Historia que forma parte de las raíces del pueblo de Israel y dentro de Jerusalén, tierras donde se desarrolló gran parte de la historia religiosa, en la que hoy vemos que los israelitas dejaron de ser el descendiente de David y los Filisteos dejaron de ser arrogantes como Goliat.
Estas tierras que estaban bajo el mando del Imperio Otomano antes de la I Guerra Mundial y al término pasan a manos del Imperio Británico y finalmente luego de la culminación de la II guerra mundial, comienza la descolonización de estas localidades por parte de Reino Unido dejando un Mandato, “El Mandato Británico”.
A consecuencias de la diáspora que produjo el holocausto por parte de la Alemania Nazi que generó el desplazamiento de millones de judíos en Europa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorga asilo a los judíos en Jerusalén tierra sagrada para ellos, pero hogar también de los palestinos (antiguos filisteos).
Y por Mandato Británico se contempló la repartición de estas tierras en 55 % a Israel y 44 % a Palestina, lo que generó inconformidad en una parte del pueblo palestino. La ONU además decide crear dos estados, uno judío y el otro palestino ambos con capital dentro de Jerusalén.
Desde entonces cada año los conflictos entre estas dos naciones persisten y con más frecuencia en la época de celebración del Ramadán mes sagrado para los musulmanes de todo el mundo. En 1964 se crea la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), cuyo líder era Yasser Arafat, que sería una organización antisemita o para el exterminio del estado de Israel.
En 1987 y 2000 tienen lugar las “intifadas”, el levantamiento de civiles afectados por la ocupación israelí en territorio palestino y como consecuencia se crea el Movimiento Hamás ó Movimiento de Resistencia Islámica, que en su mayoría estaría conformado por palestinos, pero a su vez, considerado por los aliados de Israel, como terrorista y extremista.
Hamás que ganó las elecciones en el 2006 del estado de Palestina, opera desde la Franja de Gaza, zona con una alta densidad de población civil.
Violación de los DDHH y burla a la comunidad internacional:
Las violaciones al Derecho Internacional por parte de Israel vienen dadas por la ocupación de territorios que no forman parte de las extensiones de tierras distribuidas por el Mandato Británico al pueblo palestino y judío, pero que Israel pretende imponer su ley en las tierras compartidas de Jerusalén.
La imposición israelí, apoyada por el gobierno de los EE.UU. en el 2017 durante el mandato de Donal Trump, de nombrar a toda Jerusalén como capital de Israel, generó un descontento que dio continuidad al conflicto entre Israel y Hamas, pero que además desconoce todas las resoluciones emitidas por la ONU sobre los derechos de Palestina sobre su territorio y su soberanía.
Esto violó los acuerdos entre las dos naciones y además socavó las resoluciones de la ONU que rechazaron de forma contundente una resolución de sesión de emergencia declarando el estatus de Jerusalén como capital de Israel como «nulo y sin valor», violentando los derechos humanos del pueblo palestino.
Además, las violaciones de los derechos humanos mediante las agresiones al pueblo palestino que se encuentra en medio del conflicto, y que los obliga a ser desplazados de sus hogares producto del bombardeo indiscriminado de Israel sobre la Franja de Gaza.
Entorno a esta situación los países como EE.UU., y la Unión Europea solo ven este conflicto como “el derecho de Israel de defenderse” del grupo extremista Hamas, sin medir las víctimas civiles que deja el estado de Israel en la Franja de Gaza y minimizando la causa histórica de esta problemática.
Los recientes ataques, iniciaron por los desalojos arbitrarios impuestos por Israel en Jerusalén Este, localidad que está en su mayoría habitada por palestinos, ante esto Hamas en defensa propia actúo por la vida de sus habitantes.
En los 11 días de ataques contra la Franja de Gaza se contabilizaron 277 personas fallecidas incluidos 70 niños, 40 mujeres, 17 ancianos y mas de 8500 heridos. De acuerdo con las cifras de ONU, más de 75.700 personas fueron desplazadas debido a los ataques de Israel. Los misiles lanzados por el movimiento Hamas causaron la muerte de 12 personas en Israel, incluidos dos niños.
Las soluciones a este conflicto vienen dadas por la desocupación de Israel de las tierras asignadas al estado de Palestina, tal cual lo ha pedido la comunidad internacional en numerosos comunicados. Es necesario hacer valer las decisiones de carácter multilateral, de lo contrario seremos testigo de la letra muerta del derecho internacional.
Venezuela en la mira imperial
La política guerrerista que pretende el imperio en América Latina es quizás lo que desea imponer EE.UU. en Venezuela junto con sus lacayos de Colombia; crear un conflicto interno para luego intervenir, vendiendo armas a grupos paramilitares para incitar invasiones como la fracasada Operación Gedeón, o las agresiones y desplazamientos al pueblo de la frontera del estado Apure producto de las agresiones narcoterroristas de los grupos armados colombianos.
Siendo estas prácticas naturales de EE.UU. siguiendo la doctrina Monroe de América para los americanos, en donde Washington se siente en la libertad de gobernar los pueblos del mundo y con mayor injerencia en los países de América Latina.
No queda duda de las pretensiones que se buscan alcanzar en nuestro continente por los enemigos de la paz y de los pueblos, sin embargo, nuestra mirada está puesta en derribar con la Piedra de la dignidad y la conciencia cualquier intento de guerra que perturbe y busque violentar nuestra independencia, soberanía y desarrollo de nuestras naciones.
Dirigente de la Juventud del partido socialista unido de Venezuela. Internacionalista. Magister en metodología de la investigación científica. Licenciado en educación. Maestrante en relaciones internacionales. Docente universitario. Investigador. IG: @SotoPsuv / Tw: @SotoPsuv
Desde tiempos del Imperio Español, es que en América Latina estamos mirando para las Europas desde los puertos y de espaldas a nuestras tierras. Históricamente hemos sido exportadores de materias primas. Con escaso o nulo valor agregado se vende en los mercados internacionales lo que producimos.
Por los puertos han salido y también ha llegado la migración de posguerra que nutrió a nuestros países de distintas culturas, costumbres e idiomas. Por esos mismos puertos en los 70 salieron hacia el exilio decenas y decenas de compatriotas perseguidos las dictaduras, que en el mejor de los casos dejaban elegir entre la espada o el desarraigo.
Hacia donde vamos
El marco legal para la administración portuaria tal y como se encuentra ahora, fue elaborado y aprobado en 1992 bajo la administración del expresidente Luis Alberto Lacalle (del Partido Nacional y padre del actual mandatario) en la ley N°16.246. Ocho años después, en el 2000, bajo la administración del expresidente Jorge Batlle (Partido Colorado), se subastó la terminal abriendo el camino para la ampliación.
El grupo belga Katoen Natie Terminal Cuenca del Plata administra la terminal portuaria de Montevideo desde 2002 y la inversión del año 2009, estimada en 180 millones de dólares, fue elogiada por el presidente Tabaré Vázquez (Frente Amplio) durante un acto que contó además con la asistencia de tres exjefes de Estado.
De dicho acto se pueden concluir dos interpretaciones. La primera es que se trata de una política de Estado o la segunda, que el progresismo se plegó a las políticas neoliberales de los gobiernos de los partidos tradicionales de los 90 y principios de los 2000.
Katoen Natie demandará al Estado Uruguayo por U$S 1.500 millones por incumplir acuerdos y priorizar a otra terminal portuaria – Paraguay Fluvial
Dichas instalaciones portuarias de Montevideo ampliaron el manejo a más de 1,1 millones de contenedores anuales, convirtiéndola en la terminal más avanzada de Sudamérica. Las nuevas instalaciones también incluyeron 15,7 hectáreas adicionales de tierra -recuperada del mar- para el almacenamiento de contenedores y un muelle de 350 metros de largo por 35 metros de ancho que puede manejar embarcaciones de 14 metros de calado.
El ministro de Obras Públicas de ese entonces, Victor Rossi, señaló la importancia de la iniciativa de Katoen Natie, ya que “sin los fondos y el conocimiento del sector privado, el gobierno no habría podido completar este ambicioso proyecto”.
Sin embargo, admitió que cuando el Frente Amplio estaba en la oposición se había opuesto enérgicamente al proyecto “bajo fuertes sospechas de especulaciones, investigaciones, escándalos y discusiones acaloradas en el Parlamento”.
