de otros parajes más cercanos a Bolivia, en donde cuentan con algunos servicios como agua, luz, cloacas, planes de viviendas sociales, alumbrado público, asfalto y telefonía satelital.

Sumado, y en consecuencia al estado precario de la vida que llevan, les niñes tienen enfermedades varias que son difíciles de tratar estando en una zona de tan complicado acceso. Los sistemas de agua que fueron instalados hacen más de 30 años nunca recibieron mantenimiento, lo que derivó en la contaminación de las vertientes que utilizan las comunidades, enfermando especialmente a las niñeces.

La tierra olvidada de El Trementinal, además de las situaciones ya mencionadas, sufre conflictos con empresarios del país vecino que intentan arrebatarles lo único que tienen: sus tierras.

Crónica de un conflicto sin fin

La situación se complejiza con la proclamación de tierras y su delimitación de acuerdo a cada Estado. Los mojones que esclarecían que el límite es el Río Grande Tarija, fueron arrancados en los años 90 por empresarios que se apropiaron de zonas que no les corresponden. La falta de señalización y de un Estado regulador llevaron a que se den episodios violentos por las tierras salteñas.

Desde el año 1994 comenzaron a tener problemas con empresarios bolivianos que cultivan caña de azúcar al costado del río Tarija, sin embargo, lo hacen del lado argentino, en la tierra ancestral de la comunidad ava guaraní que, dato no menor, tiene personería jurídica registrada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y está asentada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Se realizaron denuncias a lo largo de los años, pero la situación sigue estancada.

La cacica de la comunidad, Natali Vásquez, ha identificado a Horacio Cruz como uno de les visitantes del país vecino, este llevó cada vez más gente al territorio para marcar donde estaba vacío para desplegar sus negocios. “Se meten sin permiso. Ellos desmontan y desmontan, el río se desborda y afecta a las casas y sembradíos. Dejan al río sin defensa. Deberían respetar también. Solo les importa la buena producción, y no viven aquí”, contó Vásquez (1).

En pandemia, y con el panorama que enmarca, los (des)encuentros con Cruz y su pandilla aumentaron. El tres de abril no apareció solo en el territorio, lo acompañaban miembros de la Policía Marítima Pluvial y Lacustre de Bolivia. La cacica comentó que uno de ellos se identificó como el capitán Suarez de la Armada Boliviana, quien la amenazó en su encontronazo. El grupo de cuatro personas se quedó durante cuatro días más antes de retornar a su país.

El 18 de abril, Cruz volvió con más personas para seguir trabajando en cultivo de caña y cerrar más tierras. Ese mismo día, corrió con un machete a la cacica Vásquez, prohibiéndole la libre circulación y el acceso al río por ser, según él, propiedad privada y del territorio boliviano.

Días después, además de encontrarse nuevamente con Cruz, volvió a aparecer el capitán Suarez y un grupo de uniformados armados que amenazaron a la comunidad diciéndoles que si se acercaban al territorio les llevarían detenides e iban a confiscar su lancha -único medio de transporte para cruzar el río y acercarse a alguna zona urbana-. También amenazaron con volver en mayo y “poner patrullas bolivianas en la orilla del río diciendo que es un río boliviano. Estas cosas vienen pasando desde hace muchos años. Todavía buscan alambrar más tierras para sembrar caña destinada al contrabando hacia Bolivia”, aseguró Vásquez [2].

Fuente: Página 12

Pasaron los meses y el conflicto sigue sin resolverse. El 13 de agosto, un tal Emilio, amenazó de muerte a les integrantes de la comunidad y les insultó mientras les apuntaba con un arma a sus rostros. El abogado de la comunidad, Hernán Mascietti, realizó una denuncia virtual en la web de la Fiscalía de Derechos Humanos por “usurpación, abuso de armas e intento de asesinato”.

