La Mesa Federal Energética se pronunció en contra de la subasta hidráulica

La Mesa Federal Energética se pronunció en contra de la subasta hidráulica

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A través de un comunicado, la entidad que procura la energía como bien común, repudió el decreto 718 que busca liquidar los activos del Estado en 5 empresas de energía hidroeléctricas.  “Las hidráulicas aportan un 23 o 24% a la totalidad de la energía eléctrica”, aclaró Tesso, integrante del Instituto Scalabrini Ortíz.

Tras el anuncio del gobierno nacional, a través del Decreto 718/24, en donde se intimó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) a cederle en un plazo de 180 días al Ministerio de Economía las acciones de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados, Comahue y Piedra del Águila; la Mesa Federal Energética emitió un comunicado en repudio, en el que se destacaron las problemáticas que tales privatizaciones podrían generar.

Como ya se había mencionado en Revista Trinchera, la promesa de privatizaciones de empresas del Estado por parte del gobierno de La Libertad Avanza dió sus primeros pasos tras la aprobación de la Ley Bases, y ahora quiere concretarlo con la venta de estas 5 empresas hidroeléctricas, que “están amortizadas, pero no valuadas por su capacidad de generar recursos”, según aseguró para Radio Trinchera Juan Carlos Tesso, integrante del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, y participante de la Mesa Federal Energética.

“Para lo que es estrictamente energía eléctrica, las hidráulicas aportan un 23 o 24%. Claramente es importante su incidencia, y su privatización implica que el valor de la energía tenga un aumento en el precio interno de las tarifas, como ya está sucediendo”, explicó Tesso.

En esa línea, el comunicado en cuestión destaca que la construcción de las 5 hidroeléctricas, realizadas durante los años 60, se realizó a partir de la inversión desde el Estado nacional, con el dinero de las y los argentinos, pero que estos no podrán gozar del beneficio de producción y bajos costos si las empresas finalmente son vendidas, hecho que sucede además tras el fin de las concesiones entregadas por el gobierno de Carlos Saúl Ménem en los años 90. “Desde agosto de 2023 pertenecen al Estado Nacional, sabemos que fueron construidas con el esfuerzo de todos los argentinos, y que las provincias pueden pagarlas para lograr un precio razonable de la electricidad para los usuarios”, sintetiza el escrito.

Por otro lado, Tesso explicó que, desde los distintos organismos sospechan que “hay algún interés detrás”, porque si bien “el decreto habla de transparencia”, luego surgió “una aclaración de que el gobierno de Milei no estaba de acuerdo con el decreto emitido por el secretario Chirillo”.  

“Después Chirillo dijo que no se vendían, pero que solo se vendía el papel accionario, un sinsentido. Ahora parece que sacarían un nuevo decreto. Nosotros desde el Instituto Scalabrini Ortiz decimos claramente que las empresas de generación de energía no se venden”, enfatizó el entrevistado.

Por  último, Tesso destacó que “para la transición energética, la energía hidráulica es muy importante, porque el grado de contaminación es prácticamente nulo”, y volvió a poner en valor la recuperación de estas empresas, en línea con el comunicado de la Mesa Federal Energética, la cual advirtió que “anulará esas eventuales privatizaciones” en la medida que “no se hayan respetado los derechos antes mencionados.



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Gremios Aeronáuticos harán asambleas en Aeroparque: Denuncian un 70% de atraso salarial

Gremios Aeronáuticos harán asambleas en Aeroparque: Denuncian un 70% de atraso salarial

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“Ante la insensibilidad de quienes nos gobiernan, no nos queda más remedio que comenzar con medidas de acción directa, las que realizaremos en forma escalonada y en diferentes aeropuertos del país”, señalaron los trabajadores. Las primeras “asambleas informativas” llevadas adelante por APLA, APA y UPSA en el Aeroparque Jorge Newbery, serán en reclamo de una recomposición salarial. “Un alto porcentaje de trabajadoras/es están con sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza” afirmaron.

