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Categoría: Actualidad

Aerolíneas: Cancelan el “Corredor Atlántico” que conectaba a ciudades del litoral marítimo argentino

Aerolíneas: Cancelan el “Corredor Atlántico” que conectaba a ciudades del litoral marítimo argentino

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Aerolíneas Argentinas decidió suspender esta ruta aérea, que permitía unir a Bahía Blanca, Buenos Aires, Mar del Plata, Trelew, Comodoro Rivadavia y Río Gallegos con tres frecuencias semanales. La medida comenzará a regir a partir del 1 de octubre y ya genera malestar y preocupación por el impacto en el turismo y la economía regional.

En medio del conflicto que atraviesa Aerolíneas Argentinas y los gremios aeronáuticos, la aerolínea de bandera anunció que suspenderá el “Corredor Atlántico”. Tal medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre, poniendo fin a un servicio implementado en julio de 2022. La ruta aérea ofrecía tres frecuencias semanales en ambas direcciones, permitiendo una mayor conectividad entre las principales urbes del litoral marítimo argentino.

Desde el sector aeroportuario, se apuntó que la razón principal esgrimida por la empresa estatal sería la optimización de las rutas. “La idea es optimizar las rutas. El Corredor Atlántico partiendo desde Aeroparque no es eficiente como lo era el anterior, cuando salía de Ezeiza”, explicaron.

Fuentes del aeropuerto de Bahía Blanca confirmaron que la aerolínea de bandera ha optado por cancelar esta ruta, al menos de forma momentánea. Sin embargo, no se descarta que la medida se prolongue en los próximos meses, incluso más allá de la temporada de verano.

Si bien el “Corredor Atlántico” no gozaba de una alta demanda fuera de las temporadas turísticas, su objetivo era aumentar la conectividad entre las principales ciudades costeras, fomentando el desarrollo turístico y de negocios sin tener que pasar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Aerolíneas Argentinas había resaltado, al presentar la ruta hace dos años, que “este corredor tiene una impronta verdaderamente federal y servirá para el desarrollo turístico y de negocios de todas las ciudades que lo integran, sin que los pasajeros tengan que pasar por Buenos Aires para viajar por el país”.

La cancelación de esta ruta supone un revés para la conectividad aérea de las ciudades involucradas, al menos hasta que se evalúe la posibilidad de retomarla o implementar alternativas que mantengan la premisa de fomentar la integración regional sin depender de la capital, algo que por ahora parece imposible.

Con respecto a los viajeros, la cancelación de este corredor aéreo tendrá un impacto directo en ellos, quienes ahora se verán obligados a buscar alternativas con mayores costos y menos comodidad. Incluso, muchos deberán realizar escalas adicionales para llegar a sus destinos, lo que implica más tiempo de viaje y mayores gastos. Esta situación también generará preocupación en el sector turístico de Río Gallegos y otras ciudades afectadas, ya que podría disminuir la afluencia de visitantes y afectar la economía local.

En cuanto a los motivos detrás de esta medida, Aerolíneas Argentinas aún no ha esgrimido un comunicado oficial o explicación alguna. Tal noticia genera un malestar en diversos sectores, que ven en esta decisión una pérdida de conectividad y un perjuicio para la región.

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Algo había ahí: Arrieta divulgó chats que confirman un proyecto para liberar genocidas

Algo había ahí: Arrieta divulgó chats que confirman un proyecto para liberar genocidas

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

 La diputada oficialista, que se desvinculó inmediatamente de sus pares en la visita a represores de la última dictadura, estalló la interna libertaria con la publicación de mensajes en un grupo de WhatsApp donde organizaron dicha “excursión”, al mismo tiempo que preparaban una ley que garantice la libertad de estos.

Finalmente las especulaciones eran reales: el grupo de 6 diputados de La Libertad Avanza compuesto por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci que visitó a represores genocidas cumpliendo condenas en el penal de Ezeiza, traía consigo un proyecto para la liberación de estos. La diputada Arrieta, quien se desdobló rápidamente del hecho, publicó los chats que certifican la organización de tal proyecto.

Tras la divulgación de uno de los hechos que comenzó a detonar a La Libertad Avanza por dentro, la diputada Lourdes Arrieta, más temprano que tarde, se limpió las manos por sobre sus compañeros de excursión, al son de pesos pesados dentro del propio partido, como lo fueron el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, o el propio presidente, Javier Milei, quien alegó que él “no lo habría hecho”.

Los argumentos de Arrieta fueron tan ridículos como la propia irritabilidad ante estos hechos de otros dirigentes de un espacio que se forjó siendo abiertamente negacionista: aseguró que no conocía el historial de represores como Alfredo Astiz, Adolfo Donda, o Antonio Pernía, entre otros, porque “nació luego de la dictadura”. Esto rompió al bloque parlamentario en dos partes, en un marco en donde la “grieta” ya parte desde la fórmula presidencial. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, cada vez más desdoblada ante la profunda crisis financiera del gobierno nacional, y del propio Milei, aprovecha cada situación para pegarle al actual presidente.