Como si fuera poco, les pusieron portones con llave y electricidad en el camino de acceso al río. La otra forma de llegar a él es mucho más peligrosa por la presencia de yacarés y el atravesar un pantano.

Se les niega el derecho que tiene de circular por su territorio, e incluso son violentados por hacerlo. El río cala las dos costas, la de Bolivia y la de Argentina, es el límite internacional, por lo que los dichos de los empresarios no tienen validez. Sin embargo, nadie controla y regula que eso se cumpla, por lo que los negocios se manejan con total impunidad por el complicado acceso del control de la zona.

Buscando respuestas

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) está mediando en la situación. Se le presentó al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, un texto en el que se pide su intervención y se especificó que la comunidad se encuentra sin acceso al agua ni a alimentos, amenazada y sin protección de las instituciones estatales que deberían avocarse a ello.

De todas formas, la comunidad viene realizando denuncias desde abril en contra de Horacio Cruz, el productor agropecuario, por su accionar violento en los territorios ava guaraníes. La única denuncia que hizo ruido fue la que le hicieron a la cacica Vásquez, en Bolivia la denunciaron por “atropello, saqueo e incendios de cañaverales”.

Una vez más, podemos presenciar un acto de discriminación y violencia contra pueblos originarios. Si bien existen organismos como el INAI y leyes que avalan la recuperación de tierras y los derechos de las comunidades, cuando se las margina se las invisibiliza.

“Donde existe una necesidad, nace un derecho”, dijo alguna vez una tal Evita, y es hora de cumplirlo. El difícil acceso al territorio no debe ser una barrera que le impida el paso a los marcos legales que protegen a las comunidades.

Referencias
[1] https://www.pagina12.com.ar/285800-comunidad-guarani-denuncia-que-les-cerraron-el-paso-al-rio-t
[2] https://www.pagina12.com.ar/262346-denuncian-que-la-policia-boliviana-paso-a-territorio-argenti)

Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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Jugando para el equipo rival

Jugando para el equipo rival

Maia Cubric Maiz
TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

POR MAIA CUBRIC MAIZ*

Un buen punto de partida para analizar no solo la imagen de Emanuel Ginóbili, ex basquetbolista, sino la de diferentes personalidades implicadas en actos repudiables, pero con grandes destrezas, suele ser la pregunta ineludible acerca de la separación entre la persona y “el logro” o “la obra”. Y como para disipar ciertos problemas desde el comienzo de este escrito, es pertinente aclarar que no están en duda ni el talento ni las victorias de Emanuel Ginóbili, que por cierto tuvo un impecable trayecto deportivo.

Sin embargo, quedarse solo en la admiración por el talento sin observar qué discursos plantean ciertas personalidades, es un tanto vacío. Más aún, cuando esos discursos son acompañados con acciones concretas. Es decir, ¿se puede ignorar la otra cara de la moneda (de la que “mágicamente” poco se habla), que muestra a un Ginóbili que hace años mantiene conflictos con comunidades de pueblos preexistentes porque se dice dueño de sus tierras? 

Y si les comento que el crack del básquet, además, encaró el proyecto caritativo Seamos Uno, que busca juntar fondos para ayudar a la gente “vulnerable”, ¿no pensarán que son dos caras opuestas de una misma moneda? Porque mientras promueve un discurso basado en la solidaridad (siempre caritativa, nunca colectiva), ignora que las comunidades de pueblos preexistentes también son seres humanos con derechos y las hostiga desde hace años con persecución y violencia.

A modo de síntesis, entonces, el repaso por esta historia no pretende desilusionar a nadie, pero sí hacer algunas preguntas que seguramente en muchos medios sean tapadas con medallas o noticias de fundaciones lindas y caritativas, que solo buscan ayudar por amor a la solidaridad. Lo que podría ser creíble sino existiesen los intereses que definitivamente están detrás del crack.