Terminal Cuenca del Plata: 12 años de desencuentros entre la ANP y Katoen Natie | La Mañana
En mayo de 2017, la multinacional Katoen Natie anunció que iba a retirar sus operaciones en el Puerto de Montevideo, donde es propietaria de Seaport Terminals Montevideo S.A., Nelsury S.A. y la Terminal Cuenca del Plata (TCP), de la que es dueña en un 80 %, pero que mantendría sus negocios logísticos en Uruguay. El 20 % restante de la TCP, terminal especializada en la operación con contenedores, corresponde a la Administración Nacional de Puertos (ANP) de Uruguay.
La empresa de origen belga designó a Goldman Sachs International para que la aconseje durante el proceso de venta. En enero de 2018 Katoen Natie acusó a Mediterranean Shipping Company (MSC) de intentar trabar el proceso de venta de Terminal Cuenca del Plata iniciado en el 2017.
La suiza MSC, segunda naviera más importante del mundo, presentó el martes 26 de diciembre de 2017 un proyecto a la ANP para construir una terminal multipropósito de contenedores, para su evaluación por un equipo de técnicos del organismo. Ante eso, según el diario conservador El Observador, Katoen Natie comunicó a los directores estatales de TCP que suspendía la venta de la terminal hasta tanto las autoridades no tomaran posición respecto al planteo de la naviera.
Semanas más tarde, la multinacional emitió un comunicado donde expresó que la iniciativa presentada por MSC y la decisión de la ANP de convocar a una comisión técnica para que se expida en un máximo de 90 días «genera una incertidumbre tal que impide el correcto avance del proceso de venta» de TCP.
La empresa Katoen Natie envió una carta en febrero de 2020 al entonces presidente Tabaré Vázquez a apenas unos días de dejar su cargo y a Luis Lacalle a pocos días de asumir la presidencia, diciendo que quería instalar una mediación porque, de lo contrario, llegaría a la instancia de realizar un juicio al Estado por 1.500 millones de dólares. La empresa consideraba que el Estado favoreció la existencia de otra empresa operando en una segunda playa de contenedores, y que eso afectaba su trabajo.
Esta empresa belga durante el primer gobierno de Vázquez también había expresado que estaban cambiando las reglas de juego cuando se comenzó a hablar de otra terminal de contenedores, y también había nombrado la posibilidad de un juicio. Allí hubo un primer arreglo.
En abril del 2020 el actual gobierno derechista comenzó las negociaciones con la empresa, tratando de evitar el juicio de 1.500 millones de dólares. No se conoce cómo fue la negociación ni los detalles, pero se sabe que la negociación terminó, que no habrá juicio y que el gobierno está conforme con el resultado obtenido.
En su discurso de primer año de gestión en la Asamblea General, el presidente Luis Lacalle explicitó parte del acuerdo con Katoen Natie. La empresa belga anunció que invertirá cerca de 455 millones de dólares para la expansión de la Terminal Especializada de Contenedores, gestionada por la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en el puerto de Montevideo.
El acuerdo, que fue realizado por el entonces Ministro de Obras Públicas Luis Alberto Heber (hoy ministro del Interior tras fallecimiento del titular, Jorge Larrañaga) y decretado por el Presidente; establece la extensión del plazo de la concesión por 50 años (restan 11 años de la primera concesión) e incluye la construcción de una segunda playa de contenedores y un segundo muelle de 700 metros con una profundidad a catorce metros que el propio Estado uruguayo se hará cargo.
Algunas consideraciones sobre el Canal Magdalena | Bolsa de Comercio de Rosario
Esto implica tensiones con el Estado argentino por el Tratado del Río de la Plata. El actual senador (y excanciller) argentino Jorge Taiana defendió como una cuestión de soberanía el proyecto de creación del Canal Magdalena, para tener una vía propia, corta, segura, sencilla, barata y económica y ambientalmente del menor impacto posible, hacia el Atlántico Sur, “mirar hacia la Antártida y hacia esa plataforma continental que ahora se extiende hasta las 350 millas”..
Sostuvo que el Estado debe recuperar el control sobre la Vía Navegable Troncal Paraná-Río de la Plata y cobrar el peaje por el uso de esa vía de comunicación estratégica, en manos de una empresa privada que realiza las tareas de dragado y balizamiento. Obviamente, el proyecto del Canal Magdalena, conectado con la Hidrovía del Paraná, no tiene en consideración el puerto de Montevideo.
Centro logístico
Según el comunicado de Katoen Natie, una vez finalizadas las obras, el puerto de Montevideo dispondrá de una Terminal Especializada de última generación que duplicará su capacidad anual y permitirá atender barcos más modernos.
“La Terminal Cuenca del Plata ya es la terminal de contenedores más eficiente de Sudamérica, pero con esta nueva inversión ahora estamos posicionando la terminal como un eslabón indispensable en la lista de los puertos más importantes del continente, lo que hace que la terminal sea más atractiva para los exportadores uruguayos”, explica Vincent Vandecauter, director general de TCP.
“Este enorme compromiso confirma nuestra confianza en Uruguay como país de inversión y uno de los lugares para estar, y en el Puerto de Montevideo como un excelente centro logístico”, dice Karl Huts, director de Katoen Natie Group.
Las vaquitas son ajenas y el puerto también.
Katoen Natie is een bedrijf in havenlogistiek – Koesveld Techniek B.V.
Desde el punto de vista de la empresa, resuena que Uruguay dará un salto cualitativo, pero es notorio que lo único que pretende Katoen Natie es monopolizar el puerto. Un grupo de abogados y economistas, encargados por la empresa belga, le sugiere a la ANP que venda su parte de las acciones, es decir el 20%. Esta información fue corroborada por Alejandra Koch, representante del Frente Amplio como Directora Vocal en la ANP.
La pulseada que ha jugado esta empresa con el Estado uruguayo viene de larga data. Los amagues de retirarse, ahora el intento de un juicio millonario para luego obtener prácticamente un cheque en blanco hasta el 2081, demuestran que la política de los tres partidos más grandes de Uruguay han sido la de seguir la línea liberalizadora de los 90.
La privatización de los puertos es una de las victorias que obtuvo Luis Lacalle Herrera, padre del actual presidente y que su hijo ha continuado. Lacalle Pou también apuesta por la Hidrovía del río Uruguay donde los puertos argentinos (privados) cumplen un gran papel. Desde el gobierno argentino se barajó la nacionalización de dichos puertos pero sólo eso. Al parecer se obrará como en el caso del anuncio de la estatización de la agroexportadora Vicentín, la que no se concretó.
Colofón: Monopolización privada, desregulación casi total y entrega del puerto de Montevideo. El gobierno opta por posicionarse a nivel mundial como exportador de materias primas y seguir condenando a Uruguay al subdesarrollo mientras le entrega en bandeja de plata y con moño el puerto de Montevideo, sobre el Río de la Plata, y con salida libre al Atlántico y al mundo.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
Se acerca junio y con él, el mes del Orgullo LGBTIQ+: los logos de empresas e instituciones se tiñen de los colores de la bandera, abundan los viajes a paraísos LGBT y se promociona el turismo hacia las grandes Marchas del Orgullo del año. En las publicidades, todo es diversidad, inclusión e igualdad. Un Estado en el ojo de la tormenta se destaca entre decenas: “Vení a Israel, el destino más gay-friendly”.
Esta estrategia de marketing global no es nueva: conocida como “Pinkwashing” o “lavado rosa”, designa al intento de lavar la imagen de un país, empresa o producto para simular una simpatía con la comunidad LGBTIQ+ colocándose una máscara rosa -en referencia al color que supo identificar en su momento a las personas homosexuales-, así como el “purplewashing” (lavado violeta) se utiliza para el mismo fenómeno pero en el uso instrumental y mercantil del feminismo.
Pensado por la Breast Cancer Action, en los Estados Unidos de la década de los ‘90, para hablar de las prácticas de las empresas que usaban el cáncer de mama y el color rosa de esta lucha como herramienta de rentabilidad, la comunidad LGBTIQ+ acuñó el término para explicar una realidad similar, y en particular una situación indignante: el Estado de Israel.
Ted Eytan / Wikimedia Commons
Desde 2005, Israel, principalmente desde su Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha embarcado y ha invertido en una misión de “rebranding”, una campaña en nombre de la modernización y el desarrollo para proyectar al mundo occidental una imagen de democracia libre, diversa y progresista. El objetivo final: sacarse de encima la reputación de Estado imperial, violador de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional, perpetrador del apartheid y la ocupación colonial sobre el pueblo palestino, que bien pesa sobre su imagen.
