La Procuraduría de Investigaciones Administrativas realizo la denuncia por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presunta utilización de este tipo de datos sin una “justificación racional”.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno porteño, que conduce Juntos por el Cambio (JxC), por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”. Además, desde el sector que conduce Horacio Rodríguez Larreta se solicitaron los datos de distintos dirigentes y figuras opositoras.
La investigación la realizó el fiscal Sergio Rodríguez, que resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal. En este sentido, el artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.
En los procedimientos previos, el fiscal remitió que tomó conocimiento mediante notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, que renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.
En el marco del convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper proporcionaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”. Sin embargo, en el mismo acuerdo se ordenó que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.
Con respecto a la violación de secretos, en otro pasaje del documento, al que accedió el medio Télam, Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.
En este sentido, se advirtió que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificarlos de ilegales”.
Cabe destacar que el reconocimiento facial se incorporó en CABA en 2019, dicho Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). En este sentido, el fiscal advirtió que “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”.
Asimismo, mediante la investigación de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”. Además, el fiscal detalló que “tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.
Para el fiscal lo interesante es que hasta 2020 el Conarc tenía 40 mil registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.
De esta manera, Rodriguez inició “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales; y efectuar la denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Cabe señalar que la causa ya fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que investigue los hechos.
Por otra parte, entre las personas espiadas y por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran: el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.
Además, el informe detalla que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 dictámenes). Además, se constató que hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; entre otros.