No se compra lo que no está en venta

Al costado del lago Correntoso y con vista al Nahuel Huapi y la cordillera de los Andes, están ubicadas las 22 parcelas en 87 hectáreas que se empeña en preservar Ginóbili. A pesar de que la mayoría de los medios de comunicación nombran a las tierras del lote 9 (que abarcan todo Villa La angostura) como un sector problemático, lo real es que ni las tierras ni las comunidades preexistentes tienen una connotación negativa. Como así tampoco sus exigencias, que no son descabelladas en lo que a la ley respecta. 

Para contextualizar, en primer lugar vale aclarar que las tierras hoy en disputa, hace siglos que son habitadas por las comunidades a las que el crack del básquet denuncia. En segundo lugar, y por si no se quisiese reconocer la ancestralidad de estas comunidades, las tierras del lote 9 fueron otorgadas por Julio Argentino Roca, en 1902, a las familias Paichil y Antriao, a cambio de que marcaran los límites de la cordillera, según consta en la documentación de la causa judicial. 

Más de cien años después Emanuel Ginóbili compró esa porción de suelo. La pregunta clave, entonces, es: ¿cómo Ginóbili compró tierras de dominio colectivo? Bueno, según las palabras textuales de su abogado, Jorge Mena, las comunidades “no existían con anterioridad”. Una respuesta bastante liviana y totalmente relacionada con la mirada civilizatoria, que en su momento describió a la Patagonia argentina como un “desierto”, cuando en realidad era tierra habitada por distintas comunidades.

Lo cierto es que desde 2004 en adelante, año en el que Ginóbili firmó la compra de esa porción de tierra, el clima en Villa La Angostura es de resistencia de las comunidades frente a la persecución constante. Sin ir más lejos, hace dos años el astro del básquet denunció a siete personas de la comunidad a quienes acusó de usurpación. Respecto a esto, Mena dijo: “Ellos manifestaron que la usurpaban porque Ginóbili estaba supuestamente violando la ley de Bosques con un emprendimiento; les aclaré que eran unos vecinos, no él. Solo autorizó el paso de las máquinas (…) Ellos argumentan que Ginóbili está llevando adelante un loteo con una empresa denominada Fideicomiso Lago Correntoso, pero Ginóbili no tiene nada que ver con ellos”.

Sin embargo, las declaraciones del equipo jurídico del crack faltaron a la verdad. Y para aclarar algunos puntos es importante traer la voz del abogado neuquino Virgilio Sánchez, que desmintió lo que el abogado del deportista había afirmado e indicó que “Ginóbili rompió el acuerdo al facilitar que el Fideicomiso Lago Correntoso ingresara con sus máquinas a hacer el estrago ambiental en el bosque nativo (…) porque además tiene un proyecto inmobiliario a través del fideicomiso Terrazas de Correntoso, que es de él”. 

Otros de los datos interesantes que Sánchez pone en la mesa, y que no es menor a la hora de analizar la situación, es el precio de las tierras y lo ilícito del trámite en cuestión: “Ginóbili le compró por 150 mil dólares las tierras al intendente de la dictadura, José Salamida, que a su vez se las había adquirido a un mapuche analfabeto, en la escritura está su dígito pulgar. Eso se llama lesión subjetiva, cuando se abusa de la inexperiencia de personas. Salamida iba con un escribano a los crianceros mapuches, les hacían apoyar el dedo para quedarse con las tierras”.

Por último, es importante mencionar que dicho fideicomiso tiene un acuerdo con el arquitecto Alberto Rossi, cuñado de Mauricio Macri, que es uno de los inversores. Lo que vuelve aún más contradictoria la escena porque detrás de sus discursos respetuosos y sin intereses, Rossi planea una urbanización y Ginóbili una empresa hotelera. ¿De verdad van a respetar al medio ambiente y a las comunidades preexistentes? Como mínimo genera dudas.