A este combo, hay que sumarle además los rumores de pelea en la propia estructura interna del presidente, que se sostiene por su hermana y asesora, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo. En este marco, la publicación de Lourdes Arreta este fin de semana terminó de volar por los aires una interna que ya había detonado durante la semana anterior, en medio de reuniones del bloque de diputados. Allí se habrían dado los sucesos que devinieron en las publicaciones de la diputada mendocina. “Martín Menem, mírame. Martín no tuviste los huevos para defendernos, Martín”, se escucha a través de un audio divulgado por La Política en el que se escucha a Arrieta fuera de sí. Además, denunció a su compañero de bloque Nicolás Mayoraz, por violencia de género.

De esa manera, este sábado la diputada salió a la carga a través de su cuenta de X: “NO MÁS IMPUNIDAD Como dijo el Pte @JMilei, es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces. Abro hilo”. 

A partir de allí se desprendieron entonces diversas conversaciones entre las que se ve a la abogada Laura Olea con el planteo de un “proyecto de ley razonable” que fue alcanzado al ex senador José Torello, también ex jefe de asesores de Mauricio Macri.  “Habíamos propuesto que no alcanza a quienes se encontraren prófugos al momento de la sanción de la ley. Esto por los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel, que fueron declarados casos de lesa humanidad y entonces van a aprovechar para hacer la objeción de que la extinción no abarque a esa clase de delitos. La aclaración de que no ampara a los prófugos (así están todos los presuntos responsables de esos atentados) dejaría sin argumentos a esa posible objeción”, analizó junto a sus compañeros de grupo. 

Tras ello, el ex juez de la Cámara de Casación Eduardo Riggi, junto al abogado Ricardo Saint Jean criticaron al  procurador general interino Eduardo Casal, quien se negó a ceder ante los pedidos de libertad condicional de dichos represores. “Casal pretende perpetuarse en ese cargo y ha dictaminado en ese sentido ‘políticamente correcto’ para los progres e izquierdistas por conveniencia y grave debilidad moral”, aseguró el primero, mientras que el segundo asintió y añadió: “El procurador general interino, Casal, con la excusa de que es apolítico, la única política que mantiene y auspicia es la de la izquierda revolucionaria desde las procuradurías creadas para Justicia Legítima por Gils Carbó para darle impunidad a los amigos y perseguir opositores”.

Al mismo tiempo, el cura Javier Olivera Ravasi, quien fue el organizador y gestor de las distintas partes del grupo, les hizo saber a sus compañeros que Benedit coordinó con la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, para que esta dé el visto bueno para que la visita pueda realizarse, en términos totalmente extraordinarios a los que consisten a una visita en la cárcel. “Ya está hablado, quienes quieran ir por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar”.

Mientras el plan económico del ministro de Economía, Luis Caputo, apenas da signos vitales en su propio juego financiero, el bloque oficialista se parte en dos -o tres- pedazos tras el intento de lo que, ahora sí queda claro, es uno de los objetivos culturales del gobierno nacional: lejos de plantear la superación de esta etapa tan sangrienta y oscura para la Argentina, se quieren dar vuelta las categorías de víctimas y victimarios.

 

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El Gobierno recortó el Programa “Acompañar” que protege a víctimas de violencia de género

El Gobierno recortó el Programa “Acompañar” que protege a víctimas de violencia de género

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El proyecto tenía el objetivo de brindar protección a mujeres, y miembros de la comunidad LGBTI+, víctimas de violencia. Con este revés, Javier Milei y sus funcionarios siguen con su plan de desarmar todo el andamiaje legal e institucional montado para brindar protección a dichos grupos sociales. Ahora deberán cumplir más requisitos para acceder a la ayuda, además de reducirse a la mitad el tiempo de la asistencia.

Tras eliminar el ministerio de la Mujer, el gobierno libertario endureció este lunes los requisitos que deberán cumplir las víctimas para acceder al programa “Acompañar”. De esta manera, Javier Milei sigue adelante con su plan de desarticular todo el andamiaje legal e institucional montado, durante los gobiernos anteriores, para brindar protección a las mujeres e integrantes de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencia de género.

La medida fue anunciada en el Decreto 755/24 publicado este 26 de agosto con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Allí, el Gobierno introdujo significativos cambios al Programa ‘Acompañar’, creado en 2020 y que fue descontinuado hace meses por la actual gestión libertaria.