Los gremios aeronáuticos decidieron realizar una serie de asambleas informativas que provocarán demoras y, posiblemente, cancelaciones en los vuelos. En este sentido, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y las asociaciones del Personal Aeronáutico (APA) y del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), han convocado estas medidas en respuesta a la falta de acuerdo salarial tras el cumplimiento de la Conciliación Obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo.

Con respecto a las primeras asambleas comenzaron este lunes en el Aeroparque Jorge Newbery, en la ciudad de Buenos Aires, entre las 9 y el mediodía. Desde APA y UPSA detallaron en un comunicado conjunto: “Habiéndose cumplido todos los plazos de la Conciliación Obligatoria impuesta por la Secretaría de Trabajo sin llegar a acuerdo salarial alguno, hoy nos encontramos con un retraso de más del 70%, lo que hace que un alto porcentaje de trabajadoras/es están con sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza”.

Estas medidas surgen del descontento por los ingresos de los trabajadores, que consideran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este sentido, APA y UPSA indicaron que, ante la falta de respuesta de las autoridades gubernamentales de Nación, se ven obligados a iniciar acciones directas que se realizarán de forma escalonada en diferentes aeropuertos del país.

Asimismo, en tal comunicado las organizaciones sostienen que “ante la insensibilidad de quienes nos gobiernan, no nos queda más remedio que comenzar con medidas de acción directa, las que realizaremos en forma escalonada y en diferentes aeropuertos del país”.

En tanto, la APLA anunció que también comenzarán asambleas para exigir una actualización salarial. “Desde hace meses estamos transitando una negociación paritaria con Aerolíneas Argentinas, por la recomposición salarial, manteniendo una enorme prudencia y responsabilidad. La temporada alta de verano se llevó a cabo sin conflictos, apostando al diálogo y al entendimiento”, afirmaron desde el gremio en un comunicado.

Con respecto a las condiciones de trabajo y salarios, la APLA también destacó las duras condiciones laborales a las que se enfrentan los pilotos. La licencia y las habilitaciones requieren evaluaciones técnicas y psicofísicas continuas, y el trabajo involucra horarios que afectan el ciclo circadiano.

A pesar de cumplir con los más altos estándares de seguridad y profesionalismo, desde el gremio sienten que sus salarios “están degradados no sólo a nivel internacional sino también a nivel regional. Se han agotado todas las instancias”.

Desde otro sector, que viene peleando con los despidos y el vaciamiento de Aerolíneas, los trabajadores y trabajadoras de GPS, también se pronunciaron por el reclamo salarial y en solidaridad con los gremios que realizan las medidas. “Exigimos la reapertura urgente de paritarias y rechazamos el actual congelamiento salarial. Todo el apoyo al reclamo salarial de INTERCARGO, Pilotos y Aeronavegantes de Aerolíneas Argentinas”, sostuvieron.

Finalmente, en cuanto al plan de acción de los pilotos, incluye asambleas en distintos aeropuertos del país. En este sentido, las empresas reconocieron que tales medidas “provocarán demoras en las operaciones de los vuelos y, probablemente, algunas cancelaciones”, hasta el 30 de agosto, inclusive.

El cronograma de protestas al que accedió Revista Trinchera es el siguiente:

-El Lunes 19 de agosto: reunión gremial en Aeroparque, entre las 9 y las 11:30 horas.

-Jueves 22 de agosto: asamblea en Ezeiza, a partir de las 21 horas.

-Martes 27 de agosto: reunión en las terminales aéreas de Córdoba y Mendoza, de 10 a 13 horas.

-Miércoles 28 de agosto: asamblea en Ezeiza, a partir de las 21 horas.

-Viernes 30 de agosto: reunión en Aeroparque, entre las 6 y las 9 horas.


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La actividad sigue cayendo, pero la inflación no termina de bajar

La actividad sigue cayendo, pero la inflación no termina de bajar

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El objetivo de la cartera económica oficialista desde que asumió el 10 de diciembre, fue “bajar la inflación de un hondazo”, para lo cuál decidió desplegar una feroz recesión. Pese a esto, la desaceleración es lenta, y no llegó si quiera a romper la barrera de 4 puntos para el mes de julio, algo muy esperado por el ministro Caputo.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este miércoles que el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio fue del 4%, lo cual suma a la medida interanual un 263% de acumulación. Si bien, en comparación a los anteriores meses, se obtuvo una desaceleración, el oficialismo esperaba -e incluso aseguró- que el número rompería la línea de los 4 puntos.

Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, esperaba un número inferior al publicado por el INDEC para el mes de julio, no faltaron los festejos por parte de la cartera económica debido a que el número sigue desacelerándose, además de que el dígito es el más bajo desde enero de 2022.

Por supuesto, esto sucede en consonancia de la caída del consumo: en supermercados, se arrima al 10% interanual, y la actividad de otras industrias como la construcción y la manufacturera cayó por encima (13% y 19% respectivamente). A la par de una actividad y un consumo que caen, el número de 4 puntos que, en sumatoria de lo que va del año asciende a 87%, es un número altísimo, que ni siquiera fue un gran parámetro cuando el criticado gobierno de Alberto Fernández consiguió ese número a principios de 2022 con una industria en pleno proceso de reactivación tras la crisis sanitaria del Covid 19.

En cuanto a los distintos sectores, las vacaciones de invierno acarrearon los aumentos más grandes, ya que el 6,5% en restaurantes y hoteles, sumado al 6,1%  de las bebidas alcohólicas y tabaco lideraron la tabla por secciones. Si bien son aumentos significantes, preocupa aún más el 6% en lo que corresponde a las tarifas de gas, luz, electricidad y otros combustibles, que impactan de manera negativa en la vida cotidiana y sobrevolaron el nivel general de 4 puntos.

Por otra parte, si bien este mes el transporte se ubicó en el nivel más bajo después de calzados, con un 2,6% de aumentos, en la medida de agosto impactará la suba del 35% en colectivos, lo cual llevó el boleto mínimo dentro del Área Metropolitana alrededor de los 370 pesos, y conforma un aumento total de 600% en los 8 meses de gestión del gobierno de Javier Milei, ya que cuando asumió costaba 52 pesos. Mientras tanto, en ciudades como Córdoba, el 35% de aumento dejó el precio del boleto arañando los 1000 pesos, precisamente a 940.

Otra mala noticia para el gobierno oficialista es la medida tomada en Ciudad de Buenos Aires, donde lejos de desacelerarse, la inflación se elevó con respecto al mes pasado de 4,8 a 5,1%.

Con respecto a todos estos números, el Producto Bruto Interno Nacional cayó 5 puntos tan solo durante los primeros tres meses del año, mientras se espera la segunda medición trimestral. Estos números explican sin lugar a dudas la repercusión del plan de “enfriamiento” de la economía del ministro Caputo, que, sin pagar obligaciones como coparticipación o a la empresa Camessa, que distribuye la electricidad en el país, se apuntó a tener una balanza financiera favorable a cualquier costo, mientras la inflación baja debido a la destrucción de la capacidad de compra, casi como una “eutanasia económica”.

Por todo lo nombrado anteriormente, el número de 4 puntos, conseguido varias veces por la gestión anterior, no es un número ni celebrable ni está lejos de ser el apropiado para su contexto (como tampoco lo fue antes), pese a que incluso un número deflacionario es negativo ante una situación de depresión económica como la actual.

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Docentes y nodocentes rechazan el mezquino aumento del 3%

Docentes y nodocentes rechazan el mezquino aumento del 3%

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El segundo cuatrimestre a nivel universitario comenzó con medidas de fuerza debido a la propuesta paupérrima del Gobierno nacional de aumento de 3% para agosto y 2% para septiembre. Mientras algunos gremios ratificaron un paro de 24 horas el lunes, otros mantiene una medida que se extiende hasta el miércoles. 

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), atravesó durante semana una medida de fuerza de 72 horas, sostenida desde el pasado lunes hasta el miércoles, en consonancia con la dictada por 24 horas por la Federación de Docentes de Universidades Nacionales (FEDUN), en el marco de la puja salarial que el sector universitario mantiene con el oficialismo desde su asunción el 10 de diciembre.

