Denuncia penal contra el Gobierno porteño por el usufructo de datos biométricos

Denuncia penal contra el Gobierno porteño por el usufructo de datos biométricos

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La Procuraduría de Investigaciones Administrativas realizo la denuncia por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presunta utilización de este tipo de datos sin una “justificación racional”. 

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del Gobierno porteño, que conduce Juntos por el Cambio (JxC), por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”. Además, desde el sector que conduce Horacio Rodríguez Larreta se solicitaron los datos de distintos dirigentes y figuras opositoras.

La investigación la realizó el fiscal Sergio Rodríguez, que resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previsto en el artículo 157” del Código Penal. En este sentido, el artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

En los procedimientos previos, el fiscal remitió que tomó conocimiento mediante notas periodísticas de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en suscripto con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en 2019, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, que renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.

En el marco del convenio de Cooperación Técnica se estableció que el Renaper proporcionaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”. Sin embargo, en el mismo acuerdo se ordenó que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.

Con respecto a la violación de secretos, en otro pasaje del documento, al que accedió el medio Télam, Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionario que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.

En este sentido, se advirtió que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del citado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificarlos de ilegales”.

Cabe destacar que el reconocimiento facial se incorporó en CABA en 2019, dicho Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) que se contrastaría con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). En este sentido, el fiscal advirtió que “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”.

Asimismo, mediante la investigación de los datos, Rodríguez llegó a la conclusión que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”. Además, el fiscal detalló que “tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.

Para el fiscal lo interesante es que hasta 2020 el Conarc tenía 40 mil registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que de los datos del Renaper se desprende que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.

De esta manera, Rodriguez inició “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales; y efectuar la denuncia penal contra los funcionarios del Gobierno de la Ciudad. Cabe señalar que la causa ya fue sorteada y será el Juzgado Federal y Correccional N° 3 el que investigue los hechos.

Por otra parte, entre las personas espiadas y por las que el Gobierno porteño solicitó datos se encuentran: el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

Además, el informe detalla que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño Arshak Karhanyan (92 veces) y el presidente Alberto Fernández (76 dictámenes). Además, se constató que hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; entre otros.

Docentes porteños en paro y movilización por reapertura de paritarias

Docentes porteños en paro y movilización por reapertura de paritarias

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En el marco del “Plan de Lucha” que se llevará a cabo durante todo el mes de octubre, la Unión de Trabajadores de la Educación realizó un paro de 24 horas y se moviliza hacia la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los reclamos está la regularización de la obra social.

Este martes 4 de octubre la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) realizó un paro de 24 horas y una marcha a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de la apertura de la mesa salarial y la regularización de la obra social. La medida se enmarca en el “Plan de Lucha” que el organismo acordó sostener durante todo el mes de octubre.

El jueves de la semana pasada, la UTE realizó un plenario en el que estuvieron presentes más de 250 delegades de todas las áreas, niveles y modalidades. Allí se aprobó este plan de lucha, que fue comunicado mediante un comunicado donde se resalta que habrá “actividades durante el mes de octubre que incluyen semáforos, asambleas, plenarios, clases públicas, abrazos a las escuelas junto a la comunidad educativa“.

Revista Trinchera dialogó con el prosecretario gremial de UTE, Alejandro Brecciaroli, quien señaló: “Este paro educativo da inicio a un montón de jornadas descentralizadas durante todo el mes de octubre y es más que nada por la convocatoria de la mesa salarial, porque los salarios no pueden continuar por debajo de la inflación y también por la convocatoria de la mesa laboral que fue suspendida la semana pasada“.

Asimismo, el comunicado del gremio resalta que estas instancias de lucha también apuntan “contra el hostigamiento de el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, a quienes defendemos la escuela pública y “contra el atropello a los derechos conquistados históricamente por lxs trabajadorxs y la comunidad educativa“.

En este sentido, el Brecciaroli enfatizó: “Vamos a discutir con el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta y la Ministra Soledad Acuña una ley de paritarias, porque la Ciudad de Buenos Aires no tiene paritarias docente y vamos a discutir fuertemente el aumento del Presupuesto Educativo, ya que en el año 2007 era superior al 30% y estando en 2022 este porcentaje es inferior al 20. Además, el Presupuesto que se enviará a la Legislatura marca que será aún más bajo para el año que viene“.

Por otra parte, uno de los reclamos principales del gremio docente es la urgente apertura de la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (OBSBA). En lo que respecta a la situación que atraviesan les trabajadores de este campo con su cobertura social, Brecciaroli sostuvo: “Nuestra obra social todos los días da de baja una prestación distinta y los trabajadores tenemos derecho a la salud“.