En este sentido, los cambios buscarían optimizar la ejecución y control del programa, asegurando que los recursos disponibles se utilicen de manera más eficiente y eficaz. Sin embargo, lo cierto es que no hace más que chocar con los verdaderos objetivos del programa. Además de endurecer las condiciones para acceder a la ayuda, el oficialismo también redujo a la mitad el tiempo a lo largo del cual se contará con tal cobertura, por lo que las víctimas de violencia de género quedarán sin acompañamiento a partir de los tres meses.

Hasta este lunes, el programa brindaba un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. Sin embargo, el Gobierno ahora redujo esta ayuda a tan solo 3 meses, ya que se decretó una reducción del 50% de la cantidad de cuotas percibidas por las beneficiarias siendo que la ayuda económica es un instrumento fundamental, especialmente en los sectores más humildes, para que las víctimas fortalezcan su capacidad y posibilidades de alejarse de aquel que les violentó.

Cabe recordar que el programa fue creado por el entonces ministerio de la Mujer y el objetivo principal era fortalecer la independencia económica de las víctimas para que no se vean forzadas a permanecer junto a quienes las atacan. Además, ofrecía acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial para las personas incluidas en el programa, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

Hasta este lunes, para acceder al “Acompañar” bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Sin embargo, ahora las víctimas de violencia de género deberán también acreditar la presentación de la denuncia judicial o policial por violencia de género. Esto significa que, para poder acceder al programa, las personas deberán haber formalizado su situación de violencia ante las autoridades. Antes, no era indispensable que se haya denunciado al agresor, sabiendo que se trata de un trámite que muchas veces vuelve a exponer a las víctimas una situación de vulnerabilidad.

Además, fue reemplazado el artículo 4° del Decreto 734/20 por una versión más estricta en cuanto a los requisitos para acceder al programa. Ahora, para recibir la prestación del Programa “Acompañar”, se requiere un “Informe social”: Las personas solicitantes deberán presentar un informe social emitido por un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la CABA. Este informe deberá acreditar la situación de riesgo por violencia de género.

A su vez, se pedirá que la persona solicitante tenga al menos 18 años de edad, y que cuente con “Residencia en Argentina”: La prestación podrá ser solicitada por cualquier persona residente en Argentina que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada, o extranjera con residencia permanente en el país.

Con estas cambios, el Gobierno lo que hace es, por un lado exigir una mayor formalidad y acreditación de la situación de riesgo, pero a la vez, complicar la situación de quienes lo requieren, ya que no todas las personas en situación de violencia están en condiciones de realizar una denuncia judicial o policial. La justificación sigue siendo la de “adoptar los mecanismos necesarios para que los recursos con que cuenta el Estado Nacional se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”.

Traslado de competencias y Compatibilidades

Otro cambio significativo fue el traslado de las competencias en materia de prevención y erradicación de la violencia de género al Ministerio de Justicia, (decidido en mayo de 2024 a través del Decreto 450/24, que modificó la Ley de Ministerios). Antes, estas responsabilidades estaban bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Con esta alteración, el Ministerio de Justicia se convierte en el encargado de desarrollar las acciones necesarias para prevenir y erradicar la violencia de género, así como de asistir integralmente a las víctimas.

Finalmente, en lo que respecta a la compatibilidad del Programa, será factible con: Asignación Universal por hijo; Asignación Universal por Embarazo para Protección Social ;Asignación por hijo con discapacidad ;Monotributo Social; y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

Sin embargo, será incompatible con: Ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social); Subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgada por el Estado nacional; Jubilaciones, Pensiones o Retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pensión Universal para el Adulto Mayor dispuesta por el Decreto N° 894/2016; y Prestación por desempleo.

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Diputados: Petri defendió de manera insólita la vuelta de los militares a la calle

Diputados: Petri defendió de manera insólita la vuelta de los militares a la calle

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El ministro de Defensa asistió a la Cámara Baja del Congreso de la Nación y amparó el proyecto que busca modificar la Ley 24.059 de Seguridad Interior. En su exposición, el funcionario planteó la necesidad de ampliar el poder de las Fuerzas Armadas dentro del territorio y que puedan realizar “acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”. Esta capacidad está vetada desde el retorno de la democracia.

Con el objetivo de dar apoyo político al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, el ministro de Defensa Luis Petri defendió la reforma a la Ley 24.059 de Seguridad Interior que tiene como objetivo otorgarle más poder a las Fuerzas Armadas y que tengan la potestad de realizar “acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, dentro del territorio ante actos definidos por las autoridades como “terroristas”.

El escrito discutido el miércoles de la corriente semana en la Comisión de Defensa, y que ingresó el pasado 2 de agosto a la Cámara de Diputados, lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.

En cuanto al amparo de Petri, apuntó específicamente a la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada. Algo de esperarse del gobierno libertario, ya que su intención es que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.