Como venimos observando desde el comienzo de su gestión, el Gobierno de La Libertad Avanza no cargó el ajuste económico aplicado en la famosa “casta”, sino en sectores como el jubilatorio, y distintos actores del movimiento trabajador, entre ellos los universitarios, quienes han perdido en promedio desde noviembre hasta la fecha un 30% de su salario, sumado a los gastos de funcionamiento que pusieron y aún ponen en peligro la continuidad de muchas casas de estudio.

Ante esta coyuntura, sucedieron manifestaciones como la del 23 de abril, donde más de un millón de personas acudieron a la Ciudad de Buenos Aires, así como a otros puntos del país a reclamar por los fondos universitarios. En sumatoria de otras medidas de fuerza a lo largo de este año, el gobierno nacional finalmente aseguró algunos fondos para prolongar el funcionamiento de las instituciones, pero que no llegaron a garantizar la suba del salario del personal docente y no docente.

Ahora, previo al inicio del segundo cuatrimestre, el gobierno nacional ofreció un aumento para este sector trabajador que fue rechazado completamente por ambos gremios, por lo cual se implementaron ambas medidas de fuerza. “Asistimos a una nueva provocación del gobierno que desvirtúa el ámbito paritario con una decisión unilateral que consolida salarios debajo de la línea de pobreza”, aseguró Federico Montero, Secretario de Organización de CONADU para Página 12. “No hacen más que echar leña al fuego del conflicto”, remató.

Por su parte, el secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, expresó: “El Gobierno no dio respuesta a nuestros reclamos a pesar de que venimos perdiendo más del 50 por ciento de nuestro salario este año a causa de la inflación y los pobres aumentos que el Ministerio de Capital Humano decide de manera unilateral”

De esta manera, solo se puede garantizar un comienzo del segundo cuatrimestre envuelto en distintas medidas de fuerza, entre las que ya se estipula el llamado a una mega marcha como la de abril, proyectada para la segunda quincena de septiembre. 

Por su parte, la Universidad de la ciudad de La Plata se acopló a la medida semanal con un paro de 48 horas comprendido para este lunes y martes. “Nosotros veníamos acostumbrados a una convocatoria a paritarias para negociar, pero desde que llegó este gobierno solo nos convocan a reuniones para decirnos cual es el aumento y se van”, aseguró al respecto el Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacionales de La Plata, Raúl Archuby, en comunicación con Radio Trinchera.

Por otra parte, Archuby advirtió: “En algún tiempo, cuando los rectores digan que no les alcanza el presupuesto, el gobierno les va a decir: arancelen. Eso no lo podemos permitir,a eso es a donde no podemos llegar”.

“No podemos hacer medidas de fuerza permanente, porque tenemos que dar esta lucha con los estudiantes en las aulas, porque el gobierno quiere que sea con ellos en las calles, y nosotros no podemos ser cómplices de eso”, concluyó por último el secretario general.

 

 

 

 

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Unicef alertó por un dato estremecedor en la Argentina de Milei: más de un millón de niñeces se van a la cama sin cenar

Unicef alertó por un dato estremecedor en la Argentina de Milei: más de un millón de niñeces se van a la cama sin cenar

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El reciente relevamiento de Unicef alertó que en 2024, un millón y medio de chicxs en el país se ven obligados a omitir alguna comida diaria. Además, el octavo reporte hecho por el ente muestra que 4,5 millones de adultos en esos hogares no logran cumplir con todas las comidas por las dificultades económicas.

Una nueva campaña de Unicef alertó sobre un dato estremecedor, y es que en Argentina, cada noche, más de un millón de niñeces “se van a la cama sin cenar”. Tal cifra es, por lo menos, dolorosa y surge de la octava encuesta a hogares con niñeces y adolescentes, publicada a mitad de 2024. Se trata de una encuesta de alcance nacional que UNICEF Argentina realiza de manera ininterrumpida desde el año 2020. 

En este sentido el escrito destaca que muchos adultos priorizan la alimentación de sus hijos a costa de su propia nutrición, en un contexto en cual los ingresos no alcanzan para alimentar a toda la familia. “El aumento de precios y el estancamiento económico de más de una década han afectado la capacidad de generación de ingresos de millones de hogares con niños”, señaló Unicef.