Esta ha sido una política proritaria en las relaciones internacionales del régimen sionista, brindando a los países y sociedades occidentales la imagen de un vínculo próximo con la comunidad LGBT+ a través del estereotipo artificial de la “vida gay israelí”. La estrategia de relaciones públicas y propaganda, conocida como “hasbará”, implica una fuerte apuesta de inversión e infraestructura para el gobierno israelí desde hace más de una década, fielmente acompañada por los grandes medios de comunicación hegemónicos occidentales.
En el proyecto no puede faltar la participación estelar de las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que financian y difunden la falsa inclusión. Entre las más importantes se encuentra “Stand With Us”, una organización mundial dedicada a “educar” a la ciudadanía sobre Israel, que profesa la supuesta iniciativa israelí de promoción de los derechos LGBTIQ+.
El World Pride 2006 en Jerusalén, la propuesta de Tel Aviv como centro del turismo “diverso”, la participación de Israel en los festivales de Eurovisión, incluso con artistas y canciones que apelan a la diversidad, despertó la crítica de los movimientos de las diversidades sexuales y de género: la fiesta de colores y el baile con brillantina sobre las ruinas del territorio y el pueblo palestino.
El “lavado rosa” es el método discursivo necesario y efectivo que encontró el Estado de Israel para esconder las sistemáticas violaciones de los derechos humanos y renovar la mirada del Norte global sobre la ocupación de Palestina. Israel es la civilización y la modernidad, el único país amigable con la comunidad LGBT+ en una región “naturalmente hostil”. Palestina, y los demás países árabes o de mayoría musulmana, son bárbaros, retrógrados, incivilizados y homofóbicos. Ideología que solo tiene sentido como estrategia política en el marco de un discurso islamófobo y arabófobo.
Las derechas, las corporaciones y los nacionalismos imprimieron en este disfraz rosa, o multicolor, la narrativa occidental del progreso eterno y el desarrollo, que debe ser llevado a los “pueblos bárbaros”. Ya no encarnan, como lo han hecho históricamente, la batalla por un mundo cisheteronormado. Ahora estas fuerzas, en la superficie de un proyecto igual de colonizador y patriarcal, lavan su fachada y muestran su disposición al cambio social, borran el peso político de las reivindicaciones, las identidades y los movimientos sociales de las diversidades y lo convierten en instrumento de propaganda y licencia para la ocupación.
La justificación internacional a la ocupación y el apartheid viene servida en bandeja, y aún más para los individuos LGB de países liberales que dejaron en el olvido la interseccionalidad y, en uso de sus privilegios de clase o etnia, se han sumado a los ideales neoliberales y de la derecha. Este fenómeno es también conocido como “homonacionalismo”, es decir, la instrumentalización de la homosexualidad para justificar posiciones nacionalistas, basadas en el rechazo a la inmigración extranjera que siginificaría una amenaza a las supuestas conquistas absolutas y reales de las personas LGBT de países occidentales, o encolumnados tras ellos.
El “pinkwashing” le provee al Estado de Israel una fuente de afiliación y apoyo de los individuos LGB liberales, que desde un encuadre propio de la teoría de los dos demonios, equiparan la opresión colonial del régimen israelí con la discriminación interna hacia personas LGBTIQ+ en la Franja de Gaza, Cisjordania y otros territorios de la Palestina ocupada. El llamado es a “salvar” y “proteger” a los homosexuales palestinos perseguidos y excluidos, y protegerlos en territorio israelí. Este planteo propio de la mentalidad colonial implica, de mínima, dos problemas:
Por un lado, opaca la idea de una vinculación intrínseca entre la ocupación israelí y la LGBTfobia en el pueblo palestino, en tanto la comunidad LGBT y sus derechos son presentados y, por tanto, comprendidos como fenómenos occidentales que el Estado de Israel busca profesar, y son pensados como una amenaza para la cultura y la tradición palestina que pretende protegerse del invasor israelí. Gran parte de la sociedad palestina termina por internalizar la idea de que la diversidad es ajena: los palestinos queers son colaboradores israelíes o informantes nativos occidentalizados.
Por otra parte, más allá de las libertades o avances que pueda tener el régimen israelí con sus ciudadanos LGBT+, esta realidad es inexistente para la población palestina que vive en ese territorio, o que pretenda exiliarse allí por protección. Israel niega al pueblo palestino los derechos sobre sus tierras, sobre sus cuerpos, sobre su movilidad y sus vidas, los priva de la garantía de los servicios y derechos humanos más básicos y fundamentales. Esta negación no es excepción cuando se trata de las identidades y subjetividades LGBT+ de palestinos que quisieran refugiarse en el Estado de Israel: “no hay una puerta rosa en el muro del apartheid”.
Más aún, como pone en palabras Ghaith Hilal, activista palestino queer de Cisjordania, “Israel crea refugiados, no alberga refugiados”, y explica también: “El pinkwashing quita nuestras voces, historias y capacidad de agencia, diciéndole al mundo que Israel sabe lo que es mejor para nosotros. Al apuntar contra el lavado rosa, estamos recuperando nuestra agencia, historia, voces y cuerpos”.
Comisión del BDS Pinkwatching
No solo es un lavado de imagen ante la mirada internacional, es también una búsqueda de división interna y psicológica, que aísla y desempodera a las personas LGBT+ en la causa palestina. Crea una ilusión en la que existe esta supuesta “puerta rosa” por la que Israel será el paraíso de la protección de sus derechos y libertades, y por la que es incompatible el “ser palestino” con el “ser queer”.
Entre la reticencia de gran parte del pueblo palestino y la falsa ilusión israelí, la libertad LGBT+ es propuesta como individual, que solo puede conseguirse en la huida y protección que supuestamente será brindada por el mismo agresor. Una libertad que es alienada de la lucha colectiva, que ya no se encontrará junto a los movimientos políticos y decoloniales.
Esto invisibiliza en la población palestina y en la arena internacional la lucha de la comunidad LGBTIQ+ y feminista de Palestina, que resiste, no desde una mirada liberal y despolitizada, sino como parte de un movimiento político de emancipación y descolonización. Organizaciones como “Queers palestinos para el Boicot, la Desinversión y las Sanciones”, como el Centro Feminista Palestino para el Género y las Libertades Sexuales “Aswat”, y como “alQaws por la diversidad sexual y de género en la sociedad palestina”, suman una contranarrativa enriquecedora que pretende evitar que los palestinos LGBT+ se encuentren en la disyuntiva entre su cultura/pueblo y su orientación sexual o identidad de género. Es una lucha atada a la liberación del pueblo palestino, y que también busca romper con la lógica salvacionista neocolonial del modelo LGBT+ israelí, fiel imitación de Occidente.
Como subrayan desde alQaws en su análisis “Más allá de la propaganda: Pinkwashing como violencia colonial”, el lavado rosa es más que una estrategia de marketing global. Es, en última instancia, una expresión de la política sexual y de género más profunda del Estado de Israel y de los fundamentos ideológicos del sionismo. El Pinkwashing es el síntoma, pero la raíz de la enfermedad es el colonialismo. Por esto, reconocer el fenómeno pinkwashing como una violencia colonial puede ayudar a comprender cómo Israel divide, oprime y borra a los palestinos sobre la base del género y la sexualidad.
ONG al-Qaws
En términos generales, es el mismo sistema capitalista global, ahora con la máscara rosa del progresismo liberal, el que permite construir un imaginario social en el que la igualdad es posible a través del consumo y que alcanza con la conquista de algunos derechos para gays, lesbianas y bisexuales o con simples concesiones interesadas, sin darle lugar al cuestionamiento de la estructura patriarcal y desigual propia de este modelo socioeconómico.
En el contexto de hegemonía neoliberal y de la mano de las derechas socialmente conservadoras, el terreno queda allanado para la fragmentación de la comunidad LGBT+, ahora individualizada, despolitizada, instrumentalizada, y muchas veces limitada a libertades materiales y meritócratas. Un movimiento en la lucha desde hace décadas reducido a la imagen de unos pocos varones gays, blancos, cis, de clase media alta; divorciado de otras minorías sexo-genéricas, alejado de la lucha de les oprimides contra el mismo sistema que se funda constitutivamente en el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo y el imperialismo.