La jornada laboral de lunes a viernes y la titularización fueron dos de los reclamos que más se escucharon y sostuvieron en la primera protesta. En este sentido el integrante de UTE recordó que “en mayo fue aprobada la ley de titularización para todos los docentes de educación media, que abarca las escuelas secundarias, las escuelas técnicas y también a los docentes de especial, terciarios, socioeducativos, de cultura y de artística. Abarca a un montón de programas que hace más de una década que no tienen estabilidad laboral en sus cargos, es por ello que nosotros queremos que esa ley se efectivice inmediatamente, dándole estabilidad a nuestros compañeros“.

Finalmente, el comunicado publicado por los docentes, indica que se resolvió “no estar presentes, ni participar, ni avalar, las jornadas de capacitación los días sábados“. En este sentido, Brecciaroli enfatizó que Larreta y Acuña “no escuchan a los trabajadores de la misma forma que no escuchan a los estudiantes” e indicó que van a ir comunicando las acciones a medida que se confirmen las fechas, también habrá nuevos plenarios de delegados tanto en octubre como noviembre.

Toma de colegios en CABA: Siguen los repudios contra Larreta y Acuña

Toma de colegios en CABA: Siguen los repudios contra Larreta y Acuña

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Referentes y referentas políticas, sociales y estudiantiles manifestaron una ola de rechazos y preocupación por el accionar del gobierno porteño tras el envío de policías de la ciudad a las casas de las familias de los estudiantes que realizaron tomas en escuelas públicas.

Tras las tomas de escuelas secundarias públicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno porteño respondió con intimidaciones a las familias y la posterior judicialización del conflicto: anunció el inició acciones penales contra padres del Mariano Acosta, el procedimiento se repitió en algunas otras escuelas tomadas. Incluso las notificaciones a familiares las hizo la Policía de la Ciudad, según denunciaron familias del Lengüitas, el Lorca y el Liceo 5.

Luego de que se tomase el Mariano Acosta el viernes pasado, se sucedieron varias más entre el lunes y martes: el Esnaola, el Lengüitas, el Padilla, el García Lorca, el Cortázar, la Pugliese, la Falcone, el Normal 8, la Escuela Superior de Cerámica, el de Artes Visuales Rogelio Yrurtia, el Avellaneda y el colegio universitario Carlos Pellegrini. El pedido de diálogo surge como demanda de varias cosas: el desfinanciamiento, la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento, la calidad y cantidad de las viandas, la decisión inconsulta de hacer trabajar a los docentes el sábado, las prácticas laborales obligatorias, entre otras.

En este sentido, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, informó a través de la Procuración General, que “pedirá” a los padres del Acosta 1,5 millones de pesos por día de toma. La noticia se extendió a un particular tarifario: la Ciudad reclamará 876 mil pesos por día a los del Moreno; más de 820 mil pesos a los de la escuela de Cerámica; 554 mil pesos a los del Liceo 5; 291 mil pesos a los del Pugliese; más 377 mil pesos a los del Claudia Falcone; y 374 mil pesos a los del García Lorca.

La ministra publicó en su cuenta de twitter: “Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar pérdida. En la Ciudad queremos a nuestros estudiantes en las aulas y no estamos dispuestos a poner a cuenta de todos los ciudadanos el costo de escuelas cerradas a la fuerza“. Sin embargo, no respondió ni al motivo de las protestas, ni al pedido de diálogo. 

Al respecto, Isabella Spatola, coordinadora del Mariano Acosta, dialogó con Revista Trinchera y señaló: “Las tomas las venimos pensando en principio porque no nos están escuchando, porque venimos generando un montón de medidas de luchas (sentadas y cartas) en las que se le pidió al Gobierno de CABA y a la ministra un espacio al diálogo, hicimos movilizaciones frente a la jefatura y tuvimos muchísimas asambleas, hasta que por fin decidimos por tomar la escuela la viernes 23 a las 18.30“.

Apenas empieza la medida, se nos empezó a perseguir políticamente, nos cortaron la luz intencionalmente durante 24 hs y puso en peligro a menores de edad que estaban en la escuela. Nos mandaron a una persona de la empresa MIG SA a cortar los cables de manera infiltrada, pese a que llamamos al gobierno de CABA no tuvimos respuesta y vino la defensoría del pueblo a reconectar la luz“, agregó Spatola.