En su exposición, el funcionario planteó que “en el período de 1930 a 1983 no había Constitución, allí hubieron golpes militares pero también hubieron golpes cívicos militares, y esto es importante; no fue responsabilidad exclusiva y excluyente de las Fuerzas Armadas la interrupción democrática y constitucional en nuestro país”.

En consonancia, Petri argumentó que “no podemos relativizar el accionar, también, de los civiles en esos golpes. Hubo un accionar, en algunos casos militar y en algunos otros casos cívico militar a la hora de provocar y propiciar las interrupciones constitucionales que hubieron entre 1930 y 1983”, repasó.

En busca de contraponer el peso que tuvieron las FFAA en las dictaduras al rol que tendrían de aprobarse este proyecto, Petri aclaró que su proyecto “no tiene nada que ver” con todo lo sucedido por las FFAA en los golpes de Estado. En este sentido, expresó: “Nos parece que es caprichoso asemejar lo que ocurrió en dictaduras de lo que nosotros estamos planteando bajo el amparo de la Constitución en el marco de un Estado de derecho con el imperio de la Ley y con control judicial”.

“Lo que estamos es reglamentando lo que la Constitución establece. No queremos apartar la Constitución, al contrario, queremos la plena vigencia. Lo que estamos buscando es que en el marco de la Constitución actúen nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es comparable con la situación que se vivió durante los golpes militares” prosiguió el jefe de la cartera de Defensa .

Cabe destacar que la propuesta de Petri y sus argumentos contaron con el aval de su par de Seguridad Patricia Bullrich, a quien secundó en la fórmula presidencial del 2023 para el PRO; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente Javier Milei.

Además, uno de los planteos de tal reforma es que se presenta como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También, sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.

Haciendo un repaso de los argumentos esgrimidos por Petri en la Comisión de Defensa, hay al menos tres aspectos claves y poco sólidos. En principio, en términos constitucionales, las FF.AA no pueden tener injerencia en asuntos de seguridad interior, ya que en la ley de Seguridad Interior se limita el accionar de los militares, y esas modificaciones son fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).

Es de resaltar, que el rol adjudicado a las FFAA para el patrullaje en las calles, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.

Otro de los aspectos que debe considerarse es cuáles serán los criterios que se utilizarán para calificar como “actos terroristas”, dado que en la protesta contra la Ley Bases se desató una feroz represión de las fuerzas de seguridad que dejaron más de 30 personas detenidas (y que aun 2 de ellas permanecen privadas de su libertad) a las que tanto desde el Gobierno como desde la Justicia, se las calificó de terroristas. ¿Serían estas, entonces, instancias válidas para la intervención militar?

Finalmente, en términos de representación simbólica, se debe tener en cuenta el saber colectivo en torno al abuso de las fuerzas de seguridad en Argentina, dado el recuerdo del accionar de las FFAA en las calles durante la dictadura; las mismas que ahora actuarían en conjunto bajo la nueva ley de Petri. Esto solo generaría más situaciones de abuso de poder y, además, despertaría temor en la sociedad, algo que -en vista del accionar represivo llevado a cabo por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich- pareciera ser el objetivo implícito de esta iniciativa.

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En agosto los salarios seguirán perdiendo frente a la inflación

En agosto los salarios seguirán perdiendo frente a la inflación

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Según un estudio de la CTA Autónoma, publicado a través de redes sociales, la mayoría de los acuerdos paritarios para el mes de agosto quedan por debajo del número esperado por las distintas consultoras económicas, que arañan los 4 puntos. Un mes más que se sumará a la profunda debacle adquisitiva sostenida desde que asumió Javier Milei.

El Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) realizó una investigación que revela que la mayoría de los acuerdos paritarios realizados a la fecha en distintos gremios para el mes de agosto, quedarían por debajo de la inflación prevista por distintas consultoras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para ese mismo período; por lo que, la mínima recuperación que se habría podido ver durante los meses anteriores “habría llegado a su techo”.

Desde que La Libertad Avanza es gobierno, la transferencia de recursos o pérdida adquisitiva de los trabajadores se profundizó en niveles similares a los sucedidos en los últimos 8 años. Tan solo tres meses en los que se congeló el salario mínimo, al mismo tiempo que se devaluó el dólar oficial en un 120%, sumado a la liberación de varios controles de precios, bastaron para que el salario promedio se deteriore profundamente. A partir de allí, pese a las promesas del gobierno de que “los salarios se recuperaron”, este solo se mantuvo en la misma línea, con algunas leves recuperaciones en algunos sectores, mientras que en otro incluso siguieron a la baja.

 A través de su cuenta de X, el director del Instituto de la CTA, Luis Campos, publicó una grilla de los distintos acuerdos paritarios generales por secciones, en donde la mayoría de los números quedan por debajo del esperado aumento general del 3,8% para el mes corriente. Acompañado de dicha foto, aseveró que “la recuperación del salario real estaría llegando a un límite.”