“No se puede tener la liberación queer mientras existan el apartheid, el patriarcado, el capitalismo y otras opresiones. Es importante apuntar a las conexiones de estas fuerzas opresivas”, expresa Hilal, referente de Al-Qaws. Claridad que puede ponerse en diálogo con lo escrito por Fahad Ali a raíz de las discusiones sobre los derechos queer en Medio Oriente: “Soy árabe, soy palestino, soy gay. Mi refugio gay no es un desfile brillante en Tel Aviv. Es una palestina liberada”.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con ParqueChacabuco.De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoyperonista por convicción.Mi canción favorita a los 10 años era Los Salierisde Charly, de León Gieco.
Como suele suceder en forma crónica, por parte de las administraciones estadounidenses, Washington y sus grupos de poder, establece una presión constante a través de una política de sanciones, bajo el supuesto que el gobierno de Nicaragua representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo puede un país de 130 mil kilómetros cuadrados, 6.6 millones de habitantes, con un PIB que lo ubica en el lugar 140 del mundo, contra una superpotencia militar, demográfica y económica ser un peligro para la seguridad de una potencia con 330 millones de habitantes, con un PIB que no lo tendría Nicaragua ni entres vidas y que constituye la principal potencia militar del mundo?
Esto es simplemente la utilización de una política hostil, apoyado por los medios de información, que más bien desinforman y manipulan, presentando a Nicaragua como un país no democrático, que acusa al gobierno de Daniel ortega de todos los males imaginables pero callan obsequiosamente, frente a los socios de Estados Unidos y que podrían estar en la lista de gobiernos fuera de las mínimas normas democráticas como Colombia, Honduras, Guatemala, Israel, Egipto, monarquías como Marruecos, Arabia saudí, Bahrein y Emiratos árabes. Todos ellos violadores compulsivos de los derechos humanos pero que son aliados de Washington y frente a ello, el silencio es evidente.
A seis meses de las elecciones presidenciales en el país centroamericano, la política de presión contra esta nación es parte de la estrategia de los Estados Unidos para concretar un golpe suave, como suele hacerlo contra los gobiernos que le incomodan en su afán de generar una política hegemónica sin contrapeso. Y para ello no cabe duda que ha tenido en cuenta el aparente “éxito” obtenido en el Golpe de Estado contra Evo Morales, en Bolivia en el mes de noviembre del año 2019 y que se está poniendo en práctica contra Daniel Ortega en base al uso de sanciones encabezadas por Estados Unidos, Gran Bretaña y los incondicionales de la Unión Europea. Ello, con la clásica receta desestabilizadora, que mezcla la presión política, económica y la labor de los medios de comunicación, el apoyo a Organizaciones No Gubernamentales con fondos proporcionados por instituciones estadounidenses como la USAID, la labor de zapa de la entreguista derecha nicaragüense, la labor de los servicios de inteligencia norteamericanos y el trabajo desestabilizador de la OEA y el debilitado pero siempre peligroso Grupo de Lima.
El Departamento de Estado norteamericano, está difundiendo información deliberadamente falsa sobre la situación en Nicaragua, atrayendo en ello en forma cada día más evidente a la Organización de Estados Americanos (OEA) controlada por Washington para intervenir abiertamente en lo que Washington considera “sus problemas” al sur del Rio Grande. Hasta hace unos pocos meses, el gobierno del ex presidente Donald Trump y en un curso similar llevado a cabo por la actual administración demócrata de Joe Biden, la Casa Blanca acusa sin fundamento a Daniel Ortega de retrasar un diálogo nacional interno con sus opositores políticos y oponerse cualquiera de sus “propuestas constructivas” para llevar a la república nicaragüense a la llamada vía democrática del desarrollo.
No cabe duda que el gobierno de Ortega tiene una difícil labor: generar un amplio diálogo nacional respecto a proyectos y acciones que afectan a la población y que el gobierno inteligentemente debe atraer el apoyo social: la construcción del canal interoceánico por una empresa china. Aminorar los costos sociales y ambientales de la actividad extractiva, en particular minera, que casi ha duplicado la superficie concedida. Generar una política de cuidado respecto a los monocultivos y la actividad ganadera que dejan réditos económicos pero que afectan a las comunidades. Y finalmente atacar con fuerza todo atisbo y realidad de corrupción exigido por la sociedad y que suele carcomer los apoyos de la población. (1)
Washington presiona constantemente a través de la OEA, para reabrir la cuestión de la aplicación de las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana, que puede significar la suspensión de Nicaragua de su participación en esta organización regional. Al mismo tiempo el Secretario General de la OEA Luis Almagro no considera que tal paso sea una interferencia en los asuntos internos de Nicaragua, simplemente es parte del guion golpista.Para esta labor se está utilizando, igualmente, la labor golpista del embajador estadounidense en Managua, Kevin Sullivan, convertido en activista a tiempo completo.
Ortega ante esta labor de Sullivan denunció, en el aniversario 126 del nacimiento del héroe nacional Augusto César Sandino la intromisión del diplomático estadounidense (2) “no se meta, como se anda metiendo, postulando candidatos, presionando a partidos políticos para que acepten el candidato que quiere el yanqui. La advertencia no es sólo contra Sullivan, sino también para otros embajadores que viven haciendo reuniones en sus embajadas con grupos políticos, que les gusta meterse por todos lados y querer decidir por los de casa; el embajador Yanqui ahí anda de arriba para abajo vendiendo a sus candidatos, como que él fuera nicaragüense”
De hecho toda esta histeria alrededor de Nicaragua atestigua el fracaso inmediato de política de los Estados Unidos en América Latina así como la incapacidad de sus aliados continentales, para encarnar las ideas criminales de Washington para la creación de un aislamiento regional del gobierno de Daniel Ortega. Washington, se enfrenta a un fracaso ya de quince años intentando derrocar al frente sandinista, a pesar de los problemas económicos, disidencias, presiones, sanciones, actividades desestabilizadoras, demonización de Ortega acusaciones de nepotismo y autoritarismo que se usan en este caso y se callan con los incondicionales de Washington. Una política golpista que cuenta con el rechazo de aquellos países donde la soberanía es un escudo permanente frente a los afanes de dominio de Washington y el servicio de sus aliados . Gobiernos que se solidarizan con Daniel Ortega y el pueblo de Nicaragua, condenado enérgicamente cualquier forma de injerencia extranjera, presiones y sanciones contra un estado soberano.
Tal es el caso de Foro de Sao Paulo que ha denunciado el ilegal bloqueo impuesto a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que constituyen en una vulneración al Derecho Internacional. El pasado 4 de mayo este Foro regional informó, desde su cuenta oficial que inicia la Campaña Bloqueo no, solidaridad sí – Nuestra América de por vida, hasta el 23 de junio, fecha de la votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución en condena del bloqueo económico, financiero y comercial en contra de las naciones latinoamericanas y caribeñas (3).
El llamado es a respetar la soberanía de los pueblos, no interferir en sus asuntos internos si ello es la muestra evidente de las ambiciones del imperialismo. El gobierno y el pueblo de Nicaragua pueden encontrar de forma independiente la solución pacífica a sus dificultades que han surgido en aras de garantizar el desarrollo socioeconómico sostenible de la sociedad, respetando las normas y principios constitucionales, con el respeto de los derechos humanos y las libertades civiles pero el combate sin cuartel contra el golpismo. Para ello también el gobierno de Ortega debe profundizar en reformas sociales que permitan satisfacer las necesidades sociales y ello implica transitar por una vía, que no sea sólo mantener un modelo que otros países de nuestra América han demostrado sus falencias.
Artículo publicado originalmente en segundopaso.es
Pablo Jofré Leal
Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. especialista en temas de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl
Si bien la derecha siempre ha intentado imponer su forma de comprender la historia y por consiguiente su forma de ver el presente, la realidad es que siempre existió una tensión entre quienes pretenden sostener el status quo y quienes buscan romperlo para construir una sociedad más justa y equitativa.
La famosa “grieta” de la que habla la prensa hegemónica y que fue impuesta como concepto por la derecha, siempre ha existido. Desde la fundación de los estados nacionales que hoy conocemos, las disputas entre quienes reivindicaban un proyecto político popular y quienes pretendían el gobierno de los criollos acomodados estuvieron en tensión. Por momentos muy marcadas y por otros con una de las partes imponiendo su visión.
Si miramos la histórica completa la derecha, los sectores conservadores y acomodados casi siempre lograron imponerse. No sólo por su poderío económico, sino porque fueron quienes propugnaron las traiciones a los procesos independentistas de la primera hora. Hecho que no dista mucho de la actualidad. El poder económico en complicidad con los imperios de turno, impusieron a punta de pistola su forma de comprender el mundo y los vínculos sociales.
