La fecha para reanudar las acciones fue estipulada para un día después de las elecciones presidenciales de ese país, por lo que se pueden hilar diversos intereses que se encuentren por detrás. Hasta el momento, quien acercó la información aseguró que se trata de simples “gentilezas” del gobierno norteamericano hacia el argentino.
El gobierno de Estados Unidos, presidido por Joe Biden le pidió a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que demore su decisión final para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) le transfiera al fondo buitre Burford acciones de la empresa a modo de resarcimiento por el litigio que ganó la entidad “carroñera”. La fecha de espera fue pedida para el 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en ese país.
Pese a que la información brindada por el CEO de Latín Advisor, Sebastián Maril, hacia el medio Infobae, destaca que dicho pedido sería una acción de “amicius curiae” (conocida en el lenguaje del derecho como una intervención de una persona ajena a un litigio) en favor de la Argentina, al mismo tiempo, la fecha que da inicio a una nueva gestión en el país norteamericano como límite para dicha decisión no puede ser pasada por alto ante la posibilidad de que se tome una nueva decisión estratégica en favor de ese país. Según Maril, uno de los argumentos del gobierno de Biden es que “se trata de naciones amigas, soberanas y que mantienen buenas relaciones”.
Para entender el tema en cuestión, es importante repasar que el fallo de la jueza Preska a favor de Burford y en contra del Gobierno nacional nace a partir de la privatización de YPF, cuando la resolución de la venta a la empresa Repsol estipuló que si el el gobierno argentino quisiese en un futuro recuperar las acciones debería abrir un concurso público a todos sus acreedores antes de tomar cualquier decisión. Dicha recuperación finalmente sucedió en 2012, cuando Argentina le compró nuevamente el 51% de las acciones a la empresa Repsol. A su vez le había cedido porcentajes minúsculos a Eton Park y Petersen, a través de las cuales el fondo Buitre ingresó al litigio, comprándoles los derechos de esa acción a estas empresas. Finalmente, la jueza Preska falló en 2023 en favor del fondo buitre, obligando al gobierno argentino a pagarle la suma de 16 mil millones de dólares.
Ahora, cuando Preska aún debe ordenar que ese monto se le embargue a YPF a modo de acciones, el gobierno estadounidense pidió que la resolución no se afirme hasta el 6 de noviembre, a lo que Preska se puede negar en caso de que así lo considere. “Estados Unidos sabe muy bien que nuestro país (Argentina) violó las leyes de los mercados de capitales locales y por eso no descarto que la juez nombre a un Special Master (mediador) y que ambas partes resuelvan la disputa”, aseguró Maril.
Mientras tanto, Burford apunta a todos los recovecos posibles por los cuales pueda cobrar el dinero del juicio, ya que su única función es la de intervenir en juicios y chupar la sangre de las empresas que presentaron alguna irregularidad legal para luego vender las acciones del mismo juicio en el mercado de valores. Por un lado, apunta a incluir nuevamente a YPF en el juicio (Preska dió como único culpable al Estado argentino) y por otro, a cobrar el monto en bienes internacionales del propio Estado.
Para acceder a estos lugares, Burford intenta comprobar ante la justicia que YPF funciona de manera orgánica al Estado nacional, y no de manera autárquica e independiente como lo es en su estructura legal. En esa línea, el fondo buitre intenta cobrarse la cuajada por donde sea, e incluso ve con buenos ojos entidades estatales como el propio Banco Central, el Banco de la Nación Argentina (BNA), y empresas como Enarsa, Arsat y Aerolíneas Argentinas.
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