Según este documento, Entidades Civiles y Deportivas (5,4%); Sanidad (4,5%); camioneros (4,5%); cuero (4,2%); y casas particulares (4%), estarían por encima de la línea inflacionaria, mientras que carga y descarga (3,8%) recuperaría con lo justo; y comercio (3,7%), metalúrgicas y gráficos (3,5%); alimentación (3,4%); textiles y SINEP (3%); y estaciones de servicio (2,8%) quedarían por debajo de lo estimado. 

En consonancia, mientras que en educación a nivel superior los distintos gremios mantienen un plan de lucha constante por el aumento otorgado de 3% para agosto, también por debajo del número esperado, y 2% para el próximo mes, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) declaró un paro general de sus líneas para este jueves, con posibilidad de extenderse al viernes de no recibir respuestas por parte de la Secretaría de Trabajo de la Nación, con quienes no se llegó a un acuerdo paritario. 

Estas situaciones se suman a lo publicado por la CTA, y demuestran la voluntad del gobierno nacional de, no solo no intervenir en las negociaciones, sino de que los aumentos sean los más mezquinos y miserables posibles, ya que es una herramienta fundamental en el plan económico del jefe de esa cartera, Luis Caputo, para retener la inflación. Algo así como lo que el propio presidente, Javier Milei, mencionaba en campaña como “represión de la inflación”, una técnica que también puede dilucidar en la retención ultra atrasada del tipo de cambio oficial aún sin superar la barrera de los mil pesos.

De esta manera, el ajuste sigue recayendo sobre el sector trabajador, al contrario de lo que había prometido el presidente en su campaña, ya que las paritarias son el eje a “estacar” para que los números estrictos buscados por la cartera económica no se muevan en un hipotético traslado de precios al consumidor, ante una recuperación significativa para la masa salarial perdida hasta el momento.

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Cannabis Medicinal: El Gobierno restringió aún más la inscripción al registro de acceso

Cannabis Medicinal: El Gobierno restringió aún más la inscripción al registro de acceso

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

A través de la Resolución 3132/24, el Estado Nacional limitó el ingreso al Registro del Programa Cannabis, ya que entre otras cosas, ahora se deberá contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de tal planta. De esta manera, la situación actual se complicó para los miles de pacientes que necesitan acceder al cannabis medicinal para tratar dolencias o patologías ¿Cuáles son los nuevos requisitos?

Bajo la línea del supuesto reordenamiento que lleva adelante Javier Milei y sus secuaces, este martes el Gobierno Nacional volvió a atacar; y no a la casta como se esperaría, sino que ahora restringió el acceso al cannabis medicinal del que dependen miles de pacientes todos los días para tratar sus dolencias y patologías severas.

Tal medida, se confirmó mediante la Resolución 3132/24, publicada hoy en el Boletín Oficial que lleva la firma del ministro de Salud de la Nación, Mario Antonio Russo. De esta manera, se dispuso entre otras cosas, que de ahora en más para inscribirse al Registro del Programa Cannabis (el registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos) se debe contar con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis. Se trata de un requisito excluyente para inscribirse al Reprocann.

A comienzos de julio, desde la cartera que conduce Russo ya habían adelantado que se restringiría el acceso al cannabis medicinal. En aquel momento desde el Ministerio remarcaron: “El Reprocann va a seguir funcionando, pero más ordenado y riguroso”.

Cabe recordar que el Reprocann comenzó a funcionar en marzo de 2021 y poco más de un año después se encontraban incorporadas cerca de 90 mil personas. Desde sus comienzos hasta la actualidad para inscribirse fue necesario contar con una indicación expresa de uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico, haber suscrito el consentimiento informado y la declaración jurada correspondiente.

También se debía cumplir los requisitos y los trámites solicitados por el programa en tiempo y forma. El programa fue pensado para el acceso exclusivo de pacientes que necesiten pedir autorización al cultivo controlado de cannabis “con fines medicinales y/o terapéuticos, personas o entidades que necesiten cultivar para un tercero y profesionales de la salud que necesiten certificar a sus pacientes”. 

Sin embargo, ahora se deberá contar además con una Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la planta de cannabis. Además de tener la indicación médica para el uso de cannabis y sus derivados, elaborada por un profesional autorizado, y haber suscrito al Consentimiento Informado Bilateral. Dado que para el gobierno libertario de Milei, el Reprocann está desvirtuado.

Nuevos requisitos para inscribirse al Reprocann

Con la nueva resolución el Gobierno autorizó a las asociaciones civiles o fundaciones a inscribirse en el Reprocann, pero solo podrán hacerlo aquellas que se encuentren debidamente inscriptas para funcionar como persona jurídica ante el organismo correspondiente, según la jurisdicción a la que pertenezca.