Pero quienes reivindicamos la necesidad de una segunda y definitiva independencia nunca hemos sido derrotados. Siempre resistimos a sus embates y aunque por momentos esas fuerzas parecieron casi extintas, siempre estuvieron ahí, recuperando terreno lentamente hasta una nueva irrupción.
Lo que hoy vemos en países hermanos del continente como Chile y Colombia con sus puebladas e levantamientos populares contra la injusticia no es muy disímil a lo vivido en nuestro país en el 2001. Pueblos hastiados de tanta injusticia, del saqueo y la miseria planificada que dijeron basta.
Estos dos países -al igual que Perú- no fueron parte de esa primera oleada de gobiernos populares conquistada entre finales del siglo pasado y principios de este. Esa es la novedad, que esos tres países (Chile y Perú este año y Colombia en 2022) podrían significar un giro de 180 grados en sus gobiernos, volviéndolos parte de un equilibro de fuerzas en el continente.
De igual manera será de importancia estratégica para la región que el Frente de Todes gane las parlamentarias en Argentina o que AMLO y sus aliados logren un buen resultado en las parlamentarias, municipales y de gobernadores en un México que tampoco fue parte de esa primera oleada progresista en la región.
Por otro lado, nadie podría negar el peso específico de Brasil, no sólo para Sudamérica sino para todo el continente. Un país que el año que viene tendrá unas elecciones presidenciales determinantes y que todo indicaría que luego de la recomposición de los derechos políticos de Lula, su posible candidatura se convierte en una esperanza no sólo para el pueblo brasileño sino para toda Nuestra América.
Lógicamente a estos escenarios electorales se suma la heroica resistencia de Venezuela, Cuba y Nicaragua, asediadas brutalmente durante la administración Trump y que todo indica que continuará durante la de Biden, aunque quizás con algún matiz.
Las derechas del continente nunca tuvieron un proyecto que contemplara a los pueblos de los países que gobernaban. Siempre la respuesta ha sido el saqueo, la miseria y el hambre planificada y la represión ante quienes se rebelaban contra esos poderes instituidos que oprimían a las grandes mayorías.
En Argentina, la experiencia macrista pudo tener un mandato al frente del ejecutivo nacional. Las organizaciones sociales, las de derechos humanos, los sindicatos y la comprensión de que era necesaria la unidad del peronismo lograron recuperar el control del gobierno en tiempo récord.
En Bolivia se derrotó un golpe de estado en menos de un año. Evo Morales y las fuerzas populares de ese país lograron revertir lo que parecía enterrar el tiempo nuestroamericano en el más profundo agujero. La paciencia, la conciencia política y la organización vencieron al terror que ofrecía la derecha golpista.
Así las cosas, el México de Andrés Manuel parece haber inaugurado la rotura de espejismos de aquellos países que no habían sido parte del proceso de gobiernos populares de principios de siglo. Chile, Colombia y Perú parecen encaminarse en el mismo sentido aunque no se debe subestimar el poder y la respuesta de las fuerzas reaccionarias enquistadas en el poder. El componente de la juventud parece ser determinante en todos estos casos. Jóvenes sin futuro hijos de padres endeudados hasta el tuétano o sin trabajos estables. Una generación que se rebela ante la injusticia.
En Venezuela la derecha antichavista se vio obligada a cambiar de estrategia dado que las sanciones unilaterales de EEUU y la lógica de la violencia callejera o las intentonas de intervenciones extranjeras no lograron doblegar al gobierno revolucionario de Nicolás Maduro.
Si bien la derecha sigue teniendo la mayoría del control de los gobiernos, no se puede predecir por cuánto tiempo este mapa seguirá pintado con los mismos colores, más bien podría decirse que hay grandes posibilidades de que los proyectos populares vuelvan a ponerse de pié en la región.
La pandemia ayudó a unas derechas sin muchas ideas novedosas que simplemente se limitan a saquear y hambrear a los pueblos cuando son gobierno, o a poner palos en la rueda y apostar al fracaso y la destrucción de los gobierno populares cuando les toca estar en la oposición.
Nuestra América tiene grandes posibilidades de reencauzarse en un nuevo proceso de gobiernos populares, una segunda oleada revolucionaria que siga avanzando hacia una segunda y definitiva independencia. Los pueblos del continente pujan cada vez con más fuerza en esa dirección.
Pero la reacción de la derecha no puede subestimarse. La victoria del banquero Guillermo Lasso en Ecuador debe servir como caso testigo de que si no consolidamos los procesos de unidad en cada país, la derecha se rearticula y pone a andar toda su artillería para ensuciar la cancha, condicionar a las fuerzas populares y de ser posible intentar fragmentarlas.
Lo que debe quedar claro es que sea mediante el voto en las urnas o en los alzamientos populares en las calles, la épica y la mística revolucionaria, de solidaridad, de empatía y de justicia social debe primar para reconfigurar los lazos de unidad que consoliden en el ideario popular continental, que nos enfrentamos en todos los territorios ante un mismo enemigo y su bestialidad. Porque desde el Río Bravo hasta la Patagonia la lucha sigue siendo contra la opresión del imperio y sus lacayos locales.
Nicolás Sampedro
Prefiero escuchar antes que hablar. Ser esquemático y metódico en el trabajo me ha dado algún resultado. Intento encontrar y compartir ideas y conceptos que hagan pensar. Me irritan las injusticias, perder el tiempo y fallarle en algo a les demás.
El del presidente derechista Luis Lacalle Pou es el octavo período de gobierno posterior a la dictadura, y aún no se han empleado todos los recursos que la Constitución y las leyes permiten para realizar una búsqueda exhaustiva de esos documentos. todavía son pocas las condenas por terrorismo de Estado en relación con los procesamientos iniciados, que no abarcan ni de cerca todas las responsabilidades directas e indirectas.
Este año se eligió la consigna #MayomesdelaMemoria acompañada de la ya histórica Memoria, Verdad y Justicia. Los Familiares encabezaron una conferencia de prensa a las 19 horas en la Asociación de Prensa del Uruguay: el gobierno ya le había negado la cadena nacional en 2020 y el colectivo optó enviar su mensaje por otras vías.
Los organizadores invitaron a todos y todas a conectarse a las plataformas de Madres y Familiares y Asociación de la Prensa Uruguaya, Radio Uruguay y sus repetidoras, TV Ciudad, entre otros medios, para ver el video con las fotos y nombres de los desaparecidos, “para que juntos/as, desde donde nos encontremos, a lo largo y ancho del país, y desde el exterior, gritemos muy fuerte ‘presente’ luego de cada nombre”.
La segunda Marcha del Silencio y la número 25 desde la primera en 1996, llegó cargada en un contexto donde aparecieron documentos hallados “por casualidad” en el Grupo de Artillería 5 de Montevideo y que ya fueron entregados a Fiscalía y a Familiares. “Se dieron a conocer papeles de muy escaso aporte, y se los envuelve en un despliegue publicitario digno de mejor causa. Como si este drama pudiera, como tantas otras cosas, reducirse a una competencia entre partidos por la opinión pública”, señalo Ladiaria.
La aparición de estos documentos, según el propio ministro de Defensa Javier García, fueron de forma casual y haciendo tareas de mantenimiento. El oficialista El País informó la semana pasada que dichos archivos de la dictadura incluyen documentos sobre el Movimiento de Liberación Nacional (MLN), y la desaparición y muerte de los legisladores Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
«Hemos puesto arriba de la mesa información que por mucho tiempo se reclamó y no aparecía», indicó el responsable de la cartera. En esa misma línea el comandante en Jefe del Ejército, Gerardo Fregossi, dijo que la fuerza reitera su «compromiso de aportar información» sobre lo sucedido en dictadura. Una declaración diametralmente opuesta a la propia política del Ejército donde ha ocultado información, ha cubierto a sus camaradas en juicios militares donde se mancilla el honor de dicha institución por que un alto mando requerido por la justicia -Jorge “Pajarito” Silveira, condenado por 28 homicidios,- se dio a la fuga con una peluca. Silveira es solo un ejemplo de tantos casos.
Nilo Patiño, integrante de Madres y familiares de detenidos-desaparecidos y del Proyecto Cruzar, Sistema de información de archivos del pasado reciente, en entrevista con el Colectivo Periferia (1), declaró que “todos los documentos son bienvenidos” , pero añadió que es llamativo el estado en el que se encontraban los materiales (muy bien conservados).
