Por Agustina Flores*
En el cerro Ventana de Bariloche pareciera que no rigen ni la Justicia ni las leyes, o por lo menos cuando se trata de la protección a pueblos originarios. La comunidad mapuche Buenuleo se aferra a sus tierras y lucha por su derecho a vivir en armonía con ellas, en contracara de las amenazas nacientes de cabezas enfermas de poder y acumulación de dinero.
La Pu Lof Buenuleo de Furiloche es una comunidad mapuche que habita históricamente la llamada “Pampa de Huenuleo”, reconocida desde 1908 en la ciudad rionegrina de Bariloche. Sin embargo, se han enfrentado a acusaciones de usurpación y agresiones desde hace años. La historia no está de su lado, ni ningún marco que legitime las prácticas empresariales dentro de territorios de pueblos originarios. La voraz búsqueda de tierras y la explotación de ellas para negocios, en su mayoría inmobiliarios o mineros, terminan destruyendo todo el entorno: a las comunidades y al medio ambiente con el que se encuentran en comunión hasta que unas monedas interrumpen el canto de los ríos.
En forma de respuesta a la lucha de los pueblos originarios por la pertenencia de sus tierras y el poder vivir en paz en ellas, se sancionó la Ley nacional 26.160 a fines del 2006. Una ley precursora en derechos para las comunidades, que avala el relevamiento territorial que realizan las mismas y tiene un plazo de vigencia de cuatro años, por lo que fue prorrogada en tres oportunidades: en el 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400 que extiende su vigencia hasta noviembre del 2021. Con ella se declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas del país; se suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas; y se ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
El 27 de septiembre del 2019 se dio a conocer que la comunidad Buenuleo se encuentra en proceso de relevamiento del territorio que tradicionalmente ocupan, avalado por dicha ley, lo cual debería impedir su desalojo. La realidad es otra: empresarios, cuerpos políticos y medios se alían para evitar esta información y buscar una forma de deslegitimarlos a ellos y a sus tierras; hacen caso omiso al procedimiento que están llevando a cabo mediante la Ley nacional y al que solo les falta una rúbrica provincial para hacerlo oficial.
Don Emilio Friedrich y su pandilla
Existen 90 hectáreas de las cuales, Emilio Friedrich, alega ser propietario, asegurándolo con la posesión de un boleto de compra-venta que aún no fue presentado formalmente y que estaría firmado por Claudio Thieck -conocido por ser denunciado por ventas fraudulentas de tierras-. Además, las tramitaciones y formalizaciones de documentos fueron realizadas por el escribano Ernesto Repetur, quien comparte la misma fama que Thieck y se le agrega ser partícipe de actos violentos contra manifestantes en contra de la megaminería y de ser un buitre de tierras mapuches en toda la región. Esta pandilla de empresarios ha hecho de la vida de la comunidad Buenuleo una pesadilla sin fin.
El boleto de compra-venta fue supuestamente firmado en el 2001 por el abuelo Antonio, lonko de la comunidad durante años hasta su fallecimiento en 2014. Cuando estaba en vida se inició un proceso de juicio de ese boleto para comprobar que la firma no era de él, pero cuando falleció la denuncia quedó en la nada y no se pudo demostrar la falsedad del mismo.
Es en ese momento en el que Friedrich comienza los ataques a las comunidades que ocupan el territorio mediante violencia y procesos judiciales vagos en derechos. Al principio se los tomaba como un privado contra otro privado sin reconocer lo que dicta la Ley 26.160, y es allí donde la Justicia falla a favor del empresario con el discurso de que ya tenía construcciones en la zona de conflicto tomando por usurpadores a los Buenuleo. Siguieron las audiencias hasta llegar al Tribunal de Impugnación donde recién ahí se les trató como una comunidad indígena y se decide pasar el juicio a instancia federal apelando a la ley.
Detrás de la Justicia se encuentran Facundo Vera, Víctor Vera, Víctor Sánchez y Alejandro Puñalef, la patota de Friedrich. Estos agreden a la comunidad desde el año pasado de forma violenta y con total impunidad desde que se instalaron en una colina cercana a ellos. Piedrazos a jóvenes, tiros al aire y violencia física son algunas de los actos que cometieron.
Se estableció una guardia policial en la entrada de la comunidad, garantizada por la comisaría N° 42, para que interviniera en caso de nuevos ataques. Llegó la cuarentena y con la excusa de que se necesitaban oficiales para cubrir la situación, levantaron la guardia y se fueron. Los “Vera”, la patota, aprovecharon la situación y hace algunos días irrumpieron en las casas de la comunidad Buenuleo agrediéndolos.
