Un solo río y dos países. Un solo bote y centenas de familias aisladas por barreras demográficas que demarcan un final y un comienzo. El terreno ancestral perteneciente a la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui es asaltado con total impunidad. Por la crueldad y el acto descarado de saqueo y las condiciones de abandono en la que viven, se podría confundir el 2020 con los años colonizadores que atentaron contra las vidas de las comunidades.
La comunidad
La línea imaginaria que establece el fin del Estado argentino y el comienzo del Estado Plurinacional de Bolivia no entiende de derechos, o por lo menos no los del pueblo originario Ava Guaraní Tape Iguapegui. Las familias que lo conforman se encuentran en trece parajes extendidos a lo largo de 100 kilómetros, al costado argentino del Río Grande de Tarija, que demarca la frontera. Esta vez, el conflicto se dio en el paraje El Trementinal.
Históricamente, las barreras geográficas políticas chocan con las barreras naturales, lo que se presenta un primer obstáculo. A pesar de que este paraje pertenezca al municipio de General Mosconi -provincia de Salta- solo se llega a él cruzando al país vecino y volviendo a Argentina por el otro lado, no hay caminos directos por suelo argentino: para acercarse a alguna localidad argentina deben cruzar el río hasta el territorio boliviano y siguen por la ruta nacional 33 hasta la ciudad de Bermejo, allí retornan a Argentina y llegan a Aguas Blancas. Por lo tanto, quedan aislades y marginades de las ciudades y otras poblaciones todo el tiempo.
Son más de 100 familias que no tienen ni la más mínima cobertura de servicios básicos como luz y agua; la mayoría tampoco cuenta con DNI, obra social, jubilación, ni ningún plan de inclusión y/o protección. Situación muy diferente a la de otros parajes más cercanos a Bolivia, en donde cuentan con algunos servicios como agua, luz, cloacas, planes de viviendas sociales, alumbrado público, asfalto y telefonía satelital.
Sumado, y en consecuencia al estado precario de la vida que llevan, les niñes tienen enfermedades varias que son difíciles de tratar estando en una zona de tan complicado acceso. Los sistemas de agua que fueron instalados hacen más de 30 años nunca recibieron mantenimiento, lo que derivó en la contaminación de las vertientes que utilizan las comunidades, enfermando especialmente a las niñeces.
La tierra olvidada de El Trementinal, además de las situaciones ya mencionadas, sufre conflictos con empresarios del país vecino que intentan arrebatarles lo único que tienen: sus tierras.
Crónica de un conflicto sin fin
La situación se complejiza con la proclamación de tierras y su delimitación de acuerdo a cada Estado. Los mojones que esclarecían que el límite es el Río Grande Tarija, fueron arrancados en los años 90 por empresarios que se apropiaron de zonas que no les corresponden. La falta de señalización y de un Estado regulador llevaron a que se den episodios violentos por las tierras salteñas.
Desde el año 1994 comenzaron a tener problemas con empresarios bolivianos que cultivan caña de azúcar al costado del río Tarija, sin embargo, lo hacen del lado argentino, en la tierra ancestral de la comunidad ava guaraní que, dato no menor, tiene personería jurídica registrada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y está asentada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Se realizaron denuncias a lo largo de los años, pero la situación sigue estancada.
La cacica de la comunidad, Natali Vásquez, ha identificado a Horacio Cruz como uno de les visitantes del país vecino, este llevó cada vez más gente al territorio para marcar donde estaba vacío para desplegar sus negocios. “Se meten sin permiso. Ellos desmontan y desmontan, el río se desborda y afecta a las casas y sembradíos. Dejan al río sin defensa. Deberían respetar también. Solo les importa la buena producción, y no viven aquí”, contó Vásquez (1).
En pandemia, y con el panorama que enmarca, los (des)encuentros con Cruz y su pandilla aumentaron. El tres de abril no apareció solo en el territorio, lo acompañaban miembros de la Policía Marítima Pluvial y Lacustre de Bolivia. La cacica comentó que uno de ellos se identificó como el capitán Suarez de la Armada Boliviana, quien la amenazó en su encontronazo. El grupo de cuatro personas se quedó durante cuatro días más antes de retornar a su país.
El 18 de abril, Cruz volvió con más personas para seguir trabajando en cultivo de caña y cerrar más tierras. Ese mismo día, corrió con un machete a la cacica Vásquez, prohibiéndole la libre circulación y el acceso al río por ser, según él, propiedad privada y del territorio boliviano.
Días después, además de encontrarse nuevamente con Cruz, volvió a aparecer el capitán Suarez y un grupo de uniformados armados que amenazaron a la comunidad diciéndoles que si se acercaban al territorio les llevarían detenides e iban a confiscar su lancha -único medio de transporte para cruzar el río y acercarse a alguna zona urbana-. También amenazaron con volver en mayo y “poner patrullas bolivianas en la orilla del río diciendo que es un río boliviano. Estas cosas vienen pasando desde hace muchos años. Todavía buscan alambrar más tierras para sembrar caña destinada al contrabando hacia Bolivia”, aseguró Vásquez [2].
Pasaron los meses y el conflicto sigue sin resolverse. El 13 de agosto, un tal Emilio, amenazó de muerte a les integrantes de la comunidad y les insultó mientras les apuntaba con un arma a sus rostros. El abogado de la comunidad, Hernán Mascietti, realizó una denuncia virtual en la web de la Fiscalía de Derechos Humanos por “usurpación, abuso de armas e intento de asesinato”.
Como si fuera poco, les pusieron portones con llave y electricidad en el camino de acceso al río. La otra forma de llegar a él es mucho más peligrosa por la presencia de yacarés y el atravesar un pantano.
Se les niega el derecho que tiene de circular por su territorio, e incluso son violentados por hacerlo. El río cala las dos costas, la de Bolivia y la de Argentina, es el límite internacional, por lo que los dichos de los empresarios no tienen validez. Sin embargo, nadie controla y regula que eso se cumpla, por lo que los negocios se manejan con total impunidad por el complicado acceso del control de la zona.
Buscando respuestas
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) está mediando en la situación. Se le presentó al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, un texto en el que se pide su intervención y se especificó que la comunidad se encuentra sin acceso al agua ni a alimentos, amenazada y sin protección de las instituciones estatales que deberían avocarse a ello.
De todas formas, la comunidad viene realizando denuncias desde abril en contra de Horacio Cruz, el productor agropecuario, por su accionar violento en los territorios ava guaraníes. La única denuncia que hizo ruido fue la que le hicieron a la cacica Vásquez, en Bolivia la denunciaron por “atropello, saqueo e incendios de cañaverales”.
Una vez más, podemos presenciar un acto de discriminación y violencia contra pueblos originarios. Si bien existen organismos como el INAI y leyes que avalan la recuperación de tierras y los derechos de las comunidades, cuando se las margina se las invisibiliza.
“Donde existe una necesidad, nace un derecho”, dijo alguna vez una tal Evita, y es hora de cumplirlo. El difícil acceso al territorio no debe ser una barrera que le impida el paso a los marcos legales que protegen a las comunidades.
Referencias
[1] https://www.pagina12.com.ar/285800-comunidad-guarani-denuncia-que-les-cerraron-el-paso-al-rio-t
[2] https://www.pagina12.com.ar/262346-denuncian-que-la-policia-boliviana-paso-a-territorio-argenti)
