El Estado nacional se defiende actualmente en un proceso judicial contra el fondo buitre Burford, que pretende una indemnización por no abrir un acto público de compra cuando reestatizó YPF. En medio de este conflicto Galperin y Prat Gay festejaron el intento de estafa y daño al Estado Argentino, mientras que Pablo González, presidente de YPF, salió al cruce.
En medio de la realización del juicio que afronta el Estado Nacional contra el fondo buitre Burford Capital, debido al proceso de recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), el presidente de la empresa, Pablo González, salió al cruce de Marcos Galperin, dueño y creador de Mercado Libre y Mercado Pago, en defensa de la decisión tomada en aquel momento. Sucede que, en medio de un juicio que le podría costar al Estado nacional entre 4.9 y 16 mil millones de dólares, tanto Galperin como personajes del ámbito público empresarial y político aprovecharon la situación para bajarle el precio a la acción tomada por el Poder Ejecutivo entre abril y mayo de 2012, cuando se decidió reestatizar la petrolífera. Ante esto, González se mostró en medios de comunicación al cruce de las declaraciones.
Concretamente, el dueño de Mercado Libre, Galperín, publicó en su cuenta de Twitter que “los expropiados hicieron el mejor negocio de la historia, el Estado argentino pagará como mínimo otros 4.920 millones de dólares por la expropiación de YPF”. Ante la clara intención irónica y burlesca del empresario, González no dudó en responderle: “Nosotros entendemos al petróleo y al gas como algo estratégico para el desarrollo del país, que no se puede comparar con un sitio de compraventa”. Además, también ironizó: “¿Cuál es el valor de la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo?”. De esta manera, el presidente de YPF puso en la balanza el valor intangible de poseer estos reservorios en comparación con el pago de dicha deuda, lo cual Galperin y otros “intelectuales” como el ex ministro de Economía del macrismo, Alfonso Prat Gay, sostienen para argumentar que la estatización de YPF no es redituable. Sin embargo ¿Por qué este juicio se puede considerar un intento de estafa? ¿De dónde proviene este conflicto judicial?
Para responder a estas preguntas hay que remontarse a 1993, año en el que, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se firmó el estatuto que impulsó la privatización de YPF. En el mismo, en caso de que el Estado quisiera recuperar cualquier porción de la petrolera se debía comprometer a ofrecer mediante acto público una oferta de compra por el total de las acciones del mercado a los acreedores. Hecho que no sucedió en 2012 cuando bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se impulsó la compra del 51% de las acciones que poseía Repsol. Traducido a criollo: si el Estado quería recuperar YPF, primero debía esperar para confirmar si los acreedores querían competir por la compra, pero no sucedió debido a la fortaleza de un Poder Ejecutivo que gestionó con firmeza la recuperación de algo que ya le pertenecía.
Ante este conflicto legal, el fondo buitre Burford Capital compró las firmas de dos empresas acreedoras que se “vieron afectadas” ante la no apertura del acto público: Eton Park y Petersen Energía, que al momento de la reestatización eran accionistas minoritarios. En consecuencia, el fondo buitre obtuvo el derecho a litigiar en contra de la República Argentina y comenzó un proceso que culmina esta semana, con debates jurídicos en los cuales se decidirá si el Estado debe pagar el monto base de 4.9 mil millones de dólares, o si se añadirán 7.6 mil millones por una taza de interés de un 8% por los años transcurridos, además de otro monto 3.4 mil millones que se podría añadir porque, según el buitre, Argentina tomó el control de YPF cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al congreso el 16 de abril de 2012. Sin embargo el Estado no tomó control real hasta el 7 de mayo del mismo año cuando entró en vigor la Ley de Expropiación que facultó al Ejecutivo, por lo que la defensa nacional a cargo de la Procuración del Tesoro expondrá este argumento. El monto podría varias entonces entre 4.9, 8.3, 12.5 o 16 mil millones de dólares en el peor de los casos.
Según afirmó el economista Hernan Letcher en “Aquí Allá y En Todas Partes”, Galperin estaría vinculado a la operación porque la empresa inversora Baillie Gifford & Co es inversora institucional de Burford, y al mismo tiempo posee el 12,2% de las acciones de Mercado Libre. En esa línea, González reconoció: “Me han dicho que Galperin tiene que ver con este fondo que está relacionado con el juicio”. Sumado al irónico mensaje del empresario hacia el Estado Argentino, hicieron que González le responda en defensa de YPF para reivindicar su importancia como herramienta estatal, además de resaltar su incalculable patrimonio en materia de gas y petróleo.
Además, según se aseguró desde las fuentes oficiales de la petrolífera a Revista Trinchera, el presidente también salió al cruce de Alfonso Prat Gay: “Es como un hincha de fútbol que festeja los goles del equipo rival. Que se fijen cuanto creció la acción de YPF en el último año”. González respondió en base a las declaraciones de Prat Gay, que trató de “estúpidos” a quienes recuperaron YPF por hoy tener que pagar esta deuda, que no es más que una nueva extorsión de nada más ni nada menos que un fondo buitre.
También, la ex ministra de seguridad macrista, Patricia Bullrich, publicó que “el populismo kirchnerista no es gratis”, como si la culpa de la intervención buitre fuese por recuperar una empresa que fue vendida bajo los ideales que la misma pregona, y, como dijo González, “festejando los goles del equipo rival”. “Los que defienden la no expropiación defienden otros intereses, que no son los nuestros, los que defendemos un bien estratégico como es la energía”, agregó y sentenció que “el macrismo no hizo nada por YPF”.