El organismo internacional, además, advirtió que un millón y medio de chicxs no pueden acceder a alguna comida durante el día, lo cual abarca una situación estructural que no comenzó con este Gobierno.

Sin embargo, enfatiza respecto a cómo se recrudeció la situación de pobreza con las políticas actuales, por ejemplo, en 2024 10 millones de chicxs comieron menos lácteos y carne que en 2023 y se debe a la “falta de dinero, en un contexto en el que, además, los ingresos de casi la mitad de los hogares con niñas y niños no alcanzan para cubrir gastos básicos de alimentación, salud y educación”.

Tal situación se encrudece, ya que la pobreza afecta especialmente a hogares con menor acceso educativo, a familias monomarentales o con jefatura femenina, y a quienes viven en barrios populares. Al respecto, el ente subrayó la necesidad de implementar políticas combinadas y proteger los recursos presupuestarios destinados a la infancia para mejorar los esquemas de protección de ingresos para las familias más vulnerables.

El relevamiento sostiene la carencia de otro aspecto fundamental en la alimentación: en las familias también se redujo el consumo de verduras y frutas en un 58%, y sólo aumentó la ingesta de fideos y harinas (24%).

Otro de los aspectos más ásperos de la encuesta es que “tres de cada diez familias tuvieron que recurrir a algún préstamo o fiado para comprar comida y más de la mitad de los hogares (donde viven casi siete millones de chicas y chicos) debieron dejar de comprar algún alimento por falta de dinero”.

Por último, cabe resaltar que no solo UNICEF señaló la problemática que atraviesa el país sino que según las últimas cifras del INDEC, la pobreza en Argentina alcanzó el 41,7% en el segundo semestre de 2023, afectando a 19,5 millones de personas. Mientras que la indigencia llegó al 11,9%, impactando a 5,6 millones de personas. El próximo informe con estadísticas del primer semestre de 2024 se publicará el 26 de septiembre.


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El Gobierno venderá las primeras “joyas de la abuela”

El Gobierno venderá las primeras “joyas de la abuela”

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Cuatro centrales hidroeléctricas serán las primeras ventas del Gobierno nacional que prometió una tanda de privatizaciones al estilo del gobierno menemista de los 90. Las empresas del Estado tendrán 180 días para transferir las acciones a la cartera económica, en lo que podría ser una lamentable salida a la escasez de dólares para un oficialismo arrinconado financiera y económicamente.

Mediante el decreto 718/204 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional intimó a Energía Argentina S.A. (ENARSA) y Nucleoeléctrica Argentina (NASA) a cederle en un plazo de 180 días al Ministerio de Economía las acciones de las centrales hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, con el objetivo de abrir a concurso público nacional e internacional para venderlas al mejor postor.

Como se había anticipado anteriormente en Revista Trinchera, el industricidio llevado adelante por el gobierno de Javier Milei ahora avanzará en la dirección de la energía eléctrica y atómica, mediante otra de las formas conocidas que deterioraron muchas empresas del Estado nacional a lo largo de, por lo menos, los últimos 100 años: las privatizaciones. 

Desde el cuarto día de gobierno, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo anunció el paquete inicial de medidas económicas, comenzó una destrucción directa de los salarios que deterioró por completo el poder adquisitivo y con ello la actividad económica, sumado al desfinanciamiento de áreas claves para la producción en el país. De esta manera comenzó una destrucción de la actividad industrial que tiene y tuvo como objetivo la justificación de las ventas de diversas empresas estratégicas para el país, en las que el Estado es accionista mayoritario (y que funcionan).

Nucleoeléctrica S.A fue una de las victorias dentro del capítulo de privatizaciones de las Ley Bases, en donde el Gobierno de La Libertad Avanza formalizó y estructuró su proyecto de destrucción industrial en el país. A través de esta, ahora se anunció el ultimátum para que las acciones de las cuatro hidroeléctricas mencionadas anteriormente pasen a manos de capitales privados.

Hace tan solo algunas semanas ya pudimos ver indicios de estos hechos con el desfinanciamiento a Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA), que se encarga de la generación de energía hidroeléctrica, nuclear y renovable; y a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), que se encontraba en proceso de reactivación tras su cierre durante el gobierno de Mauricio Macri.