En la actualidad, los mapuches reclaman la propiedad comunitaria de la tierra que les pertenece, mientras que el abogado del deportista afirma que si se le retribuye una indemnización devolverá las tierras en disputa. Es importante dejar el ojo en esta problemática, porque a su vez se sigue presionando a las comunidades para poder realizar el famoso emprendimiento hotelero, que requiere atentar contra la naturaleza y asimismo contra las comunidades y su cosmovisión.


Una mano no lava a la otra

Como anunciaba en el principio, todo tiene dos caras y aunque parezca irónico, el mismo que persigue comunidades originarias e ignora sus derechos, es el encargado del proyecto Seamos Uno, que busca reunir fondos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad debido al contexto de pandemia.

Respecto a esta iniciativa, Ginóbili explicó: “Si bien al principio fui reticente, hice la cuenta del dinero que llevaban recaudado y era mucho. Empecé a preguntar y vi la transparencia y la eficiencia con la que trabajaban. Cada caja de mil pesos alimenta a una familia tipo durante una semana”. Al margen de que sería interesante proponerle a “Manu” que viviese él con mil pesos siete días, es importante recordar que se trata de la misma persona que en abril de este año dijo temer por la rebelión del proletariado debido al contexto crítico mundial. Entonces, a Ginóbili parecen conmoverle las injusticias, el hambre, pero a su vez darle miedo la reacción que les pobres puedan tener a causa de eso.

Ginóbili, entonces, quedó como encargado para armar el equipo de trabajo que pondría en marcha y visibilizaría este proyecto. Y convocó a les deportistas Gabriela Sabatini, Diego Schwartzman, Adolfo Cambiaso y Javier Mascherano; al actor Ricardo Darín, a la médica Laura Catena y al cantante Diego Torres. El integrante de la Generación Dorada explicó que eligió a estas personalidades porque transmiten credibilidad. En sus propias palabras, que desbordan un poco de meritocracia y liberalismo, Manu dijo: “Son trabajadores y todo lo que lograron lo hicieron con esfuerzo; son honestos, personas de las que no se duda”. 

Por último, porque podría extenderse mucho más este corto análisis sobre las contradicciones, intereses y desfases del gran ex basquetbolista, otras palabras interesantes que expresó cuando presentó Seamos Uno fueron las que hacían alusión a que “se trata de un proyecto antigrieta”. Es una afirmación que podría disparar varias discusiones, sin embargo lo interesante es pensar cómo todos estos discursos reafirman la histórica separación que se pretende hacer entre el deporte y la política que, de más está decir, está cargada de discursos liberales sobre construir solidaridad pero caritativa y sin partidismo.

Si existió, y existe una grieta en el deporte, es entre quienes pretenden adueñarse del mismo y construir su caminito personal desde el lugar de poder que puede significar, y entre quienes lo conciben como herramienta de transformación social de todes y para todes, que debe construir valores colectivos, que abracen y contengan a toda nuestra sociedad. Si esa es la grieta, sabemos de qué lado está don Manu.

* Hija del mar y la luna de la perla. Entiende que nada es porque sí y que por eso mismo todo 
se puede cambiar. Sueña con un mundo igualitario y confía en que la práctica es la mejor 
manera de militar. Es amiga de la palabra en sus múltiples variantes, amante del arte y del 
intercambio cultural.
Violencia policial: la otra pandemia

Violencia policial: la otra pandemia

Juan Martín Palermo
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La brutal golpiza a una familia de la comunidad Qom en Chaco fue el detonante de una serie de casos donde la policía ejerció violencia de manera feroz. El asesinato de Luis Armando Espinoza en Tucumán, las sospechosas muertes en comisarías de San Luis y el asesinato de Hugo Coronel en Santiago del Estero, son los últimos casos que evidencian que se requiere de manera urgente un cambio estructural en las fuerzas de seguridad.

