El Gobierno colombiano, con Iván Duque a la cabeza, presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria vestida de medida para paliar la crisis generada por el Covid-19 y por el modelo uribista. Lejos de gravar las grandes fortunas, el proyecto impulsado por el uribismo tiene dos ejes principales: el aumento del IVA en alimentos de la canasta básica y la ampliación de la base impositiva sobre los salarios de la clase trabajadora.
La intención del Gobierno colombiano es la de recaudar 23 millones de pesos “para sanear las finanzas públicas”, pero lo cierto es que la extensión del IVA recae sobre productos de la canasta familiar que no estaban gravados, cuando la pobreza en Colombia roza el 50%; y con la ampliación de la base impositiva se alcanza a las personas que cobran 2.500.000 pesos colombianos, cuando antes la base tributaria estaba en 4.200.000.
La medida logró aglutinar la movilización de organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, partidos políticos y de las pequeñas y medianas empresas, que organizaron un paro nacional el miércoles 28 de abril en rechazo a que la crisis se financie tocando los ingresos de la clase media y los sectores más vulnerados.
Como afirmó el colega, Manuel Humerto Restrepo, la reforma ataca el corazón de los derechos sociales conquistados entre luchas y victorias colectivas. La reforma declara la guerra contra el núcleo duro de los derechos humanos, de los derechos sociales de toda la población y en especial arremete contra la dignidad de la clase trabajadora.
Si bien es el proyecto de ley lo que moviliza a la sociedad en esta oportunidad, se observa un cansancio recurrente para con el modelo uribista y una crítica generalizada al modelo neoliberal del que Colombia es fiel exponente en América Latina.
En las horas previas al 28 A, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Bogotá- había ordenado suspender las marchas por la situación epidemiológica. Sin embargo, el Comité Nacional del Paro, que aglutina a más de 50 organizaciones sindicales y sociales, mantuvo la convocatoria. “Por la paz, por la vida, por la democracia y contra el paquetazo de Iván Duque”, fue el lema con el que se convocaron, solicitando que quienes se movilizaran cumplan con las medidas de distanciamiento social para evitar más brotes en el segundo país más afectado de la región, después de Brasil.
Si la intención del Gobierno colombiano fuera la de recaudar más dinero para paliar la crisis del Covid-19 y poder continuar otorgando los míseros 40 dólares de subsidio a los sectores más vulnerables, la mejor idea sería la de replicar lo que varios países del mundo han hecho: gravar las grandes fortunas. Pero el impuesto a los mayores patrimonios incluido en la reforma tributaria no permitiría recaudar ni la mitad de lo que se pretende obtener de los sectores medios y bajos.
Claro, Duque no quiere perder a los amigos que financiaron su campaña y sostienen su Gobierno. La reforma tributaria no alcanza a las grandes empresas, mantiene privilegios para las multinacionales por casi 40 billones de pesos colombianos al año, y no grava la renta financiera.
Por el particular contexto de violencia que atraviesa la historia colombiana de las últimas décadas, parece importante mencionar que por estos días también se conoció la intención del Gobierno nacional de renovar su flota de aeronaves militares. La intención de Duque es comprar 24 aviones de guerra por un monto de cuatro mil millones de dólares.
Lo cierto es que Colombia tiene el segundo mayor gasto militar de la región por detrás de Brasil y eso tampoco es casual: nos encontramos frente a un Gobierno que sólo tiene respuestas represivas a las demandas de su pueblo. En el último tiempo volvieron las masacres, los desplazamientos forzados, las minas antipersonal. En ese sentido, podríamos pensar que el Gobierno necesita la escalada de violencia para que vuelva a ponerse en agenda la consideración de un gobierno autoritario y de mano dura. Queda claro: el “NO A LA PAZ” es el hilo conductor del gobierno de Iván Duque, incluso cuando el pueblo ratifica el “NO A LA GUERRA” firmado en los acuerdos de La Habana.