De esta manera, los cañones del oficialismo apuntan en toda dirección contra una industria que le dio a la Argentina las centrales nucleares de Atucha I y Atucha II, y en un marco donde la primera será desconectada el 30 de septiembre para alargar su vida útil. En ese sentido, el gobierno deberá reemplazar la energía producida por esta central, pero en vez de ello, avanza con la venta de quienes pueden sustentar una parte de ella, lo cual demanda un panorama que podría devenir en una crisis energética de alto nivel.

Tanto Alicurá, como Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila se encuentran entre las provincias de Río Negro y Neuquén. Cabe recordar en ese sentido que la primera se vio envuelta en definiciones polémicas en las últimas semanas debido al estrepitoso giro de YPF y Petronas con la Planta de Gas Natural Licuado, que se desarrollará allí y no en Buenos Aires, como se había premeditado durante los últimos siete años. Esta planta tendrá la función de convertir el crudo que se obtiene con Vaca Muerta a gas natural licuado precisamente (para interiorizarse aún más en el tema, Revista Trinchera realizó el siguiente artículo).

 

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Agroalimentos: en julio bajó un 40% la demanda y el consumidor pagó tres veces más de lo que cobró el productor

Agroalimentos: en julio bajó un 40% la demanda y el consumidor pagó tres veces más de lo que cobró el productor

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Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, sostiene que el valor de los alimentos de producción agrícola se multiplicaron 3,1 veces del campo a la góndola durante julio. En este sentido, los que presentaron mayor diferencia fueron el limón (14,1 veces), la mandarina (9,8), la manzana (6,9) y la pera (6,1). Esto se debe en gran parte a la caída del poder adquisitivo y la suba de precios.

En el transcurso del mes de julio, los precios de los agroalimentos se multiplicaron 3,1 veces desde el campo hasta la góndola, según el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, el informe reveló que durante tal mes (fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor), se observó una caída de la demanda que alcanzó el 40%.

En este sentido, desde el organismo puntualizan que “al ser, por lo general, productos perecederos, la situación forzó a distintos eslabones de la cadena de valor (mayoristas y minoristas) a resignar parte de la renta”. También “debe considerarse el fuerte incremento de costos tanto en insumos dolarizados, como en transporte, logística, arrendamientos, combustibles y salarios, por citar algunos”, agregaron desde la CAME.

Además, el escrito señala que “la producción agrícola se ha visto afectada por heladas y frío extremo en todo el país, impactando directamente en la oferta” y remarca que “como consecuencia, se observó un aumento de precios en los alimentos, incrementándose la participación del productor en el precio final en destino”, aunque el IPOD mostró variaciones significativas según el tipo de producto.

Con respecto al aumento de la participación del productor en los precios de los agroalimentos, se multiplicaron 3,1 veces del campo a la góndola durante julio. El análisis presentado precisó que la mayor participación la tuvieron los productores de brócoli (60,8%), mientras que la menor fue nuevamente para los de limón (7,1%), algo que ya ocurrió en los últimos meses.

En cuanto al IPOD frutihortícola, compuesto por los precios de 19 frutas y hortalizas, se multiplicó por 3,6 veces en julio, lo que representa un descenso del 20% con respecto al mes anterior. En contraste, el IPOD ganadero, que abarca cinco productos y subproductos de origen animal, mostró que el consumidor pagó 2,9 veces más de lo que recibió el productor, sin variaciones con respecto al mes anterior.

De esta manera, el consumidor pagó $3,1 por cada $1 que recibió el productor en el séptimo mes del año. En tanto que la participación del productor explicó, en promedio, el 35,7% de los precios de venta final marcando un incremento del 14,8% con respecto a junio y el valor más alto desde diciembre de 2022.

Cabe destacar que los costos de insumos dolarizados, transporte, logística, arrendamientos, combustibles y salarios se incrementaron, lo cual afectó aún más el equilibrio en la cadena de producción.