Respecto a las tomas y en diálogo con Revista Trinchera, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), director del Lesyc y profesor de la UNLP, Esteban Rodríguez Alzueta, resaltó: “Las tomas de colegios forman parte de los repertorios de acción de beligerancia de los estudiantes desde hace mucho tiempo. No son un invento de estos jóvenes. Es la forma que tienen y han tenido las y los estudiantes de poner de manifiesto una serie de problemas con los que se miden y una manera de ejercer el disenso. La protesta estudiantil es la mejor forma de reconocer la capacidad de agencia de los pibes“.

Como toda protesta social, no solo están peticionando a las autoridades sino interpelando al resto de la sociedad. Porque en las democracias contemporáneas, nuestros problemas son también los problemas del otro. Se llega a una medida de fuerza no porque los jóvenes se pusieron caprichosos sino porque las autoridades no atienden los teléfonos, y si los atiende no hacen reuniones, y si las hacen sientan a funcionarios de cuarta línea que no tienen capacidad de decidir nada, de modo que los problemas se estiran en el tiempo. Es decir, la protesta es una manera de abrir y actualizar un ámbito de discusión con las autoridades de turno, una forma de hacerse escuchar, de expresarse libremente: Tuvieron que tomar la escuela para que las autoridades los atendieran, para que nosotros nos enteremos de los problemas que tienen las y los pibes“, sostuvo Alzueta. 

Por su parte, desde el Colectivo Familias x la Escuela Pública manifestaron su repudio y remarcaron: “En un contexto democrático, el derecho de lxs estudiantes a organizarse, manifestarse y ser escuchadxs debería ser la base a partir de la cual iniciar cualquier conversación“.

En cuanto a la persecución y hostigamiento, tanto del mismo Gobierno como de la policía a les mapadres, Spatola remarcó: “Lo que pasó es que la policía empezó a llegar a la escuela con denuncias hechas pidiendo que nuestros padres las firmen y paso bastantes veces durante la toma. También denunciaron a nuestros padres diciendo que eran responsables de que las escuelas estén tomadas y no es así, ya que son los del gobierno de la Ciudad los responsables de que se llegue a este punto“.

Por último, la coordinadora del Acosta confirmó: “La toma ya se levantó pero seguimos exigiendo que se nos escuche, que nos den vianda en cantidad y calidad, que nos hagan parte de las reformas y que no sean inconsultas, que el modelo de educación sea con la comunidad educativa y que por favor se nos deje de perseguir políticamente“.

En este sentido, Alzueta remarcó que Rodríguez Larreta “busca criminalizar la protesta, es decir, leer la protesta estudiantil con el código penal o contravencional en la mano. Por eso la pregunta que se hacen las autoridades es cuál es el nivel de castigo adecuado que se merecen ellos y sus padres. Si leyeran la protesta con la Constitución se preguntaría algo muy distinto: cuál es la protección que necesitan para que puedan expresarse libremente. En vez de abrir un espacio de diálogo lo clausura y le pasa la pelota a la justicia, es decir, judicializa la protesta“. 

Finalmente, en lo que respecta a los desencadenantes de estas medidas judiciales y administrativas el investigador sostuvo: “Generan una serie de problemas en distintos niveles. En la sociedad, porque contribuyen a demonizar la política, a celebrar la cultura del “no te metas”. Infantilizan a los jóvenes y confirman una política adulto céntrica. Para las personas judicializadas, porque les puede quedar un proceso abierto que vulnera su estatus ciudadano“.

El ataque al peronismo es un ataque a la democracia

El ataque al peronismo es un ataque a la democracia

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Durante el fin de semana Larreta quiso impedir que la militancia expresara su apoyo a Cristina Fernández. Pero sólo provocó grandes marcos de unidad en defensa de la vicepresidenta.

Mediante la mecánica de provocar y reprimir, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quiso impedir que la militancia desfile y exprese su apoyo frente a la casa de la ex presidenta Cristina Fernández, luego de que el partido judicial busque condenarla y proscribir. El resultado fue una mayor cohesión de la coalición de gobierno, grandes marcos discursivos de unidad y la movilización de todo el peronismo en defensa de la vicepresidenta.

La manifestación en los alrededores de la casa de CFK fue, a pesar de lo que quiso expresar Juntos por el Cambio acercando incluso contenedores de obra cargados de piedras, pacífica y sobre todo alegre. En paralelo, en muchas provincias se realizaron demostraciones de respaldo a Cristina y cabe destacar que aquellas que se llevaron adelante en ciudades gobernadas por Juntos por el Cambio, también se desarrollaron durante toda la jornada de forma pacífica. Salvo, claro está, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hasta la tarde del sábado, todas las actividades de respaldo a Cristina en el AMBA se realizaban en diferentes localidades del conurbano y en al menos dos plazas de la Capital Federal. Pero la provocación por parte de Larreta, cuya Policía colocó un vallado y desplegó a la infantería con camiones hidrantes y decenas de efectivos armados, provocó la unificación de todas esas expresiones en una sola en las cercanías de la casa de CFK. 

