La justicia estadounidense falló en favor de todos los argumentos del fondo buitre “Burford”, que deja al Estado argentino a merced de pagarle 16 mil millones de dólares por la recuperación de YPF. Las inversiones en litigación, la especulación cuando avanza la causa y los réditos en la bolsa de Wall Street son algunas de las estrategias que el buitre más buitre utiliza para engordar a costillas de otros.
Parece que la suerte esta echada: finalmente, la jueza Loretta Preska, encargada de mediar entre el fondo Burford y el Estado argentino, falló de manera pronunciada en contra de este último. Entre las distintas consideraciones a tener en cuenta, la justicia de Estados Unidos decidió cargar con todos los argumentos en contra de la Argentina y tomar como medida el monto máximo a pagar: 16 mil millones de dólares.
Como ya se había explicado e interiorizado anteriormente en Revista Trinchera, el Estado nacional enfrentaba cargos en contra del fondo buitre “Burford”, a raíz de las bases y condiciones establecidas en la venta de Yactimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 1993, que pusieron al ejecutivo entre la espada y la pared cuando tomó la determinación de recuperar la petrolífera. Puntualmente, cuando el gobierno de Carlos Saúl Menem vendió YPF a la internacional Repsol, se indicó que si el Estado nacional quería recuperar la empresa, primero debía abrir un concurso público de compra de acciones a los acreedores. Probablemente, cualquier líder político que cuide su patrimonio e industria, y cualquier ciudadano que entienda la importancia de ello, no desearían en ningún escenario vender su petrolífera de bandera y menos lastrar con una atadura a las empresas compradoras en caso de querer recuperarla, pero la suerte ya estaba echada desde aquella década menemista.
En 2012, el Estado nacional tomó la determinación de recuperar YPF sin consultar ni a propios ni a extraños; como quien recupera lo que siempre le perteneció. Le compró a Repsol el 51% de las acciones vendidas, y con ella llegaron Vaca Muerta y todo el caudal de potencialidades petrolíferas y energéticas que este yacimiento brinda. En esta instancia es donde entró el buitre más carroñero, Burford. Una empresa que no es especialista en petróleo ni energía. Mucho menos en inversiones financieras. Su especialidad es litigar en mega juicios y hundir la nariz en cuanto caso como el de YPF exista. Cuentan con un equipo de 350 abogados profesionales y expertos legales que compran juicios, financian litigios y a raíz de eso se benefician de las multas.
La empresa comandada por el egresado en leyes, Christopher Bogart, fue creada en 2009 y desde allí fue acrecentando su patrimonio a raíz de intervenciones de esta índole. En 2012, a tan solo tres años de su fundación, el buitre encontró la oportunidad de obtener rédito ante el vacio legal cometido por un Estado que comandó una justa recuperación, y compró las firmas de Eton Park y Petersen Energía, empresas accionistas minoritarias de YPF que, como todas, no obtuvieron la posibilidad de acto público para retener las acciones. De esta manera, Burford se “autofinanció” la litigación tazada en una base de 4.9 mil millones de dólares, que variaba en base a montos agregados de 7.6 mil millones por intereses debido los años transcurridos, y 3.4 mil millones si se tomaba como fecha de expropiación el 16 de abril (cuando se envió el proyecto de ley) y no el 7 de mayo, que es cuando el ejecutivo tomó el poder concreto de YPF. Finalmente, la jueza Preska coincidió con ambos argumentos en favor de Burford, por lo que, de momento, Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares. Una nueva canallada financiera por parte de intereses extranjeros que acomplejaría aún más al país, sumado al ya conocido endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.
En este sentido, las opciones que hoy maneja el Estado argentino para gambetear la estafa son dos: apelar a una segunda instancia y llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, o desconocer la sentencia por “cuestiones soberanas”, lo cual conllevaría riesgos que, como lectores de análisis políticos, imaginarán. No obstante, también se espera que el estudio “Sullivan & Cromwell LLT”, que representa a la Argentina, comience negociaciones previas al fallo final con Burford, para acomodar una cifra más asequible. También existe una instancia más de diálogo posible, en la que, por pedido de Preska, ambas partes deben presentar una oferta de pago que ronde el monto que ella misma consideró.
Según información publicada en Ámbito Financiero, la estrategia financiera utilizada por Burford desde que entró en la litigación de la causa fue la compra del 70%, repartido luego alrededor de diez fondos de inversiones. Actualmente, la entidad experta en juicios retiene el 30% de los derechos de la causa, y el restante 40% lo habría vendido en distintas ocasiones, conforme el juicio avanzaba y rendía valor especulativo en la bolsa de valores de Wall Street. De esta manera se explica la estrategia de ganancias del buitre, que según palabras del propio Bogart, ya obtuvo un retorno de “inversiones” en sentencias de 2.2 mil millones de dólares, equivalentes a un 88% promedio por juicio.
“No corresponde indemnizar a alguien que no sufrió un daño, como es el caso del fondo Burford”, declaró el presidente de YPF, Pablo González, para Radio 10. “YPF siempre cumple con sus contratos, negociamos con empresas internacionales que nos permitieron poner en valor Vaca Muerta, y todo lo que se viene haciendo en materia energética en el país”, agregó.
Ante la situación, y como ya no sorprende, sectores de la oposición capitalizaron electoralmente la estafa del fondo buitre ante el Estado nacional. Tanto la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, como el ex presidente del mismo espacio, Mauricio Macri, se hicieron eco del fallo y casi lo festejaron, derivando las culpas en quienes tomaron la decisión de recuperar el patrimonio de producción nacional. “Es lamentable que la oposición aplauda que un fondo buitre le gane un juicio al Estado”, explicó ante ello González.
Por último, el presidente de YPF profundizó: “Es una discusión que nos interpela sobre el horizonte energético que tiene la Argentina. Hoy estaríamos infinitamente peor sin esa decisión. Nos pone en alerta ante posiciones como la de Milei que dice que quiere privatizar YPF.”
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