Ataque impune
El pasado miércoles 29 de abril la patota de los “Vera”, acompañados por Laura Zannoni -abogada de Friedrich-, atacó a integrantes de la comunidad: a Ramiro Buenuleo lo hirieron en la cabeza y tiene un corte con arma blanca en la pierna, a Viviana Álvarez y a otras integrantes las golpearon y amenazaron de muerte a la comunidad entera que se encontraba allí, incluyendo a niñeces ocultas dentro de la casa asaltada a la que le rompieron ventanas brutalmente.
Los agresores registraron la escena de horror mediante un video y fue recuperado por la comunidad Buenuleo quienes lo difundieron para denunciarlos frente a la sociedad.
Un ataque con total impunidad y con pura agresividad. Un ataque directo a la integridad física de los integrantes de la comunidad. Un ataque de esta magnitud fue la gota que colmó el vaso e hizo que la sociedad abriera los ojos y reconozca el peligro al que están sumergidos por el solo hecho de luchar por lo que les pertenece ancestralmente.
El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue usado como escenario de excusa por parte de las fuerzas policiales para levantar la guardia, sin haber adoptado medidas de protección sustitutivas, dando acceso libre a los agresores y desprotegiendo a la comunidad que por ley debe estar resguardada.
Tomaron lugar audiencias durante los primeros días de mayo, donde el Juez Ricardo A. Calcagno hizo lugar al amparo que interpuso la abogada de la comunidad mapuche y reestableció la guardia policial permanente en la entrada de la comunidad a cargo de la fuerza especial COER. Sin embargo, los agresores siguen sueltos con el argumento de que cometieron delitos menores y se tomaron las acciones como hechos aislados. No se consideró que las conductas fueron organizadas como grupo y asociación ilícita porque además de los atacantes directos, se encontraban Zannoni y Friedrich organizando el ataque.
A raíz de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado el 14 de mayo una medida cautelar a favor de los Buenuleo tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia. Allí se solicita a la Argentina, más específicamente a Felipe Solá -Ministro de Relaciones Exteriores y Culto- que tome las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad física de la comunidad establecidas en consenso con sus integrantes y con un informe periódico que determine cuáles son.
El gobierno como respuesta dio cuenta del caso: la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se reunió con investigadoras de la Universidad de Río Negro, Laura Kropff y Lorena Cañuqueo con el objetivo de que la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios, formada en febrero en Tucumán, pueda ser la solución definitiva que las comunidades necesitan.
Derecho a la vida
La lucha sigue en pie. Comunidades de regiones cercanas han demostrado su apoyo remarcando que la unidad hace a la fuerza. “Ahora, como nunca, el pueblo mapuche deberá estar unido para ponerle límite a tanta tiranía y tanta injusticia. Será una nueva página de resistencia que está escribiendo -en este caso- la comunidad Buenuleo”, señaló Mauro Millán, lonko del lof Pillan Mawiza de la zona de Corcovado, Chubut.
No solo es una cuestión ideológica y de respeto al derecho de habitar sus tierras, sino también el hecho de que van a cuidar el entorno con el que comparten su vida, no como los empresarios cuyo objetivo es destruir el territorio sin culpa. “No solamente cuidamos la tierra, también cuidamos el agua del arroyo que es un medio de vida no solo para nosotros sino para el resto de la comunidad de Bariloche” contó Ramiro Buenuleo al portal Contrahegemonía Web.
Hoy más que nunca, debemos poner en discusión las lógicas que llevan a hechos violentos como los que ha vivido por años la Pu Lof Buenuleo. ¿Hasta donde llegará el hombre con su hambre de poder destruyendo todo a su paso? Los modos de vivir consumistas entran en crisis con la pandemia y con las pruebas de que el capitalismo beneficia a la minoría. No se sabe qué va a suceder cuando la situación se calme, pero lo que está claro es que no se va a volver a la “normalidad”. Hay que construir un nuevo mundo con nuevas reglas que nos permita, por ejemplo, afianzar nuestros vínculos con los pueblos originarios, sus luchas y sus ideales, construir en conjunto como siempre se debió hacer.
El hombre llegó a romper con los ideales ancestrales, en los que nos encontrábamos con la naturaleza constantemente conformando un solo ser. Sus principios deben ser un ejemplo del que el resto debe aprender, son nuestros origines, es nuestra historia la que comunidades como la Buenuleo siguen perpetuando.
Referencias:
https://revistacitrica.com/comunidad-buenuleo-si-no-reprime-el-estado-lo-hacen-los-privados.html
https://contrahegemoniaweb.com.ar/2019/12/29/lof-mapuche-buenuleo-voces-de-una-recuperacion-en-marcha/