Por la noche, Cristina le habló al pueblo: “Después dicen que los violentos somos nosotros”, y recordó los episodios de violencia en la puerta de su casa cuando dejó la presidencia en 2015, o en las manifestaciones contra el Gobierno de Alberto Fernández, con bolsas mortuorias, guillotinas y horcas. “Es increíble el grado de cinismo y perversión de no hacerse cargo de lo que quieren: exterminar el peronismo”, apuntó, y agregó: “Odian la alegría y el amor peronista”. 

En diálogo con Radio Trinchera, Alejandro Grimson, antropólogo social y asesor presidencial de Alberto Fernández, mencionó: “Hay distintas dimensiones, primeramente una política porque Larreta toma una medida extrema, como el vallado de las calles, que es una metáfora con un grado de literalidad, como si el apresara a la expresidenta”.

“Desde el punto de vista jurídico, habría que remontarse a otra etapa de la historia para ver un disparate de esas proporciones. Que un intendente con una policía municipal establezca limitaciones a la movilidad de diputados y senadores nacionales, ministros federales y la vicepresidenta de la Nación, realmente es una cosa insólita. En ninguna otra ciudad de la Nación se produjo una situación similar”, sostuvo Grimson con respecto al accionar de Larreta.

Además, el asesor del presidente comparó el hecho y la reacción popular con lo sucedido en 1945 contra el peronismo: “Se busca apresar a la máxima referencia de ese momento, recordemos que el 9 de octubre lo obligan a renunciar a Perón y el 13 lo meten preso y ese hecho termina desatando la reacción popular. En este caso sucede con el pedido de prisión e indagatoria de Cristina, aunque creo que estamos asistiendo a una lucha bastante extensa en el tiempo”.

“Siempre existió una ilusión de los poderes concentrados, en palabras de ellos, de extirpar el ‘cáncer del peronismo’ en la sociedad Argentina, desperonizar al país. Esas son las palabras que ellos usaban y creían que lo iban a hacer prohibiendo el uso de la palabra Perón o Eva y así sucesivamente. Entonces hay un proceso histórico que da cuenta de lo siguiente: la derecha Argentina no tolera tener adversarios políticos, los quiere extirpar”, sostuvo el antropólogo social con respecto a la persecución. 

En este sentido, Grimson alegó que “el ataque al peronismo es un ataque a la democracia, porque no puede haber democracia cuando no hay pluralidad política o no hay derecho a la defensa de juicio. Entonces esta vulneración de derechos pone en cuestión las bases elementales de la democracia”. 

Carlos Bianco, Jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en diálogo con el móvil de Radio Trinchera presente en la jornada del sábado, afirmó que “la vicepresidenta está sufriendo una persecución política, judicial y mediática, siendo acusada por fiscales, que jugaban en la quinta del ex presidente Macri, sin ningún tipo de prueba”. Además definió: “Estamos acá no solo por Cristina sino que se trata de una avanzada contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que es en última instancia el sueño húmedo de la derecha”.

Juntos Por el Cambio, mientras tanto, justificó la represión atribuyéndole a los reprimidos la violencia institucional desatada el gobierno porteño. “La responsable de este desborde y alteración de la paz es CFK, que nuevamente atropella las instituciones, creyéndose por encima de la ley. Se victimiza para promover el caos. Envío mi apoyo a las fuerzas de seguridad y al Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Mauricio Macri. 

Mientras tanto, Rodríguez Larreta, encabezó a la noche una conferencia de prensa en la que defendió la actuación policial: “La Policía actuó con firmeza, con determinación y con profesionalismo. La violencia es el límite. No lo vamos a permitir. Siempre que haya situaciones de violencia, la Policía de la Ciudad va a actuar”.

Pero claro está que la colocación de contenedores colmados de piedras y ladrillos rotos, con el acompañamiento del violento accionar de los efectivos policiales de CABA, es a todas luces la demostración de que se buscó generar las condiciones para que para justificar una represión.

Protestas contra el gobierno porteño por recortes en educación especial

Protestas contra el gobierno porteño por recortes en educación especial

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Mediante un evento cultural que incluyó artistas en vivo y distintos talleres, familiares y docentes reclamaron en la tarde del domingo.

Docentes y familiares de alumnes de Escuelas Especiales de Formación Integral de la ciudad de Buenos Aires (CABA), organizaron este domingo un festival contra el recorte presupuestario de propuestas educativas.