Dichas instituciones deberán contemplar como parte de su objeto social la prosecución de los objetivos previstos para el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis. También, deberán presentar la nómina de los usuarios que se registren como asociación civil y/o fundación cultivadora autorizada, con identificación clara y precisa de las personas usuarias registradas por el Reprocann.

A su vez, las instituciones deberán acompañar con una declaración jurada suscrita por cada uno de los usuarios autorizados previamente por el Reprocann para acceder al cultivo a través de dicha asociación civil y/o fundación. Además, que acompañen el registro de “cultivador solidario” realizado por cada uno de los interesados en su inscripción al Reprocann.

Los miembros de la Comisión Directiva de las Asociaciones Civiles y/o Miembros del Consejo de Administración de las Fundaciones, no deberán poseer antecedentes penales que guarden relación con la comisión de un delito relativo al uso de estupefacientes o sustancias prohibidas o el uso indebido del cannabis medicinal.

En tanto, la resolución señala que las asociaciones civiles y/o fundaciones sin fines de lucro deberán acreditar “su efectiva vinculación, con un carnet o constancia emitida a los efectos de acreditar representación por la institución respecto de las personas registradas en REPROCANN para las cuales cumplirá el rol de cultivador”. El certificado tendrá una vigencia de 3 años desde la fecha de emisión.

Colapso del Reprocann y situación actual de los pacientes

El pasado nueve de agosto pasado, la presidenta de la asociación civil Familias Cultivando e integrante de Educanar, Mariana Ríos, advirtió que el Reprocann colapsó. En este sentido, sostuvo: “Hoy tengo pacientes que están esperando su autorización desde octubre del año pasado. Algunos abandonaron el tratamiento para no exponerse a cultivar en la ilegalidad y otros tuvieron que comprar aceite, lo cual es mucho más costoso y no todos pueden acceder”.

“Entran más de 600 solicitudes por día, de las que solo llegan a aprobar 40, además de las 10 mil solicitudes que están en espera, es decir, que a ese ritmo los pacientes tendrán que esperar siete años. Debido a estos retrasos las personas deberían estar avaladas legalmente, para que puedan seguir cultivando, transportando y consumiendo su medicina”, advirtió quien preside la asociación civil Familias Cultivando .

Por último, la integrante de Educanar sostuvo: “Tengo pacientes con discapacidad, otros con patologías de riesgo severas para los que suspender el tratamiento implica un deterioro muy grande en su salud y seguir cultivando para no suspenderlo, implica un riesgo para su seguridad porque por cultivar su propia medicina pasan a ser ilegales”.

Con respecto a las nuevas modificaciones, los rangos permitidos de cultivo quedaron fijados de la siguiente manera: Cada tercero inscripto en el Reprocann podrá representar bajo el rol de cultivador, como máximo 2 personas, ella incluida; Cantidad de plantas florecidas: entre 1 y 9 por paciente; Cantidad de metros cuadrados cultivados: hasta 6 m2 para cultivo interior, y hasta 15 m2 para el cultivo exterior; Condición de cultivo: interior y exterior; Transporte: entre 1 y 6 frascos de 30ml o hasta 40 gramos de flores secas.

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La Mesa Federal Energética se pronunció en contra de la subasta hidráulica

La Mesa Federal Energética se pronunció en contra de la subasta hidráulica

Redacción Trinchera
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A través de un comunicado, la entidad que procura la energía como bien común, repudió el decreto 718 que busca liquidar los activos del Estado en 5 empresas de energía hidroeléctricas.  “Las hidráulicas aportan un 23 o 24% a la totalidad de la energía eléctrica”, aclaró Tesso, integrante del Instituto Scalabrini Ortíz.

Tras el anuncio del gobierno nacional, a través del Decreto 718/24, en donde se intimó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) a cederle en un plazo de 180 días al Ministerio de Economía las acciones de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados, Comahue y Piedra del Águila; la Mesa Federal Energética emitió un comunicado en repudio, en el que se destacaron las problemáticas que tales privatizaciones podrían generar.

Como ya se había mencionado en Revista Trinchera, la promesa de privatizaciones de empresas del Estado por parte del gobierno de La Libertad Avanza dió sus primeros pasos tras la aprobación de la Ley Bases, y ahora quiere concretarlo con la venta de estas 5 empresas hidroeléctricas, que “están amortizadas, pero no valuadas por su capacidad de generar recursos”, según aseguró para Radio Trinchera Juan Carlos Tesso, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, y participante de la Mesa Federal Energética.

“Para lo que es estrictamente energía eléctrica, las hidráulicas aportan un 23 o 24%. Claramente es importante su incidencia, y su privatización implica que el valor de la energía tenga un aumento en el precio interno de las tarifas, como ya está sucediendo”, explicó Tesso.