Un grupo de policías, sin orden de allanamiento y en horas de la madrugada, entró de manera violenta en una vivienda habitada por una familia de la comunidad Qom en Fontana, provincia de Chaco. Les torturaron, humillaron y atacaron con golpes de puño, palos y patadas en la cabeza. Detuvieron a dos varones y dos mujeres -menores de edad-, a quienes luego abusaron sexualmente y rociaron con alcohol, amenazándolas con prenderlas fuego.

En los días siguientes, los policías seguían con sus funciones normalmente y hasta volvieron a caminar por el barrio donde habita la familia que fue agredida. Luego de la viralización de las filmaciones del hecho y del fuerte repudio por parte de la sociedad, fueron apartados de sus cargos, pero siguen en libertad.

Este hecho racista no es aislado. Desde el comienzo de la cuarentena se conocieron episodios de violencia policial contra integrantes de las comunidades indígenas, como el ataque con balas de plomo contra la comunidad Washek a principios de abril y las denuncias de malos tratos contra los habitantes del barrio Toba, en el marco del control de cumplimiento del aislamiento obligatorio.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, repudió el ataque de las fuerzas policiales.

A una semana de haber desaparecido, apareció el cuerpo del obrero rural Luis Armando Espinoza el pasado 23 de mayo. Lo último que se sabía de él, era que había sido golpeado, junto con su hermano, por efectivos policiales en un “operativo de control” de la cuarentena. Lo encontraron en un barranco en la provincia de Catamarca, envuelto en plástico. Durante la autopsia, se encontró un proyectil de pistola 9 milímetros en el omóplato izquierdo. La extracción de la bala sirvió para dar cuenta de quién había efectuado el disparo que terminaría con la vida de Espinoza: el oficial José Morales.

Además de Morales, se encuentran procesados y detenidos el subcomisario Rubén Montenegro, los sargentos René Ardiles y Víctor Salinas, los cabos Claudio Zelaya y Miriam González, el agente Esteban Rojas González, el vigía ciudadano de la comuna Sergio Santillán, además de otro civil, que sería hermano de uno de los efectivos.

Gladys Herrera, la mamá del trabajador rural, agregó que “de la forma en que actuaron, con total frialdad, es seguro que ya estaban acostumbrados a la violencia y a la impunidad. Ahora tocaron fondo y merecen no salir nunca de la cárcel”. A su vez, pidió ayuda a través de redes sociales debido a que Espinoza era el único sostén económico de la familia.

En la provincia de San Luis, Florencia Magali Morales fue “encontrada muerta” en un calabozo de una comisaría de Santa Rosa de Conlara. En un principio, la causa era investigada como “suicidio”, pero la insistencia de la familia y de sus abogados sobre las irregularidades en la investigación y algunas declaraciones de testigos, fueron fundamentales para que se cambie la carátula a “averiguación de muerte”.

Santiago Calderón, abogado de la familia de Florencia Morales, agregó: “Hay testigos que estaban en esa comisaría que dicen que se escuchaban gritos, que pedía auxilio, que pedía un médico. Tantos eran los gritos de Magali que los vecinos de la comisaría se acercaban a ver lo que estaba pasando”.

A su vez, las contradicciones en el discurso construido por la policía permiten dudar aún más sobre la verosimilitud del hecho. En primer lugar, dijeron que había sido detenida porque circulaba a contramano en su bicicleta violando el artículo 205 sobre el aislamiento y que, por la finalización del número de su DNI, no podía salir ese día de su casa. Después, los uniformados señalaron que ella se presentó en la comisaría porque allí había un policía conocido y quería pedirle una tarjeta de débito para que pudiera retirar dinero del banco.  

Otro caso similar ocurrió el 24 de abril en Villa Mercedes (San Luis), donde encontraron ahorcado, también en un calabozo y también en apariencia por violar el artículo 205 en el marco del aislamiento obligatorio, a Franco Gastón Maranguello, de 16 años. Fue detenido en la puerta de su casa, supuestamente por violar la cuarentena, y dos horas después, cuando su madre se presentó a buscarlo en sede policial, le comunicaron que supuestamente se había suicidado. Queda en manos de la justicia investigar estos hechos y no garantizar la impunidad policial.