El encuentro realizado en el barrio de Parque Patricios tuvo como objetivo visibilizar el reclamo de miles de familias que son afectadas por el desfinanciamiento escalonado de la educación especial desde 2021 por parte del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta“, según declaró Eliana Villar, madre un alumno de la Escuela Nº 18.

El recorte afecta principalmente a alumnes mayores de 22 años en las tarifas de transporte y en el acceso a los comedores y talleres, abarcando la cantidad de 13 instituciones dedicadas a la educación especial y unas mil familias porteñas.

Desde que se implementó la medida, muchos chicos no tienen comedor y tienen que llevar sus propias viandas, y además se les recortó el transporte“, explicó Miryam, hermana de una alumna de 29 años.

El festival tuvo una amplia carga cultural y contó con la partición de artistas como La Huesuda Rock, La Juani, Jun Che, Dijo Quesillo y Miel, y Romina Oviedo. Además, se desarrollaron talleres de huerta, malabares, maquillaje y de estampas.

Los reclamos por ajustes en educación y otros campos son moneda corriente en la ciudad de CABA, sobre todo en el ministerio dirigido por Soledad Acuña, quien semanas atrás fue multada por no cumplir con la aplicación del subsidio al transporte público para estudiantes con capacidades especiales.

Cabe recordar que en declaraciones públicas, de cara a las presidenciales del 2023, el jefe porteño afirmó que seguirá su política de ajustes y que de llegar a la presidencia, pretende realizar una reforma laboral donde “no sea tan difícil y caro contratar una persona”.

Además, expresó que la empresa YPF debería funcionar de manera privada y que, a día de hoy el empleo privado no crece, mintiendo respecto de los datos que publicó el INDEC el mes pasado. Según el organismo el empleo privado sigue creciendo de manera sostenida y los niveles actuales se asemejan a lo de la pre-pandemia.

Zabaleta: “No es el camino amenazar con sa­car una asistencia a quien lo necesita”

Zabaleta: “No es el camino amenazar con sa­car una asistencia a quien lo necesita”

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El jefe de gobierno porteño solicitó al Gobierno Nacional quitar planes sociales a quienes cortan las calles e impedir el ingreso de los manifestantes a la Ciudad de Buenos Aires. Desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación rechazaron la propuesta.

En el marco de los piquetes y acampes que realizaron diferentes movimientos sociales estas semanas, el  jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió al Gobierno Nacional que le quite la ayuda social a quienes corten la calle y “no cumplan con la ley“.

En ese sentido, Larreta sostuvo que desde el gobierno de la ciudad “le vamos a pedir al Gobierno Nacional que corte los planes sociales a quienes no cumplen las condiciones, y el plan social dice que el chico tiene que estar en la escuela“. La afirmación del jefe de Gobierno porteño responde a los menores que acompañaron a sus madres y padres durante el acampe que duro 48 horas, en el que exigieron al Ministerio de Desarrollo mayor asistencia social.

Asimismo, Rodríguez Larreta destacó que (de cara a las próximas movilizaciones del 13 de abril) también solicitará que se frene el ingreso de los manifestantes a la ciudad de Buenos Aires para impedir su acceso. De igual modo, afirmó que la Policía de la Ciudad procederá para “prevenir casos de violencia“, al tiempo que destacó el accionar de los efectivos en el desalojo de la autopista a la altura de Constitución.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, salió al cruce de Larreta. Críticas a las que se sumaron legisladores y organizaciones sociales que reivindicaron la asistencia social como camino para recuperar el empleo.

Si bien el titular de la cartera de Desarrollo Social había declarado que “hay que dejar de apretar a los argentinos, no hay que cortar las calles“, confrontó al proyecto que impulsa Larreta al afirmar que “no es el camino amenazar con sa­car una asistencia a quien lo necesita“.

Respecto de los esfuerzos que realizan desde el ministerio, Zabaleta destacó que están reorientando la inversión social hacia la producción y el trabajo en pos de garantizar la vinculación de planes con empleo registrado. En esa línea, el ministro adelantó que el próximo jueves 15 se reunirá con organizaciones de la Unidad Piquetera para avanzar las conversaciones.

Tomamos una decisión: salir de la crisis que nos dejó la pandemia sanitaria y el gobierno de Macri con la mayor tranquilidad posible y abrazando a los más necesitados, pero también a los comerciantes, a las pymes y a las industrias, para que pueden trabajar y producir con la inversión social que se vuelca en la economía“, enfatizó Zabaleta.