En esa línea, el comunicado en cuestión destaca que la construcción de las 5 hidroeléctricas, realizadas durante los años 60, se realizó a partir de la inversión desde el Estado nacional, con el dinero de las y los argentinos, pero que estos no podrán gozar del beneficio de producción y bajos costos si las empresas finalmente son vendidas, hecho que sucede además tras el fin de las concesiones entregadas por el gobierno de Carlos Saúl Ménem en los años 90. “Desde agosto de 2023 pertenecen al Estado Nacional, sabemos que fueron construidas con el esfuerzo de todos los argentinos, y que las provincias pueden pagarlas para lograr un precio razonable de la electricidad para los usuarios”, sintetiza el escrito.

Por otro lado, Tesso explicó que, desde los distintos organismos sospechan que “hay algún interés detrás”, porque si bien “el decreto habla de transparencia”, luego surgió “una aclaración de que el gobierno de Milei no estaba de acuerdo con el decreto emitido por el secretario Chirillo”.  

“Después Chirillo dijo que no se vendían, pero que solo se vendía el papel accionario, un sinsentido. Ahora parece que sacarían un nuevo decreto. Nosotros desde el Instituto Scalabrini Ortiz decimos claramente que las empresas de generación de energía no se venden”, enfatizó el entrevistado.

Por  último, Tesso destacó que “para la transición energética, la energía hidráulica es muy importante, porque el grado de contaminación es prácticamente nulo”, y volvió a poner en valor la recuperación de estas empresas, en línea con el comunicado de la Mesa Federal Energética, la cual advirtió que “anulará esas eventuales privatizaciones” en la medida que “no se hayan respetado los derechos antes mencionados.“



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Gremios Aeronáuticos harán asambleas en Aeroparque: Denuncian un 70% de atraso salarial

Gremios Aeronáuticos harán asambleas en Aeroparque: Denuncian un 70% de atraso salarial

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

“Ante la insensibilidad de quienes nos gobiernan, no nos queda más remedio que comenzar con medidas de acción directa, las que realizaremos en forma escalonada y en diferentes aeropuertos del país”, señalaron los trabajadores. Las primeras “asambleas informativas” llevadas adelante por APLA, APA y UPSA en el Aeroparque Jorge Newbery, serán en reclamo de una recomposición salarial. “Un alto porcentaje de trabajadoras/es están con sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza” afirmaron.

Los gremios aeronáuticos decidieron realizar una serie de asambleas informativas que provocarán demoras y, posiblemente, cancelaciones en los vuelos. En este sentido, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y las asociaciones del Personal Aeronáutico (APA) y del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), han convocado estas medidas en respuesta a la falta de acuerdo salarial tras el cumplimiento de la Conciliación Obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo.

Con respecto a las primeras asambleas comenzaron este lunes en el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, entre las 9 y el mediodía. Desde APA y UPSA detallaron en un comunicado conjunto: “Habiéndose cumplido todos los plazos de la Conciliación Obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo sin llegar a acuerdo salarial alguno, hoy nos encontramos con un retraso de más del 70%, lo que hace que un alto porcentaje de trabajadoras/es están con sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza”.

Estas medidas surgen del descontento por los ingresos de los trabajadores, que consideran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, APA y UPSA indicaron que, ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales de Nación, se ven obligados a iniciar acciones directas que se realizarán de forma escalonada en diferentes aeropuertos del país.

Asimismo, en tal comunicado las organizaciones sostienen que “ante la insensibilidad de quienes nos gobiernan, no nos queda más remedio que comenzar con medidas de acción directa, las que realizaremos en forma escalonada y en diferentes aeropuertos del país”.

En tanto, la APLA anunció que también comenzarán asambleas para exigir una actualización salarial. “Desde hace meses estamos transitando una negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas, por la recomposición salarial, manteniendo una enorme prudencia y responsabilidad. La temporada alta de verano se llevó a cabo sin conflictos, apostando al diálogo y al entendimiento”, afirmaron desde el gremio en un comunicado.

Con respecto a las condiciones de trabajo y salarios, la APLA también destacó las duras condiciones laborales a las que se enfrentan los pilotos. La licencia y las habilitaciones requieren evaluaciones técnicas y psicofísicas continuas, y el trabajo involucra horarios que afectan el ciclo circadiano.

A pesar de cumplir con los más altos estándares de seguridad y profesionalismo, desde el gremio sienten que sus salarios “están degradados no sólo a nivel internacional sino también a nivel regional. Se han agotado todas las instancias”.

Desde otro sector, que viene peleando con los despidos y el vaciamiento de Aerolíneas, los trabajadores y trabajadoras de GPS, también se pronunciaron por el reclamo salarial y en solidaridad con los gremios que realizan las medidas. “Exigimos la reapertura urgente de paritarias y rechazamos el actual congelamiento salarial. Todo el apoyo al reclamo salarial de INTERCARGO, Pilotos y Aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas”, sostuvieron.