Gerardo Bleier (2) realizó un recorrido de carácter civilizatorio, expresando que formaciones políticas como la ultraderechista Cabildo Abierto –integrante de la coalición multicolor de gobierno- que cobijan en su seno a torturadores y nostálgicos de la dictadura, surgen por el odio y como reacción de un capitalismo herido que no da respuestas a las crisis económicas que el propio sistema produce.
“Movidos por el odio” fue la frase que escogió el senador, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos al referirse a Familiares. La frase fue lanzada cuando en el Parlamento se votaba el desafuero del senador cabildante.
Con esas cuatro palabras cruzó una barrera que nadie en el sistema político había cruzado. Más allá de que los distintos gobiernos desde el reinicio de la democracia han hecho poco y nada por la búsqueda de desaparecidos, el respeto a Familiares ha sido compartido por todo el espectro político.
Cabildo Abierto ha aparecido en la escena política para hacer un revisionismo histórico que cala en las raíces del Uruguay. Desde el prócer José Gervasio Artigas, pintándolo como ultra católico, prohispánico y capitalino, pasando por la memoria reciente sobre los hechos de la dictadura. Con la teoría de los dos demonios reversionada y pretendiendo mostrar al Ejército como salvador de la patria, y buscando en lo foráneo al enemigo y levantando barreras de nacionalismo-chovinista.
Las marchas continuarán mientras haga falta; que no hay resignación ni olvido. No es posible perdonar si no se sabe a quién ni por qué, si el perdón no se pide a título personal o institucional, señala Ladiaria.
Quienes éramos jóvenes cuando se realizó la primera marcha somos ya veteranos, y mucha gente veterana de entonces ya no está, pero cada año se suman jóvenes. Quedan pocas madres de desaparecidos, pero cada año hay personas nuevas asumiendo que “todos somos familiares”, y se ponen de verdad la camiseta, señala Marcelo Pereira.
La memoria sigue siendo un terreno en disputa. Un frente de batalla. Su sentido político, con P mayúscula, sigue siendo un campo contestado. La memoria, pilar de la identidad constitutiva de un pueblo, vuelve a sufrir los embates de una derecha cavernaria que marchan con botas al ritmo del redoble militar.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El Gobierno colombiano, con Iván Duque a la cabeza, presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria vestida de medida para paliar la crisis generada por el Covid-19 y por el modelo uribista. Lejos de gravar las grandes fortunas, el proyecto impulsado por el uribismo tiene dos ejes principales: el aumento del IVA en alimentos de la canasta básica y la ampliación de la base impositiva sobre los salarios de la clase trabajadora.
La intención del Gobierno colombiano es la de recaudar 23 millones de pesos “para sanear las finanzas públicas”, pero lo cierto es que la extensión del IVA recae sobre productos de la canasta familiar que no estaban gravados, cuando la pobreza en Colombia roza el 50%; y con la ampliación de la base impositiva se alcanza a las personas que cobran 2.500.000 pesos colombianos, cuando antes la base tributaria estaba en 4.200.000.
La medida logró aglutinar la movilización de organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, partidos políticos y de las pequeñas y medianas empresas, que organizaron un paro nacional el miércoles 28 de abril en rechazo a que la crisis se financie tocando los ingresos de la clase media y los sectores más vulnerados.
Como afirmó el colega, Manuel Humerto Restrepo, la reforma ataca el corazón de los derechos sociales conquistados entre luchas y victorias colectivas. La reforma declara la guerra contra el núcleo duro de los derechos humanos, de los derechos sociales de toda la población y en especial arremete contra la dignidad de la clase trabajadora.
Si bien es el proyecto de ley lo que moviliza a la sociedad en esta oportunidad, se observa un cansancio recurrente para con el modelo uribista y una crítica generalizada al modelo neoliberal del que Colombia es fiel exponente en América Latina.
En las horas previas al 28 A, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Bogotá- había ordenado suspender las marchas por la situación epidemiológica. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro, que aglutina a más de 50 organizaciones sindicales y sociales, mantuvo la convocatoria. “Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque”, fue el lema con el que se convocaron, solicitando que quienes se movilizaran cumplan con las medidas de distanciamiento social para evitar más brotes en el segundo país más afectado de la región, después de Brasil.
Si la intención del Gobierno colombiano fuera la de recaudar más dinero para paliar la crisis del Covid-19 y poder continuar otorgando los míseros 40 dólares de subsidio a los sectores más vulnerables, la mejor idea sería la de replicar lo que varios países del mundo han hecho: gravar las grandes fortunas. Pero el impuesto a los mayores patrimonios incluido en la reforma tributaria no permitiría recaudar ni la mitad de lo que se pretende obtener de los sectores medios y bajos.
Claro, Duque no quiere perder a los amigos que financiaron su campaña y sostienen su Gobierno. La reforma tributaria no alcanza a las grandes empresas, mantiene privilegios para las multinacionales por casi 40 billones de pesos colombianos al año, y no grava la renta financiera.
Por el particular contexto de violencia que atraviesa la historia colombiana de las últimas décadas, parece importante mencionar que por estos días también se conoció la intención del Gobierno nacional de renovar su flota de aeronaves militares. La intención de Duque es comprar 24 aviones de guerra por un monto de cuatro mil millones de dólares.
Lo cierto es que Colombia tiene el segundo mayor gasto militar de la región por detrás de Brasil y eso tampoco es casual: nos encontramos frente a un Gobierno que sólo tiene respuestas represivas a las demandas de su pueblo. En el último tiempo volvieron las masacres, los desplazamientos forzados, las minas antipersonal. En ese sentido, podríamos pensar que el Gobierno necesita la escalada de violencia para que vuelva a ponerse en agenda la consideración de un gobierno autoritario y de mano dura. Queda claro: el “NO A LA PAZ” es el hilo conductor del gobierno de Iván Duque, incluso cuando el pueblo ratifica el “NO A LA GUERRA” firmado en los acuerdos de La Habana.
En este sentido, parece un chiste que la justicia intente suprimir la movilización con la excusa de preservar la vida humana. Sólo en 2020 Human Right Watch registró 90 masacres. En 2021, Colombia se enteró que durante el gobierno de Uribe Vélez fueron ejecutados extrajudicialmente 6.402 ciudadanos -los llamados “falsos positivos”-, con el objetivo de presentar bajas en la lucha contra la insurgencia. Además, en lo que va del año han sido asesinados 50 líderes y lideresas sociales; casi 1000 desde la firma de la paz.
El uribismo, el modelo neoliberal y el saqueo de las arcas del Estado
Cabe recordar que la campaña de Iván Duque fue financiada con los dineros del narcotráfico, según indican los audios interceptados entre el narcotraficante “Ñeñe” Hernández y la ex secretaria personal de Álvaro Uribe, “Caya” Daza. El escándalo conocido como “ñeñepolítica” empezó a crecer desde el 2018 como una bola de nieve sin que la justicia mediara intervención alguna.
Mientras el empresariado narco codirigía junto al gobierno a las bandas paramilitares, los crímenes contra los líderes y lideresas sociales alcanzaban cifras espantosas. Desde 2019, más de 250 de ellxs fueron asesinadxs cada año. En 2019, el Ministro de Defensa Botero bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC donde fueron asesinados casi siete niños y niñas. El año culminó con una tentativa reforma tributaria, que terminó por agravar el escenario nacional y en noviembre se definió el Paro Nacional que duró intermitentemente hasta enero del 2020.
En abril del 2020 el gobierno colombiano pidió 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar la crisis financiera en medio de la pandemia. Sin embargo, mientras la crisis sanitaria demostraba la tragedia resultante de la privatización de la salud, Iván Duque decidió otorgar un crédito millonario a la aerolínea panameña Avianca.
En agosto del 2020 el gobierno uribista anunció que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias autorizó la participación de la nación en la reestructuración de Avianca para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo, mediante un financiamiento de hasta 370 millones de dólares.
La medida fue ampliamente rechazada y el crédito finalmente no se otorgó. Sin embargo, el desagüe de los recursos públicos prosiguió. La administración de Iván Duque giró, en siete meses, 5 billones de pesos colombianos a grandes empresarios privados para auxiliarlos con la crisis económica.