La Corte le dio 30 días a Larreta y De Pedro para llegar a un acuerdo por la coparticipación

La Corte le dio 30 días a Larreta y De Pedro para llegar a un acuerdo por la coparticipación

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De Pedro y Larreta no llegaron a un acuerdo por el porcentaje de coparticipación que le corresponde a CABA por el traspado de la policía. Se pasó a cuarto intermedio por 30 días. La Corte ordenó la construcción de una mesa de trabajo para acercar posiciones.

El ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, encabezaron las delegaciones en la audiencia ante la Corte Suprema de Justicia en el marco del reclamo del Gobierno porteño por el recorte a los fondos que recibe la Ciudad de Buenos Aires.

La falta de acuerdo obligó a realizar un cuarto intermedio de 30 días en los cuales el máximo tribunal ordenó a la conformación de una una mesa de trabajo para acercar posiciones. Cabe recordar que el conflicto se origina por la decisión del gobierno de Alberto Fernández de reducir los fondos que recibe la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal.

La decisión determina que la Ciudad recibirá una cifra anual específica por considerar excesivo el momento otorgado por el expresidente Mauricio Macri cuando realizó el traspaso.

La ley que votada por el Congreso de la Nación hace dos años dispone que se realicen reuniones entre Nación y Ciudad para acordar la cifra a transferir, algo nunca se pudo concretar debido a los relamos y negativas de la administración de Larreta.

En declaraciones a la prensa De Pedro sostuvo que participó para reafirmar la postura del Gobierno nacional. “Hay una ley sancionada en el Congreso por una importante mayoría que resuelve de una manera muy justa el financiamiento, y perfecciona el traspaso de la función de seguridad a la Ciudad de Buenos Aires“, destacó.

Además del Jefe de Gobierno, por la Ciudad participaron el Jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro; y el Procurador General, Gabriel Astarloa. Junto a De Pedro estuvieron la Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis; el subprocurador del Tesoro, Horacio Diez y dos abogados.

Entre pandemias y bicicletas, flexibilizando está Larreta

Entre pandemias y bicicletas, flexibilizando está Larreta

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El 16 de julio se votó en la legislatura una ley que afecta a cerca de 18 mil trabajadores y trabajadoras del reparto, que laburan un promedio de 12 horas diarias para poder acceder a un sueldo de 25 mil pesos. La moto o bici repartición es una actividad que se volvió más que esencial en el contexto pandémico, ya que les permite a miles de vecinos de la ciudad acceder a servicios y bienes de primera necesidad para no tener que salir de sus casas.

Según Rubén Seijo[1], la ley significa darle un marco jurídico a los trabajos de reparto mediante aplicaciones digitales; establece que se debe crear un registro que inscriba a empresas y trabajadores, previo al cual ambos deben tramitar una habilitación, y que las empresas se hagan cargo del pago del seguro de trabajo, equipamiento de seguridad y de salud laboral (elementos específicos de higiene) mientras dure la pandemia; pero no establece que los trabajadores tengan una relación laboral alguna, sino que quedan en la categoría de independientes.

Esto que explica Seijo es una clara violación al articulo 14 bis de nuestra Constitución. El caso es que ya había una normativa que reconoció la relación laboral entre las aplicaciones y los/as trabajadores; como da cuenta el dirigente gremial Maximiliano Arranz (secretario adjunto de Asimm[2] que nuclea a los y las moto y bici repartidores):“La ley anterior reconocía plenamente la relación de dependencia de los trabajadores mensajeros y repartidores, y ahora la Ciudad se lava las manos para permitir que las apps sigan funcionando en base al fraude laboral, el cual cada trabajador estará obligado a demostrar en la justicia si quiere hacer respetar sus derechos”.

No solo desde Asimm han salido a advertir este tema; Daniel Catalano (Secretario General de ATE capital) hablo sobre la preocupación que le genero al movimiento obrero la aprobación de la modificación a la Ley 5526/16: El ‘fuego amigo’ lo vimos en la abstención del bloque del FdT respecto los trabajadores de Rappi, dijo haciendo alusión a que el bloque del Frente de Todos debió haber repudiado y votado en contra de la modificación de la ley.

La preocupación de Catalano o de Angelica Graciano (secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación) viene también por que desde el ejecutivo de la Ciudad se congelaron las paritarias, frenando incluso aumentos salariales ya pautados. Se le suma también la precariedad en las condiciones laborales (especialmente la falta de elementos de bio-seguridad para los y las esenciales) que sufren los y las estatales y las faltas de políticas publicas para enfrentar las consecuencias de la pandemia del Covid-19.