Finalmente, en cuanto al plan de acción de los pilotos, incluye asambleas en distintos aeropuertos del país. En este sentido, las empresas reconocieron que tales medidas “provocarán demoras en las operaciones de los vuelos y, probablemente, algunas cancelaciones”, hasta el 30 de agosto, inclusive.

El cronograma de protestas al que accedió Revista Trinchera es el siguiente:

-El Lunes 19 de agosto: reunión gremial en Aeroparque, entre las 9 y las 11:30 horas.

-Jueves 22 de agosto: asamblea en Ezeiza, a partir de las 21 horas.

-Martes 27 de agosto: reunión en las terminales aéreas de Córdoba y Mendoza, de 10 a 13 horas.

-Miércoles 28 de agosto: asamblea en Ezeiza, a partir de las 21 horas.

-Viernes 30 de agosto: reunión en Aeroparque, entre las 6 y las 9 horas.

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La actividad sigue cayendo, pero la inflación no termina de bajar

La actividad sigue cayendo, pero la inflación no termina de bajar

Redacción Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

El objetivo de la cartera económica oficialista desde que asumió el 10 de diciembre, fue “bajar la inflación de un hondazo”, para lo cuál decidió desplegar una feroz recesión. Pese a esto, la desaceleración es lenta, y no llegó si quiera a romper la barrera de 4 puntos para el mes de julio, algo muy esperado por el ministro Caputo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio fue del 4%, lo cual suma a la medida interanual un 263% de acumulación. Si bien, en comparación a los anteriores meses, se obtuvo una desaceleración, el oficialismo esperaba -e incluso aseguró- que el número rompería la línea de los 4 puntos.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, esperaba un número inferior al publicado por el INDEC para el mes de julio, no faltaron los festejos por parte de la cartera económica debido a que el número sigue desacelerándose, además de que el dígito es el más bajo desde enero de 2022.

Por supuesto, esto sucede en consonancia de la caída del consumo: en supermercados, se arrima al 10% interanual, y la actividad de otras industrias como la construcción y la manufacturera cayó por encima (13% y 19% respectivamente). A la par de una actividad y un consumo que caen, el número de 4 puntos que, en sumatoria de lo que va del año asciende a 87%, es un número altísimo, que ni siquiera fue un gran parámetro cuando el criticado gobierno de Alberto Fernández consiguió ese número a principios de 2022 con una industria en pleno proceso de reactivación tras la crisis sanitaria del Covid 19.

En cuanto a los distintos sectores, las vacaciones de invierno acarrearon los aumentos más grandes, ya que el 6,5% en restaurantes y hoteles, sumado al 6,1%  de las bebidas alcohólicas y tabaco lideraron la tabla por secciones. Si bien son aumentos significantes, preocupa aún más el 6% en lo que corresponde a las tarifas de gas, luz, electricidad y otros combustibles, que impactan de manera negativa en la vida cotidiana y sobrevolaron el nivel general de 4 puntos.

Por otra parte, si bien este mes el transporte se ubicó en el nivel más bajo después de calzados, con un 2,6% de aumentos, en la medida de agosto impactará la suba del 35% en colectivos, lo cual llevó el boleto mínimo dentro del Área Metropolitana alrededor de los 370 pesos, y conforma un aumento total de 600% en los 8 meses de gestión del gobierno de Javier Milei, ya que cuando asumió costaba 52 pesos. Mientras tanto, en ciudades como Córdoba, el 35% de aumento dejó el precio del boleto arañando los 1000 pesos, precisamente a 940.

Otra mala noticia para el gobierno oficialista es la medida tomada en Ciudad de Buenos Aires, donde lejos de desacelerarse, la inflación se elevó con respecto al mes pasado de 4,8 a 5,1%.

Con respecto a todos estos números, el Producto Bruto Interno Nacional cayó 5 puntos tan solo durante los primeros tres meses del año, mientras se espera la segunda medición trimestral. Estos números explican sin lugar a dudas la repercusión del plan de “enfriamiento” de la economía del ministro Caputo, que, sin pagar obligaciones como coparticipación o a la empresa Camessa, que distribuye la electricidad en el país, se apuntó a tener una balanza financiera favorable a cualquier costo, mientras la inflación baja debido a la destrucción de la capacidad de compra, casi como una “eutanasia económica”.

Por todo lo nombrado anteriormente, el número de 4 puntos, conseguido varias veces por la gestión anterior, no es un número ni celebrable ni está lejos de ser el apropiado para su contexto (como tampoco lo fue antes), pese a que incluso un número deflacionario es negativo ante una situación de depresión económica como la actual.

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