Finalmente, los productos con mayor brecha entre el precio de origen y el precio final incluyeron el limón (14,1 veces), la mandarina (9,8), la manzana roja (6,9), la pera (6,1) y el cerdo (5). Por el contrario, los productos con menor diferencia incluyeron el brócoli (1,6 veces), el pimiento y la cebolla (1,9 veces cada uno) y el zapallito (2 veces), junto con los huevos (1,9 veces).


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Fin de la operación: no existieron pruebas para asegurar que los números del Indec fueron falsificados entre 2006 y 2007

Fin de la operación: no existieron pruebas para asegurar que los números del Indec fueron falsificados entre 2006 y 2007

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Finaliza así uno de los mitos más grandes instalados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en donde se hacía responsable al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de tergiversar datos del IPC. Ahora enfrentará una condena en suspenso por “abuso de autoridad”, pero no por lo anterior, informado erróneamente por muchos medios de comunicación.

El fundador de Principios y Valores y ex secretario de Comercio Interior de la Nación durante 2006 a 2013 fue condenado a una pena de 3 años de prisión condicional y 6 años para ejercer cargos públicos, por “abuso de autoridad” y “destrucción de registros públicos”, en el marco de una causa que buscaba comprobar que este había adulterado números del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Al mismo tiempo, Beatriz Paglieri, directora del IPC en aquel momento, obtuvo la misma condena.

De manera llamativa, tras efectuarse la condena en suspenso a Moreno, diversos medios de comunicación como Clarín, La Nación, El Destape Web o Infobae -de los más leídos- titularon que al ex secretario se lo condenó por la tergiversación de datos del Indec. En paralelo, el propio Moreno aseguró en otros medios radiales que lo sucedido en términos judiciales fue “una victoria” porque se lo condenó por otros  hechos que no respondían a la causa de la que hace años estos propios medios se hicieron eco. 

Puntualmente, se hizo popular en la opinión pública que en la gestión de Moreno se desdobló el índice inflacionario, y este juicio buscó comprobar eso, pero finalmente ninguna de las razones por las cuales se efectivizó la condena responde a esta búsqueda, por lo cual no existen pruebas que lo demuestren. Tras la ola de fake news y titulaciones erróneas, solo el medio Infobae cambió su título de “Condenaron a Moreno a 3 años de prisión por la manipulación de datos del Indec” a “Condenaron a Guillermo Moreno a 3 años de prisión por abuso de autoridad y destrucción de registros públicos”. 

Uno de los documentos a los que se sujetan distintos medios para aseverar ésta información errónea es el alegato emitido por el fiscal Diego Luciani, quien obró de una manera muy similar al condenar a Cristina Fernández de Kirchner en la causa “vialidad”. Allí se utilizó como argumento la creencia de que, tras comprobarse el desvío de fondos de uno de sus funcionarios, ella debía estar al tanto. “No tengo pruebas pero tampoco dudas”, alegó en aquel momento.

Ahora, el fiscal Luciani había pedido 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación por revelación de datos secretos (Art.157 del C.P.); abuso de autoridad (Art.248 del C.P.); acciones violatorias de la Ley de Estadísticas y Censo; destrucción y/o inutilización de la base de datos original del INDEC (Art. 255 del C.P.); falsedad ideológica de los comunicados oficiales IPC-GBA correspondientes a los meses de Enero; Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2007 e IPC-Nacional Mendoza correspondiente a Agosto de 2007 (Art. 293 del C.P.); y forma concursal de los delitos mencionados y el grado de participación criminal de los involucrados.

No obstante, el fallo final de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py solo lo halló culpable de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, dos de los cinco capítulos mencionados por Luciani, por lo que la condena final se redujo a 3 y 6 años respectivamente. Así mismo, el propio Moreno afirmó: “Hay un viejo dicho que es ‘hechos, pruebas y derecho’. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, en referencia a los procederes de Luciani, y aclaró que “el alegato de Luciani fue inteligente” porque “no tenía pruebas y apeló a un juicio académico”.