Las y los trabajadores públicos de la ciudad cobran un promedio de 30 mil pesos de bolsillo, que los deja muy por debajo de la canasta básica que establece que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesitó más de 100.000 pesos para pagar los gastos básicos del mes, de acuerdo con el Centro de Educación Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC).

Las medidas económicas llevadas adelante en las ultimas semanas por Horacio Rodriguez Larreta y su gabinete, recuerdan a los 4 años de gobiernos de Mauricio Macri, donde los lineamiento eran la flexibilización laboral, el ajuste salarial y los beneficios impositivos a las empresas extranjeras en vez de las Pymes; contraponiéndose, por ejemplo, al recientemente extendido decreto contra los despidos firmado por Alberto Fernandez, y el IFE y las ATP, lanzados por el ejecutivo nacional para poder afrontar la frágil situación que va dejando la pandemia.


[1] Rubén Ernesto Seijo es licenciado, profesor e investigador de la UBA y la UNQ y director de la carrera de Gestión de RRHH y Relaciones Laborales de la Universidad Nacional de Quilmes.
[2] Asimm Asociación Sindical de Motociclistas mensajeros y servicios

Adrian Berrozpe
Adrian Berrozpe

Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de @RevTrinchera

Larreta es la cultura

Larreta es la cultura

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POR JORGELINA URRA*

El 4 de junio, Larreta anunció desde la Residencia de Olivos, las medidas que su gobierno había resuelto frente al cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y al igual que tantas otras veces; a su izquierda estaban Alberto Fernández y Axel Kicillof, que lo observaban detenidamente, de la misma manera que se mira cuando se tienen dudas.

Desde hace tres meses el ASPO rige en todo el territorio nacional, pero con regiones en diferentes fases; y como es costumbre hay un detalle significativo: la filmina del AMBA no deja de tener protagonismo en las pantallas por la cantidad de infectades. La gente está aglomerada en la jungla de asfalto y las diferencias son notorias; varies funcionaries se encargan de dejarlas bien marcadas. Hay quienes viven y quienes sobreviven. Por eso les que viven sueñan con privilegios y les que sobreviven sueñan con derechos.

Esta zona siempre estuvo desfasada, tal vez por culpa de las bocinas y las cacerolas que ensordecen el pensamiento, o de les porteñes obsecuentes al poder de la clase alta. Pero en definitiva fueron elles, quienes incumplieron desde un primer momento las medidas establecidas. Quizá el retorno a las primeras etapas del aislamiento nos recuerde al surfer que se escapó para ir a la playa, un ejemplo de cómo influye el poder adquisitivo, que logra pagar la fianza de una condena social. 

Larreta se mostraba comprensivo con las dificultades del aislamiento, enumeraba con detalles sus muchas preocupaciones y decía entender la presión del encierro. Incluso como si en ese momento lo hubiese iluminado el pensamiento de su discípulo Wiñazki, dijo: “Yo entiendo la angustia de […] no poder ver a los seres queridos”, pero nosotres sabemos, que poco le importa cómo se siente una madre con dos hijas hacinada en una villa. Lo que le preocupa son, por ejemplo, los paseos por el shopping, que les suyes ya no disfrutan. Por eso no estuvo en sus prioridades la vida de Ramona, muerta de coronavirus por falta de agua en la Villa 31.

En el anuncio transmitido por cadena nacional también dijo que su equipo se encontraba trabajando en una “cuarentena quirúrgica”, y que por lo tanto, serían muy “estrictos” con los controles en todas las actividades que generasen agrupamientos. Se encargó de explicar los métodos que debían aplicar les comerciantes que contaban con espacios reducidos, teniendo en cuenta la nueva norma, y de especificar el promedio de fallecimientos según la edad y el riesgo de contagio. En fin, detalló un montón de aspectos que cualquiera consideraría desfavorables, pero para nuestro desconcierto, él argumentó que algo de bueno tenían, ya que aun no se había llegado al colapso.

El discurso lo maneja a la perfección y se nota por la particular manera en que inmediatamente después, hizo referencia a los controles del protocolo para las “actividades permitidas” en las zonas barriales: serían muy “precisos”. Esa flexibilidad era la que necesitaba para encarar el reclamo de la gente que quiere salir a correr, a la que medios como TN prefieren llamar runners y al mismo tiempo, le permitió justificar un capricho personal.