El programa de Duque, que se negó a la iniciativa de la renta básica, solo ayudó a engrosar los bolsillos de los millonarios, entre ellos el reconocido banquero Sarmiento Angulo, gerente y articulador de la red bancaria “Grupo Aval”. De acuerdo con Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. entre 2014 y 2017 la campaña presidencial de Duque -además de los dineros del narcotráfico- fue financiada en un 66% por Sarmiento Angulo a través del Banco de Bogotá, que también forma parte del mencionado Grupo Aval.
A la cleptomanía empresarial se suma el gasto en guerra: el gobierno nacional derrochó 2.000 billones de pesos en la compra de una flota de camionetas blindadas para la presidencia y otros 9.000 millones más en la adquisición de 23 camionetas para la Policía Nacional, institución responsable de la masacre de septiembre del 2020. Ese día la ciudadanía se convocó en las calles en rechazo a la tortura y posterior asesinato del abogado Javier Ordóñez. La policía reprimió la protesta a los tiros: hubo 14 muertos y 305 heridos, de los cuales 80 presentaban heridas de arma de fuego. Tras la masacre, Duque respaldó el accionar terrorista de la fuerza pública y definió garantizar sus operaciones con una inusitada inversión en armamento, camionetas y uniformes.
En medio de la sangría de los recursos públicos, el gobierno nacional decidió adelantar la reforma tributaria. Pese a todo, y contra todxs, el bloque uribista pretende derogar la agenda de paz surgida en los acuerdos de La Habana, para relanzar sus operaciones de guerra, contra su pueblo, contra Venezuela -como ya es costumbre- y contra la dignidad humana.
El año que viene habrá elecciones en Colombia y es urgente que la indignación social también sea política.
Miranda Cerdá Campano
Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo. Lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta.
Yibuti, el pequeño estado africano oriental, de casi 950 mil habitantes, ha sido noticia dentro del concierto internacional en la disputa entre Estados Unidos y la República Popular China. No muchos medios en el mundo le prestaron atención, pero en Yibuti la rivalidad sino-estadounidense se da en un país de tan solo 21.783 kilómetros cuadrados.
El pasado 21 de abril Washington pegó el grito en el cielo. “La base naval de China en Yibuti, noreste de África, es ahora lo suficientemente grande como para albergar portaviones”, según el jefe del Comando África de EE.UU. (AFRICOM), el general Stephen Townsend, citado por el periódico militar estadounidense Stars and Stripes. Pekín abrió en el 2017 su base en Yibuti y desde entonces ha aumentado su presencia, operando a solo unos 11 kilómetros del Camp Lemonnier, el centro operativo del ejército estadounidense en el Cuerno de África Oriental.
Bases militares foráneas en Yibuti
Yibuti es de suma importancia estratégica pese a su pequeñez. Es que está ubicado en las costas del Mar Rojo y el Golfo de Adén, y ha albergado durante mucho tiempo a varios ejércitos extranjeros. Francia, Italia y Japón se encuentran entre los países con pequeños puestos de avanzada en esa nación africana. También los saudíes. Yibuti no tiene drama en seguir alquilando y ofreció también a neerlandenses, belgas, españoles y británicos a invertir en la construcción de bases militares.
Allí gobierna el excéntrico Ismail Omar Guelleh, que es el segundo presidente en la historia de Yibuti. Logró hacerse con el poder en 1999 y desde entonces es el hombre fuerte de la nación. Lo loco de todo esto es que nació en el sur de Etiopía, cerca de la zona del Ogadén, donde vive la etnina somalí de los Issas. Pero, además posee nacionalidad francesa y es un políglota, ya que habla el idioma galo, el somalí, el árabe, el ahmárico etíope e italiano.
China tiene muchos intereses en tener una base militar en Yibuti.
La biografía de Guelleh es una muestra de la historia reciente independentista de Yibuti. Desde tiempos inmemoriales, habitan los grupos étnicos, como los Issas, los Afars y los Gazza. Tiempo después llegaron los árabes desde el Yemen. El Islam se consolidó hacia el siglo XI y fue parte de diversos sultanatos musulmanes. También fue codiciado por los turcos otomanos, que en el siglo XIX rivalizaron con los intereses franceses, italianos y británicos por Yibuti. Desde 1859 los franceses lograron su poder y apoyaron a los reyezuelos nómadas musulmanes tanto de los Issas como de los Afars (rivales históricos) para establecer una factoría comercial, muy cerca del Golfo de Adén y del Egipto aliado a los británicos. En 1897 finalmente establecieron su colonia en Yibuti, a la que llamaron Somalilandia o Territorio Francés de los Afars y los Issas. Italianos y británicos se quedaron con el resto de la gran Somalia. Los turcos otomanos fueron desalojados.
El 27 de junio de 1977 Francia le otorga la independencia a Yibuti, bajo el liderazdo del somalí Issas Hassan Gouled Aptidon, un “afrancesado”, y tío de Guelleh. Pero Aptidon no era de Yibuti, sino que nació al norte de la Somalia británica en 1916 y cuando fue gobernante en el nuevo país de adopción estuvo presionado por el régimen de Siad Barré de la República Popular Democrática de Somalia. El extraño coronel marxista Barré quería anexionarse Yibuti, pero cuando en 1978 perdió la guerra del Ogadén contra la Etiopía del marxista Mengistu el Rojo (este apoyado por tropas cubanas y suryemeníes), las intenciones de quedarse con Yibuti se terminaron. Además, Francia custodió a su ex colonia. De hecho, tropas galas no se retiraron del todo.
El presidente Ismail Omar Guelleh con el mandatario chino Xi Jinping
Ahora, la cuestión es otra. Luego de ser país aliado a Occidente en la Guerra Fría, en estos tiempos se ha convertido en una especie de patio de alquiler para muchas bases militares extranjeras. Guelleh no se hace problemas con dejar que su país sea como una especie de garaje para bases militares foráneas.
Yibuti alberga bases militares de Francia, Italia, Estados Unidos, Japón y la inaugurada en julio de 2017 por Pekín. Arabia Saudí también está construyendo la que, como en el caso chino y nipón, será su única instalación militar permanente en el extranjero. Las tropas estadounidenses llegaron, a la que es su única base militar en África, tras el 11 de septiembre de 2001. El ex mandatario Barack Hussein Obama II renovó el acuerdo en su segundo mandato (2013-2017) a razón de 63 millones de dólares anuales. Localizada junto al aeropuerto principal del país, Camp Lemonnier tiene capacidad para alojar a 6000 marines y una nueva instalación para drones. El ejército francés, que nunca llegó a abandonar su excolonia, tiene en Yibuti su mayor base en el extranjero, con 1900 militares. Es que su proximidad a zonas de conflicto como el Sahel, Somalia o Yemen es otro de los motivos por los que la presencia extranjera es tan numerosa.
Guelleh junto al mandatario francés Emmanuel Macron
También hay presencia militar española en Yibuti, en el marco de la “Operación Atalanta”, lanzada por la Unión Europea en 2008 para luchar contra la “piratería somalí”, y actualmente comandada por el Reino de España. En la misión participan militares británicos, alemanes, belgas, holandeses o portugueses. En los últimos años, nuevas formas de cooperación entre distintos estados y organizaciones en materia de seguridad marítima se han estrenado en Yibuti con “buenos resultados”. La misión europea ha podido coexistir y cooperar con una lanzada por la OTAN en la región y con las labores de vigilancia ejercidas por las potencias militares con bases en el terreno.
Por su parte, los intereses de Pekín en Yibuti no se limitan al ámbito militar, sino que ha invertido miles de millones de dólares en financiar la construcción del puerto de Dolareh (adyacente a su base militar), un aeropuerto, una planta de licuefacción, gasoductos, oleoductos o la línea ferroviaria que ha conectado Yibuti (su capital homónima) con Etiopía, el segundo país más poblado del continente, que perdió su salida al mar tras la secesión de Eritrea en 1993. Más del 95% de las exportaciones e importaciones etíopes pasan por el puerto de Yibuti.
Guelleh y Barack Obama en la Casa Blanca, en 2014
Los saudíes no se quedaron atrás. Arabia Saudí acordó ya en 2016 la construcción de su primera base permanente en el extranjero. Los rebeldes shiítas Houthi del Yemen(acusados por Riad y Occidente de ser un “grupo terrorista” financiado por la República Islámica de Irán) , objetivo principal de la coalición liderada por Riad en su país vecino de la Península Arábiga, han logrado en varias ocasiones atacar a navíos saudíes y emiratíes mientras cruzaban frente el estrecho de 32 kilómetros que separa el sur de Yemen de Yibuti. En 2017-2018 se instaló el ejército saudí (el segundo del mundo que invierte más en armamento) en Yemen. Esto le dio la posibilidad de reducir significativamente el vuelo de sus aviones militares hasta sus objetivos en Yemen, al tiempo que podrá frenar el envío de armas a los rebeldes Houthi shiítas desde la costa somalí.
