En las primeras dos audiencias públicas se tratarán las renovaciones tarifarias. Apuntan a lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva”.
A partir del martes el Gobierno Nacional llevará adelante tres audiencias públicas sucesivas para establecer los nuevos precios que entrarán en vigencia a partir del primero de junio, tanto del gas natural a boca de pozo, el costo estacional de generación eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los subsidios energéticos en las cuentas públicas.
En el programa económico el Poder Ejecutivo definirá el proceso de actualización tarifaria. En este sentido, en la convocatoria a las audiencias la Secretaría de Energía expresó que buscan lograr “niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva” para el gas y la electricidad.
A su vez, el viernes pasado el ministro de Economía Martín Guzmán destacó que la energía es “un costo muy importante en la producción: si se acelera el desarrollo energético bajan los costos de la producción, si bajan los costos de la producción nuestra industria se vuelve más competitiva y tiene más capacidad de generar empleo con menos demanda de divisas“.
En la primera de las audiencias públicas convocada para este martes, y que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). En tanto el miércoles, se debatirán los nuevos precios de referencia estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). Por último, el jueves se tratará la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios de parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y de energía eléctrica para el bienio 2022-2023.
El Gobierno busca abordar los subsidios mediante la segmentación por capacidad de pago y reducirlos significativamente en los sectores de más altos ingresos para resolver en simultáneo “el sesgo pro rico y las ineficiencias derivadas tanto en el consumo residencial de esos sectores como las ineficiencias del gasto público“. Cabe destacar que para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales, por lo cual las correcciones en sus facturas son menores que el incremento de los ingresos en términos reales.
Con respecto a las actualizaciones tarifarias, motivo de las primeras dos audiencias, se buscará impulsar un esquema dirigido a “proteger aquellos sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago“, e incentivar la “adopción de medidas que promuevan al uso racional de los servicios y la reducción del impacto ambiental“. Para los usuarios residenciales tomarán como criterio objetivo una “corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos“, figurado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto en su momento por la administración Cambiemos.
El esquema propuesto por la Secretaría de Energía para 2022 y 2023 contempla que los usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior. Mientras que para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6%. Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial correspondiente al año que pasó.
Por último, en función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en marzo, el incremento previsto para junio será en promedio de 17% en las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de alrededor del 21,5% sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país. Cabe destacar que la franja de 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago no serán más beneficiarios de subsidio al consumo energético.