En ese sentido, el Multimedio Trinchera había dialogado con Moreno al momento en que Luciani realizó su pedido. Allí, aclaró que “el juicio se transformó en un debate académico sobre el desempeño del INDEC por falta de pruebas” contra él y su par Paglieri. “Aseguró que no tenía pruebas pero sí certezas, lo cual no sirve en un juicio penal”, aclaró además el entrevistado en aquel momento.

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Senado: La oposición llegó a un acuerdo y avanzó con la reforma jubilatoria 

Senado: La oposición llegó a un acuerdo y avanzó con la reforma jubilatoria 

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Contra el interés del oficialismo, las bancadas opositoras impulsan una norma que reemplace el sistema que rige actualmente. La nueva iniciativa busca una recomposición del 8,1%, modifica la fórmula y agrega una suba anual en el mes de marzo.

Durante el día de ayer, en el Salón Illia del Palacio Legislativo del Senado de la Nación continuó el debate sobre la reforma jubilatoria. Con la participación de un especialista en regímenes previsionales, la oposición logró un dictamen que ratificó el proyecto que durante el mes de junio, había sido aprobado en la Cámara de Diputados.

El sistema de jubilaciones que se encuentra vigente en este momento fue establecido por un DNU de Javier Milei presentado en el mes de marzo. En tanto, el proyecto que se debatirá bajo el nombre del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones plantea la combinación entre el IPC y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), con un ingreso extra del 8,1% para jubilados.

Tal resolución ratificó el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en el mes de junio, en un plenario donde confluyen las comisiones de Trabajo y Presupuesto, mientras que el oficialismo propuso su propia redacción. Ahora esta iniciativa podría llegar al recinto la semana próxima.

Para la obtención de tal acuerdo, desplegaron la misma maniobra que motorizaron los bloques dialoguistas en la Cámara baja, aunque con algunas excepciones. El dictamen de mayoría se compuso en el Senado por la totalidad de los integrantes de Unión por la Patria del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión, sumados a los radicales Martín Lousteau y, en disidencia, Pablo Blanco.

Uno de los radicales que dio indicios de firmar, pero que finalmente no lo hizo, fue Daniel Kroneberger, mientras quedó en suspenso la rúbrica de la senadora Mónica Silva, de Río Negro. Cabe recordar que tal provincia, al mando del gobernador Alberto Weretilneck, viene de ser beneficiada con la inversión de YPF y Petronas para la megaplanta de gas natural licuado (GNL), con el guiño del Gobierno.

En paralelo, el oficialismo con la voz del senador y titular de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche, propuso un dictamen propio que cosechó pocas adhesiones, entre ellas la de dos radicales: Eduardo Vischi y Víctor Zimmerman, ambos en disidencia. Tal escrito contenía las principales modificaciones que fueron motorizadas por el Ministerio de Economía, tras las exposiciones del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano de los Heros, la semana pasada.

En tanto, el especialista que asistió a la reunión de comisiones del Senado, Manuel Mera, dijo que el cambio que necesita el sistema jubilatorio “es de fondo”, y además agregó que  “no se trata de una moratoria más o menos. Se trata de estudiar y modificar si fuese necesario la obligatoriedad de los 30 años de aportes para ser pasivo”.

Actualización por Índice de Precios al Consumidor (IPC):

Además del aumento del 8,1% que recompone la pérdida de enero en las prestaciones, el proyecto que obtuvo el apoyo mayoritario, pliega la fórmula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para su actualización mensual y establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

También, constituye que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total de un adulto, y acuerda que la ANSES tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales, así como también pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios del organismo previsional.

Con respecto a los cambios principales que buscaban desde la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda, pasaban por la eliminación de los artículos 2, 4 y 10: pese a aceptar la recomposición del 8,1%, el Ejecutivo propuso que no fuera de carácter retroactivo, sino que su aplicación sea ejecutada posteriormente a la sanción del proyecto.

En cuanto a los artículos, el N° 2 del proyecto original, y sobre el que ahora acordaron el kirchnerismo y parte de la UCR, establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la evolución de los precios en un mismo período de tiempo.

Finalmente, el artículo N° 4 fija que el haber mínimo será de 1,09 respecto del valor de la canasta básica total, mientras que el artículo N°10 obliga a cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales y pagar las sentencias firmes.


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