Alberto suspiraba y no cesaba en mirarlo con fijación, como si estuviese midiendo cada una de las palabras que de su boca salían. Entre ademanes y constantes movimientos de cejas, algo que sabe utilizar para demostrar sorpresa, explicó que los “expertos” recomendaban el esparcimiento y el ejercicio físico para mantener la estabilidad emocional, o para prevenir enfermedades. Paradójico ya que lo que estamos haciendo, es tratar de disminuir el contagio de un virus. Incluso justificó su decisión diciendo que seria a “contraturno” para evitar el contacto y la aglomeración de gente.

No cesaba en vociferar una fingida insistencia en que debían cumplirse los protocolos, que el tapabocas no se negociaba, que la restricción era de no salir juntes más de dos convivientes, y mientras utilizaba sus dedos índice y anular para dibujar en el aire dos personas corriendo, explicaba que debían respetar una distancia prudente de 10 metros entre unes y otres. Axel parecía juntar paciencia en cada respiración mientras escuchaba las responsabilidades que Larreta iba asumiendo, demandas de los “runners” lobbistas de la anticuarentena. Como todo porteño orgulloso de sus coterráneos, el pelado no dejaba de desembuchar las observaciones positivas que había medido en base a los permitidos burgueses antes otorgados.   

¿Qué entendieron por libertad?

Eran las ocho menos cuarto del día en que la tan anhelada libertad exigida por les runners, iba a materializarse en un paseo por el bosque. Pero la imagen fue disruptiva, y constituye una demostración empírica de la idiotez. Estrenando outfit nuevo quizá, parecían estirar y precalentar algunos músculos. A las ocho en punto largaron, y TN se encargó de transmitirlos en vivo corriendo despavorides por los bosques de Palermo. A los tropezones se adelantaban unes a otres, y desde el fondo se veía avanzar a paso tranquilo a quienes solo habían salido a caminar, pero que iban quedando detrás. Tal y como si nunca hubiesen corrido, el frenesí les conducía al amontonamiento de la curva de contagios.

Salvo el detalle del tapabocas de la movilera, lo protocolos parecían no existir ya que quienes estaban encargades de la seguridad y el control de la actividad permitida, no estaban precisamente cumpliendo su función. Epicentros del caretaje como Saavedra, Palermo, Parque Centenario o Caballito fueron sitiados por estos grupos de irresponsables. Les mismes que en marzo alegaban que “los negros” que hacían cola en distintos sitios de la cuidad para cobrar el bono de emergencia, incrementaban los números de contagio, tres meses después se hiperventilaron en un nado sincronizado independiente, que bien podríamos decir, aportó al retroceso a la fase 1. Tienen convicción de salvages unitarios, no hay otra.   

Sus prioridades

El jueves 11 de junio en el año de la pandemia, eran las 6 am y el viento estaba calmo. Un leve frío se hacía presente en el asfalto de la Capital Federal (que no le hace honor a su nombre), pero no estaba mojado. Horacio llevaba poco menos de media hora corriendo por el Rosedal de Palermo. Marcaba el paso con un par de zapatillas de esas que cuestan casi lo mismo que un IFE, o incluso más, y como de costumbre lo vestía la línea Nike. Sus trotes son de púbico conocimiento entre sus seguidores, más aun, lo han visto mantener reuniones. Les runners causaron revuelo, y lograron instalar su agenda en la grilla de varios medios por culpa de su terrible comportamiento. Asimismo, él insiste en que no hay riesgo de contagio en estas prácticas; es una casualidad el aumento de los testeos en su zona entonces. 

La contradicción de Larreta es evidente, habla de libertad y de bienestar físico y psíquico pero no se preocupa por la falta de insumos en centros de salud. Sin ir más lejos, en la tarde de ayer 26 de junio, explicaba con total impunidad que los casos habían crecido exactamente el doble en las últimas tres semanas, es decir que fueron de 400 a 800. Esto significa que está gestionando mal, y entonces apareció de nuevo la jugada discursiva: “Esto lo dijimos desde el primer día, obviamente el hecho de que lo hayamos anticipado, que hayamos dicho que iba a pasar, de ninguna manera aplaca la angustia de la gente”.

Horas más tarde, ATE Capital, que presentó un recurso de amparo por el incumplimiento de las medidas sanitarias, publicó en sus redes una orden de la Justicia que obliga al Gobierno porteño a proteger a les trabajadores de la salud. Es un cínico, ni siquiera ha presentado los informes de las supuestas entregas de los elementos a los hospitales, pero despliega datos y promedios de cantidad de camas disponibles. La Ciudad de Buenos Aires tiene dos virus letales: el Covid-19 enfermando cuerpes y el runner de Larreta trotando con sus Nike hacia la curva de contagios.


* Entiende que para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje 
es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiere hablar
desde el léxico revolucionarie.

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