Ante estos hechos de público conocimiento, el PRO emitió un comunicado repudiando el crecimiento de la violencia institucional. Los precursores de la doctrina Chocobar, los que asesinaron a Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, los que criminalizaron la pobreza y los pueblos originarios, y que a su vez, empoderaron a las fuerzas de seguridad, son los que ahora a raíz de un oportunismo político se posicionan “en contra” de este tipo de violencia estatal.

Comunicado PRO

Con el pretexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la violencia policial, lejos de cesar, aumentó de manera exponencial. La gravedad de estos hechos pone en el eje de la discusión el rol de las fuerzas de seguridad. La violencia y la impunidad que llevan adelante se tolera cada vez menos y no sólo en Argentina, sino que también en otras partes del mundo como Estados Unidos con la creciente ola de protestas y en Chile con el estallido social de octubre del año pasado.

Se requiere de manera urgente una democratización de las fuerzas de seguridad, que cuestione el comportamiento actual y profundice en romper con el problema estructural que se apoderó de los diferentes aparatos represivos del Estado. Como afirma Alberto Fernández, esa sigue siendo la deuda de la democracia.

* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales.
Piensa que las  tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de 
la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, 
ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuentes:
https://www.cels.org.ar/web/2020/06/chaco-violencia-policial-y-discriminacion-contra-comunidades-indigenas/
https://explicitoonline.com/muertes-en-comisarias-de-san-luis-hallan-ahorcado-a-otro-joven-bajo-custodia-policial/
https://www.pagina12.com.ar/269801-atroz-abuso-policial-en-chaco-contra-la-comunidad-qom
https://www.pagina12.com.ar/269912-brutal-ataque-policial-con-torturas-y-abuso-sexual-a-cuatro-
https://www.pagina12.com.ar/267571-aparecio-el-cuerpo-sin-vida-de-luis-armando-espinoza-tras-un
https://www.pagina12.com.ar/269487-fue-identificado-el-policia-tucumano-que-asesino-a-luis-arma
https://www.pagina12.com.ar/267804-pacto-policial-para-esconder-el-asesinato-de-luis-espinoza

Buitres con corbata merodean tierras mapuches en Bariloche

Buitres con corbata merodean tierras mapuches en Bariloche

Agustina Flores
TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Agustina Flores*

En el cerro Ventana de Bariloche pareciera que no rigen ni la Justicia ni las leyes, o por lo menos cuando se trata de la protección a pueblos originarios. La comunidad mapuche Buenuleo se aferra a sus tierras y lucha por su derecho a vivir en armonía con ellas, en contracara de las amenazas nacientes de cabezas enfermas de poder y acumulación de dinero.

La Pu Lof Buenuleo de Furiloche es una comunidad mapuche que habita históricamente la llamada “Pampa de Huenuleo”, reconocida desde 1908 en la ciudad rionegrina de Bariloche. Sin embargo, se han enfrentado a acusaciones de usurpación y agresiones desde hace años. La historia no está de su lado, ni ningún marco que legitime las prácticas empresariales dentro de territorios de pueblos originarios. La voraz búsqueda de tierras y la explotación de ellas para negocios, en su mayoría inmobiliarios o mineros, terminan destruyendo todo el entorno: a las comunidades y al medio ambiente con el que se encuentran en comunión hasta que unas monedas interrumpen el canto de los ríos.

En forma de respuesta a la lucha de los pueblos originarios por la pertenencia de sus tierras y el poder vivir en paz en ellas, se sancionó la Ley nacional 26.160 a fines del 2006. Una ley precursora en derechos para las comunidades, que avala el relevamiento territorial que realizan las mismas y tiene un plazo de vigencia de cuatro años, por lo que fue prorrogada en tres oportunidades: en el 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400 que extiende su vigencia hasta noviembre del 2021. Con ella se declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país; se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas; y se ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.