En este sentido, parece un chiste que la justicia intente suprimir la movilización con la excusa de preservar la vida humana. Sólo en 2020 Human Right Watch registró 90 masacres. En 2021, Colombia se enteró que durante el gobierno de Uribe Vélez fueron ejecutados extrajudicialmente 6.402 ciudadanos -los llamados “falsos positivos”-, con el objetivo de presentar bajas en la lucha contra la insurgencia. Además, en lo que va del año han sido asesinados 50 líderes y lideresas sociales; casi 1000 desde la firma de la paz.
El uribismo, el modelo neoliberal y el saqueo de las arcas del Estado
Cabe recordar que la campaña de Iván Duque fue financiada con los dineros del narcotráfico, según indican los audios interceptados entre el narcotraficante “Ñeñe” Hernández y la ex secretaria personal de Álvaro Uribe, “Caya” Daza. El escándalo conocido como “ñeñepolítica” empezó a crecer desde el 2018 como una bola de nieve sin que la justicia mediara intervención alguna.
Mientras el empresariado narco codirigía junto al gobierno a las bandas paramilitares, los crímenes contra los líderes y lideresas sociales alcanzaban cifras espantosas. Desde 2019, más de 250 de ellxs fueron asesinadxs cada año. En 2019, el Ministro de Defensa Botero bombardeó un campamento de las disidencias de las FARC donde fueron asesinados casi siete niños y niñas. El año culminó con una tentativa reforma tributaria, que terminó por agravar el escenario nacional y en noviembre se definió el Paro Nacional que duró intermitentemente hasta enero del 2020.
En abril del 2020 el gobierno colombiano pidió 11.000 millones de dólares al FMI para conjurar la crisis financiera en medio de la pandemia. Sin embargo, mientras la crisis sanitaria demostraba la tragedia resultante de la privatización de la salud, Iván Duque decidió otorgar un crédito millonario a la aerolínea panameña Avianca.
En agosto del 2020 el gobierno uribista anunció que el Comité de Administración del Fondo de Mitigación de Emergencias autorizó la participación de la nación en la reestructuración de Avianca para garantizar la protección de la prestación del servicio aéreo, mediante un financiamiento de hasta 370 millones de dólares.
La medida fue ampliamente rechazada y el crédito finalmente no se otorgó. Sin embargo, el desagüe de los recursos públicos prosiguió. La administración de Iván Duque giró, en siete meses, 5 billones de pesos colombianos a grandes empresarios privados para auxiliarlos con la crisis económica.
El programa de Duque, que se negó a la iniciativa de la renta básica, solo ayudó a engrosar los bolsillos de los millonarios, entre ellos el reconocido banquero Sarmiento Angulo, gerente y articulador de la red bancaria “Grupo Aval”. De acuerdo con Camilo Enciso, ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. entre 2014 y 2017 la campaña presidencial de Duque -además de los dineros del narcotráfico- fue financiada en un 66% por Sarmiento Angulo a través del Banco de Bogotá, que también forma parte del mencionado Grupo Aval.
A la cleptomanía empresarial se suma el gasto en guerra: el gobierno nacional derrochó 2.000 billones de pesos en la compra de una flota de camionetas blindadas para la presidencia y otros 9.000 millones más en la adquisición de 23 camionetas para la Policía Nacional, institución responsable de la masacre de septiembre del 2020. Ese día la ciudadanía se convocó en las calles en rechazo a la tortura y posterior asesinato del abogado Javier Ordóñez. La policía reprimió la protesta a los tiros: hubo 14 muertos y 305 heridos, de los cuales 80 presentaban heridas de arma de fuego. Tras la masacre, Duque respaldó el accionar terrorista de la fuerza pública y definió garantizar sus operaciones con una inusitada inversión en armamento, camionetas y uniformes.
En medio de la sangría de los recursos públicos, el gobierno nacional decidió adelantar la reforma tributaria. Pese a todo, y contra todxs, el bloque uribista pretende derogar la agenda de paz surgida en los acuerdos de La Habana, para relanzar sus operaciones de guerra, contra su pueblo, contra Venezuela -como ya es costumbre- y contra la dignidad humana.
El año que viene habrá elecciones en Colombia y es urgente que la indignación social también sea política.
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clarisimo