Ahora bien, para Guelleh, esta entrega de soberanía es negocio para su familia (elite tradicional de los Issas en el pequeño país) y los “comerciantes árabes” de Yibuti. Más de la mitad de los empleos de Yibuti están relacionados con el tráfico marítimo de mercancías, y los ingresos que generan el puerto y las bases militares extranjeras suman en torno al 80% del PIB. La gran burguesía yibuti de los Issas ha dejado afuera a los pastores Afars y Gazza, que engrosan las filas del proletariado local, empobrecido y marginado de la política local.
La etnia de los Afars de Yibuti, que es marginada por el clan somalí de los Issas, al cual pertenece el poderoso presidente Guelleh de Yibuti.
Guelleh y los Issas controlan al país como si fuesen un pequeño sultanato. La economía de esta familia se ha confundido con la del país y crece a buen ritmo. Pero no es capaz de redistribuir la riqueza ni reducir el desorbitante desempleo juvenil entre los Afars y los Gazza. Guelleh se alió con los “árabes afrancesados” y cumple su cuarto mandato. El caciquisimo de los Issas en Yibuti todavía permite controlar a un electorado tan minúsculo, y la oposición es silenciada y fragmentada constantemente. Con tanta presencia extranjera en el país, la estabilidad es lo único que importa en la comunidad internacional. Guelleh sabe que lo van a defender los yanquis, los chinos, los saudíes, etc. El negocio familiar está intacto y Yibuti parece ser la zona clave para controlar gran parte de la geopolítica mundial del siglo XXI.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
El presidente derechista Luis Lacalle Pou inició su gobierno declarando que “no iba a zurcir una mitad por otra”, refiriéndose al Frente Amplio. La coalición gobernante, compuesta por cinco partidos, ganó por apenas 35.000 votos.
Con esta frase pretendía mostrar una actitud de tolerancia y escucha. De no confrontar y de diálogo. A pesar de ello, la política llevada adelante desde el primero de marzo de 2020 por Lacalle Pou es de pisotear a la oposición y hacer oídos sordos incluso a los otros sectores dentro de su propia coalición multicolor.
Recientemente, en una entrevista al diario La Nación de Argentina, Lacalle declaró: “Nos cuesta relacionarnos con el Frente Amplio porque es muy difícil saber qué es el Frente Amplio y quién es el Frente Amplio.” Curiosa manera de referirise a la fuerza política con más caudal de votos del país, que gobernó 15 años antes que él asumiera.
Quizá conozca al Frente Amplio el presidente. De casualidad en los tres departamentos donde gobierna el Frente Amplio (Montevideo, Canelones y Salto) es donde se registran los porcentajes más bajos de vacunación. La responsabilidad toda es del gobierno, ya que es una campaña nacional y no departamental. Es una política de la muerte, una necropolítica que especula con la vida. Los tres departamentos con mayor población del país no pueden tener esas tasas de vacunación.
En la misma entrevista Lacalle dijo respecto a la expresión de “grieta” usada para describir la confrontación argentina: “No, no [hay grieta])…se está tensando más la piola, pero la piola en Uruguay nunca se rompe”.
Es el cuento de Uruguay como excepción. Siempre mirando el puerto hacia las Europas, de espalda a lo latinoamericano. Ese es el sueño de la oligarquía local. Saberse ajeno del continente con berretines cosmopolitas, pero con prácticas esclavistas desde antaño.
Esta racha neoliberal trae consigo un revanchismo de la oligarquía que fue cuajando durante quince años a la sombra. Mientras el Frente Amplio debía decidir en momento de encrucijada si profundizar o recular, optó por la segunda y pecó de tímido en el proceso de transformación. La derecha viene a por todo y el diagnóstico nos da cero por ciento de timidez.
La tan mentada grieta ya está aquí hace rato. La derecha que la dice combatir y convoca en sus discursos a palabras muy bellas -como democracia, respeto, tolerancia, institucionalidad, república- pero que las han vaciado de contenido, es la misma que fomenta la grieta día a día.
El ataque contra los sectores progresistas es sistemático y constante. Contra los trabajadores de la educación, la central de trabajadores, los estudiantes, los periodistas. Se podría decir que contra cualquiera que ose criticar el relato oficial. A la orden están los trolls center y no solo ellos, sino también diputados, senadores y ministros, que parece que solo saben tuitear en vez de gobernar.
Libertad a las cadenas
El jueves 22 de abril el presidente Luis Lacalle Pou rechazó el pedido de la central de trabajadores para realizar una cadena nacional por el Primero de mayo. El año pasado la respuesta fue la misma, así como con madres y familiares de desaparecidos, para a realizarse el 20 de mayo. Todo apunta que este año las negativas estarán a la orden del día.
Uruguay. Trabajadorxs rechazan recortes al presupuesto y la LUC – Resumen Latinoamericano
Los derechos de los trabajadores y los reclamos de justicia ante la impunidad del terrorismo de Estado no están en la agenda del gobierno.
El gobierno se ha encargado de dividir la sociedad. Mientras realiza discursos altisonantes sobre la tolerancia, amenaza y ataca a ciudadanos de a pie que colaboran en una olla popular, solamente por portar remeras contra la oficialista Ley de Urgente Consideración. Mientras dice gobernar para todos los uruguayos, por debajo de la mesa gobierna para un sector minúsculo de la sociedad y sólo resalta el esfuerzo de los “malla oro”, refiriéndose al sector privado.
La tan mentada grieta no es más que la expresión de una sociedad polarizada que siempre lo fue. Siempre se valió de un otro como chivo para expiar sus culpas. El “otro” ayer fue el subversivo bajo la Doctrina de Seguridad Nacional, luego el infanto-juvenil, el “menor”. Hoy la figura que empieza revestir peligrosidad es la del extranjero y se está retornando a los prolegómenos de los 70.
El punto es que el nivel de blindaje es tal, que desde el oficialismo se cuestiona a periodistas, comunicadores y canales de televisión que son hegemónicos y siempre han respondido a los sectores concentrados de poder. Como bien apunta Boaventura de Sousa Santos, vivimos en democracias formalmente liberales pero socialmente fascistas.
Hisopados en centro de salud de ASSE, en el SAME 105, en 8 de Octubre.
Se están corriendo los marcos del debate a tal punto que cualquier opinión, provenga de donde provenga, pero que apenas ponga en cuestión el manejo de la pandemia o la gestión de gobierno, va a ser vilipendiada en todos los medios hegemónicos.
Las opciones son entre un conservadurismo moderado o una derecha recalcitrante, quedando por fuera toda opinión que cuestione este sistema a años luz. Las socialdemocracias son pintadas como revolucionarias y a veces se las invita a jugar para que desde la derecha simplemente marquen perfil.
Del perfil paranoico a que la izquierda domina la educación, la salud, la universidad, internet y vaya a saber cuánta cosa más al grito de “marxismo cultural”. Se pasa al esquizofrénico pedido de cuidar las formas, tener gestos republicanos y respetar las investiduras.
El sueño de la oligarquía es tener trabajadores modositos, sindicalistas sumisos, maestros acobardados, periodistas cómplices, “oposición responsable”, poetas superfluos, estudiantes que solo estudien y si todo eso falla, policías preparados para reprimir.
Volvió la protesta del campo en Uruguay: “Llevamos 20 meses intentando hablarle al gobierno” | Infocampo
La grieta en este país existe desde que nació. Entre gauchos y terratenientes, entre los doctores de la ciudad y los caudillos rurales. Entre los militares colorados y los indígenas; entre los traidores de la patria y el prócer nacional y regional, José Gervasio Artigas.
Entre los obreros y sus patrones; entre el patrón de estancia y el peón. Entre los banqueros usureros y los que no tienen un techo y no pueden pagar su hipoteca. Entre los gobiernos corruptos y saqueadores y los trabajadores que no llegan a fin de mes. Entre los “malla oro” y los que la corren de atrás para llevar un plato de comida a la mesa.
A fin de cuentas, esto sigue siendo, oligarquía contra pueblo.
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
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