El 27 de septiembre del 2019 se dio a conocer que la comunidad Buenuleo se encuentra en proceso de relevamiento del territorio que tradicionalmente ocupan, avalado por dicha ley, lo cual debería impedir su desalojo. La realidad es otra: empresarios, cuerpos políticos y medios se alían para evitar esta información y buscar una forma de deslegitimarlos a ellos y a sus tierras; hacen caso omiso al procedimiento que están llevando a cabo mediante la Ley nacional y al que solo les falta una rúbrica provincial para hacerlo oficial.

Don Emilio Friedrich y su pandilla

Existen 90 hectáreas de las cuales, Emilio Friedrich, alega ser propietario, asegurándolo con la posesión de un boleto de compra-venta que aún no fue presentado formalmente y que estaría firmado por Claudio Thieck -conocido por ser denunciado por ventas fraudulentas de tierras-. Además, las tramitaciones y formalizaciones de documentos fueron realizadas por el escribano Ernesto Repetur, quien comparte la misma fama que Thieck y se le agrega ser partícipe de actos violentos contra manifestantes en contra de la megaminería y de ser un buitre de tierras mapuches en toda la región. Esta pandilla de empresarios ha hecho de la vida de la comunidad Buenuleo una pesadilla sin fin.

El boleto de compra-venta fue supuestamente firmado en el 2001 por el abuelo Antonio, lonko de la comunidad durante años hasta su fallecimiento en 2014. Cuando estaba en vida se inició un proceso de juicio de ese boleto para comprobar que la firma no era de él, pero cuando falleció la denuncia quedó en la nada y no se pudo demostrar la falsedad del mismo.

Es en ese momento en el que Friedrich comienza los ataques a las comunidades que ocupan el territorio mediante violencia y procesos judiciales vagos en derechos. Al principio se los tomaba como un privado contra otro privado sin reconocer lo que dicta la Ley 26.160, y es allí donde la Justicia falla a favor del empresario con el discurso de que ya tenía construcciones en la zona de conflicto tomando por usurpadores a los Buenuleo. Siguieron las audiencias hasta llegar al Tribunal de Impugnación donde recién ahí se les trató como una comunidad indígena y se decide pasar el juicio a instancia federal apelando a la ley.

Detrás de la Justicia se encuentran Facundo Vera, Víctor Vera, Víctor Sánchez y Alejandro Puñalef, la patota de Friedrich. Estos agreden a la comunidad desde el año pasado de forma violenta y con total impunidad desde que se instalaron en una colina cercana a ellos. Piedrazos a jóvenes, tiros al aire y violencia física son algunas de los actos que cometieron.

Se estableció una guardia policial en la entrada de la comunidad, garantizada por la comisaría N° 42, para que interviniera en caso de nuevos ataques. Llegó la cuarentena y con la excusa de que se necesitaban oficiales para cubrir la situación, levantaron la guardia y se fueron. Los “Vera”, la patota, aprovecharon la situación y hace algunos días irrumpieron en las casas de la comunidad Buenuleo agrediéndolos.

Ataque impune

El pasado miércoles 29 de abril la patota de los “Vera”, acompañados por Laura Zannoni -abogada de Friedrich-, atacó a integrantes de la comunidad: a Ramiro Buenuleo lo hirieron en la cabeza y tiene un corte con arma blanca en la pierna, a Viviana Álvarez y a otras integrantes las golpearon y amenazaron de muerte a la comunidad entera que se encontraba allí, incluyendo a niñeces ocultas dentro de la casa asaltada a la que le rompieron ventanas brutalmente.

Los agresores registraron la escena de horror mediante un video y fue recuperado por la comunidad Buenuleo quienes lo difundieron para denunciarlos frente a la sociedad.

Un ataque con total impunidad y con pura agresividad. Un ataque directo a la integridad física de los integrantes de la comunidad. Un ataque de esta magnitud fue la gota que colmó el vaso e hizo que la sociedad abriera los ojos y reconozca el peligro al que están sumergidos por el solo hecho de luchar por lo que les pertenece ancestralmente.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue usado como escenario de excusa por parte de las fuerzas policiales para levantar la guardia, sin haber adoptado medidas de protección sustitutivas, dando acceso libre a los agresores y desprotegiendo a la comunidad que por ley debe estar resguardada.

Tomaron lugar audiencias durante los primeros días de mayo, donde el Juez Ricardo A. Calcagno hizo lugar al amparo que interpuso la abogada de la comunidad mapuche y reestableció la guardia policial permanente en la entrada de la comunidad a cargo de la fuerza especial COER. Sin embargo, los agresores siguen sueltos con el argumento de que cometieron delitos menores y se tomaron las acciones como hechos aislados. No se consideró que las conductas fueron organizadas como grupo y asociación ilícita porque además de los atacantes directos, se encontraban Zannoni y Friedrich organizando el ataque.

A raíz de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado el 14 de mayo una medida cautelar a favor de los Buenuleo tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Allí se solicita a la Argentina, más específicamente a Felipe Solá -Ministro de Relaciones Exteriores y Culto- que tome las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad física de la comunidad establecidas en consenso con sus integrantes y con un informe periódico que determine cuáles son.

El gobierno como respuesta dio cuenta del caso: la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se reunió con investigadoras de la Universidad de Río Negro, Laura Kropff y Lorena Cañuqueo con el objetivo de que la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, formada en febrero en Tucumán, pueda ser la solución definitiva que las comunidades necesitan.

Derecho a la vida

La lucha sigue en pie. Comunidades de regiones cercanas han demostrado su apoyo remarcando que la unidad hace a la fuerza. “Ahora, como nunca, el pueblo mapuche deberá estar unido para ponerle límite a tanta tiranía y tanta injusticia. Será una nueva página de resistencia que está escribiendo -en este caso- la comunidad Buenuleo”, señaló Mauro Millán, lonko del lof Pillan Mawiza de la zona de Corcovado, Chubut.

No solo es una cuestión ideológica y de respeto al derecho de habitar sus tierras, sino también el hecho de que van a cuidar el entorno con el que comparten su vida, no como los empresarios cuyo objetivo es destruir el territorio sin culpa. “No solamente cuidamos la tierra, también cuidamos el agua del arroyo que es un medio de vida no solo para nosotros sino para el resto de la comunidad de Bariloche” contó Ramiro Buenuleo al portal Contrahegemonía Web.

Hoy más que nunca, debemos poner en discusión las lógicas que llevan a hechos violentos como los que ha vivido por años la Pu Lof Buenuleo. ¿Hasta donde llegará el hombre con su hambre de poder destruyendo todo a su paso? Los modos de vivir consumistas entran en crisis con la pandemia y con las pruebas de que el capitalismo beneficia a la minoría. No se sabe qué va a suceder cuando la situación se calme, pero lo que está claro es que no se va a volver a la “normalidad”. Hay que construir un nuevo mundo con nuevas reglas que nos permita, por ejemplo, afianzar nuestros vínculos con los pueblos originarios, sus luchas y sus ideales, construir en conjunto como siempre se debió hacer.

El hombre llegó a romper con los ideales ancestrales, en los que nos encontrábamos con la naturaleza constantemente conformando un solo ser. Sus principios deben ser un ejemplo del que el resto debe aprender, son nuestros origines, es nuestra historia la que comunidades como la Buenuleo siguen perpetuando.

Referencias:
https://revistacitrica.com/comunidad-buenuleo-si-no-reprime-el-estado-lo-hacen-los-privados.html
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/12/29/lof-mapuche-buenuleo-voces-de-una-recuperacion-en-marcha/

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